Los sindicatos se oponen a que
el refuerzo de la seguridad exterior quede en manos ajenas.
Fuente: ABC.es
Los vigilantes se encargan de la
seguridad exterior del centro penitenciario cordobés
La
Guardia Civil ha sido, desde que la prisión de Córdoba comenzó a llenar sus
celdas, el Cuerpo de seguridad encargado de la vigilancia exterior del complejo
estanco. Pero desde hace unos meses, cuenta con un refuerzo no deseado por la
Benemérita: el de una decena de guardias privados.
Esta
iniciativa forma parte de un proyecto piloto puesto en marcha por el Gobierno
en 21 centros penitenciarios. Fue en marzo de 2012 cuando se redujo a la mitad
el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados
subvencionados por la Administración—. Entonces, Interior ya anunció que los
guardaespaldas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia
en cárceles de toda España. Sustituirían a policías y guardias civiles, que
pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio
que unos mil agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones. Un
mes después, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa,
introdujo en la Comisión de Interior del Congreso una nueva variable: que los
vigilantes privados sustituyeran también a funcionarios de prisiones.
Sin
embargo, dicha experiencia no supondrá, en principio, una reducción de
efectivos de las unidades del Instituto Armado. Sin embargo, a la Asociación
Unificada de Guardias Civiles no le cabe ninguna duda de que «la intención del
Gobierno es llevar a cabo en un futuro no muy lejano esa sustitución progresiva,
porque de no ser así no habría adoptado la medida, sobre todo teniendo en
cuenta que la Unidad de Seguridad Penitenciaria de Córdoba (igual que las otras
afectadas) no precisa actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes
de seguridad privada».
La
AUGC va más allá y denuncia que «el deseo del Gobierno del PP de ‘recolocar’ al
personal de las empresas de seguridad privada afectado por la reducción de
escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la
privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque no son esos
escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes
de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión
temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio».
Según
AUGC, «cuando este plan de privatización avance y entre en fase de ‘sustitución
progresiva’, afectará a cerca de 2.000 guardias civiles en todo el país, de los
cuales más de 60 se encuentran destinados en prisión de Córdoba».
«Un claro menosprecio»
Por
su parte, la sección sindical del CSIF de Córdoba considera que esta medida de
reciente aplicación supone un «menosprecio a los servicios prestados por las
Fuerzas de Seguridad del Estado y afecta a los servicios desempeñados por los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias».
Esta
«privatización» de la seguridad, aseguran los sindicatos, «no solventa la
situación de la falta de personal en los centros penitenciarios, pues las
funciones desempeñadas por los profesionales están conexionadas con los diferentes
puestos, que no son estáticos. por lo que generará disfunciones regimentales».
