IGNACIO GONZÁLEZ SE NEGÓ A RENOVARLOS TRAS UN ROBO EN
PRESIDENCIA
El fin de los contratos a Serygur desató la guerra de los espías en Madrid
Fuente: Manuel Cerdán. El Confidencial.com
La negativa de la Comunidad
de Madrid a renovar a Serygur -la empresa ligada a Bárcenas y Lapuerta- el
contrato de vigilancia de la Presidencia en la Puerta del Sol desató en 2009 la guerra
del espionaje en Madrid entre altos cargos del Partido Popular. Los
agentes de Serygur, sociedad que había establecido una relación comercial con
la Comunidad de Madrid desde mucho antes de la llegada del equipo de Esperanza
Aguirre, incurrieron en una conducta irregular e impropia en los cometidos
de una empresa de seguridad.
La Comunidad pudo demostrar
que uno de los vigilantes de la compañía era el responsable del robo de
objetos de valor del mismísimo despacho de la Presidencia. Aquello provocó
que Esperanza Aguirre se opusiera taxativamente a la renovación de la
adjudicación de la seguridad para la empresa ligada a los intereses de
prohombres del partido como Álvaro de la Cruz, Ignacio del Río, Luis
Bárcenas o Álvaro Lapuerta.
Para los beneficiarios de
Serygur todo iba miel sobre hojuelas, con una cartera de negocio que, en
2008, sobrepasaba los 17 millones de euros, hasta que el entonces
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió no renovar
el contrato de la seguridad del edificio de la Presidencia. Además, expuso la
situación ante los consejeros y colocó a la compañía de seguridad en
cuarentena.
La reacción de Bárcenas y
Lapuerta no tardó en llegar. No sólo se quejaron ante la dirección de Génova,
sino que, además, emprendieron una guerra soterrada contra el 'número dos' de
Esperanza Aguirre. El lobby de los extesoreros lanzó
una campaña denigratoria contra el vicepresidente. A finales de 2008 filtró
a los medios de comunicación que González había viajado a Suráfrica "gratis
total", invitado por una agencia de seguridad de la competencia. Luego
todo resultó ser falso.
Álvaro Lapuerta, asimismo,
denunció a Rajoy que estaba siendo espiado por elementos parapoliciales al
servicio de la Comunidad de Madrid. El tesorero del PP, que tenía hilo directo
con el presidente del partido, se quejaba ante Rajoy de que estaba siendo
sometido a una dura vigilancia como respuesta a sus denuncias sobre unas
supuestas adjudicaciones, según él "sospechosas", del Gobierno de
Madrid. El caso Serygur, sin duda alguna, planeaba sobre aquella
queja.
La amiga de Lapuerta, la
exconcejal madrileña Carmen Rodríguez Flores, a quien el tesorero
popular logró colocar en un escaño del Congreso tras recomendarla
insistentemente ante Rajoy, también denunció públicamente ser objeto de
seguimientos. La protegida del tesorero está pendiente de una
investigación interna en su partido sobre su patrimonio inmobiliario.
En enero de 2009, un
mes antes de la redada de la Gürtel, estalló el conocido como caso del
espionaje en Madrid. Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel
Cobo denunciaron que habían sido espiados por miembros de la
seguridad de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, Ignacio González
fue seguido y grabado con cámaras ocultas en un viaje oficial a Colombia como
presidente del Canal Isabel II. Ambos casos están siendo investigados en
instancias judiciales.
Pero las filtraciones no
terminaron ahí. Ese mismo mes de enero se publicó un infirme secreto sobre el
vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El dosier, elaborado por la
agencia catalana Método 3, ocupaba 69 folios y había sido
encargado por uno de los enemigos de González en el Partido Popular. El informe
estaba plagado de errores e inexactitudes.
La Comunidad abrió la caja de Pandora
Todo se había desatado a
raíz de que Aguirre, por sugerencia de Ignacio González, diera orden de no
renovar los contratos a Segyrur. Como ya informó El Confidencial, los
extesoreros del PP y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio
del Río, no figuraban en el registro como socios o administradores de la
sociedad, pero sí hicieron infinidad de gestiones para obtener las
adjudicaciones de la seguridad y vigilancia de varios edificios de la
Comunidad, como han asegurado varias fuentes del organismo autonómico.
Las mismas fuentes
mantienen que Bárcenas y Lapuerta llamaban directamente a los
consejeros de la Comunidad para que se les adjudicaran los contratos
que se licitaban en materia de seguridad. Siguiendo ese procedimiento, Serygur,
según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obtuvo del Gobierno
regional, durante años, una decena de contratos por un importe próximo
a los tres millones de euros, principalmente en las consejerías de Interior
y Sanidad. Entre ellos, la seguridad de las sedes de la Academia de Policía
Local de la Comunidad, del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de la Agencia Antidroga de la CAM y de varios hospitales.
Para obtener la
adjudicación de esos concursos, los ex tesoreros del PP contactaban
personalmente con los consejeros Manuel Lamela (Sanidad) y Alfredo
Prada (Interior), quienes más tarde salieron del Gobierno madrileño
tras ser elegidos por Mariano Rajoy para formar parte de la dirección
del partido en el congreso de Valencia, en junio de 2008.
Tras el escándalo de las
adjudicaciones a Serygur, Álvaro de la Cruz, socio y administrador de la
compañía de seguridad, reconoció públicamente que el entonces gerente del PP,
Luis Bárcenas, intermedió ante la Comunidad de Madrid para obtener los
contratos de seguridad y vigilancia de sus edificios. El exjefe de Gabinete de
Álvarez Cascos justificó las llamadas de Bárcenas a diferentes consejeros de la
Comunidad por "su relación de amistad".
Según De la Cruz, Bárcenas
llamó a Alfredo Prada, consejero de Justicia, "por pura amistad" y
"por un acto de buena voluntad" para pedirle el contrato de la
seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un macro proyecto que nunca
fraguó.
Para estudiar otras
adjudicaciones, los altos cargos del PP también se pusieron en contacto con María
Dolores de Cospedal, que estuvo al frente de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid entre diciembre de 2004 y junio de
2006, pero no lograron obtener ningún contrato. Fuentes de Génova
mantienen que el odio que Bárcenas profesa a Cospedal procede de esa etapa
política. Después, se vio agravado tras su salida de la sede de los
'populares'.
A partir de 2009, a raíz de
todos estos escándalos y la operación Gürtel, Serygur entró en crisis y perdió
la mayoría de los contratos con la Administración. En 2010 y 2011, sólo el
Ayuntamiento de Madrid mantenía con la empresa de seguridad, ahora bajo el
nombre de Alium Seguridad, cuatro adjudicaciones por un importe de 2.638.627,41
euros, según una información de Daniele Grasso.
NOTA DE REDACCIÓN:
Doña Josefa Magdalena
Montoya Sáenz, esposa de Álvaro Lapuerta, ha enviado un comunicado a El
Confidencial en el que asegura que su marido "no ha estado
vinculado ni ha tenido relación directa o indirecta con la mercantil Serygur,
hoy Alium" y que "tampoco ha tenido relación societaria o
mercantil directa o indirecta con D. Álvaro de la cruz y D. Ignacio del
Río".
Añade la nota que Lapuerta
"no ha tenido relación directa o indirecta con la adjudicación de
contratos públicos en favor de las aludidas mercantiles por ningún órgano de la
Administración, ni ha mediado o intervenido de ningún modo en ese marco, sin
que conociera la condición de adjudicataria de esas mercantiles cuya existencia
ni le constaban".
