DENUNCIÓ UNA "INVASIÓN"
DE COMPETENCIAS
El
Gobierno modificará la ley de Seguridad Privada tras las quejas de CiU
MADRID,
17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El
Gobierno y el PP han accedido a modificar en el trámite parlamentario varios
artículos del proyecto de ley de Seguridad Privada después de que CiU presentase
una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones
competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la
Constitución.
Así lo
ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, quien ha asegurado que "aquellos aspectos que motivaron la
enmienda (a la totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo
asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas
razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito", ha añadido al
tiempo que ha agradecido la disponibilidad al diálogo de CiU.
En
consecuencia, los nacionalistas han retirado la enmienda a la totalidad por la
que pedían devolver el texto al Gobierno. Su oposición se debía a que el
Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la
autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección,
sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada
que se realicen en Cataluña".
Se
basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue
declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia". CiU
exigía que estas "invasiones competenciales" fuesen corregidas.
Según
ha explicado este jueves el ministro, el Gobierno va a modificar los artículos
12 y 13 del proyecto de ley para que tanto el País Vasco como Cataluña sean
"competentes para recibir la llamada declaración responsable de seguridad
privada y formación de aquellas empresas que tengan sede y actividad sólo en el
territorio de esa comunidad autónoma".
El País Vasco y Cataluña cuentan con un "nivel competencial más
amplio" al tener transferidas las funciones de "protección y orden
público".
Por su
parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que el artículo 12
"recoge el control de comprobación de las empresas" por lo que
valoran "el punto de acuerdo". También ha celebrado los "avances
en en una nueva redacción del artículo 13" que afecta a la inspección y
sanción. "Puede parecer que tiene una importancia menor, pero para CiU no
lo tiene", ha dicho.
"Hay
un acuerdo que no es genérico, es concreto, con algunas redacciones acordadas y
quiero agradecer a aquellos que han hecho posible el acuerdo. Hoy retiramos
nuestra enmienda a la totalidad", ha zanjado Jané.
RECHAZO
DE IZQUIERDA PLURAL
El
trámite parlamentario de este proyecto de ley ha comenzado este jueves con una
segunda enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Plural, en su caso,
porque el texto "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo
público".
"La
seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", ha denunciado el
diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha cuestionado que existiese una demanda
social para una nueva ley de Seguridad Privada. "Como todas, esta ley era
mejorable, pero en el ámbito de la seguridad hay otros punto más
urgentes", ha dicho el diputado de IU, quien ha manifestado un especial
rechazo a uno de los puntos de la nueva ley que contempla la presencia de
vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora
corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.
Este
punto concreto también ha generado el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó
ya ha avanzado que presentarán una enmienda a este respecto. También el PSOE ha
manifestado su oposición e incluso ha dicho compartir las preocupaciones de la
Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. No obstante, el
diputado socialista Pedro Muñoz ha asegurado que prefieren la estrategia de
discutirlo en el trámite parlamentario en lugar de una enmienda a la totalidad
ante la que ha anunciado la abstención de su grupo.
Por su
parte el diputado del PNV, Emilio Olabarría ha felicitado al Gobierno por la
redacción de este proyecto de ley ya que, según ha dicho, esa es la sensación
que le han transmitido los agentes del sector con los que la han estudiado.
A la
hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a
"facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la
importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la
seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año
pasado facturó 3.215 millones de euros.
No
obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la
"irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los
principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en
absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este
proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha
quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas
prácticas.
