Los vigilantes toman el
control
La
nueva Ley de Seguridad Privada solo contenta al Gobierno y la patronal y
enciende a policías y oposición. La duda que surge es si la norma es un intento
de hacer negocio con un derecho o un impulso para adaptarse a la nueva realidad
delincuencial
Fuente:
diariovasco.com - MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID 03.01.14
La futura Ley de Seguridad Privada ha situado en el
ojo del huracán a los más de 80.000 vigilantes privados de España. Para sus
detractores, el proyecto que impulsa el ministro del Interior, Jorge Fernández,
supone dar alas a un boyante negocio a costa de «privatizar la seguridad
pública», mientras que sus partidarios creen que la nueva normativa es más
garantista y moderna que la vigente, que data de 1992, y rechazan de plano que
dé luz verde a que los vigilantes se conviertan en una suerte de policías de segunda
y con menos sueldo.
La controversia del texto que fue aprobado en la
Comisión de Interior hace unos días con los votos a favor del PP, CiU y PNV se
centra en seis puntos novedosos: la autorización para que los agentes privados
puedan practicar «detenciones» de delincuentes pillados in fraganti en el
«ámbito de protección» del vigilante y siempre para poner al arrestado a
disposición de las fuerzas de seguridad; la posibilidad de que las empresas del
sector puedan prestar sus servicios, incluidas las identificaciones y
detenciones, en «zonas comerciales peatonales» y en otros espacios públicos,
siempre y cuando exista una autorización previa; la potestad para hacer
controles personales, de paquetería, mercancía o vehículos en accesos, sin
poder retener la documentación; el permiso para que los vigilantes realicen
labores de seguridad en los perímetros de las cárceles y en centros de
internamiento de extranjeros; la autorización de «las cesiones de datos que se
consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad
ciudadana»; y la equiparación, a efectos penales, de un vigilante y un
funcionario de las fuerzas de seguridad como agentes de la autoridad cuando
sufran agresiones durante el desempeño de su trabajo.
Para Eduardo Cobas, secretario general de la patronal
de empresas de seguridad (Aproser), la nueva normativa, lejos de ser polémica,
«adapta» el sector «a una nueva realidad» diferente a la que existía en 1992,
pero siempre poniendo el acento, como lo hace la ley vigente, en la «complementariedad»
y la «subordinación» de los agentes privados a los funcionarios públicos. Cobas
no ve ningún problema en que los agentes privados patrullen espacios públicos,
puesto que es una práctica que «funciona perfectamente» en países «avanzados» como
Bélgica y, sobre todo Suecia, donde, argumenta, las zonas comerciales de los
cascos históricos de las ciudades han visto como crece el negocio, por encima
de los centros comerciales.
«¿Qué problema puede haber para el ciudadano en contar
con más seguridad en ciertas zonas que no va a costar dinero a las arcas
públicas?
¿Por qué no destinar a los vigilantes privados a estos
trabajos de menor envergadura y reservar a los agentes públicos a funciones de
mayor valor añadido?», se pregunta el secretario general de Aproser, que
recuerda que hace años nadie podía haber pensado que vigilantes no públicos se
iban a ocupar con total normalidad de servicios como el acceso a instalaciones
militares o ministerios, labores de escolta de concejales amenazados por ETA o a
la seguridad armada de barcos españoles en el Índico.
Muy parecidos
Los argumentos de la patronal son muy similares a los
que usa el Gobierno para defender este proyecto. El titular de Interior
sostiene que es «falso» que su intención sea la de sustituir a los policías y
guardias civiles por agentes privados. Insiste en que no es una «locura»
permitir que los agentes privados detengan en la calle porque la propia Ley de
Enjuiciamiento Criminal autoriza desde 1882 a cualquier ciudadano a arrestar a
un delincuente pillado 'in fraganti' para ponerlo a continuación a disposición
de la autoridad.
Fernández y su departamento insisten en que la ley
simplemente «equiparará» a España con los países de su entorno, ya que
actualmente cuenta con el ratio más alto de fuerzas de seguridad públicas por
cada habitante y el ratio más bajo de vigilantes privados. El ministro se
esmera en negar cualquier vertiente privatizadora en el nuevo texto, pero el
número dos de su departamento no ocultó que el texto tiene también motivos
economicistas. Francisco Martínez llegó a decir que la futura ley «quiere
ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada», que se encuentra en
«pleno auge», a pesar del azote de la crisis.
«Ahí está la clave. El secretario de Estado la dio.
Esta reforma no se puede entender sin esa vertiente económica. La nueva ley
solo persigue convertir un derecho, como el de la seguridad, en mercancía»,
apunta el diputado socialista y portavoz parlamentario de Interior, Antonio
Trevín. «Las grandes empresas de seguridad privada son las únicas que están de
enhorabuena. La nueva ley no beneficia a nadie más. Los ciudadanos ven cómo se
venden sus derechos y los trabajadores del sector van a comprobar cómo la
futura normativa permite contratar para sus puestos a auxiliares con mucho
menor sueldo, porque el texto, además de consagrar la privatización de la
seguridad, da patente de corso al intrusismo», denuncia el diputado del PSOE.
El mayor colectivo profesional de la seguridad pública
en España, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), también ha puesto el grito
en el cielo. Su secretario de comunicación, José María Benito, tilda
directamente el proyecto de «barbaridad». Al margen de considerarlo una «cesión
de lo público a las empresas» para garantizar a «unos pocos parte del suculento
pastel», Benito pone el acento en la formación. «Policías y guardias civiles
tenemos que prepararnos con una oposición y dos años de academia para poder
tomar una decisión tan grave como la de privar momentáneamente con una
detención a una persona de un derecho fundamental como es el de la libertad.
