TRAS EL FIN DE LA VIOLENCIA DE
ETA
Escoltas
en tierra de nadie
Escoltas privados denuncian
haber sido abandonados por las instituciones después de que el fin de la
violencia de ETA haya provocado que su presencia en Euskadi, masiva para
proteger a concejales vascos, sea actualmente testimonial
Fuente:
deia.com - UN REPORTAJE DE CARLOS C. BORRA - Domingo, 7 de Diciembre de 2014
EL fin
de la actividad armada de ETA, anunciado el 20 de octubre de 2011, dio carácter
definitivo a un proceso que se inició dos años antes con la llegada de Rodolfo
Ares a la consejería de Interior: la progresiva retirada de escoltas privados
del País Vasco, donde habían sido destinados para proteger a los amenazados por
la violencia terrorista. Una medida “precipitada” a juicio de muchos de los
afectados y tras la que, en apenas un lustro, este colectivo ha pasado de
contarse por miles en Euskadi a suponer una presencia testimonial. La
consecuencia inmediata es que la gran mayoría de estos profesionales no pueden
ser absorbidos por un mercado que ha menguado de forma considerable.
Los
datos de la Asociación Española de Escoltas (Ases), la más importante del
sector, son elocuentes. La cota más alta de guardaespaldas privados en la CAV
se situó en unos 2.600, y en Nafarroa 1.100 -en el año 2009, 1.492 personas
necesitaban protección en Euskadi por la amenaza de ETA-. La situación ha
cambiado de forma radical y, según las mismas fuentes, solo quedan 30 escoltas
en la CAV. Más de la mitad se dedican a proteger a víctimas de violencia de
género y una pequeña parte acompaña a “dos o tres personas” que todavía se
considera que deben ser protegidas, pero que dejarán de estarlo en el futuro.
“Un
funcionario lo sigue siendo, le mandan a otro sitio y sigue cobrando un sueldo
todos los meses. El escolta privado se ha ido a la calle en un 97% de los
casos”. Así lo afirma Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española
de Escoltas. En declaraciones a DEIA, explica que solo un 3%, “una cifra
bajísima”, se ha reubicado en empresas del sector, ya sea en puestos de
vigilante, jefes de servicio, inspectores o profesores de seguridad privada. A
ello se añade un 5% que está trabajando en el extranjero, en “zonas de alto
riesgo” como África, Medio Oriente y sobre todo Latinoamérica. El propio De la
Cruz, al frente de la asociación desde 2001, trabaja fuera de España “porque
aquí no da”. “El resto está en el desempleo, hay gente que ha dejado la
profesión y se está autoempleando, ha cogido todo el paro de golpe y ha montado
una tienda o se ha comprado un camión o un taxi”, asevera.
Fuentes
del Departamento de Seguridad confirmaban a este periódico que ahora mismo hay
34 mujeres con escolta privada por violencia de género, una cifra que fluctúa
de forma constante, y recordaban que en los presupuestos de 2015 hay una
partida de 4,5 millones de euros para este fin. Una cantidad, la dedicada a la
contratación de seguridad, que no ha dejado de disminuir desde los 97,7
millones de euros de 2010 -en 2013 fue de 9,6 millones, un 70% menos-. Desde el
Gobierno vasco agregaban que también se requiere el servicio de estas empresas
para vigilar edificios como centros policiales, es el caso de la comisaría de
la Ertzaintza en Erandio.
De
2.600 guardaespaldas en la CAV y 1.100 en Nafarroa se ha pasado a solo 30,
sobre todo para proteger a víctimas de violencia de género
El
presidente de la Asociación de Escoltas en Activo en el País Vasco y Navarra,
Joao Pedro de Oliveira, recuerda que “Rodolfo Ares inició la reducción y empezó
con el tema de la violencia de género, pero no ha servido para cubrir todos los
puestos que ha ido dejando la amenaza de ETA”. A preguntas de este medio,
reprocha también al Gobierno español que “no ha hecho nada por ampliar la
protección por violencia de género a nivel nacional. En un primer momento
dijeron que nos iban a echar un cable pero nos han dejado completamente tirados
y olvidados”. Sobre la posibilidad de encontrar trabajo en el sector, describe
una situación muy difícil, agudizada además por la crisis económica. “Hemos
trabajado a cara descubierta en el País Vasco, y yo mismo he tenido que ocultar
en el currículum que he sido escolta intentando entrar en otros sectores. Me ha
sido complicadísimo, he estado trabajando como vigilante de discoteca pero
llevaba año y medio entregando currículums”, relata. Según él, “hay gente que
ha perdido la casa y ha regresado con sus padres. ¿Y todo por qué? ¿Por haber
trabajado de escolta y haber luchado por la libertad en el País Vasco?”
Vicente
de la Cruz también critica la forma en la que las instituciones han afrontado
esta problemática. Comienza reconociendo que, “desde el punto de vista técnico
de la seguridad pública, las administraciones han hecho lo que tenían que
hacer, analizar el riesgo y tomar decisiones. Si el riesgo prácticamente ha
desaparecido, la realidad es que tienen que retirar los servicios de protección,
no tiene sentido otra cosa. Y se han retirado los privados y los públicos,
también por parte de todas las Fuerzas de Seguridad del Estado: Ertzaintza,
Policía Nacional y Guardia Civil”.
A
continuación, censura que “no ha habido un reconocimiento hacia la profesión”,
lamentando que no se hayan adoptado medidas como incluir un plus en el paro o
financiar procesos de formación para reubicar a los escoltas, “cosas que se han
hecho en otros sectores”. Pone como ejemplo la reconversión industrial en
Euskadi, una época en la que estaba trabajando en Bilbao, y en la que “la gente
fue formada y reubicada en el sector tecnológico. Las instituciones hicieron un
esfuerzo y hubo gente que se quedó con unas pensiones enormes para toda la
vida. Y aquí no se ha hecho nada, ni una mala palabra ni una buena obra, así se
puede definir”.
El plan
del Ministerio del Interior para reciclar a los trabajadores de la seguridad en
vigilantes en las cárceles españolas tampoco ha supuesto un alivio para la
profesión. De la Cruz asegura que “la buena voluntad de los políticos del País
Vasco, socialistas y populares, no se ha plasmado en nada porque en las
cárceles no está trabajando casi nadie del sector, poquísima gente”. Argumenta
que “la mayoría no quiere ese trabajo porque no es de escolta, es de vigilante
de seguridad”. Respecto a los pocos que sí estarían dispuestos a recalar en las
prisiones, Joao Pedro de Oliveira asegura que se han topado con el problema de
que las empresas “han metido a quienes han querido. ¿Quién controla que
realmente seleccionan a escoltas? ¡Nadie! Nos hemos quedado tirados una vez
más”.
DECISIÓN
PRECIPITADA
En esta
coyuntura, algunos exescoltas han unido fuerzas para fundar una asociación,
bautizada Las sombras olvidadas de Euskadi, para tratar de conseguir trabajos
directamente de las instituciones. Desde Euskadi, De Oliveira es escéptico y se
pregunta “¿montar una asociación para pedir qué? El Gobierno actual no se
preocupa de sus propios casos de corrupción, ¿alguien cree que nos van a echar
un cable ahora que ha pasado tanto tiempo, tantos años?”. De la Cruz opina desde
Madrid que le parece bien: “Que la gente se junte siempre suma, pero es muy
difícil lograr soluciones profesionales o de largo recorrido si no existe una
unidad o se está en los foros adecuados”. Así, cita a la Asociación Española de
Escoltas que preside -con 1.500 asociados pero que llegó a tener más de 4.000-
como “la más representativa” y donde se puede “hacer fuerza”.
En lo
que ambos también coinciden es en considerar que la retirada de escoltas del
País Vasco fue “precipitada”. Joao Pedro de Oliveira, al frente de la
Asociación de Escoltas en Activo en el País Vasco y Navarra desde 2006 -ha
pasado de 350 afiliados a cerca de 70-, subraya que “ETA no se ha disuelto, al
Gobierno le interesa decirle a la ciudadanía que está terminada, pero no ha entregado
las armas”. De la Cruz opina que “el tiempo le ha dado la razón al Ministerio
del Interior y al Departamento de Seguridad, y no ha pasado nada, pero podía
haber pasado. La realidad es que ETA no ha entregado las armas y tampoco ha
renunciado a sus objetivos, lo que ocurre es que no tiene capacidad operativa”.
Sobre el fin de la protección a amenazados critica que “fue precipitado porque
se hizo pensando en la economía más que en la seguridad. Fue de un día para
otro, sin dar un plazo a la profesión para estudiar una salida más tranquila”.
