GRAVES INCIDENTES EN LA CÁRCEL DE
HUELVA
Las
peleas entre vigilantes ponen en duda el plan de privatización en las prisiones
En la cárcel de Huelva los
vigilantes se han pegado, amenazado e incluso uno echó de la carretera a otro.
La Guardia Civil ha judicializado los incidentes y el sindicato ACAIP pide la
rescisión del contrato.
Fuente:
elconfidencial.com – 18 Septiembre de 2015
“La situación es esperpéntica, grotesca,
disparatada”. Así
define un miembro de la Guardia
Civil destinado en la
prisión de Huelva los últimos meses vividos en este centro penitenciario. Los
vigilantes que tienen que controlar el perímetro exterior de la cárcel tienen
que ser a su vez vigilados porque se llevan mal. Y eso que solo son siete en la
plantilla. Peleas, agresiones e incluso
persecuciones en la carretera que terminan con coches fuera de la calzada son
algunos de los incidentes que han tenido lugar.
Los agentes
de la Benemérita destacados en la prisión, hartos de aguantar a sus
'compañeros', han elevado al juzgado una denuncia en
la que piden que dos de ellos no vuelvan a prestar servicio en el centro
penitenciario. El titular del Juzgado número 4 de instrucción de Huelva ya ha
abierto diligencias. Además, de los siete trabajadores implicados (todos de la empresa Ombuds) tres están de baja,
según fuentes penitenciarias.
Los
incidentes también han provocado las quejas de los sindicatos, que vuelven a poner en duda el proyecto de privatización
de la seguridad exterior de las prisiones, la solución que buscó el Ministerio del Interior para
ayudar a cuadrar las cuentas de las empresas de seguridad que se quedaron sin parte de su
negocio tras el fin de la violencia de ETA, la protección de
amenazados.
El sindicato
de funcionarios de prisiones Acaip acaba de enviar un escrito a la
Subdelegación del Gobierno de Huelva para interesarse sobre si estos incidentes
"se han puesto en conocimiento del órgano encargado de evaluar
la idoneidad de este programa de apoyo a la seguridad de los
centros penitenciarios" y, sobre todo, para conocer si "se ha dado
traslado a las autoridades judiciales". Interior, de momento, nunca ha
informado públicamente de cómo se está desarrollando este programa, que
lleva ya dos años funcionando.
En enero de 2015
dos vigilantes armados se pegaron en el control de acceso: los dos acabaron en
el hospital, uno de ellos con heridas en la cabeza.
El primer
incidente se produjo el pasado 29 de enero, cuando dos de los vigilantes se
pelearon en la garita de entrada al centro penitenciario. Francisco Javier C. R. agredió a Marco Antonio P. L. y le causó heridas sangrantes en la
mejilla y en la cabeza. Ambos tuvieron que ser trasladados al
hospital. La disputa, según la denuncia de la Guardia Civil, se había iniciado
porque los dos vigilantes no se ponían de acuerdo sobre el puesto de cada uno
al iniciar su turno: el control de entrada o el control de cámaras de
seguridad.
Manuel
Antonio declaró ante el juzgado que Francisco Javier le quiso quitar
el arma, que le insultó y que le amenazó. “Me cogió del cuello, me
zarandeó y me golpeó en la cara con su puño derecho; caí al suelo y siguió pegándome puñetazos y rodillazos hasta que
vino otro compañero y nos separó”, aseguró. Francisco Javier,
por su parte, también denunció agresiones por parte de Marco
Antonio. “Me pegó un guantazo en la cara; tras eso,
intentó propinarme dos puñetazos, uno lo esquivé y otro me
dió en la cara; en el transcurso de los hechos, intentó quitarme el
arma y ésta cayó al suelo cargada; me amenazó con pegarme un tiro
porque me dijo que me tenía ganas”, dijo Francisco Javier. Tras
escuchar sus declaraciones, el juez ha pedido los informes
médicos de las lesiones, señalan fuentes jurídicas.
"Bochornoso
espectáculo"
El segundo
incidente se produjo el 4 de julio, cuando Antonio D. G.,
precisamente el vigilante que medió en la pelea de enero, intentó echar de la
carretera a otro compañero, Ángel Javier S. M. Este
también puso una denuncia y solicitó el testimonio de un taxista que al parecer
vio lo sucedido. El guardia civil que elabora su denuncia relata que “Ángel, en
estado de nerviosismo, reiteró textualmente 'aquí va a pasar algo con Antonio, estoy harto de decirlo, no me
deja trabajar ni vivir en paz', rompiendo a llorar y diciendo que
está teniendo problemas laborales de todo tipo con Antonio”.
El tercer
incidente se produjo el 9 de agosto de 2015, con Antonio D.G. de nuevo
implicado. El vigilante amenazó en la sala de monitores a otro compañero,
de nombre Ángel, porque el primero se había pasado del tiempo de descanso
estipulado y el segundo se lo había recriminado. El mando de la Guardia Civil
en la prisión de Huelva ha pedido a la empresa Ombuds que los dos vigilantes implicados en la pelea de enero “no vuelvan
a prestar servicio en este centro debido al bochornoso espectáculo ofrecido”.
La Guardia Civil les ha incoado además un expediente para la revocación de sus
licencias de armas.
No acaban
aquí las anomalías. La Guardia Civil también ha recriminado a Ombuds que haya enviado a la prisión como sustitutos de los agentes
privados que están de baja a otros dos vigilantes sin licencia de armas,
“cuando el servicio que se presta en la barrera del centro obligatoriamente ha
de ser con arma”. El instituto armado pide a Ombuds que solucione este problema
"para no tener que informar del incumplimiento del pliego de condiciones
suscrito entre Ombuds y el Ministerio del Interior".
Esta empresa
de seguridad es una de las diez firmas de seguridad que se
han llevado el contrato para vigilar el exterior de los 67 centros
penitenciarios que hay en España (sin contar los de Cataluña). El Ministerio del Interior paga 33 millones de euros anuales
a estas empresas. El objetivo era recolocar a 800 escoltas que
debido al fin de la amenaza de ETA habían perdido su trabajo, aunque a día de
hoy solo el 10% de los vigilantes contratados trabajaron de
escoltas en el País Vasco y Navarra. En octubre está
previsto que se ponga en marcha la tercera fase de este plan de privatización,
aunque Interior aún no ha confirmado si se pondrá en marcha o finalmente se
retrasará.
La Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha mostrado crítico con el
plan: "Llevamos casi tres años con los puestos
duplicados y los gastos duplicados, porque no se ha cumplido lo que
dijo Interior, que los guardias civiles dejaríamos las prisiones para hacer
labores de seguridad ciudadana porque nos iban a sustituir los vigilantes. No
es verdad. Fue un pretexto para colocar a los vigilantes", señala un
portavoz de AUGC.
Acaip señala que "habría que
reflexionar sobre el proceso de selección, la capacitación, las
condiciones de trabajo y los requisitos que se exigen a los
vigilantes que prestan servicio en la seguridad perimetral; algunos de los
vigilantes implicados en estos sucesos tenían acceso a armas de fuego, lo que
supone una fuente de preocupación añadida". El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer
la versión de la empresa Ombuds.
