El nuevo contrato de seguridad de Sograndio no atenderá
solo al criterio precio
El
consejero de Presidencia ha explicado que el nuevo acuerdo incoporará cláusulas
«sociolaborales». l El objetivo de su departamento es hacerlas extensibles
progresivamente al resto de contratos que celebre la Administración regional
con sus proveedores
Fuente: elcomercio.es | OVIEDO
El consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana, Guillermo Martínez, ha anunciado hoy que el próximo contrato de
seguridad del centro de menores de Sograndio incorporará cláusulas
"sociolaborales" y permitirá, además, que la adjudicación de los
mismos "no se resuelva exclusivamente" al criterio de precio.
También ha abundado que ante situaciones de
igualdad entre las ofertas está previsto que el desempate se realice atendiendo
como primer criterio al número de personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por ciento y como segundo, al número de mujeres de la plantilla.
El consejero ha realizado estas afirmaciones en su
comparecencia en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana, en la
que ha informado acerca del cumplimiento de la moción aprobada por el pleno del
Parlamento sobre política general en materia de seguridad y, la seguridad en
los centros de menores y otras dependencias titularidad del Principado.
Martínez ha subrayado que las cláusulas
sociolaborales se aplicarán en primer término en el centro de menores de
Sograndio, si bien el objetivo de su departamento es hacerlas extensibles
progresivamente al resto de contratos que celebre la Administración regional
con sus proveedores.
Adicionalmente, el nuevo contrato del centro de
Sograndio también recogerá una serie de medidas orientadas a asegurar la
seguridad de los internos y trabajadores de la institución, entre ellas la
ampliación del sistema de videovigilancia, la implementación de las medidas de
detección de elementos prohibidos y la existencia de un deber permanente por
parte de la empresa de auditar la seguridad del centro.
En la actualidad, el Principado tiene suscritos 19
contratos con empresas de seguridad privada para 105 edificios, que protegen
229 visitantes vigilantes.
En el caso del centro de Miraflores, de naturaleza
diferente al de Sograndio -35 vigilantes- según ha precisado Martínez, una
decena de vigilantes de seguridad realizan servicio en la actualidad en este
equipamiento.
La adopción de criterios que "concilian"
la libre concurrencia con el valor social de la contratación pública, de manera
que ésta no se rija exclusivamente por la oferta económicamente más ventajosa,
supone un paso que permite "avanzar" en el desarrollo de la directiva
europea sobre contratación pública. "Quisiera ir más lejos, pero no es
posible cambiar la ley estatal", ha apuntado el consejero de Presidencia.
La diputada del Grupo Parlamentario de IU Concha
Masa ha apreciado que la situación "ha mejorado" en cuanto a los
contratos establecidos entre el Principado y las empresas privadas de
vigilantes de seguridad, aunque todavía queda "bastante camino por
andar".
En su opinión, la normativa europea "abre
camino" a introducir cláusulas, y ha expresado su deseo de que los nuevos
contratos vayan recogiendo criterios que ponderen cada vez menos cuestiones de
precio frente a las laborales y sociales, lo que influirá en la
"disminución de conflictos laborales".
El diputado del PP Rafael Alonso ha indicado que "queda
claro" que desde la fecha de aprobación de la moción hasta ahora "se
continuó una práctica", si bien ha valorado que en algún pliego se ha
introducido alguna modificación, aunque no en todos se han incluido las
cláusulas anunciadas.
La parlamentaria de Podemos Lucía Montejo ha
expuesto que para la formación morada la resolución, con un contenido variado
con algunos puntos que "dependían" de otros, cuenta con una parte que
está "incumplida", y ha abogado por suspender los contratos suscritos
con empresas "defraudadoras o que vulneran" derechos de los
trabajadores.
La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, que ha
dicho que la moción no está cumplida al "cien por cien", ha matizado
que la denominada cláusula social es "más bien un derecho" que tienen
los trabajadores que prestan sus servicios en una empresa de seguridad privada,
según recoge su convenio colectivo.
Pedro Leal, diputado de Foro, ha considerado que
"no está cumplida" la moción aprobada por unanimidad del pleno de la
Junta General en noviembre del pasado año, ha insistido en que queda
"trabajo por hacer".
