El gran
secreto del patrón de los vigilantes
- Hacienda considera “leoninas” las condiciones laborales de la empresa de Miguel Ángel Ramírez, que ha recibido contratos millonarios de la Seguridad Social, Defensa y la propia Agencia Tributaria
Fuente:
elpais.com - JOAQUÍN GIL - Madrid 27 MAY 2017
Su
legión se extiende por todos los rincones de la Administración. Los 3.000
vigilantes que pilota el dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel
Ramírez, han desembarcado desde 2011 con fuerza en las empresas e instituciones
públicas españolas. Organismos como Defensa –que le adjudicó 36,3 millones-,
Correos (31), Patrimonio Nacional (9), la Seguridad Social (4) o Hacienda han
fichado los servicios de este antiguo guardaespaldas. La Agencia Tributaria
maneja un informe desde el pasado mes que arroja luz sobre el secreto del éxito
del también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de Primera División.
El
documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, avala la tesis de quienes
consideran un ventajista a este empresario de 48 años conocido como el rey de
la seguridad low cost por encadenar victorias en los concursos públicos gracias
a sus precios imbatibles.
Hacienda
sostiene ahora que la compañía de Ramírez somete a su plantilla a “condiciones
leoninas” y “vulnera las garantías” del Estatuto de los Trabajadores. También
que triplica los turnos y duplica la jornada de sus empleados todo el año,
cuando solo es posible 15 días, según el Estatuto de los Trabajadores. “Se
renuncia a vacaciones y festivos”, critica el organismo, el mismo que pagó 1,5
millones a Ramírez por vigilar sus sedes en Canarias entre 2013 y 2015.
El
informe de Hacienda forma parte de la investigación que desarrolla el Juzgado
de Instrucción número 8 de Las Palmas. Sus pesquisas indagan si Ramírez cometió
entre 2009 y 2012 un millonario fraude a la Agencia Tributaria y a la Seguridad
Social. El empresario camufló presuntamente parte de los pagos en las nóminas
como dietas y kilometrajes, conceptos que no tributan. Ramírez está imputado
por este motivo.
“Juega
con todos estos conceptos [en las nóminas] a su antojo”, apunta Hacienda.
También señala que 182 empleados de la compañía que en 2012 percibieron parte
del salario en dietas por desplazamiento no pudieron hacerlo porque nunca
salieron de Las Palmas.
“Datos
manipulados” enviados a Trabajo
La
Agencia Tributaria remarca que Seguridad Integral Canaria entregó una tabla con
“datos claramente manipulados” a la Inspección de Trabajo. Y “pone en
entredicho” una declaración ante el juez del empresario donde se desvinculaba
en noviembre de 2015 de su propia compañía. “No estoy en la gestión de la
empresa… Yo ya hace muchos años que no estoy en el día a día de Seguridad
Integral Canaria”, defendió Ramírez ante el instructor.
Hacienda,
sin embargo, subraya que el presidente de la UD Las Palmas supervisaba las
condiciones salariales de su plantilla. Y prueba de ello, dice, es que los
documentos de la empresa están salpicados de referencias como “Miguel Ángel
Ramírez, Miguel Ángel o MARA”.
En la
cartera de clientes del presidente de la UD Las Palmas han figurado la
Seguridad Social, Hacienda y el propio Ministerio de Empleo. Ramírez percibió
2,3 millones en 2013 por vigilar la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid. El proceso fue legal, ya que la Ley
de Contratos solo deja fuera de un concurso público a una empresa condenada.
Sus
clientes son ahora víctimas. La Agencia Tributaria y la Tesorería General de la
Seguridad Social figuran como personadas en la causa contra el rey de la seguridad.
Miguel
Ángel Ramírez –que tiene en nómina a 7.000 empleados a través de una madeja de
una veintena de empresas- enmarca el documento de Hacienda en una
“confabulación” para desprestigiarle. “Mi gente me dice que el contenido del
informe no es verdad. Yo soy el dueño de la firma, pero no estoy en el día a
día […]. Hay mucho artificio […]. Estoy convencido de que la causa judicial se
va a archivar”, explica el patrón, que carga con una fianza de 3,5 millones y
está defendido por el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio
Choclán.
El
cerco judicial contra el controvertido empresario por un presunto fraude a
Hacienda y a la Seguridad Social arrancó en 2013 tras una denuncia ante la Fiscalía
de la Audiencia Nacional del sindicato FTSP-USO elaborada por el letrado Ismael
Franco, de ADR Abogados.
“Estas
empresas hacen mucho daño al sector. Los precios con los compiten en concursos
públicos están por debajo de los costes laborales. Por eso, la mayoría de
compañías quiebran o acaban defraudando a Hacienda y a la Seguridad Social para
subsistir”, explica Basilio A. Febles, de FTSP-USO.
