La Administración acota los contratos de guardias de seguridad ‘low cost’
- Los Gobiernos revisan los acuerdos con sueldos base de 660 euros para los vigilantes
Fuente:
elpais.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla 26 MAY 2017 -
“Ahora los jefes pasan por delante de nosotros
y agachan la cabeza. Ya no saludan ni dan los buenos días”. Un guarda de
seguridad explica el bochorno de algunos responsables de la Consejería de
Economía de la Junta de Andalucía, antaño afables, y hoy conscientes de que al
vigilante le han bajado de un plumazo el sueldo un 40%, hasta dejarlo en 700
euros. “Vienes sin dormir, con ansiedad, desmotivado, angustiado por los pagos
y pensando si darle arroz a tus niños”, añade este vigilante que pide el
anonimato.
Hace
dos meses, esta Consejería andaluza otorgó la seguridad de su sede a Sinergias
de Vigilancia y Seguridad, firma que ha reventado los precios por todo el país
con su convenio colectivo. Junto a Marsegur y Seguridad Integral Canaria, las
tres compañías insulares han sumado contratos para edificios oficiales los
últimos años, dado que las Administraciones han primado la oferta económica por
encima de todo. Sin embargo, los jueces han corregido estos abusos mediante
sentencias y ahora los Gobiernos empiezan a reaccionar.
A la
Junta andaluza —que estudia cómo anular un contrato con Sinergias y la ha
apartado de dos concursos ante las protestas— se le unen la Comunidad de
Madrid, el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Cultura, que han cancelado y
avanzan que anularán los contratos con estas empresas de seguridad low cost.
Sus responsables admiten el escándalo que supone que una Administración ampare
sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional (707 euros), pero se han
escudado en que estas firmas ganaban los concursos de manera legal. Hasta
ahora.
La
precariedad salarial afecta ya a 14.000 vigilantes del colectivo de 78.000
guardas de seguridad, según un estudio de UGT, que ha identificado a 35
empresas con convenio propio y raquíticos sueldos, o descolgadas del convenio
colectivo estatal, que fija un salario base de 908 euros. Tras la denuncia del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social contra Sinergias por fraude y un delito
contra la Seguridad Social, ahora la Audiencia Nacional ha dado un serio
varapalo a Marsegur al anular por segunda vez su convenio colectivo para 450
trabajadores.
Los
magistrados de la Sala de lo Social han multado a esta empresa con 6.000 euros
por su “mala fe”, “temeridad” y “contumaz incumplimiento” de la ley. Marsegur
logró en 2016 contratos por 4,4 millones con las Administraciones, según UGT.
Pero su cifra de negocio va al alza. La próxima semana entra en vigor el
convenio firmado con el Ministerio de Defensa por 18,9 millones para vigilar
sus sedes durante un año.
Esta
firma logró en abril de 2016 un contrato de 950.000 euros con la Consejería de
Transportes madrileña por dos años. Sin embargo, seis meses después y tras
constatar la reducción salarial del 33% respecto al convenio colectivo estatal,
el Gobierno autonómico canceló el contrato por “incumplimiento de las
obligaciones”. El dueño de Marsegur, Antonio Redondo, replica que ha presentado
una querella contra el viceconsejero de Transportes Jesús Valverde que ha sido
admitida a trámite. “Y el resto de Administraciones, si cancelan más contratos,
ya veremos. Iremos hasta las últimas consecuencias”, avisa.
Para
vetar a estas empresas, la Comunidad de Madrid ha incluido entre los criterios
de valoración, uno que premie a las empresas que “mejores condiciones ofrezcan
a sus trabajadores”, según fuentes del Gobierno autonómico. Además, esta
comunidad ha introducido en los concursos una puntuación máxima para las
compañías que cumplan con el convenio colectivo y así perjudicar a las que no
lo respeten. La Consejería de Educación madrileña mantiene otro contrato con
Marsegur por 1,1 millones y ahora sus abogados estudian la forma de
rescindirlo.
El
Ministerio de Cultura mantiene un contrato con Marsegur para la vigilancia en
la Filmoteca. “Estudiaremos a fondo la próxima licitación para que esto no se
produzca”, avanza una portavoz del ministerio tras alegar que la firma se alzó
con el concurso cumpliendo la Ley de Contratos. En esta línea, el Ministerio de
Empleo cancelará a finales de año su contrato con Sinergias para la vigilancia
de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR), y no lo renovará.
"En los nuevos pliegos se recogen nuevas cláusulas sociales y se han
revisado los nuevos criterios de adjudicación", avanza un portavoz.
“Las
tres [Sinergias, Marsegur y Seguridad Integral Canaria] están usando o han
estado usando un convenio colectivo de empresa que los tribunales han declarado
nulo o previsiblemente lo van a hacer. Cuando llegue el momento de que los
trabajadores reclamen en base a esas sentencias el pago de lo que se les
adeuda, previsiblemente no podrán asumirlo, habida cuenta de los precios de
adjudicación. Irán, previsiblemente, abocados a un procedimiento concursal con
el coste social y personal que conllevará para los trabajadores”, resumen desde
la Federación de Construcción y Servicios de CC OO. A pesar de la controversia
generada, la patronal Aproser, que aglutina a las grandes del sector como
Prosegur y Securitas, rechaza opinar al respecto porque asegura que carece “de
información al respecto”.
LAS
CLÁUSULAS SOCIALES NO SIEMPRE EVITAN A ESTAS FIRMAS
La Junta de Andalucía aplica supuestamente
cláusulas sociales a sus contratos desde el pasado 10 de octubre. La presidenta
del Ejecutivo, Susana Díaz, fue interpelada en el Parlamento por la reducción
de salario de los vigilantes de 1.100 a 700 euros. “Las empresas están siendo
egoístas utilizando una herramienta dañina, descolgándose de los convenios del
sector”, afirmó. Sin embargo, esta primavera la Consejería de Economía concedió
a Sinergias el contrato para vigilar su sede.
En paralelo la firma canaria ha sido
apartada para un jugoso convenio de todas las sedes provinciales de Canal Sur
por 2,1 millones y otro para la vigilancia de la Consejería de Hacienda.
Sinergias ha recurrido esta última decisión ante el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales del Gobierno autonómico, que está pendiente de dictar
sentencia.
Mientras, hace un año el Tribunal Supremo
anuló el convenio de Seguridad Integral Canaria para Las Palmas, la empresa con
la que Miguel Ángel Ramírez, apodado El Rey de la Seguridad, inició su
meteórica carrera gracias a que paga míseros sueldos. El millar de vigilantes
—del total de 3.715 empleados— afectado por esa drástica reducción comenzaron
en 2013 su calvario judicial, y solo esta primavera la empresa está abonando
los atrasos tras cuatro años de pleitos acuciada por los jueces. Sin embargo,
solo la mitad de la plantilla ha reclamado ante la justicia los impagos. “Muchos
trabajadores prefieren estar cómodos antes que reclamar sus derechos”, admite
José Manuel Ojeda, de CC OO. En 2015 la compañía facturó 94 millones.
Seguridad Integral Canaria asegura que ya
ha pagado 1,6 millones en atrasos a sus empleados y que atiende todas las
reclamaciones, extremo que los empleados desmienten. “!A mí me encantaría que
mis vigilantes ganaran dos mil euros! Es una barbaridad lo que Ayuntamientos,
Diputaciones y Gobiernos se están ahorrando. Para la Administración lo que pesa
es el precio, es así de claro”, alega Ramírez.
