Seguridad privada: 700 euros por vigilar
aeropuertos, ministerios o centros comerciales
La reforma laboral y las
ofertas a la baja en los concursos públicos han hecho que los salarios y las
condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos
Un 17% de la facturación del
sector procede de las administraciones públicas
"Es sangrante que
empresas que presentan ofertas que matemáticamente son imposibles ganen
contratos importantísimos con la Administración", critica CCOO
Fuente: eldiario.es/Ana Requena Aguilar /30/08/2017
Están
en las estaciones de tren, en los controles de los aeropuertos, en las entradas
de edificios oficiales, en centros comerciales o en eventos como un partido de
fútbol o un concierto. Los vigilantes de seguridad son la cara de la seguridad
privada, un sector que, año a año y contrato a contrato, se ha precarizado cada
vez más.
La
reforma laboral y los bajos precios de los concursos públicos han hecho que los
salarios y las condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos.
Los sueldos en muchas empresas están muy poco por encima del salario mínimo
interprofesional y en el mejor de los casos están en 1.100 euros. El conflicto
de los trabajadores del aeropuerto de El Prat en Barcelona es el episodio más
visible de un problema que va mucho más allá.
La
seguridad privada emplea a unas 78.200 personas como vigilantes de seguridad,
según una de las patronales, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de
Servicios de Seguridad (Aproser). El 87% de estos trabajadores son hombres y su
edad media es de 42 años. Un 17% de toda la facturación del sector procede de
las administraciones públicas y ahí es donde radica uno de los principales
problemas.
Los
sindicatos señalan a los concursos a la baja de las administraciones, que
premian la oferta económica más reducida sin tener en cuenta otros criterios.
"Son puras subastas. Es sangrante que empresas que presentan ofertas que
matemáticamente son imposibles ganen contratos importantísimos con la Administración",
critica el secretario de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO,
Daniel Barragán, que explica que esas ofertas se materializan luego en recortes
de plantilla, reducciones salariales y turnos interminables.
El caso
ha llegado a ministerios como Defensa o Empleo. El departamento que dirige
Fátima Báñez adjudicó la vigilancia de los Centros de Atención al Refugiado a
la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, con un convenio propio que
reduce el 90% de los pluses de nocturnidad o festivo respecto al convenio
estatal y que paga un sueldo de unos 700 euros. En el caso del ministerio
dirigido por María Dolores de Cospedal, la adjudicación de la seguridad a la
empresa Marsegur hizo que los trabajadores perdieran unos 400 euros frente al
convenio estatal.
Los
sindicatos tienen la vista puesta en la Ley de Contratación Pública que se
negocia. Ese puede ser el instrumento que evite que los concursos y las
licitaciones premien a este tipo de empresas. Cada vez más administraciones
incluyen cláusulas sociales o estrategias para garantizar condiciones laborales
dignas en las empresas con las que contratan. Es el caso de los ayuntamiento de
Madrid y Zaragoza, o de los gobiernos autonómicos de Navarra, Aragón o Islas
Baleares. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto el contrato de la
empresa que les proporcionaba la vigilancia privada, Sinergias, por aplicar
bajadas salariales a sus trabajadores.
La
reforma laboral, clave
El
problema, no obstante, excede a las administraciones. "Es un problema de modelo,
durante estos años se ha distorsionado. El criterio para contratar, sea la
Administración o un cliente privado, es el económico: se premia la oferta más
barata y se deja fuera la calidad del servicio", dice el responsable
federal de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Ahí entra en juego el
segundo factor a tener en cuenta en los conflictos que vive el sector: la
reforma laboral.
La
norma aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 cambió las reglas de la
negociación colectiva: desde entonces, el convenio de empresa prevalece sobre
cualquier otro. Conflictos como el de las camareras de piso o el de los
vigilantes de seguridad son la concreción de ese precepto abstracto. Algunas
empresas firman sus propios convenios, en muchas ocasiones con una
representación sindical creada ad hoc, que tiran por tierra los salarios y las
condiciones firmadas en los convenios sectoriales y estatales.
"La
reforma laboral es lo que más daño ha hecho. Peleas de precios brutales ha
habido desde hace años, pero la posibilidad que dio la reforma de que las
empresas hagan valer su propio convenio se lo ha cargado todo", apunta
Daniel Barragán, de CCOO.
Mientras
que una empresa que aplica el convenio estatal puede pagar un sueldo de unos
mil euros, las que tienen su propio convenio tienen salarios base que rondan
los 700 euros. Es el caso de los vigilantes del Ministerio de Defensa, según
denuncia UGT, que calcula que un 20% de los vigilantes de seguridad en activo
trabaja ya en este tipo de empresas.
La
Audiencia Nacional ha anulado decenas de estos convenios de empresa en varios
sectores y los sindicatos siguen denunciando. "Pero el proceso es largo.
Muchas empresas siguen aplicando su convenio mientras recurren y hasta que hay
sentencia firme", precisa el representante de UGT, Diego Giráldez. Hasta
la patronal considera que esta "competencia desleal" es uno de los
principales problemas del sector. El convenio estatal, que ya ha caducado pero
que sigue aplicándose, incluye un artículo en el que patronal y sindicatos se
comprometen a solicitar a las administraciones su cumplimiento en detrimento de
otros acuerdos.
En lo
que las partes no coinciden es en el contenido del nuevo convenio colectivo que
tienen que negociar para los próximos años. Los sindicatos dicen que los
planteamientos de la patronal son "regresivos" y que no firmarán nada
que suponga recortes. La patronal recuerda que el sector arrastra aún unos
resultados negativos. Las negociaciones están paralizadas y, mientras, los
vigilantes de decenas de infraestructuras en distintos puntos del país preparan
movilizaciones para otoño si sus condiciones no mejoran. "Eso es un
polvorín", resume Daniel Barragán.
El
Gobierno ha anunciado que en los próximos días iniciarán conversaciones con
organizaciones sindicales y patronales para analizar la situación del sector,
tal y como pedían los sindicatos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha
anunciado este miércoles en el Congreso q ue este grupo de trabajo analizará
"cuantas cuestiones contribuyan a la mejora del servicio y las condiciones
de trabajo de la seguridad privada en el transporte terrestre, marítimo y
aéreo", con "especial incidencia", ha dicho, en la contratación
pública, la estabilidad laboral, la formación profesional en el sector, los
tiempos de trabajo y la seguridad y la salud laboral.
Al no
alcanzar ambas partes un acuerdo, fue la Generalitat, con competencias en la
materia, la que trató también sin éxito de mediar en este conflicto.
Cuando
también fracasó la intervención del Gobierno catalán, es cuando entró en escena
el ministerio de Fomento. Lo hizo, explicó Íñigo de la Serna, porque cuando los
trabajadores de Eulen anunciaron paros indefinidos de 24 horas desde el 14 de
agosto, la situación cambió. Entonces, dijo el ministro, se ponía en riesgo la
seguridad en el aeropuerto de la Ciudad Condal, lo que hizo necesario recurrir
a la Guardia Civil.
A
posteriori, el ministerio decidió solucionar el conflicto vía laudo –que será
entregado mañana a las partes– porque se daban las condiciones para recurrir a
esta medida.
