CiU quiere
tumbar en el Parlamento la nueva ley de seguridad privada
La nueva norma impulsada por
el Gobierno, que presume con ella de haber logrado "el consenso de
todos", permitirá a los vigilantes privados realizar tareas de control
perimetral tanto en centros penitenciarios como en centros de internamiento de
extranjeros.
Fuente:
vozpopuli.com/NACIONAL – 15/09/2013 - Enrique Lavilla
El
pasado 14 de junio el Gobierno aprobó el proyecto de ley de seguridad privada,
que fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y en los
próximos días este proyecto deberá ser sometido a votación en el Congreso de
los Diputados, donde CiU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad,
según aseguró el parlamentario de esta formación, Jordi Jané i Guasch, en un
seminario organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Jané
aseguró que "CiU votará en contra del proyecto de ley de seguridad privada
si la norma no se modifica en trámite parlamentario". El diputado de la
formación catalanista, que es vicepresidente del Congreso, afirma que "las
cifras en España nos demuestran que el sector de la seguridad privada puede
crecer" y para ello recordó los datos del sector, en el que trabajan cerca
de 1.500 empresas, donde hay en torno a 85.000 trabajadores, y cuya facturación
el año pasado superó los 3.200 millones de euros. Todo esto, CiU lo tiene en
cuenta, pero no convence entre los nacionalistas catalanes la forma en que se
ha gestado este proyecto.
Por
parte del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez,
consideró que este proyecto de ley es "necesario, oportuno y actual".
Lo que más preocupaba en el Gobierno es que la anterior ley, que data de 1992,
se había quedado obsoleta y había sido superada, como señaló Martínez Vázquez:
"por una profusión de normas que la desarrollaban y que hacían que la
materia resultara incomprensible".
Otra de
las principales razones que arguyó el secretario de Estado en favor de la
elaboración de este proyecto de ley es que se trata de "dinamizar un
sector económico pujante que, además, proporciona un servicio esencial para los
ciudadanos como es el de la seguridad". Martínez Vázquez apuntó que los
puntos fuertes de esta ley son: su capacidad de adaptarse a un entorno
cambiante y la profesionalización, algo que confía que acabará con el
intrusismo. "Se trata de un proyecto de ley de enorme calidad técnica, que
aúna muchos esfuerzos y que cuenta con el consenso de miembros del sector y
usuarios. En definitiva, es la ley de todos", subrayó.
Sin
embargo, no es cierto que sea "la ley de todos". La Agrupación de los
Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), rechaza
frontalmente este proyecto de ley porque saben que la nueva norma permite a los
vigilantes privados realizar tareas de control perimetral tanto en centros
penitenciarios como en centros de internamientos de extranjeros (los llamados
CIE).
Tampoco
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más
representativo en las administraciones públicas, aprueba la nueva legislación.
El pasado miércoles, desde CSI-F, animaban a llevar a cabo una campaña de
movilizaciones en toda España en protesta por el proceso de privatización en
las cárceles, iniciado en principio con los agentes encargados de la seguridad
exterior y la situación deficitaria de las plantillas.
Por
tanto, aunque la nueva ley pretende conseguir un marco jurídico flexible y
obtener la máxima eficacia con la máxima eficiencia en beneficio de la
seguridad general. Aunque su objetivo es regular la coordinación y colaboración
entre seguridad pública y privada, como señaló uno de los asistentes al
seminario de la UNIR, "esto no parece la ley de seguridad privada, más
bien parece la ley de las empresas de seguridad privada".
