martes, 31 de octubre de 2017
CC.OO.: Los vigilantes de seguridad se concentrarán mañana frente al Hospital de Ciudad Real
CC.OO.:
Los vigilantes de seguridad se concentrarán mañana frente al Hospital de Ciudad
Real
Van a exigir que no se
adjudique la contrata de Seguridad Privada del Hospital General de Ciudad Real
a ninguna empresa que no cumpla el convenio colectivo estatal del sector y que
no garantice la subrogación de todos los contratos y el mantenimiento de todas
las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, tal y como
establece el III Acuerdo de Estabilidad en las Contratas de la JCCM. .
Fuente: lacerca.com/30/10/2017
El
sindicato CCOO-Construcción y Servicios y los 25 vigilantes de seguridad del
Hospital General de Ciudad Real se concentrarán mañana desde las 09.30 a las
10.15 horas ante las puertas del centro sanitario con motivo de la apertura de
las plicas con las ofertas empresariales que optan a la adjudicación del
servicio de seguridad privada del mencionado hospital.
Sindicato
y trabajadores quieren expresar así su preocupación por la participación en el
concurso convocado por el SESCAM de dos empresas, Sinergias Seguridad y
Marsegur; que, aprovechando la reforma laboral del PP, aplican a sus
trabajadores su propio convenio colectivo, muy por debajo, en salarios y en
derechos laborales, del convenio colectivo estatal del sector.
Gracias
a ello, ambas empresas, del entorno patronal del llamado “capo de la
seguridad”, el empresario canario Miguel Ramírez, vienen logrando la
adjudicación de numerosas contratas públicas, a las que presentan las ofertas
económicas más bajas a costa de reducir sustancialmente los salarios de sus
trabajadores y de imponerles jornadas y condiciones laborales mucho peores que
el resto de las empresas del sector.
“No
queremos que el SESCAM entregue ninguna contrata a ninguna empresa que no
cumpla el convenio colectivo de su sector y que no garantice la subrogación de
todos los contratos y el mantenimiento de todas las condiciones salariales y
laborales de los trabajadores, tal y como establece el III Acuerdo de
Estabilidad en las Contratas de la JCCM que firmamos el pasado verano con el
Gobierno de CLM”, advierte Antonio Sánchez Carnerero, de CCOO-Construcción y
Servicios en Ciudad Real
En los
últimos tiempos, la constante denuncia sindical de los mecanismos de
competencia desleal y de explotación laboral del grupo patronal ligado a
Ramírez ha conseguido que tanto los tribunales como las propias
administraciones públicas empiecen a adoptar medidas contra esas empresas.
Así, en
el plano judicial, los dos últimos convenios colectivos de Marsegur han sido
anulados por la Audiencia Nacional a instancias de CCOO, pese a lo cual
Marsegur se lo sigue aplicando a sus trabajadores porque, tras recurrir ante el
Tribunal Supremo la primera anulación y perder el recurso; ha vuelto a recurrir
la segunda anulación ante el Alto Tribunal y el recurso está pendiente de
sentencia.
En el
plano sindical, la movilización de los vigilantes de la JCCM después de que el
Gobierno regional otorgara a Sinergias la contrata de la seguridad de las sedes
en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, terminó por mover a la
consejería de Hacienda a anular el contrato con la mencionada empresa, tras
comprobar que, nada más hacerse cargo del servicio, Sinergias redujo
sustancialmente las nóminas de los trabajadores afectados y empeoró sus
condiciones laborales.
También
el Ministerio de Defensa asegura haber iniciado el correspondiente expediente
administrativo para rescindir el contrato con Marsegur, empresa a la que
adjudicó el servicio de seguridad privada en todas sus sedes y dependencias,
entre ellas el Museo del Ejército del Alcázar de Toledo y el Archivo Militar de
Guadalajara. Defensa anunció su decisión de romper con Marsegur después de que
los trabajadores de esta empresa sostuvieran dos días de huelga, los pasados 25
y 26 de septiembre, que afectó a la seguridad de los centros del Ministerio en
toda España.
Simultáneamente,
el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el día
17 del pasado mes de julio el III Acuerdo de Estabilidad en el Empleo en las
contratas de la JCCM, que, entre otras garantías y clausulas sociales,
compromete a la Administración Autonómica a incluir en los pliegos de
condiciones que regulen la adjudicación de sus contratas la obligación de las
empresas de subrogarse los contratos y de respetar los derechos económicos y
laborales de los trabajadores que prestan esos servicios.
En el
Hospital General de Ciudad Real son 25 los vigilantes que vienen realizando el
servicio de seguridad privada con la empresa Viten Seguridad, que sí les aplica
el convenio colectivo estatal del sector.
lunes, 30 de octubre de 2017
Qué se hace con el dinero de todos
La nueva
ley de contratos públicos frenará los acuerdos a la baja de empresas 'low cost'
con la Administración
La transposición de una
directiva europea debería acabar con la práctica de licitar contratos por
cantidades que ni tan siquiera cubren los costes salariales establecidos en los
convenios colectivos
A partir de ahora deberán
desagregarse por categoría los costes salariales, partiendo de los estipulados
en convenio
Fuente:
eldiario.es/Marina Estévez Torreblanca/
29/10/2017
Vigilantes
de seguridad de ministerios y organismos del Estado con salarios por debajo de
lo que marca el convenio colectivo, huelgas por impago del personal de las
cafeterías del Palacio de la Moncloa... los trabajadores que prestan sus
servicios en las sedes del poder padecen en ocasiones condiciones de trabajo
temerarias que llegan a bordear lo ilegal, o a sobrepasarlo.
Toda la
contratación pública en España se ha visto afectada por ofertas a la baja
exclusivamente basadas en criterios económicos. En un contexto de recortes y de
crisis económica, las Administraciones han presupuestado concursos por precios
reducidos, y los han concedido a la oferta más económica. A veces, como ocurrió
con la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, nada más ganarla
algunas de las empresas plantearon un ERE entre sus empleados que provocó que
fueran a la huelga.
Un
panorama que podría cambiar con la nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada
definitivamente por el Congreso de los Diputados, y que transpone –con retraso–
una directiva europea. Con la nueva norma no deberían darse casos como los de
Marsegur, una empresa de seguridad privada "low cost" empleada, por
ejemplo, en el Ministerio de Defensa, y que afronta cientos de demandas.
También podría evitarse el problema salarial de
Eulen, cuyos trabajadores fueron a la huelga en el aeropuerto de El Prat
este verano.
¿Qué
cambia la norma?
Para
empezar, será obligatorio que el órgano de contratación excluya del proceso las
ofertas anormalmente bajas que se presuman inviables. Además, el principal
motivo por el que se evitarían los casos citados es que la nueva ley obliga a
que en la oferta se incluyan, desagregados por categoría, los costes
salariales, partiendo de los indicados por el convenio colectivo sectorial.
Esto significa que se tendrán que tener en cuenta los costes de personal, con
sueldos de convenio colectivo sectorial, a la hora de hacer la licitación y a
la hora de ganarla.
Con lo
que los vigilantes de Marsegur tendrían que haber ganado como mínimo lo que
indica el convenio sectorial para que su empresa consiguiera el contrato.
Precisamente estos días se están movilizando los vigilantes de seguridad para
demandar a la patronal un convenio colectivo justo.
Los
votos de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT fueron suficientes para
rechazar en el Congreso las tres enmiendas que había introducido el PP en el
Senado para privilegiar los convenios de empresa, menos protectores, frente a
los sectoriales.
Además,
se establece que la Administración deberá vigilar el cumplimiento de las
condiciones que se han estipulado. Este verano, en plena huelga de los vigilantes
de Eulen en el aeropuerto de El Prat, uno de los directores generales de AENA,
Javier Marín, reconocía que la sociedad estatal desconocía los sueldos y las
condiciones laborales concretas de los trabajadores porque no eran de su
competencia, y que la empresa había ganado el concurso por ser la más
económica.
Hasta
ahora se permitía la licitación de los contratos a empresas con precios que no
cubrían los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de
aplicación, y esta situación suponía una pérdida de derechos laborales para los
trabajadores de estas empresas, al mismo tiempo que una reducción de la calidad
de los servicios que los ciudadanos reciben por esta vía, según CCOO.
¿Qué
ocurre si una empresa incumple ya ganado el concurso?
En
2013, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, presentó un contrato integral para la
"limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes"
durante ocho años, con un coste de adjudicación de 2.316 millones de euros y un
ahorro anual de 32 millones de euros.
Una vez
escogidas las contratistas, tres de las empresas (Valoriza, FCC y OHL)
decidieron que la plantilla era excesiva para obtener los beneficios previstos
y presentaron un ERE para más de 1.100 trabajadores. Tras multitud de quejas y
problemas con la limpieza de la capital, el actual equipo de gobierno del
ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, ha intentado, sin éxito, rescindir
estos contratos y remunicipalizar el servicio.
Con la
nueva ley, se establece el incumplimiento de las condiciones laborales, entre
otras, como causa de resolución de los contratos. Y aunque ya no afecte a los
que están en vigor, sí que podrá aplicarse cuando se vayan a renovar.
Además,
la norma establece penalizaciones en caso de que los contratistas incumplan las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso del pago
de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.
"¿Se
inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012?"
El
catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad
Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo se pregunta en su blog sobre realidades laborales: "¿Se
inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012 (...) aunque sea por una
vía indirecta no estrictamente laboral, como es una norma
administrativa?". y afirma que la dinámica parlamentaria actual,
consecuencia de la convulsa situación política, unida a los resultados
electorales de junio de 2016, "pueden hacer posible unos cambios
sustanciales en aquella reforma, siendo no menos relevantes los acuerdos que se
alcancen entre el gobierno y los agentes sociales en las distintas mesas
abiertas de diálogo social".
"Ahora
existen los instrumentos para evitar estas situaciones de abuso, otra cosa será
que se cumplan", afirma por su parte el secretario de Acción Sindical de
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos. Señala que la
intención del sindicato es seguir de cerca la evolución de las contrataciones
públicas a partir de que la ley entre en vigor, dentro de cuatro meses. En todo
caso, considera que "la ley aprobada hoy, sin cubrir plenamente los
objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación
existente".
Así malviven los más de 1,2 millones de personas con empleos precarios
Así
malviven los más de 1,2 millones de personas con empleos precarios
Vigilantes de seguridad,
repartidores a domicilio e incluso informáticos se incluyen entre las diez
profesiones con peores condiciones laborables
Fuente:
diariovasco.com/LUCÍA PALACIOS MADRID/29 octubre 2017
Enfermo,
apaleado y divorciado. Así es probable que termines solo por desempeñar un
oficio: el de vigilante de seguridad, que se ha convertido en uno de los más
precarios del país, un colectivo con una plantilla de más de 123.000 personas
que este verano copó la actualidad por la huelga que protagonizaron en el
aeropuerto de Barcelona. Pero como ellos, son muchos -más de 1,2 millones de
personas solo en diez profesiones- los que trabajan en condiciones ínfimas y
con salarios muy bajos, más si se tienen en cuenta los peligros que pueden
acecharle a uno en el desempeño de su jornada laboral, como las palizas que de
cuando en cuando sufren los vigilantes de metro por parte de algún grupo
violento o el riesgo que asumen los que velan por instituciones amenazadas por
el terrorismo.
Esto es
lo que denuncia uno del gremio, Óscar Verdura, que esta misma semana se
manifestó junto a decenas de compañeros en la céntrica plaza de Atocha para
reivindicar unas condiciones más dignas: «La gente trabaja 12 horas seguidas
para poder ahorrarse el transporte y hace todas las extras que puede porque los
salarios son tremendamente bajos.
Tenemos un índice de conciliación cero y un
nivel de divorcios que supera con creces al de otros colectivos. Te destrozan
la vida...». Verdura explica además que por convenio tienen cercenado el derecho
a huelga y también por ley se establece que no pueden abandonar su puesto de
trabajo hasta que no llegue el reemplazo; de lo contrario, sería delito. «Y
todo esto, ¿para qué? Si voy a ganar menos de 1.000 euros al mes [concretamente
1.122 euros brutos al mes de inicio, según recoge el convenio] y voy a echar
más horas que un reloj. No compensa», asegura este vigilante de seguridad
privada.
Precariedad
femenina
72% de
los contratos firmados a tiempo parcial son para mujeres, de los cuales más de
la mitad no son deseados.
80% de
la temporalidad recae también sobre ellas en unos sectores como las camareras
de piso o teleoperadoras que están muy feminizados, según datos de CC OO
Menos
todavía gana Maite Méndez, auxiliar de ayuda a domicilio, otra de las
profesiones más precarias del actual mercado laboral y que cuenta con más de
220.000 trabajadoras, según un informe de CC OO. «Concretamente mi sueldo bruto
mensual son 850 euros, pero a mi casa entran 700 euros», explica. Bien es
verdad que, al igual que el 90% de los trabajadores de este sector -que se
ocupan de atender a los dependientes en su casa-, tiene una jornada parcial.
Pero ella casi que es una afortunada porque en su contrato figuran 30 horas,
frente a las 36 que se establece para la jornada completa. «Si mi sueldo es
precario, el de la mayor parte de mis compañeras no tiene nombre», se lamenta,
al tiempo que denuncia que se hacen muchas horas extras que no se las pagan.
CC OO
lanza una campaña para denunciar salarios de 5 euros la hora y reivindica un
mínimo de 8 euros
El
trabajo de Dani es entregar la comida en el domicilio del cliente en un tiempo
récord. De día o de noche, haga un sol asfixiante o diluvie... debe estar
siempre disponible para salir corriendo con su moto. Y todo por un sueldo
mísero de 5,35 euros brutos por hora. Al final, la remuneración media como
mucho suele estar en los 300 euros al mes por trabajar 15 horas a la semana.
Pero, eso sí, cuando te digan, porque debes estar siempre a punto para la
empresa, con lo que se hace difícil compatibilizar esta actividad con otra o
con cursar unos estudios.
«La
mayoría de los jóvenes que vemos en bici por las ciudades repartiendo comida
están en el limbo laboral», denuncia Vicente Sánchez, secretario de la
Federación de Construcción y Servicios de CC OO, que explica que los
profesionales de la comida rápida y a domicilio son los que menos cobran del
sector de la hostelería -que de por sí ya tiene sueldos bajos- y tienen un
nivel de parcialidad del 90%. Asimismo, se dan muchos contratos fraudulentos,
ya que trabajan más horas de las que firman y no se cotizan a la Seguridad
Social.
Afecta
al 7% de ocupados
Además
de los vigilantes de seguridad, las auxiliares de ayuda a domicilio, los
profesionales de comida rápida o los repartidores a domicilio, hay otras seis
actividades que CC OO denuncia como las más vulnerables del mercado laboral en
la segunda fase de la campaña Precarity War que ha lanzado recientemente. Se
trata también de los dependientes, promotores de productos y reponedores,
trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios... u otras todavía más
contradictorias si cabe como los trabajadores del Estado, los informáticos y
los consultores, que pese a estar más que cualificados con licenciaturas de las
más demandadas, ingresan entre 10.500 y 13.500 euros brutos al mes. Todos ellos
suman más de 1,2 millones de empleados, el 7% del total de ocupados, donde «la
precariedad laboral está más presente que nunca», a juicio del sindicato, que
ha puesto a su disposición una página web (www.precaritywar.com) para que
puedan dejar sus testimonios, recibir consejos y unirse a esta lucha.
Para
evitar que la peor cara del mercado laboral se extienda aún más, CC OO se ha
marcado el objetivo de que la negociación colectiva fije sueldos mínimos de 8
euros la hora, frente a los 5,35 euros que cobran algunos de estos
profesionales. «El salario mínimo en los convenios tiene que estar en torno a
los 14.000 euros anuales. Es lo justo», defiende José María Martínez,
secretario de la Federación de Servicios del sindicato, que culpa a la reforma
laboral de esta devaluación de derechos y de salarios y a la proliferación de
las empresas multiservicios. Y quienes más sufren sus efectos son los jóvenes y
las mujeres, que firman el 72% de los contratos parciales, de los cuales más de
la mitad no son deseados, según datos de CC OO. También sobre ellas recae un
porcentaje mayor de temporalidad: un 80%.
jueves, 26 de octubre de 2017
Agredidos tres vigilantes del Metro de Barcelona por un grupo de pasajeros
Fuente:
elperiodico.com/Miércoles, 25/10/2017
Un
grupo de pasajeros agredió el pasado fin de semana en el Metro de Barcelona a
tres vigilantes de seguridad, que han sufrido lesiones de diversa
consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el
interior de un convoy de la línea 5.
Según
han informado hoy a Efe fuentes de TMB, la agresión se produjo el pasado
domingo, día 22, entre las 06.15 y las 06.30 horas de la mañana, cuando la
compañía recibió un aviso de que dentro de un tren de la línea 5 había un grupo
de seis o siete pasajeros con comportamientos incívicos.
Dos
vigilantes de seguridad de TMB subieron al convoy en la estación de Sants e
intentaron que los alborotadores recondujeran su actitud, aunque los jóvenes
continuaron con una actitud hostil y agredieron a los dos agentes.
Un
pasajero, que se identificó como vigilante de seguridad privada fuera de
servicio, intervino en ayuda de los agentes de seguridad, aunque también fue
agredido.
Cuando
el convoy llegó a la estación de Gavarra, los autores de la agresión lograron
huir, sin ser localizados por los vigilantes de refuerzo, ante lo que se alertó
a los Mossos d'Esquadra.
Los
tres vigilantes agredidos fueron inicialmente atendidos por el Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) en la estación de Cornellà, ninguno de ellos en
estado grave, si bien los dos vigilantes del Metro acudieron posteriormente a
la mutua laboral para ser tratados de contusiones y hematomas y el tercer
vigilante fue trasladado al hospital Moises Brogi para que le atendieran de dos
heridas en el rostro y en la cabeza.
Empresas e instituciones en Cataluña piden refuerzos extraordinarios de seguridad privada
Empresas
e instituciones en Cataluña piden refuerzos extraordinarios de seguridad
privada
- Hasta la fecha, las demandas de seguridad privada en sitios de especial relevancia en Cataluña habían sido normales. Sin embargo, en los últimos días se han producido aumentos.
Fuente:
vozpopuli.com/MARIO MORATALLA/ 26.10.2017
Ahora sí. Empresas e instituciones con sedes en Cataluña están pidiendo refuerzos extraordinarios para afrontar los próximos días en Barcelona y también otras ciudades catalanas. Según fuentes empresariales de toda solvencia, esta movilización de vigilantes de seguridad exigida tiene, por primera vez, carácter extraordinario. Los lugares donde se están pidiendo refuerzos, centros públicos de importancia que dependen del Estado (estaciones de tren, por ejemplo) u otros espacios como centros comerciales.
Según
indican a Vozpópuli fuentes de una de las principales empresas de seguridad de
España bajo condición de anonimato, "vamos a mover personal con su
preparación desde otras zonas como Bilbao, sobre todo a Barcelona pero no
exclusivamente". Este directivo insiste en este mismo miércoles les han
pedido refuerzos "muchos clientes importantes" aunque el objetivo es
que sea para unos pocos días, si acaso hasta principios de la semana que viene,
si bien reconociendo que la situación de inestabilidad hace imposible prever
cuanto tiempo tendrán que estar. "Si hay una DUI como parece, su presencia
pude prolongarse".
Otras
fuentes empresariales ponen el ejemplo de que las compañías públicas o privadas
están pidiendo "por ejemplo 30 personas cuando antes pedían 15 o 20"
de forma extraordinaria. Los sindicatos han sido consultados sobre este tema
sin poder dar su confirmación al respecto sobre estos movimientos.
Agentes
a edificios estatales
Los escasos edificios estatales que aún se mantienen en Barcelona son objeto de un especial refuerzo en los últimos días dada la creciente situación de tensión en Cataluña y la incertidumbre que genera en la población y en la administración. Según aseguran fuentes de seguridad privada, se ha producido un refuerzo de edificios como el Banco de España, exclusivamente con Policía, oficinas de la Seguridad Social, aeropuertos, puertos y otras dependencias. Desde los sindicatos policiales se considera lógica esta tesis dada la situación actual. Desde Interior, por su parte, se confirma que existe un dispositivo de seguridad especial en Cataluña desde hace varias semanas.
Se ha
producido un refuerzo de edificios como el Banco de España, exclusivamente con
Policía, oficinas de la Seguridad Social, aeropuertos, puertos y otras
dependencias
En
cambio, los tribunales son un caso aparte dado que tradicionalmente estaban
siendo vigilados por Mossos d'Esquadra. Sin embargo, los propios jueces en sus
autos han pedido que se refuerce la seguridad con fuerzas y cuerpos del Estado,
no tanto con mossos, con quienes la confianza no anda en sus mejores momentos.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a escasos metros del Parlament en
el paseo Lluís Companys, es otro de los puntos clave para la seguridad estatal.
La
paradoja de la seguridad
Desde
hace ya varios meses, y teniendo en cuenta la recuperación económica que ahora
podría verse truncada por la crisis política, se estaba dando la paradoja de
que las empresas de seguridad se veían con muchos problemas para contratar a
vigilantes en Barcelona. No se trata de un tema relacionado con la crisis
política, sino todo lo contrario: en las regiones con sueldos más altos y menos
desempleo, como País Vasco, Navarra, Barcelona o Girona, los trabajadores
prefieren otras opciones mejor remuneradas que la seguridad privada. Y en estas
provincias faltan efectivos.
Sin
embargo, desde fuentes de seguridad privada se niega que las compañías estén
solicitando refuerzos para espacios. "Puede haber puntuales, por ejemplo
del sector del lujo en Passeig de Gràcia", cuenta a este diario un
directivo de seguridad, "pero eso representa muy poco para el mercado de
la seguridad".
Doce años y un día de cárcel por abusar de una subordinada en el trabajo
Doce
años y un día de cárcel por abusar de una subordinada en el trabajo
- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un vigilante del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a sus abusos
Fuente:
http://cadenaser.com
- ALBERTO POZAS - 24/10/2017
La
Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a doce años y un día de cárcel a un
vigilante de seguridad del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés,
por abusar sexualmente varias veces de una compañera de trabajo amenazando con
perjudicarla laboralmente si no accedía a someterse a las agresiones. La
sentencia, contra la que ya ha anunciado recurso, también condena a la empresa
para la que trabajaban e impone una indemnización de 18.000 euros para la
mujer.
Según
explica la sentencia, víctima y agresor trabajaban juntos en la seguridad de
este emblemático edificio del barrio madrileño de Lavapiés, cercano a la
glorieta de Embajadores y dedicado a la difusión del arte desde hace más de una
década. Como jefe de equipo, Carlos María O.T se aprovechó de "su
situación jerárquica laboral" sobre la mujer "haciéndole creer que su
puesto laboral dependía de él, y que podría promover su despido", explica
la sentencia. Entre otras cosas, era quien elaboraba los cuadrantes de los
turnos de trabajo.
Los
abusos se produjeron en tres ocasiones entre 2011 y 2013, en distintos lugares
del edificio, siempre contra la voluntad de la víctima e incluso con alguna
amenaza de carácter laboral: le dijo que "si no hacía lo que él quisiera
no le asignaría más horas extras en su turno", por ejemplo.
"Impresiona
de sinceridad"
Unos
abusos sexuales que ahora la Audiencia Provincial de Madrid da por probados y
que se traducen en una condena de doce años y un día de prisión, una orden de
alejamiento de medio kilómetro y otros diez años más de libertad vigilada y
asistencia a programas de educación sexual.
Entre
otras pruebas, los magistrados de la sección 16ª destacan el testimonio de la
víctima: "Impresiona de sinceridad", dicen, asegurando que su relato
fue "pormenorizado y detallado" describiendo cómo su agresor
"emplea la violencia" y cómo ella "se vio superada físicamente y
confusa y temerosa de perder sus ingresos y trabajo". Compañeros de
trabajo a los que contó lo sucedido "llorando y nerviosa" afirmaron
en el juicio que no quería denunciar "por estar sola, por miedo a perder el
trabajo y porque por su edad tendría dificultad para encontrar otro".
Más
acusaciones
La
sentencia refleja que la denunciante no fue la única mujer que acusó al
condenado de abusar de ellas o de haberlo intentado, también en el ámbito
laboral: una mujer que trabajó en la Tabacalera cubriendo una baja, que a su
vez aseguró que una trabajadora de la limpieza también había sufrido lo mismo,
así como otra testigo más. En éste último caso, la Audiencia Provincial de
Madrid ya dictó sentencia absolutoria en diciembre del año pasado, manteniendo
intactas las acusaciones pero explicando que en todo caso sería culpable de un
delito de abusos, y no del de acoso del que había sido acusado.
En las
últimas semanas, la Justicia ha dictado su ingreso en prisión teniendo en
cuenta el riesgo "inequívoco" de fuga: su defensa, además de anunciar
recurso contra la sentencia condenatoria, también ha recurrido su ingreso en
prisión, poniendo en duda el testimonio de la víctima, acusando de nulidad al
auto e incluso sacando a colación pasajes de la obra de William Shakespeare 'El
Mercader de Venecia'.
Las
empresas para las que trabajaron víctima y agresor cuando sucedieron los
hechos, primero Prosegur y luego Seguriber, también han sido condenadas a
hacerse cargo de las indemnizaciones en calidad de responsables civiles
subisidarias, y también han recurrido la sentencia condenatoria. La sentencia
explica que "incurrieron en una responsabilidad civil no sólo 'in
eligendo', sino también 'in vigilando' durante el dilatado tiempo en que
ocurrieron los hechos".
lunes, 23 de octubre de 2017
Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada
Tres
detenidos en pleno saqueo de la Residencia Cantabria
Fueron sorprendidos dentro de
un quirófano desmontando el cableado y con varios dispositivos médicos
electrónicos en su poder
Fuente:
eldiariomontanes.es - .Santander - Lunes, 23 octubre 2017
Agentes
de la Policía Nacional detuvieron en las primeras horas de la tarde del pasado
martes, 17 de octubre, a tres individuos, con iniciales F.M.P.M., de 36 años,
J.M.S., de 37 años y a N.L.B., de 33 años, por un presunto delito de robo con
fuerza que estaban cometiendo en el interior de la Residencia Cantabria,
actualmente cerrada y sin actividad laboral. Habían accedido a la Residencia
forzando la puerta de acceso al edificio principal.
Les
fueron intervenidos varios efectos médicos que habían intentado sustraer, así
como una herramienta –llave inglesa- que habían utilizado para forzar la
puerta.
Efectos intervenidos a los tres detenidos.
/ CNP
Los
detenidos, con antecedentes, fueron puestos a disposición judicial.
Sobre
las 14.30 horas del día 17, la vigilante de seguridad del Servicio Cántabro de
Salud -situado frente al edificio de la Residencia Cantabria- observó la
presencia sospechosa de tres individuos en las inmediaciones del lugar y
posteriormente los vio ya en el interior del edificio. Tras comprobar que la
puerta que da acceso al edificio principal se encontraba forzada y abierta, lo
puso en conocimiento del servicio de vigilancia que presta servicio en el
Hospital de Valdecilla, efectuando además una llamada telefónica al 091.
Los
agentes policiales de la Brigada de Seguridad Ciudadana, en unión con otros dos
vigilantes de seguridad personados en el lugar, localizaron en la primera
planta a los tres individuos que se encontraban en el interior de un quirófano desmontando
cableado e instalaciones. Les fueron intervenidos varios efectos, concretamente
tres dispositivos médicos electrónicos, así como una herramienta –llave
inglesa- con la que habían forzado la puerta de entrada para acceder al
interior del edificio, procediendo a su detención.
Curiosamente,
uno de los detenidos llevaba puesta una bata blanca con el anagrama del
Servicio Cántabro de Salud, que había sustraído momentos antes del interior de
una de las taquillas del quirófano, donde fueron sorprendidos, siendo
igualmente intervenida.
Un juez obliga a una mujer con dos cánceres de mama a trabajar de vigilante de seguridad
ARGUMENTA QUE PUEDE ADAPTAR SU
TRABAJO
Un juez
obliga a una mujer con dos cánceres de mama a trabajar de vigilante de
seguridad
La mujer, de 47 años, ha
sufrido varias operaciones, tratamientos de quimioterapia, tiene un brazo en
cabestrillo, toma fármacos para reducir el trastorno depresivo y visita al
psiquiatra cada dos meses
Fuente:
elconfidencial.com - ROBERTO R. BALLESTEROS - 21.10.2017
Soledad
C. T. tuvo un cáncer de mama en 2010. El tratamiento de quimioterapia y la
operación quirúrgica la dejaron sin pecho derecho. Tres años más tarde, la
mujer presentó un nuevo tumor en su otra mama, que provocó una nueva
intervención y otra mastectomía que le quitó el izquierdo. Ambos pechos fueron
reconstruidos mediante cirugía, pero la mujer también presentó un
"linfedema bilateral" que le afectó a los dedos de las dos manos.
Especialmente mal quedó el brazo izquierdo, que aún hoy tiene que ser tratado
ortopédicamente con una manga especializada.
Todos
estos procesos generaron en la mujer un "trastorno adaptativo con
sintomatología ansioso depresiva" que todavía dura en la actualidad.
Soledad tiene que tomar fármacos periódicamente para mermar los efectos de esta
patología y acude cada dos meses a la consulta del psiquiatra con el fin de
mejorar su capacidad para relacionarse con el resto del mundo, una competencia
que perdió precisamente como consecuencias de los padecimientos que ha sufrido.
En este
contexto, la mujer pidió al Instituto Nacional de la Seguridad Social que le
concediera la incapacidad al menos para desempeñar su profesión habitual, que
es la de vigilante de seguridad en los juzgados de Madrid. Sin embargo, el
organismo rechazó la solicitud de Soledad. Argumentó que la paciente "no
presentaba reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran a anularan su
capacidad laboral". El dictamen previo constataba la existencia de
"un cuadro clínico residual consistente en trastorno adaptativo con
sintomatología ansioso depresiva, carcinoma intraductal de mama derecha e
infiltrante en mama izquierda".
La
mujer recurrió la resolución administrativa ante los tribunales. Sin embargo,
tampoco estos le dieron la razón. El titular del Juzgado de lo Social número 34
de Madrid, Antonio S. G., entendió el pasado junio que Soledad tiene que
reincorporarse a su puesto de vigilante de seguridad en los tribunales de
Madrid, cosa que ocurrirá la próxima semana. "De acuerdo con los informes
de valoración de incapacidad temporal, no desvirtuados de contrario, la actora
se halla limitada para actividades de esfuerzo y sobrecargas mecánicas",
reconoce la sentencia, que añade incluso los peligros que puede conllevar la
práctica de determinadas actividades por parte de la paciente.
Entre
estos últimos, la resolución admite el "riesgo de traumatismos
incisos" o la amenaza que supone para la mujer la "proximidad a
fuentes de calor". Estos "requerimientos funcionales", sin
embargo, según entiende el juez, "no forman parte de las tareas
fundamentales del oficio de la demandante". "De formar parte de un
puesto de trabajo concreto son evitables mediante la correspondiente adaptación
o cambio" de destino, considera el magistrado, que añade otros problemas
que tiene la mujer y que a su juicio son salvables.
"A
consecuencia del trastorno psicológico padecido, que no es grave, podría
adicionarse que se halla limitada para trabajos de relación con el público y
que conlleven exigencias importantes de concentración y atención; así como para
trabajos de riesgo, en altura o con conducción, incluyendo servicios de
armas", relata la sentencia judicial, que añade que incluso estos extremos
son superables. "En cualquiera de los casos tampoco estos requerimientos
son fundamentales en el oficio de la demandante, que podría desarrollar servicios
sin armas", apunta el magistrado.
Los
únicos oficios "para los que podría determinar incapacidad serían aquellos
con requerimientos de sobrecarga de los miembros superiores por esfuerzos
intensos o continuados sin necesidad de que sean muy importantes, de flexoextensión
de los mismos, carga de pesos; es decir, trabajos esencialmente manuales"
y que, según el titular del Juzgado de lo Social número 34, "no pueden
predicarse del oficio de la demandante".
Soledad
se incorporará mañana y sus compañeros la esperan con sorpresa. Consideran que
es "una barbaridad" que la mujer vuelva a trabajar, ya que saben de
qué va su actividad, que pueden encontrarse a gente muy nerviosa en los
tribunales, que se enfrentan cada día a personas que pretenden introducir armas
en los juzgados, que estos son un punto de conflictividad con enfrentamientos
habituales sea cual sea el puesto que ocupes dentro de los diferentes destinos.
TUE dice que Securitas debe hacerse cargo de trabajadores como adjudicataria de contrato para servicios
Fuente:
expansion.com - 19/10/2017 - BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)
El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que
Securitas tiene que hacerse cargo, si se confirma que ha habido transmisión de
empresa, de un grupo de 17 trabajadores portugueses, cuyos contratos fueron
transferidos de la empresa ICTS, por ser la empresa nueva adjudicataria de un
contrato de prestación de servicios de vigilancia en instalaciones portuarias
de Puertos de Azores SA.
Los
trabajadores ejercieron servicios de vigilancia en las instalaciones portuarias
de Portos dos Açores SA en virtud de un contrato celebrado entre la citada
empresa e ICTS, que transfirió sus contratos a Securitas, a la que Puertos de
Azores adjudicó en abril de 2013 el contrato de prestación de servicios de
vigilancia.
Securitas
se niega a reconocer que las relaciones laborales entre los trabajadores e ICTS
se le transfirieron en virtud de una transmisión de centro de actividad.
Los
trabajadores afectados han recurrido a la justicia portuguesa para exigir que
se obligue a una u otra empresa a reconocerlos como parte de su plantilla y a
pagarles sus salarios e intereses de demora o una indemnización por despido
improcedente, en el caso de tres de ellos y el Tribunal Supremo de Portugal ha
pedido a la justicia europea que aclare el caso.
En su
sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que
Securitas tendrá que hacerse cargo de los trabajadores o pagarles una
indemnización por ser la empresa nueva adjudicataria del contrato de prestación
de servicios de vigilancia si la justicia portuguesa determina que ha habido
una "transmisión de empresa".
El
Tribunal europeo aclara que la normativa europea de 2001 que regula el
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de
empresas o centros de actividad persigue protegerles precisamente frente a
traspasos y transmisiones de empresas y que la nueva empresa receptora de la
transmisión es la que debe hacerse cargo de ellos.
Además,
precisa que el hecho de que no haya un vínculo contractual entre las dos
empresas a las que se ha confiado sucesivamente la gestión de la vigilancia y
seguridad de las instalaciones portuarias no permite descartar la aplicación de
la legislación europea sobre transmisiones de empresas.
El
Tribunal de Justicia europeo acota que para determinar si ha habido transmisión
de empresa en este caso, el Tribunal Supremo portugués deberá comprobar si ICTS
transfirió a Securitas, directa o indirectamente, el equipo o bienes materiales
o inmateriales para los servicios de vigilancia en las instalaciones portuarias
y si Portos dos Açores puso los puso a disposición de ICTS y de Securitas y
puntualiza que sólo deberá tenerse en cuenta el equipamiento que se utilizó
"efectivamente" para prestar los servicios.
El Congreso impide que los adjudicatarios públicos paguen sueldos por debajo del convenio sectorial
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO
El
Congreso impide que los adjudicatarios públicos paguen sueldos por debajo del
convenio sectorial
- Aprueba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a los adjudicatarios priorizar un convenio de empresa
- Las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio
Fuente:
infoLibre.es - 19/10/2017
El
Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la
mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias
priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial, ha informado Europa Press.
Así,
PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han
tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la
Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el
pasado mes de julio del Congreso.
El
proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el
Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero
de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó
el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir
y acordar cambios en la norma.
Finalmente,
fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana
de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y
con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse
aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.
De este
modo, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más
transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección
para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de
las cláusulas sociales.
¿Calidad
antes que precio?
Aunque en
el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como
mandaba la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y
Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle
durante el trámite parlamentario.
También
dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se
priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para
potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primen determinados
aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.
Desde
Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos
menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores
los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y
cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los
segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.
Un
supervisor de la contratación pública
Otro de
los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es
Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de
la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión,
que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa
y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de
contratación.
De esta
forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) —en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía— para
constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se
asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Una de
las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la
independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo
así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas
justificables ya tasadas.
Igualmente,
de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará
de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de
los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en
paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la
contratación pública.
Licitaciones
más abiertas
Uno de
los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir
modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los
criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor
número de empresas.
Así, la
nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos
—en caso de que no sea posible la Administración deberá justificarlo—, también
flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias
de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la
acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.
Mayor
protección de los trabajadores
Otra
reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos
laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones
las empresas se descolgaban en los concursos de los convenios laborales para
presentar ofertas más baratas.
A
partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales
recogidas en los convenios sectoriales, materia que ha sido muy debatida en los
últimos tiempos por la reducción de salarios a trabajadores de seguridad
privada. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir
incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales
hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.
A la
hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el
PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que
serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres
millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además,
se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia
de contratación.