Piden 37 años de cárcel por la muerte de un
menor en un centro de Tenerife
El Juicio
por el fallecimiento de Phillip García se celebra años después en la Audiencia
Provincial
Fuente:
Diario las Palmas -M. Á. AUTERO/H. DEL PINO
La familia de Philipp García Zoch, que
murió en extrañas circunstancias el 13 de noviembre de 2004 a la edad de 16 años
en el centro de menores con medidas judiciales de Nivaria, reclama 37 años de
prisión en total para los siete acusados. Seis vigilantes y una coordinadora de
los educadores del centro se sentarán en el banquillo de la Audiencia
Provincial a partir del próximo día 24 en el juicio que se celebrará y en el
que se les acusa de un delito contra la integridad moral de las personas.
El
letrado de la acusación particular solicita que dos de los vigilantes sean
condenados a seis años de prisión cada uno, mientras que para los otros cinco
acusados pide una pena de cinco años para cada uno.
Asimismo,
este letrado reclama que la familia del menor sea indemnizada con 300.000
euros, siendo responsable civil directa la aseguradora Ocaso y, de forma
subsidiaria, la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de
Canarias, la Fundación Ideo y Seguridad Integral Canarias.
El
Ministerio Fiscal, por su parte, considera que los acusados también son
presuntos responsables de un delito contra la integridad moral de las personas
y solicita para uno de los vigilantes una pena de cinco años, mientras que para
el resto de los acusados, interesa una condena de tres años para cada uno de
ellos. En cuanto a la indemnización por responsabilidad civil, reclama 120.000
euros.
El
próximo día 24, casi ocho años después del fallecimiento de Philipp García, la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará el juicio por las
responsabilidades penales en las que presuntamente incurrieron siete personas
que trabajaban en el citado centro como vigilantes y educadores.
El
cadáver de Philipp fue descubierto a primera hora de la mañana de aquel 13 de
noviembre en su habitación-celda del citado centro situado en el municipio
tinerfeño de El Rosario y que hoy ya está clausurado.
Los
padres del menor, Manuel García y Petra Zoch, llevan desde entonces luchando
para que se aclare lo sucedido y se haga justicia ya que nunca han creído que
su hijo se suicidara, como por entonces les dijeron.
El
cuerpo del joven estaba tendido boca arriba sobre la cama y con una bolsa de
plástico que le cubría la cabeza. No presentaba rictus por asfixia o
ahogamiento y tenía las manos cruzadas sobre el pecho. La extraña posición del
cadáver hizo sospechar a los padres de Philipp sobre las circunstancias en las
que se pudo producir la muerte.
Y
no solo los padres del menor dudaron de la versión dada en un principio. En
2005, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, elevó una queja sobre la
situación de los centros de menores en Canarias e hizo especial mención a la
muerte en extrañas circunstancia de este menor internado en Nivaria.
La
Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial inició también una investigación
sobre el presunto homicidio y también el entonces Fiscal General del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, requirió un informe detallado sobre la muerte de
Philipp.
El
encargado de la redacción del documento que recibiría Conde-Pumpido llegó a
escribir que en el centro Nivaria "no se garantiza el derecho a la
vida". Reflejó también en sus páginas "la existencia de un constante
tráfico de drogas en el centro, tanto por parte del personal como por parte de
otros menores internos".
Averiguó
también la existencia de episodios constatados de agresión por parte de dos
vigilantes de seguridad al menor, tanto en fechas inmediatamente anteriores
como en el día de su muerte". Y hace constar que a estos dos vigilantes,
"sorprendentemente, les constan numerosos antecedentes policiales y alguno
que otro penal". Son los dos principales acusados en el juicio, Manuel
Antonio D. A. y José G. P.
Amenazas
El
informe añade que el fallecido sufría constantes amenazas y agresiones físicas
por parte de otros menores internados en el centro a los que no se les apercibe
ni se les controla. Fue debido a estos episodios que denunció por los que
Philipp reclamó la situación de "refugio" y su traslado al módulo 0,
donde aparecería muerto días más tarde.
En
el citado módulo de refugio coincidían los menores que solicitaban esta medida
de protección con aquellos menores que habían sido sancionados
disciplinariamente con una medida de aislamiento, por lo que coincidieron
víctima y agresores en diferentes ocasiones.
Uno
de aquellos menores que acosaba y amenazaba a Philipp en el centro de Nivaria
fue condenado por ello en 2008 con una sentencia del Juzgado de Menores número
1 de Santa Cruz de Tenerife.
Tanto
la acusación particular como la Fiscalía consideran que hubo un abandono y
dejación de funciones por parte de los responsables de la vigilancia así como
por otros educadores, que consintieron los episodios de amenazas o cuando no,
ellos mismos habrían participado de forma activa en las amenazas y agresiones.
Esa
situación de constante acoso hacia Philipp y la desprotección que sufría por
parte de quienes debían de velar por él es la que pudo provocar que el menor se
quitara la vida, aspecto que no está del todo claro como apuntó el mismo fiscal
de Menores quien, en 2007, puso en duda el suicidio de Philipp, y aunque no
señalaba de forma directa un posible homicidio, apuntaba a la responsabilidad
penal por esa muerte de los mayores de edad que se encargaban de velar por la
seguridad de los menores en el centro, por acción u omisión, dolo o
negligencia.
El
juicio por el fallecimiento de Philipp se celebra ocho años después en la
Audiencia Provincial. La familia acusa a seis vigilantes y una educadora.
