martes, 31 de octubre de 2017

Convenio Sectorial: Asamblea Afiliad@s CCOO


CC.OO.: Los vigilantes de seguridad se concentrarán mañana frente al Hospital de Ciudad Real

CC.OO.: Los vigilantes de seguridad se concentrarán mañana frente al Hospital de Ciudad Real

Van a exigir que no se adjudique la contrata de Seguridad Privada del Hospital General de Ciudad Real a ninguna empresa que no cumpla el convenio colectivo estatal del sector y que no garantice la subrogación de todos los contratos y el mantenimiento de todas las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, tal y como establece el III Acuerdo de Estabilidad en las Contratas de la JCCM. .

Fuente: lacerca.com/30/10/2017

El sindicato CCOO-Construcción y Servicios y los 25 vigilantes de seguridad del Hospital General de Ciudad Real se concentrarán mañana desde las 09.30 a las 10.15 horas ante las puertas del centro sanitario con motivo de la apertura de las plicas con las ofertas empresariales que optan a la adjudicación del servicio de seguridad privada del mencionado hospital.

Sindicato y trabajadores quieren expresar así su preocupación por la participación en el concurso convocado por el SESCAM de dos empresas, Sinergias Seguridad y Marsegur; que, aprovechando la reforma laboral del PP, aplican a sus trabajadores su propio convenio colectivo, muy por debajo, en salarios y en derechos laborales, del convenio colectivo estatal del sector.


Gracias a ello, ambas empresas, del entorno patronal del llamado “capo de la seguridad”, el empresario canario Miguel Ramírez, vienen logrando la adjudicación de numerosas contratas públicas, a las que presentan las ofertas económicas más bajas a costa de reducir sustancialmente los salarios de sus trabajadores y de imponerles jornadas y condiciones laborales mucho peores que el resto de las empresas del sector.

“No queremos que el SESCAM entregue ninguna contrata a ninguna empresa que no cumpla el convenio colectivo de su sector y que no garantice la subrogación de todos los contratos y el mantenimiento de todas las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, tal y como establece el III Acuerdo de Estabilidad en las Contratas de la JCCM que firmamos el pasado verano con el Gobierno de CLM”, advierte Antonio Sánchez Carnerero, de CCOO-Construcción y Servicios en Ciudad Real

En los últimos tiempos, la constante denuncia sindical de los mecanismos de competencia desleal y de explotación laboral del grupo patronal ligado a Ramírez ha conseguido que tanto los tribunales como las propias administraciones públicas empiecen a adoptar medidas contra esas empresas.

Así, en el plano judicial, los dos últimos convenios colectivos de Marsegur han sido anulados por la Audiencia Nacional a instancias de CCOO, pese a lo cual Marsegur se lo sigue aplicando a sus trabajadores porque, tras recurrir ante el Tribunal Supremo la primera anulación y perder el recurso; ha vuelto a recurrir la segunda anulación ante el Alto Tribunal y el recurso está pendiente de sentencia.

En el plano sindical, la movilización de los vigilantes de la JCCM después de que el Gobierno regional otorgara a Sinergias la contrata de la seguridad de las sedes en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, terminó por mover a la consejería de Hacienda a anular el contrato con la mencionada empresa, tras comprobar que, nada más hacerse cargo del servicio, Sinergias redujo sustancialmente las nóminas de los trabajadores afectados y empeoró sus condiciones laborales.

También el Ministerio de Defensa asegura haber iniciado el correspondiente expediente administrativo para rescindir el contrato con Marsegur, empresa a la que adjudicó el servicio de seguridad privada en todas sus sedes y dependencias, entre ellas el Museo del Ejército del Alcázar de Toledo y el Archivo Militar de Guadalajara. Defensa anunció su decisión de romper con Marsegur después de que los trabajadores de esta empresa sostuvieran dos días de huelga, los pasados 25 y 26 de septiembre, que afectó a la seguridad de los centros del Ministerio en toda España.

Simultáneamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos CCOO y UGT firmaron el día 17 del pasado mes de julio el III Acuerdo de Estabilidad en el Empleo en las contratas de la JCCM, que, entre otras garantías y clausulas sociales, compromete a la Administración Autonómica a incluir en los pliegos de condiciones que regulen la adjudicación de sus contratas la obligación de las empresas de subrogarse los contratos y de respetar los derechos económicos y laborales de los trabajadores que prestan esos servicios.

En el Hospital General de Ciudad Real son 25 los vigilantes que vienen realizando el servicio de seguridad privada con la empresa Viten Seguridad, que sí les aplica el convenio colectivo estatal del sector.


Convenio Sectorial: Comunicado CCOO

Convenio Sectorial: Comunicado CCOO


30 de Octubre 2017





Convenio Sectorial: Reunión 26 Octubre

Acta de reunión de la mesa negociadora del Convenio Sectorial de 26 de Octubre de 2017

lunes, 30 de octubre de 2017

Qué se hace con el dinero de todos


La nueva ley de contratos públicos frenará los acuerdos a la baja de empresas 'low cost' con la Administración

La transposición de una directiva europea debería acabar con la práctica de licitar contratos por cantidades que ni tan siquiera cubren los costes salariales establecidos en los convenios colectivos
A partir de ahora deberán desagregarse por categoría los costes salariales, partiendo de los estipulados en convenio

Fuente: eldiario.es/Marina Estévez Torreblanca/  29/10/2017

Vigilantes de seguridad de ministerios y organismos del Estado con salarios por debajo de lo que marca el convenio colectivo, huelgas por impago del personal de las cafeterías del Palacio de la Moncloa... los trabajadores que prestan sus servicios en las sedes del poder padecen en ocasiones condiciones de trabajo temerarias que llegan a bordear lo ilegal, o a sobrepasarlo.

Toda la contratación pública en España se ha visto afectada por ofertas a la baja exclusivamente basadas en criterios económicos. En un contexto de recortes y de crisis económica, las Administraciones han presupuestado concursos por precios reducidos, y los han concedido a la oferta más económica. A veces, como ocurrió con la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, nada más ganarla algunas de las empresas plantearon un ERE entre sus empleados que provocó que fueran a la huelga.
Un panorama que podría cambiar con la nueva Ley de Contratos Públicos, aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, y que transpone –con retraso– una directiva europea. Con la nueva norma no deberían darse casos como los de Marsegur, una empresa de seguridad privada "low cost" empleada, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, y que afronta cientos de demandas. También podría evitarse el problema salarial de  Eulen, cuyos trabajadores fueron a la huelga en el aeropuerto de El Prat este verano.

¿Qué cambia la norma?

Para empezar, será obligatorio que el órgano de contratación excluya del proceso las ofertas anormalmente bajas que se presuman inviables. Además, el principal motivo por el que se evitarían los casos citados es que la nueva ley obliga a que en la oferta se incluyan, desagregados por categoría, los costes salariales, partiendo de los indicados por el convenio colectivo sectorial. Esto significa que se tendrán que tener en cuenta los costes de personal, con sueldos de convenio colectivo sectorial, a la hora de hacer la licitación y a la hora de ganarla.

Con lo que los vigilantes de Marsegur tendrían que haber ganado como mínimo lo que indica el convenio sectorial para que su empresa consiguiera el contrato. Precisamente estos días se están movilizando los vigilantes de seguridad para demandar a la patronal un convenio colectivo justo.

Los votos de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT fueron suficientes para rechazar en el Congreso las tres enmiendas que había introducido el PP en el Senado para privilegiar los convenios de empresa, menos protectores, frente a los sectoriales.

Además, se establece que la Administración deberá vigilar el cumplimiento de las condiciones que se han estipulado. Este verano, en plena huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat, uno de los directores generales de AENA, Javier Marín, reconocía que la sociedad estatal desconocía los sueldos y las condiciones laborales concretas de los trabajadores porque no eran de su competencia, y que la empresa había ganado el concurso por ser la más económica.

Hasta ahora se permitía la licitación de los contratos a empresas con precios que no cubrían los costes salariales establecidos en los convenios colectivos de aplicación, y esta situación suponía una pérdida de derechos laborales para los trabajadores de estas empresas, al mismo tiempo que una reducción de la calidad de los servicios que los ciudadanos reciben por esta vía, según CCOO.

¿Qué ocurre si una empresa incumple ya ganado el concurso?

En 2013, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella,  presentó un contrato integral para la "limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes" durante ocho años, con un coste de adjudicación de 2.316 millones de euros y un ahorro anual de 32 millones de euros.

Una vez escogidas las contratistas, tres de las empresas (Valoriza, FCC y OHL) decidieron que la plantilla era excesiva para obtener los beneficios previstos y presentaron un ERE para más de 1.100 trabajadores. Tras multitud de quejas y problemas con la limpieza de la capital, el actual equipo de gobierno del ayuntamiento, gobernado por Manuela Carmena, ha intentado, sin éxito, rescindir estos contratos y remunicipalizar el servicio.

Con la nueva ley, se establece el incumplimiento de las condiciones laborales, entre otras, como causa de resolución de los contratos. Y aunque ya no afecte a los que están en vigor, sí que podrá aplicarse cuando se vayan a renovar.

Además, la norma establece penalizaciones en caso de que los contratistas incumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, como el retraso del pago de salarios o los incumplimientos del convenio colectivo.

"¿Se inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012?"

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de Barcelona Eduardo Rojo se pregunta en su  blog sobre realidades laborales: "¿Se inicia de esta forma la contrarreforma laboral de 2012 (...) aunque sea por una vía indirecta no estrictamente laboral, como es una norma administrativa?". y afirma que la dinámica parlamentaria actual, consecuencia de la convulsa situación política, unida a los resultados electorales de junio de 2016, "pueden hacer posible unos cambios sustanciales en aquella reforma, siendo no menos relevantes los acuerdos que se alcancen entre el gobierno y los agentes sociales en las distintas mesas abiertas de diálogo social".


"Ahora existen los instrumentos para evitar estas situaciones de abuso, otra cosa será que se cumplan", afirma por su parte el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos. Señala que la intención del sindicato es seguir de cerca la evolución de las contrataciones públicas a partir de que la ley entre en vigor, dentro de cuatro meses. En todo caso, considera que "la ley aprobada hoy, sin cubrir plenamente los objetivos de CCOO, implica un sustancial avance sobre la legislación existente".  

Así malviven los más de 1,2 millones de personas con empleos precarios

Así malviven los más de 1,2 millones de personas con empleos precarios



Vigilantes de seguridad, repartidores a domicilio e incluso informáticos se incluyen entre las diez profesiones con peores condiciones laborables

Fuente: diariovasco.com/LUCÍA PALACIOS MADRID/29 octubre 2017

Enfermo, apaleado y divorciado. Así es probable que termines solo por desempeñar un oficio: el de vigilante de seguridad, que se ha convertido en uno de los más precarios del país, un colectivo con una plantilla de más de 123.000 personas que este verano copó la actualidad por la huelga que protagonizaron en el aeropuerto de Barcelona. Pero como ellos, son muchos -más de 1,2 millones de personas solo en diez profesiones- los que trabajan en condiciones ínfimas y con salarios muy bajos, más si se tienen en cuenta los peligros que pueden acecharle a uno en el desempeño de su jornada laboral, como las palizas que de cuando en cuando sufren los vigilantes de metro por parte de algún grupo violento o el riesgo que asumen los que velan por instituciones amenazadas por el terrorismo.

Esto es lo que denuncia uno del gremio, Óscar Verdura, que esta misma semana se manifestó junto a decenas de compañeros en la céntrica plaza de Atocha para reivindicar unas condiciones más dignas: «La gente trabaja 12 horas seguidas para poder ahorrarse el transporte y hace todas las extras que puede porque los salarios son tremendamente bajos.
 Tenemos un índice de conciliación cero y un nivel de divorcios que supera con creces al de otros colectivos. Te destrozan la vida...». Verdura explica además que por convenio tienen cercenado el derecho a huelga y también por ley se establece que no pueden abandonar su puesto de trabajo hasta que no llegue el reemplazo; de lo contrario, sería delito. «Y todo esto, ¿para qué? Si voy a ganar menos de 1.000 euros al mes [concretamente 1.122 euros brutos al mes de inicio, según recoge el convenio] y voy a echar más horas que un reloj. No compensa», asegura este vigilante de seguridad privada.


Precariedad femenina
72% de los contratos firmados a tiempo parcial son para mujeres, de los cuales más de la mitad no son deseados.
80% de la temporalidad recae también sobre ellas en unos sectores como las camareras de piso o teleoperadoras que están muy feminizados, según datos de CC OO
Menos todavía gana Maite Méndez, auxiliar de ayuda a domicilio, otra de las profesiones más precarias del actual mercado laboral y que cuenta con más de 220.000 trabajadoras, según un informe de CC OO. «Concretamente mi sueldo bruto mensual son 850 euros, pero a mi casa entran 700 euros», explica. Bien es verdad que, al igual que el 90% de los trabajadores de este sector -que se ocupan de atender a los dependientes en su casa-, tiene una jornada parcial. Pero ella casi que es una afortunada porque en su contrato figuran 30 horas, frente a las 36 que se establece para la jornada completa. «Si mi sueldo es precario, el de la mayor parte de mis compañeras no tiene nombre», se lamenta, al tiempo que denuncia que se hacen muchas horas extras que no se las pagan.

CC OO lanza una campaña para denunciar salarios de 5 euros la hora y reivindica un mínimo de 8 euros

El trabajo de Dani es entregar la comida en el domicilio del cliente en un tiempo récord. De día o de noche, haga un sol asfixiante o diluvie... debe estar siempre disponible para salir corriendo con su moto. Y todo por un sueldo mísero de 5,35 euros brutos por hora. Al final, la remuneración media como mucho suele estar en los 300 euros al mes por trabajar 15 horas a la semana. Pero, eso sí, cuando te digan, porque debes estar siempre a punto para la empresa, con lo que se hace difícil compatibilizar esta actividad con otra o con cursar unos estudios.

«La mayoría de los jóvenes que vemos en bici por las ciudades repartiendo comida están en el limbo laboral», denuncia Vicente Sánchez, secretario de la Federación de Construcción y Servicios de CC OO, que explica que los profesionales de la comida rápida y a domicilio son los que menos cobran del sector de la hostelería -que de por sí ya tiene sueldos bajos- y tienen un nivel de parcialidad del 90%. Asimismo, se dan muchos contratos fraudulentos, ya que trabajan más horas de las que firman y no se cotizan a la Seguridad Social.

Afecta al 7% de ocupados
Además de los vigilantes de seguridad, las auxiliares de ayuda a domicilio, los profesionales de comida rápida o los repartidores a domicilio, hay otras seis actividades que CC OO denuncia como las más vulnerables del mercado laboral en la segunda fase de la campaña Precarity War que ha lanzado recientemente. Se trata también de los dependientes, promotores de productos y reponedores, trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios... u otras todavía más contradictorias si cabe como los trabajadores del Estado, los informáticos y los consultores, que pese a estar más que cualificados con licenciaturas de las más demandadas, ingresan entre 10.500 y 13.500 euros brutos al mes. Todos ellos suman más de 1,2 millones de empleados, el 7% del total de ocupados, donde «la precariedad laboral está más presente que nunca», a juicio del sindicato, que ha puesto a su disposición una página web (www.precaritywar.com) para que puedan dejar sus testimonios, recibir consejos y unirse a esta lucha.

Para evitar que la peor cara del mercado laboral se extienda aún más, CC OO se ha marcado el objetivo de que la negociación colectiva fije sueldos mínimos de 8 euros la hora, frente a los 5,35 euros que cobran algunos de estos profesionales. «El salario mínimo en los convenios tiene que estar en torno a los 14.000 euros anuales. Es lo justo», defiende José María Martínez, secretario de la Federación de Servicios del sindicato, que culpa a la reforma laboral de esta devaluación de derechos y de salarios y a la proliferación de las empresas multiservicios. Y quienes más sufren sus efectos son los jóvenes y las mujeres, que firman el 72% de los contratos parciales, de los cuales más de la mitad no son deseados, según datos de CC OO. También sobre ellas recae un porcentaje mayor de temporalidad: un 80%.



jueves, 26 de octubre de 2017

Agredidos tres vigilantes del Metro de Barcelona por un grupo de pasajeros

Agredidos tres vigilantes del Metro de Barcelona por un grupo de pasajeros

Fuente: elperiodico.com/Miércoles, 25/10/2017

Un grupo de pasajeros agredió el pasado fin de semana en el Metro de Barcelona a tres vigilantes de seguridad, que han sufrido lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5.

Según han informado hoy a Efe fuentes de TMB, la agresión se produjo el pasado domingo, día 22, entre las 06.15 y las 06.30 horas de la mañana, cuando la compañía recibió un aviso de que dentro de un tren de la línea 5 había un grupo de seis o siete pasajeros con comportamientos incívicos.

Dos vigilantes de seguridad de TMB subieron al convoy en la estación de Sants e intentaron que los alborotadores recondujeran su actitud, aunque los jóvenes continuaron con una actitud hostil y agredieron a los dos agentes.

Un pasajero, que se identificó como vigilante de seguridad privada fuera de servicio, intervino en ayuda de los agentes de seguridad, aunque también fue agredido.

Cuando el convoy llegó a la estación de Gavarra, los autores de la agresión lograron huir, sin ser localizados por los vigilantes de refuerzo, ante lo que se alertó a los Mossos d'Esquadra.


Los tres vigilantes agredidos fueron inicialmente atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en la estación de Cornellà, ninguno de ellos en estado grave, si bien los dos vigilantes del Metro acudieron posteriormente a la mutua laboral para ser tratados de contusiones y hematomas y el tercer vigilante fue trasladado al hospital Moises Brogi para que le atendieran de dos heridas en el rostro y en la cabeza. 

Empresas e instituciones en Cataluña piden refuerzos extraordinarios de seguridad privada

Empresas e instituciones en Cataluña piden refuerzos extraordinarios de seguridad privada


  • Hasta la fecha, las demandas de seguridad privada en sitios de especial relevancia en Cataluña habían sido normales. Sin embargo, en los últimos días se han producido aumentos.

Fuente: vozpopuli.com/MARIO MORATALLA/ 26.10.2017

Ahora sí. Empresas e instituciones con sedes en Cataluña están pidiendo refuerzos extraordinarios para afrontar los próximos días en Barcelona y también otras ciudades catalanas. Según fuentes empresariales de toda solvencia, esta movilización de vigilantes de seguridad exigida tiene, por primera vez, carácter extraordinario. Los lugares donde se están pidiendo refuerzos, centros públicos de importancia que dependen del Estado (estaciones de tren, por ejemplo) u otros espacios como centros comerciales.

Según indican a Vozpópuli fuentes de una de las principales empresas de seguridad de España bajo condición de anonimato, "vamos a mover personal con su preparación desde otras zonas como Bilbao, sobre todo a Barcelona pero no exclusivamente". Este directivo insiste en este mismo miércoles les han pedido refuerzos "muchos clientes importantes" aunque el objetivo es que sea para unos pocos días, si acaso hasta principios de la semana que viene, si bien reconociendo que la situación de inestabilidad hace imposible prever cuanto tiempo tendrán que estar. "Si hay una DUI como parece, su presencia pude prolongarse".

Otras fuentes empresariales ponen el ejemplo de que las compañías públicas o privadas están pidiendo "por ejemplo 30 personas cuando antes pedían 15 o 20" de forma extraordinaria. Los sindicatos han sido consultados sobre este tema sin poder dar su confirmación al respecto sobre estos movimientos.

Agentes a edificios estatales

Los escasos edificios estatales que aún se mantienen en Barcelona son objeto de un especial refuerzo en los últimos días dada la creciente situación de tensión en Cataluña y la incertidumbre que genera en la población y en la administración. Según aseguran fuentes de seguridad privada, se ha producido un refuerzo de edificios como el Banco de España, exclusivamente con Policía, oficinas de la Seguridad Social, aeropuertos, puertos y otras dependencias. Desde los sindicatos policiales se considera lógica esta tesis dada la situación actual. Desde Interior, por su parte, se confirma que existe un dispositivo de seguridad especial en Cataluña desde hace varias semanas.

Se ha producido un refuerzo de edificios como el Banco de España, exclusivamente con Policía, oficinas de la Seguridad Social, aeropuertos, puertos y otras dependencias

En cambio, los tribunales son un caso aparte dado que tradicionalmente estaban siendo vigilados por Mossos d'Esquadra. Sin embargo, los propios jueces en sus autos han pedido que se refuerce la seguridad con fuerzas y cuerpos del Estado, no tanto con mossos, con quienes la confianza no anda en sus mejores momentos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a escasos metros del Parlament en el paseo Lluís Companys, es otro de los puntos clave para la seguridad estatal.

La paradoja de la seguridad

Desde hace ya varios meses, y teniendo en cuenta la recuperación económica que ahora podría verse truncada por la crisis política, se estaba dando la paradoja de que las empresas de seguridad se veían con muchos problemas para contratar a vigilantes en Barcelona. No se trata de un tema relacionado con la crisis política, sino todo lo contrario: en las regiones con sueldos más altos y menos desempleo, como País Vasco, Navarra, Barcelona o Girona, los trabajadores prefieren otras opciones mejor remuneradas que la seguridad privada. Y en estas provincias faltan efectivos.


Sin embargo, desde fuentes de seguridad privada se niega que las compañías estén solicitando refuerzos para espacios. "Puede haber puntuales, por ejemplo del sector del lujo en Passeig de Gràcia", cuenta a este diario un directivo de seguridad, "pero eso representa muy poco para el mercado de la seguridad". 

Doce años y un día de cárcel por abusar de una subordinada en el trabajo


Doce años y un día de cárcel por abusar de una subordinada en el trabajo

  • La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un vigilante del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a sus abusos


Fuente: http://cadenaser.com - ALBERTO POZAS - 24/10/2017

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a doce años y un día de cárcel a un vigilante de seguridad del edificio de la Tabacalera, en el barrio de Lavapiés, por abusar sexualmente varias veces de una compañera de trabajo amenazando con perjudicarla laboralmente si no accedía a someterse a las agresiones. La sentencia, contra la que ya ha anunciado recurso, también condena a la empresa para la que trabajaban e impone una indemnización de 18.000 euros para la mujer.

Según explica la sentencia, víctima y agresor trabajaban juntos en la seguridad de este emblemático edificio del barrio madrileño de Lavapiés, cercano a la glorieta de Embajadores y dedicado a la difusión del arte desde hace más de una década. Como jefe de equipo, Carlos María O.T se aprovechó de "su situación jerárquica laboral" sobre la mujer "haciéndole creer que su puesto laboral dependía de él, y que podría promover su despido", explica la sentencia. Entre otras cosas, era quien elaboraba los cuadrantes de los turnos de trabajo.

Los abusos se produjeron en tres ocasiones entre 2011 y 2013, en distintos lugares del edificio, siempre contra la voluntad de la víctima e incluso con alguna amenaza de carácter laboral: le dijo que "si no hacía lo que él quisiera no le asignaría más horas extras en su turno", por ejemplo.

"Impresiona de sinceridad"

Unos abusos sexuales que ahora la Audiencia Provincial de Madrid da por probados y que se traducen en una condena de doce años y un día de prisión, una orden de alejamiento de medio kilómetro y otros diez años más de libertad vigilada y asistencia a programas de educación sexual.

Entre otras pruebas, los magistrados de la sección 16ª destacan el testimonio de la víctima: "Impresiona de sinceridad", dicen, asegurando que su relato fue "pormenorizado y detallado" describiendo cómo su agresor "emplea la violencia" y cómo ella "se vio superada físicamente y confusa y temerosa de perder sus ingresos y trabajo". Compañeros de trabajo a los que contó lo sucedido "llorando y nerviosa" afirmaron en el juicio que no quería denunciar "por estar sola, por miedo a perder el trabajo y porque por su edad tendría dificultad para encontrar otro".

Más acusaciones

La sentencia refleja que la denunciante no fue la única mujer que acusó al condenado de abusar de ellas o de haberlo intentado, también en el ámbito laboral: una mujer que trabajó en la Tabacalera cubriendo una baja, que a su vez aseguró que una trabajadora de la limpieza también había sufrido lo mismo, así como otra testigo más. En éste último caso, la Audiencia Provincial de Madrid ya dictó sentencia absolutoria en diciembre del año pasado, manteniendo intactas las acusaciones pero explicando que en todo caso sería culpable de un delito de abusos, y no del de acoso del que había sido acusado.

En las últimas semanas, la Justicia ha dictado su ingreso en prisión teniendo en cuenta el riesgo "inequívoco" de fuga: su defensa, además de anunciar recurso contra la sentencia condenatoria, también ha recurrido su ingreso en prisión, poniendo en duda el testimonio de la víctima, acusando de nulidad al auto e incluso sacando a colación pasajes de la obra de William Shakespeare 'El Mercader de Venecia'.


Las empresas para las que trabajaron víctima y agresor cuando sucedieron los hechos, primero Prosegur y luego Seguriber, también han sido condenadas a hacerse cargo de las indemnizaciones en calidad de responsables civiles subisidarias, y también han recurrido la sentencia condenatoria. La sentencia explica que "incurrieron en una responsabilidad civil no sólo 'in eligendo', sino también 'in vigilando' durante el dilatado tiempo en que ocurrieron los hechos".

lunes, 23 de octubre de 2017

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada










Tres detenidos en pleno saqueo de la Residencia Cantabria

Fueron sorprendidos dentro de un quirófano desmontando el cableado y con varios dispositivos médicos electrónicos en su poder

Fuente: eldiariomontanes.es - .Santander - Lunes, 23 octubre 2017

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las primeras horas de la tarde del pasado martes, 17 de octubre, a tres individuos, con iniciales F.M.P.M., de 36 años, J.M.S., de 37 años y a N.L.B., de 33 años, por un presunto delito de robo con fuerza que estaban cometiendo en el interior de la Residencia Cantabria, actualmente cerrada y sin actividad laboral. Habían accedido a la Residencia forzando la puerta de acceso al edificio principal.

Les fueron intervenidos varios efectos médicos que habían intentado sustraer, así como una herramienta –llave inglesa- que habían utilizado para forzar la puerta.











Efectos intervenidos a los tres detenidos. / CNP

Los detenidos, con antecedentes, fueron puestos a disposición judicial.

Sobre las 14.30 horas del día 17, la vigilante de seguridad del Servicio Cántabro de Salud -situado frente al edificio de la Residencia Cantabria- observó la presencia sospechosa de tres individuos en las inmediaciones del lugar y posteriormente los vio ya en el interior del edificio. Tras comprobar que la puerta que da acceso al edificio principal se encontraba forzada y abierta, lo puso en conocimiento del servicio de vigilancia que presta servicio en el Hospital de Valdecilla, efectuando además una llamada telefónica al 091.

Los agentes policiales de la Brigada de Seguridad Ciudadana, en unión con otros dos vigilantes de seguridad personados en el lugar, localizaron en la primera planta a los tres individuos que se encontraban en el interior de un quirófano desmontando cableado e instalaciones. Les fueron intervenidos varios efectos, concretamente tres dispositivos médicos electrónicos, así como una herramienta –llave inglesa- con la que habían forzado la puerta de entrada para acceder al interior del edificio, procediendo a su detención.


Curiosamente, uno de los detenidos llevaba puesta una bata blanca con el anagrama del Servicio Cántabro de Salud, que había sustraído momentos antes del interior de una de las taquillas del quirófano, donde fueron sorprendidos, siendo igualmente intervenida.

Un juez obliga a una mujer con dos cánceres de mama a trabajar de vigilante de seguridad

ARGUMENTA QUE PUEDE ADAPTAR SU TRABAJO
Un juez obliga a una mujer con dos cánceres de mama a trabajar de vigilante de seguridad

La mujer, de 47 años, ha sufrido varias operaciones, tratamientos de quimioterapia, tiene un brazo en cabestrillo, toma fármacos para reducir el trastorno depresivo y visita al psiquiatra cada dos meses

Fuente: elconfidencial.com - ROBERTO R. BALLESTEROS - 21.10.2017

Soledad C. T. tuvo un cáncer de mama en 2010. El tratamiento de quimioterapia y la operación quirúrgica la dejaron sin pecho derecho. Tres años más tarde, la mujer presentó un nuevo tumor en su otra mama, que provocó una nueva intervención y otra mastectomía que le quitó el izquierdo. Ambos pechos fueron reconstruidos mediante cirugía, pero la mujer también presentó un "linfedema bilateral" que le afectó a los dedos de las dos manos. Especialmente mal quedó el brazo izquierdo, que aún hoy tiene que ser tratado ortopédicamente con una manga especializada.

Todos estos procesos generaron en la mujer un "trastorno adaptativo con sintomatología ansioso depresiva" que todavía dura en la actualidad. Soledad tiene que tomar fármacos periódicamente para mermar los efectos de esta patología y acude cada dos meses a la consulta del psiquiatra con el fin de mejorar su capacidad para relacionarse con el resto del mundo, una competencia que perdió precisamente como consecuencias de los padecimientos que ha sufrido.

En este contexto, la mujer pidió al Instituto Nacional de la Seguridad Social que le concediera la incapacidad al menos para desempeñar su profesión habitual, que es la de vigilante de seguridad en los juzgados de Madrid. Sin embargo, el organismo rechazó la solicitud de Soledad. Argumentó que la paciente "no presentaba reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran a anularan su capacidad laboral". El dictamen previo constataba la existencia de "un cuadro clínico residual consistente en trastorno adaptativo con sintomatología ansioso depresiva, carcinoma intraductal de mama derecha e infiltrante en mama izquierda".

La mujer recurrió la resolución administrativa ante los tribunales. Sin embargo, tampoco estos le dieron la razón. El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, Antonio S. G., entendió el pasado junio que Soledad tiene que reincorporarse a su puesto de vigilante de seguridad en los tribunales de Madrid, cosa que ocurrirá la próxima semana. "De acuerdo con los informes de valoración de incapacidad temporal, no desvirtuados de contrario, la actora se halla limitada para actividades de esfuerzo y sobrecargas mecánicas", reconoce la sentencia, que añade incluso los peligros que puede conllevar la práctica de determinadas actividades por parte de la paciente.

Entre estos últimos, la resolución admite el "riesgo de traumatismos incisos" o la amenaza que supone para la mujer la "proximidad a fuentes de calor". Estos "requerimientos funcionales", sin embargo, según entiende el juez, "no forman parte de las tareas fundamentales del oficio de la demandante". "De formar parte de un puesto de trabajo concreto son evitables mediante la correspondiente adaptación o cambio" de destino, considera el magistrado, que añade otros problemas que tiene la mujer y que a su juicio son salvables.

"A consecuencia del trastorno psicológico padecido, que no es grave, podría adicionarse que se halla limitada para trabajos de relación con el público y que conlleven exigencias importantes de concentración y atención; así como para trabajos de riesgo, en altura o con conducción, incluyendo servicios de armas", relata la sentencia judicial, que añade que incluso estos extremos son superables. "En cualquiera de los casos tampoco estos requerimientos son fundamentales en el oficio de la demandante, que podría desarrollar servicios sin armas", apunta el magistrado.

Los únicos oficios "para los que podría determinar incapacidad serían aquellos con requerimientos de sobrecarga de los miembros superiores por esfuerzos intensos o continuados sin necesidad de que sean muy importantes, de flexoextensión de los mismos, carga de pesos; es decir, trabajos esencialmente manuales" y que, según el titular del Juzgado de lo Social número 34, "no pueden predicarse del oficio de la demandante".


Soledad se incorporará mañana y sus compañeros la esperan con sorpresa. Consideran que es "una barbaridad" que la mujer vuelva a trabajar, ya que saben de qué va su actividad, que pueden encontrarse a gente muy nerviosa en los tribunales, que se enfrentan cada día a personas que pretenden introducir armas en los juzgados, que estos son un punto de conflictividad con enfrentamientos habituales sea cual sea el puesto que ocupes dentro de los diferentes destinos.

TUE dice que Securitas debe hacerse cargo de trabajadores como adjudicataria de contrato para servicios

TUE dice que Securitas debe hacerse cargo de trabajadores como adjudicataria de contrato para servicios

Fuente: expansion.com - 19/10/2017 - BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que Securitas tiene que hacerse cargo, si se confirma que ha habido transmisión de empresa, de un grupo de 17 trabajadores portugueses, cuyos contratos fueron transferidos de la empresa ICTS, por ser la empresa nueva adjudicataria de un contrato de prestación de servicios de vigilancia en instalaciones portuarias de Puertos de Azores SA.

Los trabajadores ejercieron servicios de vigilancia en las instalaciones portuarias de Portos dos Açores SA en virtud de un contrato celebrado entre la citada empresa e ICTS, que transfirió sus contratos a Securitas, a la que Puertos de Azores adjudicó en abril de 2013 el contrato de prestación de servicios de vigilancia.

Securitas se niega a reconocer que las relaciones laborales entre los trabajadores e ICTS se le transfirieron en virtud de una transmisión de centro de actividad.

Los trabajadores afectados han recurrido a la justicia portuguesa para exigir que se obligue a una u otra empresa a reconocerlos como parte de su plantilla y a pagarles sus salarios e intereses de demora o una indemnización por despido improcedente, en el caso de tres de ellos y el Tribunal Supremo de Portugal ha pedido a la justicia europea que aclare el caso.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que Securitas tendrá que hacerse cargo de los trabajadores o pagarles una indemnización por ser la empresa nueva adjudicataria del contrato de prestación de servicios de vigilancia si la justicia portuguesa determina que ha habido una "transmisión de empresa".

El Tribunal europeo aclara que la normativa europea de 2001 que regula el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas o centros de actividad persigue protegerles precisamente frente a traspasos y transmisiones de empresas y que la nueva empresa receptora de la transmisión es la que debe hacerse cargo de ellos.

Además, precisa que el hecho de que no haya un vínculo contractual entre las dos empresas a las que se ha confiado sucesivamente la gestión de la vigilancia y seguridad de las instalaciones portuarias no permite descartar la aplicación de la legislación europea sobre transmisiones de empresas.


El Tribunal de Justicia europeo acota que para determinar si ha habido transmisión de empresa en este caso, el Tribunal Supremo portugués deberá comprobar si ICTS transfirió a Securitas, directa o indirectamente, el equipo o bienes materiales o inmateriales para los servicios de vigilancia en las instalaciones portuarias y si Portos dos Açores puso los puso a disposición de ICTS y de Securitas y puntualiza que sólo deberá tenerse en cuenta el equipamiento que se utilizó "efectivamente" para prestar los servicios.

El Congreso impide que los adjudicatarios públicos paguen sueldos por debajo del convenio sectorial














LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
El Congreso impide que los adjudicatarios públicos paguen sueldos por debajo del convenio sectorial

  • Aprueba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a los adjudicatarios priorizar un convenio de empresa


  • Las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio


Fuente: infoLibre.es -  19/10/2017

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial, ha informado Europa Press.

Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el pasado mes de julio del Congreso.

El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir y acordar cambios en la norma.

Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.

De este modo, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de las cláusulas sociales.

¿Calidad antes que precio?

Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandaba la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.

También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primen determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.

Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.

Un supervisor de la contratación pública

Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía— para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.

Igualmente, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

Licitaciones más abiertas

Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas.

Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos —en caso de que no sea posible la Administración deberá justificarlo—, también flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

Mayor protección de los trabajadores

Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se descolgaban en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas.

A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales, materia que ha sido muy debatida en los últimos tiempos por la reducción de salarios a trabajadores de seguridad privada. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.


A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.