viernes, 30 de enero de 2015

Ceuta: Se garantiza el servicio de seguridad en el centro de menores

SOCIEDAD
La Ciudad garantiza el servicio de vigilancia privada en ‘La Esperanza’

Fuente: elfarodigital.es - LOCAL 30 ENERO 2015

La Ciudad garantiza el servicio de seguridad privada para el Centro de Realojo Temporal de Menores (C.R.T.M.), conocido como ‘La Esperanza’, ubicado en Hadú, hasta que se pueda abrir el proceso de licitación para adjudicarlo a una empresa de forma definitiva.

Tal y como explicaron a este medio desde la Unión General de Trabajadores (UGT), ante la inminente finalización del actual contrato el día 1 de febrero y la ausencia de consignación presupuestaria para sacarlo de nuevo a concurso, la Administración local ha liberado una partida de 139.000 euros para mantener el servicio los próximos seis meses para “ganar tiempo para hacer la licitación del contrato definitivo anual”, indicaron desde esta organización sindical.

De esta manera, el servicio de seguridad privada en este centro no se interrumpirá, lo que beneficiará tanto a empleados públicos como a los menores acogidos y también al personal que desarrolla esta labor, ocho empleados de Clece que incluso veían peligrar sus puestos de trabajo.

Durante los últimos días, representantes de UGT han mantenido reuniones con responsables municipales para solucionar este asunto y también han visitado el centro para hablar con los afectados. “La presión y el trabajo sindical ha surtido efecto”, manifestaron en declaraciones a este medio desde UGT, quienes dicen estar “satisfechos pero no contentos”, ya que, recuerdan, la solución definitiva será sacar el servicio a concurso. El personal es subrogable, por lo que aunque cambie la empresa, continuará trabajando.

Esta organización sindical se muestra satisfecha al ver que ya no peligra el empleo de los vigilantes y porque los empleados públicos de Menores “pueden trabajar con la garantía y seguridad que da este personal”.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) también exigía hace unos días al Gobierno local que hiciera “lo que sea menester” para garantizar el mantenimiento del servicio de seguridad privada en este centro.


El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, confirmaba ayer el mantenimiento del servicio y explicó que esta situación se ha debido a un problema burocrático pero que ya se ha solucionado y que se prorroga el contrato porque es un servicio necesario para estas instalaciones.


CCOO exige que no se retire la seguridad privada del centro de menores


jueves, 29 de enero de 2015

Los sindicatos de seguridad exigen que se cumpla el convenio

Los sindicatos exigen al Principado que haga cumplir el convenio en materia de seguridad

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han protagonizado este jueves una concentración frente a la sede de Presidencia del Principado de Asturias en la que han exigido al Gobierno regional, en concreto a la Consejería de Presidencia, que obligue a las empresas de seguridad que contrata a cumplir con el convenio colectivo del sector.

Fuente: 20minutos.es - EUROPA PRESS. 29.01.2015

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han protagonizado este jueves una concentración frente a la sede de Presidencia del Principado de Asturias en la que han exigido al Gobierno regional, en concreto a la Consejería de Presidencia, que obligue a las empresas de seguridad que contrata a cumplir con el convenio colectivo del sector.

'Seguridad privada. Por el empleo estable. Despidos no' era el lema de una de las pancartas que han desplegado los sindicalistas. De no atenderse sus peticiones están dispuestos a protagonizar una huelga en las empresas contratadas por la Administración. Han insistido en que no van a permitir que los trabajadores de seguridad sigan en las condiciones laborales "deplorables" en las que se encuentran.

En declaraciones a Europa Press, Rafael Bravo, de CCOO ha explicado que el Gobierno asturiano, a la hora de contratar empresas de seguridad, sólo se preocupa por el aspecto económico, sin importarle luego las condiciones en las que desempeñan su labor los trabajadores o la calidad del servicio.

Por eso reclaman una cláusula que iguale los salarios de todos los trabajadores, cumpliendo el convenio estatal, dado que ahora mismo existe una situación en la que los trabajadores de seguridad que trabajan para el Principado tienen unas condiciones u otras en función de la empresa a la que pertenezcan.

Según ha comentado Bravo, el Gobierno asturiano, del PSOE, "mira para otro lado" a la hora de contratar seguridad privada, importándole sólo la oferta más barata y no la calidad del servicio o que se incumplan derechos laborales.


Alemania: Huelga de Vigilantes obliga a cancelar docenas de vuelos

Alemania: Huelga de vigilantes obliga a cancelar docenas de vuelos

Fuente: elnuevoherald.com - THE ASSOCIATED PRESS 29/01/2015 

BERLÍN 

Los aeropuertos alemanes de Duesseldorf y Colonia-Bonn cancelaron el jueves docenas de vuelos, después de que sus empleados de seguridad privada convocaran una huelga por una disputa salarial.

Colonia-Bonn canceló de 40 a 190 vuelos y Duesseldorf de 205 a 530 trayectos debido a los paros de advertencia de un día, indicó la agencia de noticias dpa.

Las tres rondas de negociaciones entre ambas partes fracasaron y el sindicato ver.di convocó la huelga para presionar a sus empleadores antes de la siguiente ronda conversaciones, que se espera comiencen el 5 de febrero.

Hasta ahora, los empleadores han rechazado la demanda del sindicato de que se aumenten los salarios entre 1,5 euros (1,70 dólares) y 2,5 euros (2,83 dólares) por hora a los trabajadores de seguridad privada.




Vigilantes de Machín Seguridad, 4 meses sin cobrar

Los trabajadores de Machín Seguridad se manifiestan por el impago de cuatro meses

Se encargan de la seguridad en los centros de salud y Hospital

Fuente: canarias7.es - Catalina García  / Puerto del Rosario


«Por favor, que la empresa nos pague aunque sea las nóminas para empezar a pagar la hipoteca, la comida, la ropa de los niños». Es el mensaje de los 19 trabajadores de Machín Seguridad a los que la empresa les adeuda cuatro meses sin cobrar el sueldo, más pagas extra, horas extras y otros complementos.


A estos guardias de seguridad privada, que trabajan en los centros de salud y el Hospital General, la empresa les adeuda entre 2.000 y 7.000 euros, según Fernando Macario, representante sindical en Fuerteventura. De entre los 19 trabajadores, solo seis están en activo, el resto está de baja por estrés y ansiedad derivadas del impago y de la fuerte presión bajo la que trabajan estos guardias de seguridad encargados de la seguridad en los centro del área de Salud de Fuerteventura. También de entre estos 19, uno de ellos -casado y padre de un hijo de dos años- está a punto de peder de su vivienda por impago de la hipoteca.


La plantilla de Machín Seguridad en el área de Salud tiene entre dos y siete años de antigüedad. En el Juzgado de lo Social están admitidas a trámite sus reclamaciones de cantidad, pendientes de la celebración del acto de conciliación y del juicio.



Ayer se manifestaron en la peatonal capitalina y la semana pasada repartieron panfletos en el Hospital.

miércoles, 28 de enero de 2015

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

MURCIA / SUCESOS
Dos detenidos tras sustraer 160 metros de cable eléctrico del tranvía de Murcia

El tercer implicado consiguió huir con el botín y aún no ha sido localizado

Fuente: abc.es / MURCIA - Día 28/01/2015

La Policía Local de Murcia ha detenido en la madrugada del miércoles, a dos individuos, de nacionalidad rumana, por robar presuntamente cable eléctrico del tranvía. Los dos detenidos sustrajeron pasadas las dos de la madrugada, 160 metros del citado material con la ayuda de un tercer implicado, quien se llevó el botín sustraído y que aún no ha sido localizado.

Un vigilante de seguridad daba el aviso a los agentes locales tras apreciar como tres individuos estaban sustrayendo cable eléctrico en la avenida Juan Carlos I, de la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Los detenidos fueron sorprendidos por los agentes de la Policía Local que consiguieron detener a dos de los tres implicados, C.V, de 23 años; y S.M.V., de 26, ambos de nacionalidad rumana.

La policía comprobó que habían abierto seis tapas de registro y sustraído unos 160 metros de cable de toma de tierra y que, una vez realizado el robo, habían cerrado nuevamente los registros; lo cual supone un peligro para las personas usuarias del tranvía.


Estas dos personas detenidas tenían en su poder dos pares de guantes y tres cuchillos junto a tres bicicletas que intervino la policía; aunque no pudieron hallar en su poder el cable sustraído.

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

Se esconde en una nevera a la venta en una tienda de Vitoria para evitar que le detenga la Policía

Dos jóvenes, sorprendidos robando perfumes, tratan de burlar a los agentes con diferente método. Uno de ellos sale corriendo mientras el otro se mete dentro de un frigorífico esperando que no le vieran

Fuente: elcorreo.com - EFE - 28 enero 2015

Dos hombres han sido detenido en Vitoria después de intentar robar en un comercio de la ciudad unos perfumes e intentar burlar a la policía escondiéndose en una cámara frigorífica.

Los hechos ocurrieron en torno a las ocho de la tarde del martes. A esa hora los miembros de una patrulla de la guardia urbana vieron a un individuo salir de un establecimiento comercial perseguido por un guardia de seguridad del mismo.

El individuo se dirigía a la calle Kutaisi, en el centro de la ciudad, y cuando llegó la patrulla al lugar ya se encontraba retenido por un ertzaina fuera de servicio y varios vigilantes del establecimiento.

Éstos informaron a los policías locales de que habían sorprendido al joven y a un cómplice sustrayendo perfumes y depositándolos en una bolsa preparada para evitar ser detectada el pasar por los arcos de seguridad.


Los agentes localizaron al cómplice dentro de una cámara frigorífica de otra planta del comercio donde se había escondido para no ser detenido, aunque finalmente no pudo evitar su arresto.

Valencia: Comisión Mixta de Seguridad Privada

La nueva Comisión de Seguridad Privada buscará coordinarse más con la pública

Fuente: lavanguardia.com - Valencia, 27 ene (EFE).-

La Comisión Mixta Autonómica de Seguridad Privada, que hoy ha celebrado su primera reunión, nace con el objetivo de promover, de forma consultiva, la coordinación de la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha presidido esta primera reunión y ha destacado, en declaraciones a EFE, la importancia de esta nueva comisión y del trabajo conjunto entre la seguridad y privada y pública porque "redunda en una mayor protección ciudadana".

"Esta comisión es el fruto de la reivindicación necesaria de todo el sector", ha asegurado Castellano, que se materializó en la Ley de Seguridad Privada "y que pretende dar respuesta además a otras cuestiones, como el intrusismo".

"Todo lo que sean políticas de coordinación supone un paso positivo para otorgar más seguridad y prevención a los ciudadanos", ha dicho el delegado del Gobierno.

Dado que la seguridad privada trabaja en empresas e instituciones públicas, ha explicado Castellano, "es fundamental la formación, la planificación, el conocimiento de los protocolos y la constante comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por ello, esta comisión informará de los planes de prevención de la delincuencia en el ámbito de sus competencias, valorará y propondrá actividades de formación del personal de seguridad privada así como criterios de homogeneización y el intercambio de buenas prácticas.

En la Comisión Mixta Autonómica de Seguridad Privada están representados los niveles administrativos de seguridad nacional, autonómico y local así como las asociaciones empresariales y profesionales, los sindicatos, los diferentes sectores de usuarios de seguridad privada, expertos en la materia y el Colegio de Criminólogos de la Comunitat Valenciana.

Según Castellano, anualmente se realizan más de 11.000 colaboraciones entre agentes de la seguridad pública y privada. Este último sector aglutina a más de 16.000 profesionales en la Comunitat Valencana, 277 empresas especializadas y 80 guarderías rurales.

Además, según los datos que ha ofrecido el delegado del Gobierno, en 2013 la seguridad privada de la Comunitat Valenciana representó un 7,5 % de la facturación a nivel nacional en este ámbito.



martes, 27 de enero de 2015

CCOO exige que no se retire la seguridad privada del centro de menores

SOCIEDAD
CCOO exige a la Ciudad que no retire la seguridad privada de ‘La Esperanza’

Fuente: elfarodigital - 27 ENERO 2015 -  A. Q.
  
Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta exigió ayer al Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas que haga “lo que sea menester” para garantizar el mantenimiento del servicio de seguridad privada que actualmente se presta en el Centro de Menores de ‘La Esperanza’, que cuenta con un vigilante en cada una de sus dos plantas durante las 24 horas del día.

Los trabajadores de estas instalaciones han comenzado a recopilar firmas para presentar una reivindicación del mismo tenor al Ejecutivo local con el propósito de que el contrato en vigor, que vence el próximo sábado, día 31 de enero, sea prorrogado durante los seis meses que sería posible hacerlo y licite uno nuevo.

Según fuentes del sindicato, el personal de seguridad privada es “imprescindible” para garantizar “tanto las condiciones en las que deben desarrollar su labor los trabajadores como la seguridad de los propios acogidos en unas dependencias que albergan a más de un centenar de adolescentes y que hace muy pocos días ya registraron un incidente con agresiones de por medio.

El Gobierno del PPno incluyó en su Presupuesto para este ejercicio la renovación del contrato de seguridad privada al entender que los cinco policías locales destinados a ‘La Esperanza’ son suficientes para cumplir con ese cometido. Los trabajadores opinan, sin embargo, que las funciones de los agentes, entre las que se incluyen por ejemplos los traslados para hacer pruebas de edad, no permiten dar por suficiente esa dotación.

“Los cinco policías locales tienen otras muchas tareas encomendadas aparte de la vigilancia estricta de la convivencia en el Centro de Menores y no es lo mismo contar con un profesional de forma permanente en cada planta que no hacerlo”, llamaron la atención afectados directamente por la situación.

Actualmente en ‘La Esperanza’ hay 110 niños acogidos. Otros 13 están cumpliendo distintas medias en el Centro de Reforma de Punta Blanca, para el que la Vicepresidencia Primera de la Asamblea acaba de publicar un concurso con el fin de adjudicar el servicio de vigilancia de seguridad sin arma.


En este equipamiento, donde la presencia de seguridad está exigida por Ley, se contará con cinco vigilantes, uno durante las 24 horas, en jornadas laborable y festivas, cuatro desde las 8.00 hasta las 22.00 horas.

Detenidos por agredir a 2 vigilantes y 5 policías en el hospital de Toledo

SUCESO
La emprenden a puñetazos contra 5 policías y 2 vigilantes de seguridad en el hospital de Toledo

Fuente: eldigitalcastillalamancha.es /Efe - 27/01/2015 .

Dos personas han sido detenidas por agredir a cinco agentes de la Policía Nacional y dos vigilantes de seguridad del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde al parecer acudieron "en aparente estado de embriaguez, muy agresivos y violentos".

La secretaría regional de la Unión Federal de Policía (UFP) de Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de que los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 25 de enero, cuando los dos ahora detenidos llegaron a urgencias del Virgen de la Salud y comenzaron a "insultar, amenazar y agredir" a los vigilantes y empleados de dicho servicio.

En el comunicado, la UFP ha añadido que incluso uno de los detenidos amenazó a uno de los vigilantes de seguridad con una navaja e intentó clavársela en el abdomen en dos ocasiones, si bien el vigilante pudo arrebatársela de la mano en uno de los intentos.

Ante la situación, los vigilantes de seguridad llamaron a la Sala del 091 para pedir presencia policial, si bien ante la llegada de los agentes de la Policía Nacional, los ahora arrestados siguieron con las amenazas y demostraron "una actitud injustificada y fuera de lugar, arremetiendo igualmente contra los policías".

Finalmente, estas dos personas fueron detenidas y serán puestas a disposición judicial.

Quejas

Según la UFP, uno de los policías ha sufrido rotura de un codo, por lo que tendrá que ser operado, otro agente de la Policía Nacional presenta rotura de ligamento cruzado en la rodilla y el resto de víctimas, esguines y traumatismos.

En el comunicado, la UFP ha denunciado "la escasez de la Escala Básica" en la plantilla de Toledo, que a día de hoy, según sus datos, se encuentra a un 70 por ciento del Catálogo de Puestos de Trabajo e incluso ha denunciado que el día de los hechos, había dos vehículos policiales para toda la ciudad, por lo que hubo que pedir apoyo a la Policía Local de Toledo.


Asimismo, la UFP ha anunciado que va a solicitar al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que estudie la posibilidad de dotar con armas táser a los agentes, que permitiría inmovilizar temporalmente a las personas ante situaciones como la vivida en las urgencias del Hospital de Toledo.

lunes, 26 de enero de 2015

El vigilante condenado por el robo en la Aduana comparece a petición del Fiscal


HUELVA | TRIBUNALES
El vigilante de Aduana y los absueltos del robo de hachís comparecerán este martes a petición del fiscal

Fuente: andaluciainformacion.es/Redacción 25/01/2015

La Audiencia de Huelva ha fechado para este martes 27 de enero la vista por el recurso de apelación presentado por el vigilante de seguridad del edificio de la Aduana de Huelva, único condenado por el robo de una tonelada de hachís en el citado edificio durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo.

En la citada vista, que se celebrará ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, comparecerán el citado vigilante y los absueltos del citado robo, a petición de la Fiscalía, que también presentó un recurso en apelación a esta sentencia.

Según ha informado a Europa Press Manuel Domínguez, el letrado del vigilante, único condenado por los hechos a cuatro años de cárcel por un delito de robo con fuerza en concurso con otro contra la salud pública y al pago de una multa de 6,1 millones de euros, ha precisado que la Fiscalía en su recurso solicitó una nueva comparecencia de todas las personas juzgadas en esta causa y la Audiencia ha concedido la celebración de esta vista oral, que en un principio se iba a celebrar el pasado 15 de diciembre.

A su vez, el Ministerio Fiscal también pidió la reproducción de las cintas con las declaraciones de todos cuando fueron imputados, pero esta cuestión ha sido denegada. La Fiscalía interpuso este recurso al considerar "errónea" la valoración de las pruebas por parte del tribunal encargado del caso, al igual que la defensa del vigilante.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva absolvió a once de los doce acusados por este robo, condenando únicamente a este vigilante a cuatro años de cárcel. No obstante, lo absolvió, a su vez, de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública, que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación, al considerar que "no hay pruebas", y además contempla la atenuante de cooperación con la justicia.

El tribunal aseguró en la sentencia que "no se ha acreditado" la participación de los acusados en los hechos descritos y señaló que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no fue recuperada.


Durante el juicio siete de los 12 acusados -los demás se acogieron a su derecho a no declarar-, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.

Prisiones: 12 Horas en una garita sin poder ir a mear

Privatizaciones del PP: doce horas en una garita sin poder ir a mear
Trabajo abre una inspección en las prisiones de Las Palmas por los largos turnos de vigilantes de seguridad
Para compensarlas tras la cancelación de escoltas en Euskadi, Interior entregó a dedo la vigilancia en las cárceles a empresas de seguridad
Fuente: eldiario.es – 25/01/2015
El motivo oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA.
Históricamente vinculadas al PP, bien por la vía familiar o política, a ninguna de esas empresas de seguridad se les obligó a pasar por un concurso abierto sino por el mucho más amañable del restringido sin publicidad con un precio de 33 millones de euros al año, lo que dejaba flotando en la duda otra de las explicaciones dadas por el Gobierno: el ahorro de costes.
Las 67 cárceles españolas se dividieron en lotes, correspondiendo a Canarias el Lote 1, junto a Andalucía, Ceuta y Melilla, cuyos centros penitenciarios fueron adjudicados a una UTE compuesta por las compañías Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Vinsa, Casesa, Garda y Sabico.
La vigilancia perimetral, de control de accesos y videovigilancia de las cárceles de esas dos regiones y esas dos ciudades autónomas tiene un precio cercano a los 10 millones de euros al año.
Hasta ahí la información oficial porque lo que a partir de que comenzaran esos servicios, en octubre pasado, lo que ha venido pasando son los desaguisados propios de un encaje marca de la casa.
Los primeros en saltar fueron los expertos en seguridad, que enseguida pusieron en entredicho las garantías que ofrece poner en manos privadas una información sensible de las interioridades de los centros penitenciarios.
Porque para que esos vigilantes pudieran hacerse cargo de lo que hasta entonces era responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les dio un curso acelerado de quince horas. Se trata, por regla general, de personal que ahora empieza, lo que puede dar lugar a rotaciones e incidencias laborales que pueden generar conflictos fácilmente traducibles en filtraciones de información delicada. Aunque en una primera fase compartirán algunas responsabilidades con guardias civiles o policías, pronto se quedarán solos en determinadas tareas.
12 horas sin poder ir a mear
Otro aspecto evidente de la privatización de la seguridad en las cárceles es el relativo a los costes para el contribuyente. Lo que se ha pretendido camuflar como un ahorro no es más que una nueva cesión al lobby de las compañías de seguridad, necesitadas de contratos con las administraciones públicas que les solucionen su negocio. La Ley de Seguridad Privada va en esa misma línea.
Pero como estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que sustituyen.
Salarios que no superan en ningún caso los 18.000 euros al año frente a un ingreso bruto por trabajador asignado a estos concursos de más de 41.000 (800 trabajadores con un presupuesto de 33 millones de euros).
Para minimizar esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar.
Evidentemente hablamos de puestos muy concretos que no se pueden abandonar bajo ningún concepto y que, antes de la llegada de las compañías privadas, se atendían con turnos de dos horas por agente que tras ser relevados podían acudir al cuerpo de guardia a hacer sus necesidades, descansar o tomar un tentempié antes de regresar a la garita.
Esta situación ha provocado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ya ha levantado acta para aclarar y en su caso sancionar por esta cuestión.


viernes, 23 de enero de 2015

Securitas Portugal despedirá a 56 trabajadores

Securitas Portugal despedirá a 56 trabajadores

Securitas está realizando un proceso de despido colectivo permanente de 56 trabajadores de Lisboa, Oporto y Coimbra, ya que ha estado perdiendo clientes, según informaron hoy fuentes sindicales a la agencia Lusa.

Fuente: noticiasaominuto.com – 16 Enero de 2015

"Los trabajadores fueron informados oficialmente hace dos días del despido colectivo a nivel nacional y se ha convocado para el lunes asamblea urgente para que los trabajadores puedan discutir la situación y las posibles formas de lucha para contestar a la decisión tomada por la compañía", dijo el presidente del Sindicato de trabajadores de Actividades Diversas (STAD), Carlos Trindade.

Según el sindicato, la empresa, que presta servicios de vigilancia, ha cumplido con los requisitos legales e informado por carta a los trabajadores de su intención de efectuar despidos colectivos.

El STAD convocó a los trabajadores a una asamblea en Lisboa  para “ movilizarles" y promover la elección de una Comisión de Trabajadores , que, junto con el sindicato, se reunirá con representantes de la compañía para "tratar de minimizar el daño a la trabajadores ".

Según Carlos Trindade, la mayoría de los trabajadores afectados por el despido (45) son de la zona de Lisboa.

Securitas emplea a aproximadamente 6.000 trabajadores a nivel nacional.

El director de recursos humanos de la empresa, Jorge Martins, confirmó a Lusa que se inició esta semana un despido colectivo de 56 personas, la mayoría de ellos en la zona de Lisboa, debido a la pérdida de clientes.

"Tuvimos varios extinciones de contratos, en particular en el sector público, por lo que no podemos colocar a todos los empleados", dijo.

Jorge Martins dio el ejemplo de RTP, donde estaban empleados 90 vigilantes de Securitas.


"RTP optó por contratar a otra empresa de seguridad, con un precio más bajo, con el que no podíamos competir porque no cubría los costos", dijo.

jueves, 22 de enero de 2015

Sindicatos de Seguridad piden la dimisión de Martínez y Villaverde

Sindicatos piden la dimisión de Martínez y Villaverde por deficiencias en la contratación de seguridad del Principado

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han pedido este jueves la dimisión del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y del director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, como "cómplices y consentidores" de las situaciones de "precariedad" y "desigualdades" en las contrataciones de servicios de Seguridad de las distintas sedes de la Administración autonómica y sus centros públicos, que actualmente suman unos 300 puestos de trabajo.

Fuente: 20minutos.es - EUROPA PRESS. 22.01.2015

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han pedido este jueves la dimisión del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y del director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, como "cómplices y consentidores" de las situaciones de "precariedad" y "desigualdades" en las contrataciones de servicios de Seguridad de las distintas sedes de la Administración autonómica y sus centros públicos, que actualmente suman unos 300 puestos de trabajo. Ampliar foto

En una rueda de prensa, José Manuel Fernández (UGT), Rafael Bravo (Comisiones) y Luis Alonso (USO), han criticado duramente la gestión autonómica que, según su versión, conlleva "graves deficiencias" en las prestaciones del servicios, así como precariedad laboral y destrucción de empleo. Los sindicatos se han quejado de que no cumplan el convenio estatal de seguridad las empresas adjudicatarias de los distintos servicios. Según Rafael Bravo, en unos casos se descuelgan, en otros casos tienen su propio convenio y en otros directamente no lo cumplen.

Según Alonso, desde marzo los tres sindicatos se han reunido de forma continuada con Martínez y con Villaverde, para demandar soluciones que les permitan tener "una estabilidad laboral". Una de sus demandas ha sido precisamente la inclusión de una cláusula en los pliegos de contrataciones de las empresas, que exija el cumplimiento de ese convenio estatal. "No ha habido respuesta, ni positiva ni negativa", ha lamentado el representante de USO.

Las diferencias salariales entre los sueldos fijados según el convenio estatal y el resto llega a rondar, según los representantes sindicales, el 30% en algunos casos. Se dan situaciones, ha explicado José Manuel Fernández, como las de los centros de menores de Sograndio (Oviedo) o Miraflores (Noreña), o el Materno Infantil, donde trabajadores de seguridad con las mismas funciones cobran hasta tres tipos de sueldos diferentes.

El incumplimiento del convenio estatal ha sido la principal queja que han expuesto los representantes sindicales, pero no la única. También han criticado la reducción del 25% del presupuesto del área de seguridad, así como la contratación de los servicios al precio de más bajo ofrecido por las empresas, lo que conlleva "defiencias" en la prestación del servicio, como material de baja calidad (linternas compradas en los chinos), o carencia de recursos (como el hecho de que en el Centro de Miraflores tengan un escudo y un casco para toda la plantilla).

Huca y guardia civil

Han denunciado públicamente la situación del nuevo Hospital Central Universitario, donde, según Fernández, "manda todo el mundo porque no se sabe quién es el responsable encargado de la seguridad". "No existen órdenes escritas ni protocoloa" ha añadido, recordando que una plantilla de tres vigilantes por turno es muy escasa para un edificio de esa envergadura.


También han sido muy críticos con el anuncio del Gobierno autonómico de sustituir los vigilantes de seguridad de los juzgados por guardias civiles retirados. Han negado que se trate de una apuesta por la seguridad pública. En opinión de los sindicatos "es una destrucción de empleo", porque "se trata de agentes de segunda actividad", que cobrarán su sueldo del Ministerio de Interior, más un complemento de 456 euros del Gobierno autonómico. "Solo están abaranto servicios", ha explicado el representante de UGT, para recordar que los 30 vigilantes que ahora mismo trabajan en las sedes judiciales se irán al paro. 

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a Vigilantes de Seguridad

CÁRCEL
Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias
La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.

Fuente: lainformacion.com - 21/01/15 - MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.
El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.
El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones".
También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado.
Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.


Escoltas Privados: Ya solo 135 protegen a cargos públicos

Tres años después del fin de ETA, ya solo 135 escoltas privados protegen a cargos públicos

Llegaron a ser 3.800 en el año 2003; hoy la mayoría del colectivo está en paro y se siente traicionado por el Estado.

Piden soluciones al Gobierno, como que proyecte salidas laborales en la protección de mujeres maltratadas o apoye fiscalmente a las empresas.

Hay más de 37.000 licencias de escoltas en España, cuando el sector es incapaz de absorber tanta oferta de empleo.

Fuente: 20minutos.es - DAVIDFERNÁNDEZ 21.01.2015 –

Formaron parte del paisaje social durante muchos años, sobre todo en el País Vasco y Navarra. Sombras armadas que seguían las 24 horas del día a concejales, diputados, empresarios, periodistas... cuando el terrorismo de ETA golpeaba duro y amedrentaba los espíritus. Llegaron a ser más de 3.800, en tiempos no muy lejanos en los que las ofertas de trabajo se anunciaban incluso en diarios deportivos. Hoy, tres años después de que la banda terrorista anunciara el fin definitivo de la violencia, solo quedan 135, según datos del ministerio del Interior.

 Los últimos 135. Los últimos escoltas privados que prestan actualmente servicio de protección a cargos públicos, y que este año han costado a las arcas públicas 17 millones de euros. Cuando empezó el año 2011 había 1.108. Dos años antes, en 2009, había 2.850 protegiendo a unas 1.500 personas. Y en el año 2003, había más de 3.800 escoltas. Una década después, la buena nueva que ha supuesto la desaparición de la amenaza terrorista ha tenido sus daños colaterales: un colectivo en desempleo y que se siente engañado por el Gobierno. El sector no levanta cabeza. Las empresas dedicadas a la protección personal han pasado de las 95 que había en 2010 a las 69 que había en 2013 (últimos datos). El colectivo está sobredimensionado: Interior tiene concedidas licencias a 37.215 personas en España, 1.600 de ellas otorgadas en 2013, cuando el sector es incapaz de absorber tanta demanda de empleo.

"Los escoltas se recolocan dónde pueden, como personal de seguridad en discotecas o como vigilantes en museos y centros comerciales", señala Manuel Jiménez, que acaba de crear la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, donde ya se han agrupado, de momento, 176 exescoltas que trabajaron en el País Vasco y Navarra. Jiménez, cordobés de 41 años, ha tenido que abrir un bar en su pueblo natal pero no le va nada bien. Estuvo ocho años protegiendo a jueces y políticos. En 2011, "mi empresa Casesa me despidió en un ERE fraudulento que está denunciado en los tribunales".

Jiménez y su asociación denuncian que el Gobierno ha incumplido sus promesas. El 1 de octubre, el Gobierno adjudicó a varias empresas un nuevo contrato para extender la vigilancia privada al perímetro de 67 cárceles, en compensación por los contratos que habían perdido en la protección de amenazados en el País Vasco y Navarra. Un contrato que va a costar al ministerio del Interior 33,3 millones y que consistía en recolocar a los escoltas. Era un "pacto de caballeros" entre el Gobierno y estas empresas, según reconoció el número dos de Interior en el Congreso. "Solo 60 de los 800 vigilantes en las prisiones son escoltas", señala Jiménez, que critica que "mientras el Gobierno ha respetado a las empresas dándole un nuevo contrato, estas empresas no han respetado a los escoltas".

Protección de mujeres maltratadas

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, señala que en los mejores momentos del sector había unos 5.500 escoltas privados en activo, de los que 2.000 trabajaron para grandes empresas. De los otros 3.500 que estuvieron protegiendo a amenazados por el terrorismo, "el 3% se ha recolocado en el sector de la seguridad privada, ya que su presencia en las prisiones es testimonial. Luego hay un 7% que ha emprendido un negocio relacionado con el sector o se ha ido a trabajar al extranjero. El resto está en el paro o ha buscado otro trabajo en un sector totalmente distinto. Una mayoría sin grandes esperanzas a medio plazo".

Manuel Jiménez señala que el 90% de sus 176 afiliados está en el paro, pasando graves dificultades económicas. "Con el fin de ETA y la crisis económica hay un excedente de personal en el sector de la seguridad privada", explica De la Cruz. Un sector que tiene 301.000 licencias, entre vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas, detectives y guardas de campo. "Pero hay nuevos riesgos que pueden hacer crear el empleo de los escoltas a medio plazo", matiza De la Cruz: la protección de mujeres maltratadas, una iniciativa que de momento solo ha llevado a cabo el Gobierno vasco; la protección de directivos en empresas españolas que externalizan su negocio; y el terrorismo 'yihadista'. Jiménez añade uno más: los escoltas se pueden encargar de la seguridad en consulados y embajadas españolas.

La protección de las víctimas de la violencia machista es la que más visos tiene de prosperar. El Gobierno vasco lleva más de una década dando este servicio. Actualmente hay 34 mujeres protegidas las 24 horas. "720 mujeres han muerto desde 2004. Una cifra trágica. La protección de escoltas puede ser una solución para que esta cifra no crezca", señala Jiménez, que apuesta por extender este modelo a toda España, siendo los jueces los que deban determinar qué mujer necesita protección. Actualmente unos 1.500 policías nacionales están destinados a la vigilancia (no continua) de 53.000 víctimas y a la investigación de los casos de maltrato.

Trabajar en el extranjero

Mientras fraguan o no algunas iniciativas que creen empleo en el sector, muchos escoltas se han tenido que ir a trabajar fuera de España. Alberto, 47 años, es uno de ellos. Esta es la primera Navidad que puede pasar al completo con la familia en 22 años. Exmilitar, trabajó de escolta en Bilbao con concejales y un viceconsejero del Gobierno vasco antes de servir cuatro años en los equipos de seguridad de los atuneros vascos que faenan en el Índico. En agosto de 2014, tuvo la suerte de ser contratado por un empresario español que quería protección para un familiar suyo en Francia. Mientras, su familia (mujer e hijos) reside en España.

"Ahora paso varios meses del año fuera. Mi experiencia como exmilitar me ha ayudado. Ahora solo hay ofertas para exmilitares en el extranjero, como escoltas en países en conflicto", señala. Trabaja en periodos de tres meses, sin ningún día libre, por unos 2.900 euros al mes. "En 2010, cuando estaba de escolta, cobraba unos 3.000 euros por un mes de trabajo". Alberto anima a irse al extranjero, si es posible. "Hay una directiva europea de 2005 que reconoce en toda Europa los títulos profesionales de escolta".

Juan Luis, 38 años, dejó su trabajo de escolta en el País Vasco en enero de 2013 y desde entonces asegura que el mayor periodo de contratación que ha tenido ha sido de cinco días como personal de seguridad en un festival. "Ahora alterno 12 horas al mes como personal de seguridad en eventos deportivos con 16 horas al mes de portero de discoteca". De nada ha servido su experiencia: "He estado doce años de escolta dando protección antiterrorista y un año dando seguridad a una mujer víctima de maltrato. No quiero irme a otro sector a buscar trabajo. He invertido 2.500 horas de formación en 17 años de vida laboral. Sería tirar el tiempo y el dinero".

"Los políticos se han olvidado de nosotros"

Luis, vallisoletano, 47 años, es uno de los 135 escoltas privados que sigue en activo protegiendo a un cargo público, del que omite su nombre. Es uno de los más veteranos del sector. Lleva 28 años en el mundo de la seguridad y los últimos 14 protegiendo a amenazados por ETA en el País Vasco: periodistas, políticos y jueces. Ha protegido incluso a una mujer víctima de maltrato y a un niño de 11 años colombiano que estaba amenazado por la mafia de su país.

Reconoce que ha tenido que sacrificar parte de su vida personal por su trabajo (no tiene hijos) y le duele "que nos hayamos jugado la vida cuando nadie quería jugársela y ahora los políticos, a los que hemos protegido, nos den una patada". Habla con muchos compañeros que están en el paro y "lo están pasando muy mal. PSOE y PP deberían preocuparse un poco más por los escoltas, aunque sea con pequeños gestos, por ejemplo, apoyando fiscalmente a las empresas de seguridad que primen en sus contrataciones a los escoltas".

También cree que debería extenderse a toda España el proyecto de protección de mujeres maltratadas que puso en marcha hace años en el País Vasco. "Ha funcionado. Ninguna de las mujeres protegidas en el País Vasco ha resultado herida o ha muerto. Sería factible extender el modelo al resto de España, pero hace falta voluntad política". Por último, Luis se lamenta que no haya habido ningún tipo de homenaje o reconocimiento a los escoltas por parte de las instituciones del Estado. "Solo lo ha hecho el Poder Judicial en el País Vasco. El resto se ha olvidado pronto de nosotros".