domingo, 31 de enero de 2016

Despido Colectivo en Casesa tras la compra por Ombuds

Acta de Constitución de la Mesa Negociadora con relación al procedimiento de despido colectivo promovido por la empresa Castellana de Seguridad ( Casesa ).

El pasado 28 de Enero se ha dado por iniciado el período de consultas para proceder al despido de 46 trabajadores, la totalidad del departamento de administración de la empresa.

En la mesa de negociación está presentes, a través de sus secciones sindicales, la totalidad de los sindicatos con implantación en la empresa.

El anuncio de los despidos se produce pocos días después de la confirmación oficial de la compra de Casesa por parte de la empresa Ombuds.

La próxima reunión se celebrará el 4 de Febrero.

Dinero, un reloj y entradas al palco del Bernabéu a cambio de facilitar contratos con el Ministerio de Defensa

Canarias Ahora / Tribunales
Dinero, un reloj y entradas al palco del Bernabéu a cambio de facilitar contratos con el Ministerio de Defensa



  • Dos tenientes coroneles de la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa cobraban sobornos de empresas a cambio de agilizar trámites y adelantar los pliegos de condiciones, según relata un juez togado militar
  • El CNI descubrió la trama de los dos militares gracias a una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria, al que intentaron chantajear
  • El Juzgado Togado Militar Central número 2 los ha procesado como presuntos autores de un delito continuado contra la Hacienda en el ámbito militar y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos
Fuente: diario.es – Canariasahora - Iago Otero Paz   - Las Palmas de Gran Canaria 29/01/2016    

Dinero, un reloj suizo, entradas al palco del Santiago Bernabéu o pases para el Abierto de Madrid de tenis son algunos de los regalos que aceptaban dos tenientes coroneles destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el Cuartel General del Ejército a cambio de facilitar a empresas, meses antes de que se publicara, el pliego de condiciones de concursos del Ministerio de Defensa, según un auto judicial notificado estos días a las partes.

Por ello, el Juzgado Togado Militar Central número 2 había imputado en 2015 provisionalmente hasta 13 empresas contratistas relacionadas con el área de la seguridad privada del Ministerio de Defensa, además de dictar prisión preventiva incomunicada a los dos militares (C.P.R. y E.R.R.). En la actualidad, C.P.R. y E.R.R. están en libertad provisional aunque se tienen que presentar una vez al mes ante en el Juzgado en condición de procesados por el coronel auditor titular del citado tribunal como presuntos autores de un delito continuado contra la Hacienda en el ámbito militar y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Así mismo, se les ha requerido que presten una fianza de 15.600 euros, en el caso de E.R.R., y de 8.400 euros en el caso de C.P.R..

Ambos tenientes coroneles son de promociones correlativas del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra y se conocen desde hace más de 25 años. Dentro de la dirección a la que pertenecen uno era el secretario de la Junta de Contratación del Ejército y el otro responsable de la Subdirección de Contratación, por lo que tenían entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que suscribe el Ministerio de Defensa. C.P.R., en su condición de vocal técnico, participaba en ocasiones en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas y en la propuesta de pliegos de condiciones administrativas particulares a la Secretaría de la Junta de Contratación; mientras que E.R.R. era el encargado de recibir la documentación de los contratos a tramitar por la Junta, su análisis y la comprobación y adecuación de la misma.

Del auto, al que ha tenido acceso este diario, se desprende que en el caso concreto de E.R.R., éste entregaba a otras personas una tarjeta de visita en la que hacía constar que era "asesor" en contratación con las Administraciones Públicas, aparte de preparar a las empresas la documentación administrativa con el fin de que ésta se adecuara a las continuas modificaciones legislativas desconocidas por las licitadoras. Las empresas con las que se relacionaba generalmente estaban fuera de su ámbito de actuación, por lo que era C.P.R. el encargado de facilitar el contacto para que E.R.R. pusiera al servicio de las mismas sus conocimientos y experiencia. A cambio de ello recibían retribuciones, aunque ello no significaba que el contrato con el ministerio se consiguiera.

Una de las empresas imputadas fue Ucalsa, una habitual contratista en el Ministerio de Defensa, con la que tiene contratos por valor de varios millones de euros desde el año 2002. El consejero de esta empresa, M.R.A., está procesado como presunto autor de un delito de cohecho. Así, según las pesquisas, de esta empresa E.R.R. recibió una transferencia en noviembre de 2013 por importe de 20.000 euros que, aunque figuraba bajo el concepto de "préstamo simple" no fue formalizada en ningún documento además de no haberse requerido a E.R.R. en ningún momento el pago de esa cifra. Con este dinero E.R.R. pagó la entrada de un Audi A5 Sportback. La relación de los militares con esta empresa va más allá de lo económico ya que el hijo de C.P.R. es trabajador de su plantilla.

Asimismo, en un registro realizado en el domicilio de C.P.R., se intervino un reloj marca Hublot que fue adquirido por la empresa Tecnove S.L. por un importe de 2.870 euros. Esta mercantil aparece en UTE junto a Ucalsa y de esa unión temporal figura como uno de sus responsables el referido M.R.A..

En el caso de Proman Servicios Generales, el apoderado y director general de la compañía, L.B.M. está también procesado como presunto autor de un delito de cohecho. La empresa es adjudicataria de diferentes contratos con el ministerio, entre ellos dos expedientes de 2014 con el objeto de "servicio de auxiliares de servicio y control para UCO,s del ET" cuyo importe ascendía a más de 1,7 millones de euros cada uno.

Según la investigación, el 13 de abril de 2015, E.R.R. y C.P.R. se reúnen con L.B.M. y el jefe de servicio de la empresa en el restaurante San Mamés en Madrid. En la comida L.B.M. le hace entrega de dos sobres con 2.000 euros cada uno a E.R.R. y este los guarda en el bolsillo de su chaqueta. A la salida de este almuerzo, en un control rutinario de documentación de vehículos y personas, la Policía Local cachea al teniente coronel encontrando los dos sobres cerrados. Aparte de estos 4.000 euros, en alguna ocasión L.B.M. costeó la entrada de E.R.R. y un acompañante al estadio Santiago Bernabéu. Además, el hijo de este coronel fue contratado en 2014 por una empresa que tiene un contrato de prestación de servicio auxiliar para el acuerdo que Proman tiene con el Ministerio de Defensa.

Conversaciones con empresas que ya no están imputadas

La instrucción habla de otros casos en los que, si bien no queda acreditada la entrega a los oficiales de retribución alguna, sí consta que han desarrollado la labor de asesoramiento "interesándose en aspectos de la contratación más allá de lo que les era permitido".

Por ejemplo E.R.R. reconoce haber cobrado 2.000 euros a la empresa Ariete, aunque en la investigación "no ha resultado evidencia alguna" del pago de estas cantidades. Con el director general de la empresa (ya desimputado) se reunió en un almuerzo en el que el teniente le ofreció un contrato relativo al ramo de seguros con el Ministerio alegando tener influencia para concedérselo. A cambio, deja entrever que "tendrían que ganar todos con dicha operación". Finalmente no se logró el contrato por falta de medios requeridos, pero Ariete fue adjudicataria de tres contratos menores de seguridad en residencias militares.

También se reunió, como adelantó en septiembre de 2015 Canarias Ahora, con el presidente de Seguridad Integral Canaria y con el consejero delegado de la compañía canaria, ya desimputados. Los dos tenientes exigieron 20.000 euros mensuales a cambio de facilitarle los pliegos para la contratación antes de su publicación, así como su compromiso para que las facturas presentadas por las empresas fueran rápidamente satisfechas. La empresa no accedió al chantaje y advirtió al CNI del asunto para que actuara en consecuencia, poniendo a las autoridades en el rastro de estos dos tenientes y permitiendo destapar su modus operandi.

En cuanto a la compañía Willis Ibérica, cuya apoderada ya está desimputada, la empresa invitó a los tenientes coroneles al palco que posee en el Santiago Bernabéu para presenciar un partido contra el Levante. Willis Ibérica fue la adjudicataria en marzo de 2014 de un contrato privado de servicios de un corredor de seguros para el Ministerio de Defensa.

Por su parte, en el caso del Grupo Olmata, su apoderado (ya desimputado) mantuvo dos conversaciones con E.R.R. en las que abordaron temas de cómo mejorar los proyectos de adjudicación de futuros contratos y donde se hablan de cifras a percibir por el teniente coronel, quien reconoce que colaboró con la empresa porque le había pedido información relativa a un contrato de cafetería y de comedor, de los que incluso facilitó sus pliegos. El apoderado de la empresa manifestó ante el Juzgado que nunca había contratado con el Ministerio de Defensa y no se pudo constatar pago alguno al militar.

También está desimputada la empresa Beyond Soluciones S.L. que, según la investigación, invitó a ambos coroneles en varias ocasiones al Santiago Bernabéu. A esta empresa de consultoría logística E.R.R. le ofreció la posibilidad de licitar para un contrato de instalación de equipos información en la Unidad Militar de Emergencias, pero se necesitaba del certificado de calidad PECAL 2010, del que carecía la empresa. E.R.R. se ofreció a buscarle el "donante" de este certificado.

Mientras, con la empresa de ingeniería informática RMC JIT S.L., que tiene varios contratos con el Ministerio y que ya no está imputada en la causa, E.R.R. tuvo diferentes reuniones y conversaciones con el fin de mantener informada a uno de los empleados de la compañía. A cambio, este le facilitó el acceso a diferentes eventos deportivos, entre ellos el Abierto de tenis de Madrid. A esta empresa E.R.R. le preguntó si tenía el certificado que necesitaba Beyond Soluciones, siendo la respuesta que no, "pero que lo podía conseguir".

En cuanto a la empresa de limpieza Cleanet, uno de los trabajadores conocía a los dos tenientes merced a los contratos derivados que le fueron adjudicados a la compañía. En una ocasión E.R.R. le preguntó a este empleado, J.B.R. (ya desimputado), que si sabía de alguien relacionado con las empresas de seguridad que pudiera presentarse a un concurso de cierta entidad relacionado con el sector. J.B.R. responde que no, pero le presenta una persona que pone en contacto al teniente coronel con el director general de la empresa Ariete, a quien le explicó que tenía ascendencia para poder influir en la adjudicación final del contrato.

E.R.R. declaró que recibió tres pagos de 2.000, 1.500 y 3.000 euros cada uno de J.B.R. como contraprestación por la adjudicación a la empresa Cleanet de dos lotes de limpieza tras haber ofrecido esta el precio mínimo. J.B.R. negó esta circunstancia y aseguró que E.R.R. declaró esto porque su empresa hizo caso omiso a su propuesta de asesoramiento en materia de contratación.

E.R.R. participó en la redacción de varios recursos para la empresa TRC Informática en los que aparece como recurrente el apoderado general de esta compañía, ya desimputado. No se tiene constancia de ningún pago, pero el auto asegura que el apoderado le solicitó al militar "un resumen de lo que estaba previsto o algo similar" al interesarse por el montante económico de la licitación de un contrato relativo a máquinas o grúas.


Por último, la investigación apunta que C.P.R. mantuvo una conversación con el responsable de la empresa Clece en la que le transmitió información sobre la marcha de un concurso al que dicha empresa había licitado por el simple hecho de "ser amigo mío". Sobre este caso concreto el auto recoge que seguirán esclareciendo esta conducta.

viernes, 29 de enero de 2016

Segurpri Nº 48 - Enero 2016

Boletín de Seguridad Privada Nº 48 correspondiente al mes de Enero de 2016.



SUMARIO
  • LADRAN, LUEGO CABALGAMOS ................................................................................ 1 
  • Sumario  ..................................................................................  ........................  .................. 2
  • Comunicación de contratos. Competencias de la AGE y de las CC.AA…….........  ....... 3
  • Integración en plantilla del director de seguridad ...................   ......................  .............. 6
  • Anotación en Libro-Registro de investigación múltiple ...........  ........................ ............. 8
  • Interpretación de los artículos 7.2 y 48.1.a) de la LSP .............  ........................ ............. 9
  • Formación específica de vigilantes de seguridad en embarcaciones ..............  …......... 14
  • Verificación personal de alarmas por servicio de vigilancia discontinua  .......  ........... 17
  • Número mínimo de vigilantes de seguridad en un servicio .....  ........................  ........... 20
  • Premios AEDS 2016 ........................................................................................................... 21 
  • Premio nacional de Marketing  ..........................................................................................21 
  • Entrega de menciones honoríficas .................................................................................... 22
  •  Desarticulación de trama de falsificaciones  ................................................................... 23 
  • Entrega de la bandera española a la Policía Nacional .................................................. ..24
  • Aniversario de la Policía Nacional  .............................................................................. .....25 
  • millones de seguidores en Twitter  ................................................................................. ...26 
  • Servicio SVISUAL ...............................................................................................................28


Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

Detenido en Oiartzun por atacar a un vigilante que intentaba impedir un robo

La Ertzaintza identificó al sospechoso, que se había apoderado de diversos artículos valorados en cerca de treinta y cinco euros, y lo detuvieron como presunto autor de un delito robo con violencia

Fuente: diariovasco.com - EFE  OIARTZUN - 28 enero 2016

Un varón de 24 años ha sido detenido en Oiartzun acusado de atacar con una navaja a un vigilante de seguridad de un hipermercado de esa localidad que se había percatado de que el joven pretendía abandonar el establecimiento sin abonar varios productos.

Los hechos se produjeron el miércoles, hacia las nueve menos cuarto de la noche, cuando los responsables de seguridad se dirigieron al presunto ladrón para impedir que consumara el robo, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El joven se enfrentó a los vigilantes y en un momento del forcejeo esgrimió una navaja, que intentó clavar en el muslo de uno de los guardias de seguridad.


Agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar identificaron al sospechoso, que se había apoderado de diversos artículos valorados en cerca de treinta y cinco euros, tras lo cual lo detuvieron como presunto autor de un delito robo con violencia.

El Principado pide al Sespa que asuma la seguridad del hospital tras 90 días sin cobrar

El Principado pide al Sespa que asuma la seguridad del hospital

El Servicio de Salud analiza desde el martes el encaje jurídico de la fórmula propuesta por la Consejería de Presidencia

Fuente: elcomercio.es - RUTH ARIAS  AVILÉS - 29 enero 2016

La situación de los vigilantes de seguridad del área sanitaria sigue sin solventarse, pero el Principado dio ayer un paso hacia lo que parece ser una solución. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y el director general de Interior, Rafael Abril, se reunieron por la tarde con una representación sindical del colectivo, a la que transmitieron su voluntad de delegar la competencia de la seguridad del San Agustín y de los centros de salud de la zona en el Servicio de Salud, para que sea este organismo el que proceda a licitar el contrato.

Martínez aseguró ayer en Avilés que su departamento está buscando la fórmula «más ágil y más rápida» para que el San Agustín pueda volver a disponer de servicio de seguridad. Lo intentó en diciembre por la vía de un contrato de emergencia al que invitó a seis empresas, pero al que solo se presentó una de ellas, que terminó por renunciar al servicio debido al alto número de empleados que se encontraban de baja en aquel momento.

El consejero asegura que los contratos de emergencia son el instrumento más ágil que tiene la Administración pública para resolver este tipo de situaciones, pero, una vez agotada esta vía, la siguiente posibilidad es la de delegar las funciones. La pelota está ahora en el tejado del Sespa, que se encuentra desde el pasado martes analizando el encaje jurídico que puede tener esta fórmula, sin que hasta ahora haya dado respuesta.

«Desde el Principado nos transmiten que no hay ningún problema en ceder el contrato al Sespa», aseguró Rafael Bravo, de CC OO, que ya se ha puesto en contacto con la dirección del hospital para tratar de agilizar estos trámites. Los trabajadores se han mostrado esperanzados de que este mecanismo permita que llegue otra empresa que se haga cargo del servicio y comience a abonarles sus nóminas y, mientras, continúan llevando a cabo distintas medidas de presión.

Acampada y manifestación

Hoy cumplen una semana acampados en el hospital y ayer se manifestaron de nuevo por el entorno del centro sanitario. A las once de la mañana dieron una vuelta al recinto portando una pancarta reivindicativa y acompañados de varias decenas de personas, entre las que se encontraban tanto personal del hospital como pacientes y vecinos que se acercaron hasta el San Agustín para expresarles su apoyo.


La manifestación provocó algunas retenciones de tráfico en la zona y dificultó la entrada al aparcamiento. Se repetirá cada martes y jueves hasta que logren una respuesta y vislumbren el fin de una situación rocambolesca por la que llevan ya 90 días sin cobrar, dependientes de una empresa en preconcurso de acreedores que ya ha manifestado su voluntad de rescindir el contrato «a la mayor brevedad posible».

jueves, 28 de enero de 2016

Ilunion Seguridad Madrid – Flexibilización de la jornada

Ilunion Seguridad Madrid – Flexibilización de la jornada

CCOO Ilunion Madrid – 28 Enero 2016

Ilunion Seguridad Madrid está entregando a los trabajadores una notificación en la que comunica que se adhiere en cuanto a la gestión operativa de las horas a realizar al Artículo 42.4 del Convenio de Ilunion, ante la posibilidad de que en el centro de trabajo donde actualmente presta servicio ( cada vigilante ) no se realicen las horas legalmente establecidas en el Convenio Colectivo ( 1782 horas ), y requiere a los trabajadores para que firmen la recepción, notificación y constancia de la misma.

El Art. 42.4 4.- Flexibilización de jornada, bolsa de horas o arrastre manual de las horas realizadas anualmente, fue  introducido en los últimos Convenios de Vinsa y trasladado al actual Convenio de Ilunion Seguridad tras el cambio de denominación, se introdujo a propuesta empresarial y fue convenientemente aceptado por los firmantes de la parte social, UGT.

Este artículo está vinculado a los servicios fijos o estables que deben disponer de cuadrante anual y que a fecha de hoy dudamos que lo tengan, es decir que la empresa al comenzar el año haya hecho entrega del mismo al 65% de este tipo de servicios.

Además la aplicación de este punto 4 del Artículo 42 se utilizaría  en el caso de que la suma de las horas contratadas por el cliente es menor a las horas de contrato de los trabajadores/as asignados a cada uno de esos centros ( fijos o estables ), otra situación que no se da en los servicios donde, que tengamos conocimiento, se ha entregado la mencionada notificación.

Por otra parte la aplicación del mencionado punto 4, la determinará la dirección de la empresa siempre que se den las condiciones explicadas anteriormente ( servicio fijo o estable, cuadrante anual y cambio de las horas del contrato por parte del cliente ) y en el caso que nos ocupa, como miembros del Comité, desconocemos la decisión de la dirección porque no se nos ha comunicado y tal notificación entregada a los trabajadores está firmada por orden de un jefe de servicios al que tampoco se identifica.

Al mismo tiempo resulta, cuando menos curioso, que la empresa recuerde a los trabajadores el texto del Convenio en una interpretación interesada del mismo, cuando en multitud de ocasiones, baste recordar el caso del Canal de Isabel II – Edar Sur, posibilita que la norma mencionada sea incumplida por sus mandos intermedios y no pone medidas para solucionarlo.

Por tanto y como conclusión a lo expuesto con anterioridad, recomendamos a los trabajadores a los que les hagan entrega de este escrito, que no lo firmen, mientras la Dirección de la empresa no aclare las intenciones y autoría del mismo a los representantes de los trabajadores.



IU ve "falta de voluntad política" en el conflicto de los vigilantes del San Agustín

«El problema de los vigilantes se puede solucionar en diez minutos con voluntad»

El grupo municipal de Izquierda Unida se reunió ayer con la gerencia del área sanitaria por las vías de solución del conflicto laboral del colectivo

Fuente: elcomercio.es - RUTH ARIAS -   AVILÉS - 28 enero 2016

«Este asunto trasciende lo laboral», aseguraba ayer la concejala de Izquierda Unida Carmen Conde. Su grupo municipal se reunió por partida doble con la gerencia del área sanitaria y con los propios vigilantes de seguridad, que cumplen ya una semana en huelga indefinida y cinco días acampados en protesta por el impago de sus nóminas y la incertidumbre sobre sus contratos, ya que la empresa concesionaria del servicio se encuentra en preconcurso de acreedores.






















Cueli firma su apoyo y el de IU a los trabajadores de seguridad acampados en el San Agustín.. / MARIETA

Según explicó Conde, desde la gerencia apuntan dos posibles soluciones: una sería la licitación de un contrato por la vía de urgencia de cuatro meses de duración, que pudiera mantenerse mientras se convoca un nuevo proceso de adjudicación, y otra una delegación de funciones de la Dirección General de Interior en la propia gerencia, de modo que esta pudiese contratar directamente el servicio.

«Este problema tiene una solución de diez minutos con voluntad política», manifestó ayer el portavoz municipal de la coalición, Alejandro Cueli, que manifestó además su preocupación por la deriva de los acontecimientos. «Esto afecta no solo a los vigilantes, sino a toda la plantilla del hospital y también a los usuarios, y genera mucho nerviosismo», expresó.

IU ve "falta de voluntad política" en el conflicto de los vigilantes

Conde pide dotar de seguridad al hospital con un concurso de urgencia o a través de la gerencia del San Agustín

Fuente: ine.es - 28.01.2016 | E. CAMPO

La concejala de IU Carmen Conde diagnosticó ayer "falta de voluntad política" para solucionar el conflicto laboral que mantiene a los vigilantes de seguridad del San Agustín en huelga indefinida, después de pasar tres meses sin cobrar. Una delegación de la coalición visitó a los trabajadores, acampados en el centro hospitalario, y mantuvo una reunión con la gerencia del hospital. "Nos dijeron que están atados de pies y manos porque no tienen competencia. Que es de la Consejería de Presidencia y el director general de Interior, que son quienes tienen que tomar las riendas", explicó la edil.

Sin embargo, la gerencia ofrece dos posibles soluciones: convocar un concurso de urgencia para tres o cuatro meses, antes de abrir un nuevo proceso de licitación del servicio o bien una delegación de competencias a la gerencia del hospital. "Así, se desbloquearía la situación", aseguró la concejala. Por su parte, los representantes de IU transmitieron a la gerencia el sentimiento de indefensión que tienen los trabajadores. "Nadie les dice nada, la información es muy escasa, están sin cobrar... La gerencia lo entiende e intenta solucionar esta situación como puede pero no tiene competencias", destacó.

Los miembros de IU en Avilés tienen previsto pedir a sus representantes en el Principado que intervengan para que el Gobierno regional "se tome en serio esta reunión". La zozobra de los trabajadores va en aumento a la par que se retrasa una reunión, prevista en principio para el lunes y luego pospuesta al jueves (mañana) y que ahora no tiene fecha confirmada entre la gerencia con los responsables regionales con competencia para resolver el conflicto. "No puede ser tan complicado intervenir, los trabajadores están sin cobrar desde primeros de diciembre", subrayó Conde.


Los vigilantes no son los únicos perjudicados por esta situación. El servicio de Urgencias firmó una carta de queja en la que hablan tanto de la falta de plantilla como de la indefensión que sienten desde que no hay vigilancia. IU también explicó a la gerencia el miedo que tienen otras contratas de que se repita la historia y los nuevos concursos pendientes (el próximo es el de cocina y cafetería) se adjudiquen teniendo en cuenta sólo el criterio económico y el resultado sea otra baja temeraria con consecuencias negativas para los trabajadores.

martes, 26 de enero de 2016

Ilunion Seguridad: Canalizando una respuesta contundente

Canalizando una respuesta contundente

Fuente: CCOO Ilunion Seguridad – 26 de Enero de 2016

Un convenio para ser eficaz  requiere imperiosamente que el articulado que lo compone se cumpla de forma tal que, con su cumplimiento, se consiga plenamente el objetivo que se pretende: reconocer ciertos derechos a los trabajadores.

Sin embargo, la tremenda proliferación “de normativa” de algunos jefes de servicios, inspectores, etc. que no paran de proponer “nuevas variaciones” sobre el articulado del convenio (pensando que así resuelven los problemas del cliente o de la empresa, sin lugar a dudas), desvirtúa en demasiados casos el ejercicio de un derecho por parte de un trabajador y ayuda muy poco, al estricto cumplimiento del convenio.

Este es el caso del servicio del Canal de Isabel II, donde las aguas están muy revueltas y a punto de ebullición ya que, desde hace un tiempo, cuando los trabajadores hacen uso del derecho de cambiar turnos entre ellos -como lo regula el convenio de Ilunion en el artículo 42 - y remiten  en forma oficiosa y oficial dichos cambios (por fax), se les  comunica que esos  cambios  “no” se pueden hacer y, que en todo caso,  lo tiene que “autorizar” el inspector o el jefe de servicio del Canal, Sr. Zancajo.

Es decir, partimos de una situación en la que existe un derecho reconocido en el convenio y que un jefe de servicio - que, cuando menos debía ser conocedor de lo que establece el convenio colectivo-, no tan sólo hace gala de su ignorancia respecto al mismo (entre otras cosas, argumenta que el trabajador no puede acumular x días a raíz de esos cambios), sino que, además, sacando una patita autoritaria “avisa “a los trabajadores con que “no va autorizar” los cambios solicitados. ¿Hemos de suponer que con el consentimiento de la empresa?

Podría pensarse que se va de chapuza en chapuza porque una cosa es extralimitarse controlando los tiempos, o usar estratégicamente el miedo de los trabajadores a ser trasladados a unos servicios menos amables,  para desgastar  sus afanes de cambios de turnos,  y otra cosa es  sorprenderle en su soberbia con alguna jugarreta del tipo tomar la decisión unilateral de modificar los turnos de trabajo de los vigilantes del servicio como una medida de coacción. De 12 horas a 8 horas como en el centro del Edar Sur, jugada que ya hizo en el depósito de Hortaleza ,que ahora y para más inri, quiere volver a poner a 12 horas, pero previa solicitud de los propios trabajadores.

Por todo lo anterior, la sección sindical de CCOO -entendiendo que  es al Comité de empresa al que corresponde dar una respuesta contundente a quien se pasa lo que dice el convenio por el forro de sus caprichos -, ha llevado a la reunión de 13 de Enero este asunto, haciéndose eco así de las reclamaciones de los trabajadores del Canal por las represalias que se toman contra ellos sólo por ejercer un derecho.

Por otra parte, también CCOO haciéndose eco de las reclamaciones de los trabajadores del Canal que se sienten discriminados por la distribución de las horas en los cuadrantes, exige que se requiera a la gerencia de Madrid en qué consiste esa gestión o más bien, que diga qué privilegios tiene algún que otro trabajador para disfrutar de horas extras, en tanto en cuanto, el resto de trabajadores no llegan a cubrir el cómputo , o sea, las 162 horas que establece el convenio. Aunque, podría pensarse que esta es una forma de ahorro anticrisis pero, …

Ese es el quid de la cuestión, porque a la hora de las matemáticas, no parece tratarse de una gestión eficiente y eficaz ya que, según nuestros cálculos, se aumentan los gastos al tener que aumentar los costes de dietas, kilometraje, etc…O sea, negocio redondo como un pan…


A menos… a menos, que la gerencia de la delegación Madrid esté involucrada en un feísimo caso de nepotismo en su gestión. Ya sabéis que el nepotismo  es la excesiva preferencia que “algunos”  dan a sus parientes sin evaluar las capacidades que poseen para el trabajo a desempeñar. De hecho, la palabra nepotismo es de origen latín “nepotis” que significa “sobrino”. Originalmente, la palabra era usada en el ámbito de las relaciones del papa con sus parientes, específicamente con sus sobrinos ya que eran criados como sus hijos, en virtud de ello, algunos papas son conocidos por ascender a sus parientes a ser cardenales de la iglesia.

Esperando que con la iglesia no hallamos topado, os informaremos oportunamente cómo evoluciona lo anterior, puesto que, en primer lugar, existe el compromiso del presidente del Comité, de sacar al Sr. Zancajo de la zona de confort donde se ha movido sin apuros hasta ahora, y si falla o no se produce la respuesta del comité, por parte de CCOO se procederá a una respuesta contundente.

lunes, 25 de enero de 2016

Denuncian a Seguriber por deberles el finiquito

TRIBUNALES
Vigilantes de seguridad denuncian a ‘Seguriber’ por deberles el finiquito
 
Cinco trabajadoes trasladan el caso a Inspección y reclaman cada uno 1.500 euros.

Fuente: elfarodigital.es - ceuta23 ENERO 2016 O. O.

Cinco trabajadores que prestan su servicio en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social realizando labores de vigilancia han denunciado ante Inspección de Trabajo el impago del finiquito de la empresa a la que estaban subordinados hasta el 31 de diciembre, justo antes de que fueran contratados por la actual, “con la que todo va bien”, puntualizan.

De tal manera, los cinco vigilantes de seguridad denuncian que la empresa ‘Seguriber’ les adeuda a cada uno de ellos alrededor de 1.500 euros, “dinero que nos pertenece del finiquito” y que pese al paso ya de 24 días del año no han cobrado: “Nos dicen que sí, que ya vamos a recibir el dinero pero pasan los días y nada de nada y esto es intolerable”, señalan.

Asimismo, los trabajadores esperan que Inspección de Trabaje levante acta de infracción y sanción a la citada empresa por incumplimiento de abono salarial. La denuncia fue interpuesta el pasado martes y los trabajadores esperan que la situación “se arregle cuanto antes”.


Por último, los empleados de seguridad aseguran que la empresa en cuestión, ‘Seguriber’, “ya ha sido denunciada por otros compañeros en 2015 por casos similares”.

Acampada vigilantes Hospital San Agustín - 86 días sin cobrar

Un día más sin seguridad

Enfermeras del San Agustín alaban la profesionalidad de los vigilantes y aseguran que sólo con su presencia evitan incidentes

Fuente: elcomercio.es - C. DEL RÍO  AVILÉS -24 enero 2016

Mientras sus compañeros levantaban la acampada y se concentraban durante media hora frente a la puerta principal del Hospital San Agustín el viernes, el vigilante de seguridad J. I. declaraba ante el juez como testigo por una agresión ocurrida el 26 de octubre. Es la otra cara de un trabajo por el que llevan sin pagarle cuatro meses (incluyendo la extra de Navidad) y sin visos de rápida solución, por más que apremia el personal del centro sanitario y las centrales sindicales. Sin su presencia, los trabajadores del hospital, especialmente el personal de Enfermería, se siente desprotegido. «Solo con su presencia, los vigilantes contienen agresiones. A nosotras no nos respetan», aseguran.


















Los vigilantes reciben el respaldo de trabajadores sanitarios y de vecinos y políticos. / MARIETA

La enfermera Marta Arias, una de las que el viernes se sumó a la concentración, confirma que las agresiones al personal han aumentado desde que los vigilantes están en huelga. En las plantas es menos habitual, pero en Urgencias es más notorio. Los pacientes llegan más irritados, muchos con dependencias, desorientaciones o trastornos psíquicos que hacen que «se pongan bravos con el personal».

Y la situación es peor aún para las más jóvenes, totalmente desautorizadas por algunos pacientes. Arias explica que la experiencia de la mayoría de ellas, alguna con más de dos décadas en el centro, repercute en «mucha mano con los pacientes», algunos ya viejos conocidos por enfermedades crónicas.

Cabrera: «No se puede consentir que sigan así, ni que se time a los trabajadores»Podemos: «El desamparo laboral es el resultado de una gestión negligente de Presidencia»

«Los vigilantes son muy rápidos, vienen en cuanto los llamas y durante estos meses que han trabajado sin cobrar, y en los que su empresa cortó la línea de teléfono, nos dejaban el suyo personal para avisarles de lo que fuera», explica Pilar González, de Urgencias.

Este es el servicio más conflictivo. En él tuvo lugar la agresión por la que J. I. acaba de testificar. El protagonista fue un paciente con problemas psiquiátricos que se resistía a marcharse del box periférico al recibir el alta. «Cuando nos avisaron, el hombre estaba de espaldas. Lo llamamos por el nombre y cuando se giró tenía una navaja», explica a este diario el vigilante de seguridad.

Tuvieron que reducirlo y, justo en ese momento, les notificaron que «algo extraño» pasaba en consultas externas, hacia donde se dirigieron tras quitarle la navaja. «Al regresar de consultas externas vimos que había un follón a la entrada del hospital, con dos coches de la Policía Nacional y una UVI móvil, y era el paciente anterior que portaba otra navaja, que seguramente tendría escondida, y no dejaba de tirar piedras a los coches y a los agentes».

El pasado mes de octubre, cuando ocurrió este episodio, J. I. y sus doce compañeros cobraron la que sería su última nómina. Desde el miércoles pasado, estos trabajadores de la empresa Seguridad Empresarial Navarra (SEN), adjudicataria del servicio de vigilancia en el área sanitaria III, sostienen una huelga indefinida y han dejado al hospital al albur de lo que pueda ocurrir.

Con todo, el peor trago es para los propios afectados, los trece trabajadores. La empresa, en concurso de acreedores, les adeuda cerca de cinco mil euros y «en sueldos de mil mensuales, eso no hay quien lo soporte», comenta Rubén López, que trabaja en la Unidad de Tratamiento de Toxicómanos (UTT), en la calle de Llano Ponte.

Salvo uno, los restantes doce vigilantes están casados y tienen hijos. Su salario es, además, el único que entra (o entraba) en el domicilio familiar. La situación para la mayoría es insoportable. «La gente está muy fastidiada», por eso desde nuestro sindicato se expiden unos bonos, en los que también contribuyen algunos trabajadores del hospital, para aliviar la situación de las familias, explica Rafael Bravo, secretario de negociación colectiva de Comisiones Obreras.

Hoy ya son 85 días sin cobrar y mañana lunes serán 86. El tiempo corre y la solución no llega. Los trabajadores no se explican por qué la empresa no se liberó del servicio cuando el Principado se lo ofreció. Seguridad Empresarial Navarra ganó el concurso público en junio al presentar una oferta de 337.411,14 euros, IVA excluido, por un año de contrato. Su oferta fue más baja que el presupuesto base de licitación.

Visitas a la acampada

Los trabajadores acampados recibieron ayer la visita del diputado de Podemos Asturias, Andrés Vilanova, que estuvo acompañado por la concejala avilesina Yolanda Suárez. Ambos charlaron con los afectados y les hicieron saber que preguntarán al consejero de Presidencia por el caso para que «explique por qué se liquidan de forma consciente estos servicios permitiendo bajas temerarias en los concursos que gestionan y que podrían evitarse». Además, los representantes de Podemos inciden en que «el desamparo laboral y el descubierto del servicio de seguridad del San Agustín son el resultado de una gestión deliberadamente negligente por parte de la Consejería de Presidencia».


A lo largo de la mañana también visitó a los vigilantes Antonio Cabrera, en nombre de la Federación de Asociación de Vecinos, que insistió en que «no se puede consentir que la gente esté así ni que se les time» y por ello pidió que «el Ayuntamiento y la gerencia del hospital presionen para solucionar el problema».

Inquietud en la plantilla tras la compra de Casesa por Ombuds

Un directivo con experiencia en recobros liderará Ombuds, segunda empresa de seguridad de España

Miguel Fernando Rueda Hernando es un directivo ligado al fondo JZI que ha tenido según Infoempresa.com 98 cargos en 48 empresas distintas. Algunas de ellas, como Equifax, están especializadas en perseguir a morosos para lograr que paguen. Ombuds-Casesa se coloca como una de las grandes de la seguridad en España.

Fuente: vozpopuli.com – 22 Enero 2016

Miguel Fernando Rueda Hernando es un directivo desconocido pero con una gran actividad en empresas españolas. Según Infoempresa.com ha compaginado 98 cargos en 48 sociedades distintas, aunque en muchos de ellos ya cesó, y desde finales de diciembre es el presidente de la segunda compañía de seguridad más grande de España por facturación, la sociedad que resultará de la compra de Casesa por Ombuds, tal y como adelantó Vozpópuli en octubre. Ombuds pertenece en un 75% al fondo JZ International, que adquiere en 2011 la compañía.

El 30 de diciembre, Casesa publica en su web un comunicado informando de la compra, y Ombuds hacía lo propio a través de un correo electrónico a sus trabajadores.

Con esta adquisición, nace la segunda empresa del sector en España después de la sueca Securitas y por delante de Prosegur (con gran parte de su negocio en Iberoamérica). Su presidente Miguel Rueda será el hombre fuerte en España del fondo con sede en Londres JZI, tal y como muestra su currículo empresarial: ha presidido muchas de las empresas de este grupo, algunas de ellas especializadas en sectores polémicos como el recobro a morosos (Equifax) o que fueron investigadas por Hacienda por presuntos delitos fiscales en 2014, como Oro Direct (venta de metales preciosos para su fundición), que entró en concurso en noviembre de 2014 y que había llegado a facturar más de 1.000 millones de euros. Otra de sus empresas es Gedesco, de descuento de pagarés).

Rueda y JZI parecen haber tenido predilección por las empresas de recobro a morosos, asociadas con los ficheros Asnef y Baxdecug, entre otros, y que han sido acusados en algunas ocasiones de usura por consumidores, así como de usar malos modos para intentar cobrar las deudas.

Inquietud en la plantilla

Fuentes sindicales señalan que "casi nadie conoce a Miguel Rueda dentro, quien realmente se tiene como un gestor más del día a día es Rodrigo Cortina", hijo del fundador de la empresa, Antonio Cortina. Miguel Rueda aparece como presidente de Ombuds desde marzo de 2014 pero no es muy conocido en sus propia compañía. Mantendrá por tanto un cargo más institucional que deberá compaginar, según los datos aportados por Infoempresa, con las presidencias de Equifax, Gedesco, Oro Direct, Toro Finance, Jump Flash SL, Collecta Servicios de Gestión de Cobro, Eurometal Investment Holding, Docout SL, Factor Energía y alguna compañía más. Es de suponer que no podrá llevar el día a día de todas ellas. Vozpópuli ha llamado a la sede de Ombuds sin haber podido hablar con ningún portavoz.

"Desde el departamento de comunicación os informamos que esta tarde se ha llegado al acuerdo de compraventa de la totalidad de las acciones de Castellana de Seguridad, S.A., de la que es accionista mayoritario el grupo JZ Internacional. Hasta que se realice la integración de las estructuras y de la operativa de ambas compañías, la gestión de Casesa seguirá llevándose a cabo por su actual equipo directivo, que a su vez permanecerá en la futura sociedad que resultará de la integración de ambas", informaba el comunicado de Casesa del 30 de diciembre, que ha sido compartido en foros de los trabajadores. Se daba así oficialidad a rumores permanentemente negados desde Ombuds pero que habían ido creciendo en los últimos meses.

La inquietud entre muchos trabajadores es creciente, sobre todo entre los de la empresa adquirida, Casesa, toda vez que la compañía prometió a los empleados de Ombuds -la sociedad que compra- que allí no habría ajustes pero no se ha hecho lo mismo en la compañía comprada. "El principal riesgo lo tenemos en la plantilla de estructura, no tanto en los propios vigilantes que en realidad dependen de los contratos" -asegura a este diario una fuente sindical de UGT- "en Ombuds estamos hablando de entre 300 y 400 personas de estructura y en Casesa son 138 trabajadores".


El fondo tiene preferencia por España tal y como puede verse en su propia web. Durante la crisis, asegura haber invertido más de 500 millones de euros en entradas de capital en diversas empresas, cuyo último caso es el de Ombuds. Se definen a sí mismos como "inversores a largo plazo" y forman un grupo con más de 80 compañías del sector financiero, industrial y de servicios en 13 países y con una facturación agregada superior a 2.000 millones. Tiene más de 6.000 empleados en Europa y una cartera de inversiones superior a los 1.000 millones de euros.