miércoles, 18 de octubre de 2017

Metro de Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes


LOS 400 TRABAJADORES NO COBRAN DESDE AGOSTO
Metro de Madrid estudia romper con Integral Canaria por impago a sus vigilantes

  • Los abogados del suburbano se están planteando sancionar o rescindir el contrato con esta empresa pirata.


  • Sus vigilantes no han cobrado el mes de septiembre y sufren constantes retrasos en los pagos


Fuente: elconfidencial.com - MARINA VALERO - DANIELE GRASSO - 18.10.2017

Un cuarto de los vigilantes de Metro de Madrid no está cobrando sus nóminas. Se trata de 400 personas subcontratadas a través de Seguridad Integral Canaria, una empresa 'pirata' conocida por pagar tarde, mal y nunca a sus empleados. La compañía ya anunció que venderá o cederá todos sus servicios de vigilancia a un tercero para centrarse en otras líneas más rentables, como los sistemas de alarmas o el transporte de fondos. Con dos excepciones: Adif y el suburbano en la capital, donde pretende continuar con su actividad.

Otra cosa es que sus clientes se lo permitan. El equipo jurídico de Metro de Madrid está explorando la posibilidad de sancionar o rescindir el contrato con Seguridad Integral Canaria ante el impago de las nóminas desde agosto y los continuos retrasos, confirman fuentes del suburbano a este periódico. Los 400 empleados afectados representan un 26% de los 1.500 vigilantes de seguridad que operan en las instalaciones del metro a través de diferentes empresas como Ombuds, Segurisa o Garda. Este periódico se ha puesto en contacto con el gigante canario, pero no ha recibido respuesta.


Metro de Madrid recuerda que acaba de sacar un nuevo concurso donde una de las cláusulas exige cumplir el convenio estatal de seguridad privada, una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos. Dicho texto garantiza unas condiciones dignas o, como mínimo, alejadas de los 700 euros que están pagando muchas empresas 'pirata' en este sector. Un ejemplo es Marsegur en el Ministerio de Defensa, aunque el departamento capitaneado por María Dolores de Cospedal se ha comprometido a romper el contrato. Esto es posible gracias a los convenios de empresa, amparados por la reforma laboral de 2012.

"Este tipo de situaciones no tendrá cabida con la nueva licitación", garantizan desde el suburbano. No obstante, los sindicatos critican con dureza el importe por considerarlo demasiado bajo. El valor estimado del contrato a cuatro años asciende a 232 millones de euros, una cantidad "insuficiente para cubrir unos mínimos estándares de calidad", sostiene el responsable de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Prueba de ello es que solo se han presentado tres empresas hasta el momento.

En este sentido, los representantes de los trabajadores exigen que los convenios de empresa dejen de prevalecer en la nueva Ley de Contratos, que se votará este jueves en el Congreso. Y mantienen las movilizaciones convocadas para el próximo 24 de octubre tanto para pedir un cambio en el modelo de contratación como para protestar por la proliferación de empresas "que intentan acaparar mercado mermando las condiciones laborales". Todo esto en medio de los tira y afloja con la patronal para cerrar un nuevo convenio estatal.

Casi 24 M en contratos públicos, en el limbo

El cese de Seguridad Integral Canaria en vigilancia dibuja un futuro incierto para sus 3.700 empleados, que operan en sitios públicos como ministerios, sedes de gobiernos autonómicos, consejerías, metros o estaciones de tren. De hecho, el 70% del negocio procede de las administraciones públicas. ¿Qué pasará con estos servicios ahora que la empresa tiene intención de deshacerse de ellos?

Podrá hacerlo sin problemas en el caso de los servicios privados, pero deberá cumplir una serie de requisitos en los públicos. Integral Canaria ha obtenido adjudicaciones por importe de 23,7 millones de euros en los últimos tres años solo en ministerios. Su mayor cliente es Defensa (16,6 millones), seguido de Empleo (2,8 millones), Fomento (2,3 millones), Hacienda (1,3 millones), Interior (243.000 euros) y Presidencia (206.000 euros), según los contratos públicos analizados por este periódico. Eso sin contar con su presencia masiva en Canarias, donde vigila el 80% de las instituciones públicas.

Los ministerios de Defensa, Empleo y Hacienda nos remiten a la Ley de Contratos del Sector Público, que sí contempla la cesión de contratos en su artículo 226 siempre que la Administración pública lo autorice y la empresa tenga ejecutado al menos un 20% del importe inicial. "En este caso, se estudiaría y articularía la mejor solución posible para dar continuidad al servicio" de acuerdo con lo establecido en el marco legal, explican fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro.

Pero el organismo público en cuestión puede frenar el proceso si considera que la nueva compañía no cumple con los requisitos solicitados a la adjudicataria o supone una "restricción efectiva de la competencia en el mercado". En cualquier caso, no está claro qué pasará con esos 23,7 millones de adjudicaciones públicas ahora que se ha abierto el melón de la seguridad privada en España. A raíz del conflicto de El Prat, el Gobierno emplazó a los sindicatos a reunirse para abordar la situación global de los vigilantes en España. Ya han tenido dos encuentros y volverán a verse la semana que viene.


Los sindicatos sospechan que Marsegur, la empresa que paga sueldos cercanos al salario mínimo a sus vigilantes, aspira a tomar el relevo de Seguridad Integral Canaria. La otra candidata es Sinergias de Seguridad, con un 'modus operandi' similar. "¿Piensa tirar a la baja en la venta y dejarnos expuestos a sueldos de 700 euros al mes?", plantearon los representantes de los trabajadores en el último encuentro privado con el director general, Héctor de Armas. "No tengo ni idea, pero sí os garantizo que ya no será un problema de Integral Canaria", replicó.

Los vigilantes de Adif en Córdoba denuncian el impago de sus nóminas

SINDICATOS
Los vigilantes de Adif en Córdoba denuncian el impago de sus nóminas

Seguridad Integral Canaria debe unos 3.000 euros a cada uno de los trabajadores, que ya han sido subrogados por Prosegur

Fuente: http://sevilla.abc.es -  IRENE CONTRERAS - CÓRDOBA - 18/10/2017

Los vigilantes de Adif en Andalucía y Extremadura, que hasta hace dos semanas pertenecían a la subcontrata Seguridad Integral Canaria, denuncian que la empresa debe a sus trabajadores varias nóminas y pagas extraordinarias. La seguridad de las estaciones de Adif está externalizada y sale a licitación pública. Recientemente ha pasado a manos de Prosegur, que ha subrogado a los trabajadores que antes prestaban el servicio con la otra empresa. Sin embargo, Seguridad Integral Canaria, que cesó su actividad en agosto, aún adeuda una media de 3.000 euros a cada vigilante.

En Córdoba hay en torno a 50 personas afectadas de las 250 que tienen el mismo problema en las estaciones de Andalucía y Extremadura. El delegado de personal de los vigilantes en la provincia, Mateo Urbano, anuncia acciones reivindicativas para exigir a Seguridad Integral Canaria que cumpla con sus (ya) extrabajadores. Urbano recuerda que los vigilantes ya pasaron por una situación idéntica en 2014, cuando Adif rescindió su contrato con la empresa Falcon por impagos a los trabajadores. «A día de hoy hay compañeros que aún no han cobrado» el dinero que les debía la empresa de seguridad privada.


La historia se repite y los trabajadores han exigido a Adif y a la mesa de contratación que excluya de la licitación a las empresas de seguridad privada «pirata», a las que acusan de incumplir reiteradamente el convenio y de incurrir en impagos con la plantilla. «La situación es grave porque se trata de un servicio contratado por una empresa pública que depende del Ministerio de Fomento», apunta Urbano, que no descarta movilizaciones, paros y huelgas si no se alcanza una solución.


El representante de los trabajadores afirma que hace unos días mantuvieron una reunión con el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, que se interesó por su situación y se comprometió a exigir medidas al Ejecutivo.

martes, 17 de octubre de 2017

Los vigilantes acuden a la huelga y denuncian estancamiento laboral














Los vigilantes acuden a la huelga y denuncian estancamiento laboral
  • La Seguridad Privada convoca protestas y manifestaciones en España por el cumplimiento del Convenio Estatal


Fuente: diario16.com/María Montero -  17/10/2017

Los trabajadores de Seguridad Privada en España llevan varios años luchando por unas mejoras laborales, que parecen no llegar nunca, especialmente, en el caso de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), -liderada por el empresario Miguel Ángel Ramírez-, bajo la problemática del incumplimiento continuado del abono de los sueldos a los vigilantes en tiempo y forma.

Por el estancamiento en la negociación del Convenio Estatal del Sector de Vigilancia y Seguridad, se han sumado a la protesta convocada en todo el Estado este próximo 24 de octubre, los vigilantes auspiciados por los sindicatos FTSP-USO- Canarias, UGT, FeSMC, CCOO, Unión Sindical Obrera, Intersindical Canaria.

Desde Canarias, los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur acudirán a la huelga el día 24 desde las 00:00 h a las 24:00 h por el cumplimiento del Convenio Estatal y por el pago puntual de sus salarios mensuales, además de manifestarse en varias sedes institucionales.

El Secretario General de la FTSP-USO en Canarias, Juan Díaz, -en declaraciones en “La ventana indiscreta” en Radio Las Palmas-, destacó el dolor y perjuicio para los vigilantes que no cobran su sueldo en el tiempo estipulado con el convenio con Seguridad Integral Canaria (SIC), las complicaciones cada mes que sufren estos trabajadores y sus familias para afrontar sus hipotecas y alquileres de viviendas, alimentación y educación de sus hijos, y subrayó “basta ya de precariedad laboral”, señalando a SIC como “una empresa pirata”, sobre las que pesan varios procesos judiciales.

Juan Díaz explicó que “el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), aún no se ha reunido con los vigilantes ni sindicatos, ni nos escucha, a pesar de que hemos acudido hasta la puerta del Parlamento, y recogido miles de firmas de apoyo”. “Es lamentable que sean las propias instituciones públicas las que sigan manteniendo los servicios de SIC, que incumple el convenio, en lugar de apostar por empresas que tratan con más dignidad a los vigilantes”.

El Gobierno de Canarias en enero de 2017 adjudicó la seguridad de algunos edificios administrativos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por 2.750.911 euros, -con sentencias judiciales en contra-, mientras que a CLECE, -que sí cumple-, le adjudicaba una contratación por 785.974 euros.

Igualmente, el secretario canario de FTSP-USO aclaró que los otros partidos políticos Podemos, PSOE, NC, ASG se reúnen y escuchan su situación, mientras que “el PP nos recibió en la anterior legislatura, pero al indicarnos el actual presidente regional de los populares, Asier Antona, que solo tenía dos minutos para escucharnos, nos levantamos de la mesa haciéndole la observación de la seriedad que requieren este tipo de reuniones, y por ello, nos retiramos”. “El PP en las Islas, ni nos ha convocado, ni nos contacta para interesarse por el estado de los vigilantes”, matizó Díaz.

Desde el sindicato FTSP-USO explican que aunque el empresario Miguel Ángel Ramírez, -de Seguridad Integral Canaria-, ha manifestado que se retira del negocio de la seguridad privada, “la compañía cederá o venderá sus servicios a otras empresas que, en teoría, subrogarán a la plantilla actual, pero actualmente, tiene contratos tanto públicos como privados en toda España”.

En este sentido, según consta en consultas realizadas al Ministerio de Industria, Ramírez usa un logo determinado, -consistente en un círculo-espiral-, para el Grupo Ralons desde 2007, y posteriormente se repite este logo idéntico en la empresa Marsegur con la misma imagen desde 2013, lo que podría suponer una relación o vínculo entre empresas, según explica el sindicato.

Así mismo, existen más relaciones de Miguel Ángel Ramírez con la seguridad privada ya que solicitó el 28/11/2016 la marca “Seguridad TDMS”, el 3/7/2014 las marcas “Marsevi” y “Sinergias de Vigilancia y Seguridad”, lo que hace sospechar al sindicato que “la retirada de Ramírez del ámbito de la seguridad privada pudiera ser no es tan real como parece, pero podría conllevar prestar servicios con otras empresas pagando salarios aún más bajos a los vigilantes”.

Varapalo judicial para Sinergias de Vigilancia y Seguridad

Además, esta presión de los trabajadores y sindicatos se ha visto recompensada en el juzgado, al recibir el varapalo judicial la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado el convenio en el Archipiélago que tenía empresa con vigencia desde septiembre de 2015.

Según esta sentencia del TSJC, -cabe recurso de casación ordinario-, el alto tribunal ha estimado íntegramente la demanda interpuesta contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad, declarando la inaplicabilidad integra del convenio colectivo y que fue promovida por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias.


El sindicato FTSP- USO Canarias, mantuvo varias reuniones en la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, “donde mostraron su preocupación y agradecieron que les hiciéramos partícipe de nuestra lucha diaria en la contratación socialmente responsable,  y en la lucha en contra de las “empresas pirata” del sector con la aplicación de sus convenios de empresa y  que tanto daño están haciendo al Sector y a los trabajadores. 

Acusan a Securitas de sobornar a un sindicalista enchufando a su mujer con un trabajo falso

Fuente: okdiario.com - 15/10/2017



lunes, 16 de octubre de 2017

Prensa: La seguridad privada vuelve a movilizarse

La seguridad privada vuelve a movilizarse

  • Gobierno y sindicatos siguen negociando garantías laborales en los contratos públicos


Fuente: http://cadenaser.com - ELADIO MEIZOSO - Madrid 15/10/2017

La normalidad en los aeropuertos está siendo la tónica en los aeropuertos españoles en este puente del Pilar. Sin los problemas del verano pasado por el conflicto de los trabajadores de Eulen en El Prat y la tensión en otros servicios de seguridad privada, que no llegaron a movilizarse porque el gobierno prometió negociar unos mínimos en las condiciones laborales de las concesiones de servicios públicos. Este lunes gobierno y sindicatos celebran su tercera reunión. Hay avances, dicen ambas partes, pero no definitivos, mientras el convenio estatal sigue bloqueado. Los sindicatos han decidido volver a presionar y han convocado movilizaciones para el próximo día 24.

La mesa de negociación de gobierno y sindicatos ni siquiera ha fijado aún el ámbito de un eventual acuerdo. Los sindicatos quieren que abarque todas las instalaciones críticas, como aeropuertos, ferrocarriles o puertos, dependientes del Ministerio de Fomento. Pero también otras, incluidas las de gestión privada, como centrales nucleares o estadios de futbol.

Su línea roja, para un acuerdo, es que los contratos en esas instalaciones cumplan el convenio colectivo sectorial. "Ahora mismo -afirma Sergio Picallo, de UGT- no se está cumpliendo. Más bien al contrario, se está animando a las empresas a que busquen vías de escape". Y la normativa, tras la reforma laboral, lo permite.


En paralelo, en la negociación del convenio de ámbito estatal, tampoco se consiguen avances significativos. De ella dependen más de 80.000 trabajadores, según las cifras sindicales. Los sindicatos desempolvan las movilizaciones. Con concentraciones el día 24. No tendrían el mismo efecto que en verano en los aeropuertos, reconoce Daniel Barragán, de CC OO. "Hemos llegado a un nivel de precarización tal que se tienen que aprovechar ese tipo de situaciones y –advierte- no nos equivoquemos, dentro de poco más de un mes estaremos en Navidades".

Comunicado conjunto Movilizaciones Seguridad Privada

Comunicado Conjunto Movilizaciones en Seguridad Privada