lunes, 29 de agosto de 2016

La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes que guardias civiles

La primera fuerza de seguridad es privada: ya hay más vigilantes que guardias civiles

Las compañías de seguridad privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector

Fuente: elconfidencial.com
La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un 2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional. Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la Guardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.

La cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015 con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31 de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596 agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.

El descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo. Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50% de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso sufrido durante los años más duros de la crisis.

La Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519 agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000 menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta 2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que sufre anualmente la institución.

El escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.

Sus perspectivas de futuro son aún mejores tras la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplica las potencialidades del sector. La versión definitiva no es tan ambiciosa como el borrador que promovió directamente Aproser para asumir funciones que hasta ese momento, según la ley de 1992, estaban reservadas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el control de manifestaciones o la detención de personas que no estén relacionadas con su labor de vigilancia.

Con todo, la nueva norma en vigor, que comenzó a aplicarse en junio de 2014, elimina la subordinación del sector privado a los agentes de orden público -la relación ahora es de complementariedad- y abre la posibilidad a que presten un amplio abanico de servicios que permitirán disparar la facturación de sus compañías. Uno de los ejemplos es la protección del perímetro de las prisiones, que ha dejado progresivamente de ser ejercida por Guardia Civil, Policía Nacional y fuerzas autonómicas para recaer en firmas privadas. La ley actual permite a los vigilantes actuar en zonas de ocio delimitadas e incluso en espacios abiertos de las ciudades.


También ha rebajado los requisitos para conseguir la habilitación de vigilante y ha acabado con la obligación de que los agentes que lleven más de dos años sin trabajar tengan que realizar de nuevo el examen de habilitación para volver a ser contratados. Ahora, el título no caduca nunca. Es decir, que las compañías privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y, también, más mano de obra a su alcance. La retracción de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional es el empujón definitivo a un escenario que ha venido para quedarse.

viernes, 26 de agosto de 2016

Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas pirata de seguridad

Madrid cambiará baremos de adjudicación para evitar empresas pirata de seguridad

La Consejería de Presidencia dará menos valor al factor precio en favor de otros criterios como el de que las mercantiles cumplan los salarios acordados en el convenio colectivo

Fuente: elconfidencial.comROBERTO R. BALLESTEROS

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, revisará los baremos para la adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes anunciaran para este jueves una huelga por la concesión de uno de los servicios a la empresa Sinergias, que ha bajado el sueldo de los trabajadores casi en un 40%.

La mercantil ganó el concurso después de la quiebra de la compañía Magasegur -que tenía adjudicado el servicio y que, al igual que Sinergias, también pagaba por debajo del convenio colectivo-, lo que forzó a la Comunidad de Madrid a sacar uno nuevo, que por la vía de urgencia se entregó a la sociedad Sasegur, aunque únicamente los meses de abril a junio. En julio, Sinergias ganó la nueva adjudicación -que dura hasta el próximo 31 de diciembre- debido a que el precio que ofrecía para realizar el servicio era el más bajo de las tres ofertas que se presentaban.

En concreto, Sinergias se hizo con el trabajo en un momento en el que Presidencia concedía 60 puntos sobre 100 al criterio del precio. El departamento dirigido por Garrido ya había reducido el peso del elemento precio, que antes de esa adjudicación estaba en 70 puntos sobre 100 (para la contratación de Magasegur, por ejemplo). Sin embargo, con 60 le bastó a Sinergias para ganar el concurso.

Ahora, desde la consejería, explican que van a bajar aún más este peso del precio precisamente para que empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar los concursos que se saquen de aquí en adelante. No se modificará, sin embargo, el que ya se concedió a Sinergias, motivo por el que los vigilantes de seguridad están de huelga en los edificios de cultura y turismo que controla Presidencia. Será solo a partir del 1 de enero, al adjudicarse el nuevo servicio de estos inmuebles, cuando se incluyan ya los nuevos baremos de contratación. La consejería, de hecho, trabaja ya en un nuevo pliego para este servicio.

Aunque se reduzca el peso del precio que ofrece la mercantil, lo cierto es que este factor debe seguir siendo el más determinante para adjudicar un servicio de estas características, ya que de lo contrario podría llamar la atención el Tribunal de Contratación Pública o la propia Intervención. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, la consejería prevé que factores como que las empresas se ajusten al convenio o que tengan planes de formación para los empleados pesen más que hasta ahora. En el momento de la adjudicación a Sinergias, estos dos últimos conceptos suponían 20 puntos sobre 100 cada uno.

Los vigilantes han visto reducido su sueldo un 40% de la noche a la mañana: de 1.100 a algo más de 700 euros al mes

La contratación de Sinergias por parte de Presidencia conllevó una reducción de salario de casi el 40% para los profesionales de la seguridad que vigilan los edificios afectados. En concreto, estos vieron reducir su sueldo de 1.100 a algo más de 700 euros al mes, lo que provocó las protestas de estos trabajadores, que, para más inri, hasta ayer por la noche no conocieron los servicios mínimos acordados por la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid para la huelga.

Según el Sindicato Libre de Seguridad (SLS), que es el que ha convocado la huelga, las autoridades han situado los servicios mínimos en un 90%, dado que muchos edificios tan solo tienen un vigilante, lo que a juicio de la organización provoca que sea difícil averiguar el seguimiento. En relación a la previsión de revisar el peso del factor precio en la contratación, el SLS se muestra escéptico. "Si la Comunidad de Madrid quiere modificar los criterios de adjudicación y no priorizar el subasteo, lo celebramos, pero desconfiamos, ya que tuvieron su oportunidad en el último concurso y no lo hicieron", aseguran.

"Esta es una de las cuestiones que venimos reivindicando desde hace tiempo; la urgencia ahora es que los trabajadores recuperen el 40% de su salario anterior y que Sinergias se niega a respetarles", añaden desde el sindicato, que también se muestra preocupado por la "imposibilidad de que la CAM agrupe en un macroconcurso la contratación de seguridad privada". "Así se abre la posibilidad de prórroga para la empresa Sinergias", apuntan.                         
La reducción de los salarios de los vigilantes de golpe y porrazo es algo habitual en el sector. La empresa que se hace con un servicio contrata a todos los trabajadores que ya estaban realizando esa tarea, y si tiene un convenio propio que se descuelga del colectivo, automáticamente se lo aplica y les baja el sueldo a los empleados, que cambian de uniforme, de material y de ingresos de la noche a la mañana. Los sindicatos han denunciado a estas empresas, a las que califican de piratas, pero la reforma laboral les permite presentarse a los concursos.

Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.


En no pocas ocasiones, estas mercantiles incluso son contratadas por la Administración pública, como son los casos de las mencionadas Magasegur o Sinergias, que también presta servicio en las instalaciones del Boletín Oficial del Estado, dependientes del Ministerio de Presidencia del Gobierno de España.

miércoles, 24 de agosto de 2016

La Guardia Civil persigue a los vigilantes de seguridad para que se pongan la placa en castellano

La Guardia Civil persigue a los vigilantes de seguridad para que se pongan la placa en castellano

Fuente: elnacional.cat-Gemma Liñán

    
Desde hace unas semanas agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona piden a los vigilantes de seguridad que se cambien la placa del uniforme que llevan en catalán por una en castellano, según ha podido saber El Nacional. La placa lleva el número identificativo de cada agente y la inscripción "Vigilante de seguridad".

Las empresas de seguridad privada hicieron hacer las placas nuevas en catalán a sus trabajadores hace unas semanas basándose en la orden INT/14/2012, del 17 de enero de la Ley de Seguridad Privada que regula, entre otras cuestiones, las características de los distintivos de los vigilantes. Pero hace unos días que los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el aeropuerto, que son los que tienen las competencias de la seguridad, están pidiendo a los vigilantes de diferentes empresas de vigilancia privada que se cambien las placas y se las pongan en castellano. Argumentan que hay un reglamento que los obliga a llevar la placa en castellano y que si no lo cumplen los pueden multar o incluso inhabilitar.

Poco a poco, los vigilantes se han ido cambiando, de nuevo, las placas. Se las compran ellos. Cuestan 12 euros. Se las encargan y pagan los mismos agentes de seguridad. Algunos las compran por Internet.

Fuentes de la Guardia Civil explican a El Nacional que aunque el mencionado nuevo reglamento no existe, sí que está la sentencia judicial que anula la orden de la Generalitat que obligaba a los vigilantes a llevar la placa en catalán. La sentencia, sin embargo, estaba pendiente del recurso que había presentado a la Generalitat. Se ha resuelto este año. Y el Tribunal Supremo da la razón a la Delegación del Gobierno Español que es quien pidió anular la orden. Y por lo tanto, la Guardia Civil la intenta hacer cumplir persiguiendo a los vigilantes que llevan la placa en catalán para que se la cambien al castellano.

Con todo, fuentes policiales aseguran que "no hay ninguna instrucción de la Guardia Civil" para ordenar a los vigilantes que se cambien las placas. También aseguran que no han recibido ninguna queja de las diferentes compañías de seguridad privada que operan en el aeropuerto. "La relación entre Guardia Civil y empresas es muy buena", aseguran.

Las diversas compañías de seguridad privada que operan en el Aeropuerto del Prat admiten que tienen conocimiento de los hechos. "Acatamos la sentencia" dicen en declaraciones a El Nacional, pero también reconocen que en ningún momento han comunicado a su personal que se ha derogado la orden que establecía que las placas se tenían que llevar en catalán y que se las tienen que cambiar. Por lo tanto, los vigilantes que trabajan en el Aeropuerto codo con codo con la Guardia Civil no saben nada.

Algunos de los vigilantes de seguridad se han encontrado en plena operación de las vacaciones de verano, con las largas colas en los controles de pasajeros, y con la Guardia Civil en la nuca pidiéndoles que se cambien la placa bajo la amenaza de ser expedientados sin que nadie de su empresa les haya comunicado cuál es la legislación vigente y que ya hay sentencia firme sobre la disputa lingüística entre la Generalitat y el Estado.

Cuatro años esperando la sentencia

La decisión sobre si las placas de los vigilantes de seguridad tienen que ser en catalán o castellano ha acabado en el Tribunal Supremo. El Supremo ha anulado la orden porque argumenta que la Generalitat "pretende desplazar el uso del castellano".

El año 2012 la Generalitat modificó la ley y aprobó una nueva orden donde se establecía que los vigilantes de seguridad tenían que llevar la identificación en catalán, porque esta es la lengua oficial de Catalunya. Pero la Delegación del Gobierno Español en Catalunya recurre a la Abogacía del Estado y presenta un recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resuelve en el 2013 que la identificación tiene que ser en castellano.

Ante la sentencia la Generalitat presenta un recurso de casación y el caso se eleva al Supremo. El Gobierno catalán alegó que el Estatut d'Autonomia de Catalunya "habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingüística para la adopción de las disposiciones encaminadas a promover la normalización lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y el fomento del uso de la lengua propia de Catalunya, corrigiendo una situación histórica de desigualdad con respecto al castellano".

Justo este mes de abril, tres años después del inicio de la disputa, el alto tribunal ha resuelto que las placas tienen que ser en castellano. Argumenta, a pesar de que el catalán es la lengua oficial de Catalunya, "el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de los servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149, 1 29 de la Constitución". La sentencia del Supremo también remarca que "Los vigilantes de seguridad privada ni se tratan de una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un servicio público, sino de una actividad complementaria y subordinada respecto de las de seguridad pública prestada por empresas privadas". Con eso argumenta que la Generalitat no tiene competencias "sectoriales para regular la actividad de seguridad privada" y tampoco puede incidir en materia lingüística y menos "para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano".

Catalán lengua oficial
La Generalitat tiene competencias en materia de seguridad privada. Así lo establece el artículo 163 del Estatut d'Aautonomia de Catalunya, con respecto a la autorización de las empresas de seguridad privada que tienen su domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no rebasa este territorio; la inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada que se cumplen en Catalunya, la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Catalunya. Además, el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, también regula el ejercicio de competencias que corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad privada.


El Estatut, además, concreta que la lengua propia de Catalunya es el catalán y que, por lo tanto, es la lengua oficial. Igual que también lo es el castellano, porque de hecho, lo es a todo el Estado Español.

martes, 23 de agosto de 2016

El Gobierno gasta 58 millones más en vigilantes privados para control de cárceles

El Gobierno gasta 58 millones más en vigilantes privados para control de cárceles

El Consejo de Ministros autoriza la contratación de 900 nuevos vigilantes de seguridad para las prisiones que se resolverá por concurso sin publicidad por razones de seguridad

Fuente: elconfidencial.com-ROBERTO R. BALLESTEROS.

El Consejo de Ministros autorizó ayer la contratación de más de 900 vigilantes de seguridad para las prisiones españolas en el marco del plan de privatización de la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país que comenzó en 2013 y que actualmente se encontraba en la prórroga de su segunda fase, que entró en vigor en octubre de 2014 y cuya renovación ya llevaba meses de retraso con motivo, entre otras razones, de la demora de la formación del nuevo Gobierno.

Los más de 900 vigilantes ocuparán 203 puestos de trabajo divididos en distintos turnos. El contrato conllevará un desembolso aproximado de 58 millones de euros por parte del Gobierno y dará servicio a todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, que son las que se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Los vigilantes se dedicarán, como venían haciendo hasta ahora, al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y la gestión de las señales de alarma. Su labor seguirá siendo, por lo tanto, la de auxiliar en las mencionadas tareas, que seguirán dirigiendo los policías y los guardias civiles, según anunció el Consejo de Ministros.

Los vigilantes que estén destinados al control de accesos seguirán estando capacitados para portar armas de fuego, como ya ocurre en otros servicios que realizan estos profesionales. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en el marco de la Ley de Seguridad Privada, aprobada el 4 de abril de 2014, meses antes de que comenzara la segunda fase del mencionado plan de inclusión de vigilantes en las prisiones. La norma permite a las empresas de seguridad encargarse de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios cuando así lo decida el Ministerio del Interior y siempre al servicio de la Policía y de la Guardia Civil.

El Gobierno tramitará la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad. Argumenta que así lo contempla la normativa vigente en materia de contratos del sector público dado que esta licitación "exige la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos". Según el Consejo de Ministros, se trata de "circunstancias excepcionales que requieren la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado".

Los vigilantes se dedicarán al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados.

La iniciativa comenzó en 2013 con una primera fase a modo de prueba que conllevó la entrada de profesionales privados en algunos centros penitenciarios. En octubre de 2014 el experimento se trasladó a todas las prisiones de España en lo que se denominó la segunda fase del plan. Ahora, con el contrato de 900 nuevos efectivos, Interior renueva formalmente esa segunda fase, que ya llevaba un año prorrogada.

No se inicia por lo tanto de momento la tercera y definitiva fase, que en teoría conllevaba la salida de funcionarios y la entrada de más vigilantes. La tercera fase estaba previsto que entrara al año de ponerse en marcha la segunda, pero la realidad es que la segunda se ha alargado un ejercicio más y ahora se ha renovado durante el mismo periodo, lo que deja la entrada del último ciclo para, al menos, finales de 2017.


La repetición de las elecciones generales y el retraso en la formación del Gobierno, además de la polémica surgida tras el anuncio del plan, han provocado que el Ministerio del Interior paralizara el comienzo de la entrada de la tercera fase.

viernes, 19 de agosto de 2016

Hacienda suspende el concurso para adjudicar el servicio de vigilancia de las dos sedes del Banco de España



Inicio / Economía
Hacienda suspende un contrato millonario del Banco de España por posibles trabas a la competencia


  • El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales suspende cautelarmente un concurso para adjudicar el servicio de vigilancia de las dos sedes del supervisor bancario en Madrid

  • Una asociación de empresas de seguridad reclamó ante el tribunal, dependiente de Hacienda, por entender que exigir un número determinado de vigilantes a los licitadores restringe la competencia

  • El contrato, que el organismo ya intentó adjudicar antes del verano, está valorado en un máximo de 34 millones hasta un máximo de seis años


Fuente: eldiario.es - Antonio M. Vélez  18/08/2016    

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha obligado al Banco de España a suspender cautelarmente la tramitación de un millonario concurso para adjudicar el servicio de vigilancia de sus dos sedes en Madrid tras el recurso de una asociación profesional por posibles trabas a la libre competencia.

El procedimiento lleva meses empantanado: en junio, el supervisor bancario ya anuló otro concurso idéntico (aunque por un importe inferior) tras detectar un "error no subsanable" en el pliego de condiciones.


Según consta en la web del Banco de España, el 8 de agosto el Tribunal de Recursos Contractuales suspendió provisionalmente el procedimiento para adjudicar los servicios de vigilancia y seguridad en los edificios del organismo en el número 48 de la calle de Alcalá (su emblemática sede junto a la plaza de Cibeles) y en el número 522 de esa misma vía, en el distrito de San Blas-Canillejas.

El contrato, licitado por el procedimiento restringido (sólo pueden presentar ofertas empresas seleccionadas previamente) está valorado en hasta 34.612.482,80 euros, incluyendo IVA y posibles prórrogas (hasta un máximo de seis años). El plazo de presentación de ofertas finalizó el 15 de julio. El servicio debía empezar a prestarse a partir de noviembre.

El tribunal ha suspendido el procedimiento tras el recurso de una asociación de empresas de seguridad, que argumentó que la exigencia de contar con un número determinado de vigilantes en plantilla y en la Comunidad de Madrid vulneraba la libre competencia, explican fuentes conocedoras del proceso.

Elpliego de condiciones del contrato exigía al adjudicatario contar con al menos 2.000 vigilantes en España y 500 en la Comunidad de Madrid, “excluyendo los de transporte de fondos y de sistemas y alarmas”. El Banco de España ha expuesto en sus alegaciones que el servicio requiere un número elevado de efectivos, con posibilidad de ser reforzado en momentos puntuales.

La suspensión de la licitación no es firme. El tribunal no ha resuelto sobre el fondo del asunto y no está previsto que ocurra hasta después del verano. El órgano dependiente de Hacienda puede ordenar repetir el procedimiento desde cero o reanudarlo.

La duración inicial del contrato es de tres años, prorrogables anualmente hasta seis. El presupuesto es de un mínimo de 11.566.750,43 euros (13.995.768,02 euros, IVA incluido) por los tres años y un máximo (incluyendo prórrogas y modificaciones) de 28.605.357,69 euros (34.612.482,80 euros, IVA incluido).

Segundo intento

El pasado 3 de junio, el Banco de España comunicó el desestimiento en un concurso para adjudicar el mismo servicio “al haberse advertido un error no subsanable" en el pliego de condiciones. El contrato era por el mismo plazo (hasta seis años) y por un importe máximo de 12.471.852,89 euros (IVA incluido).

La enorme diferencia en el importe (el valor máximo del contrato es ahora prácticamente el triple) se explica, según fuentes próximas al organismo, por la entrada en vigor, el 1 de mayo, de las nuevas normas de contratación del Banco de España, que exigen que la valoración de las licitaciones tengan en cuenta las posibles prórrogas (antes no se computaban). Si sólo se tiene en cuenta el precio por los tres primeros años, el valor máximo del concurso que ahora ha suspendido Hacienda es un 12,2% superior.

Unos días antes de desistir de ese procedimiento en junio, el organismo comunicó las cinco empresas a las que había seleccionado para que presentasen ofertas. Entre ellas estaba Prosegur, líder de la seguridad privada en España, que es la que presta actualmente este servicio.

Adalid de la competencia

El aumento de la competencia es objeto habitual de la atención del supervisor bancario. Su último informe anual le dedica un amplio espacio y subraya que "reformas que aumentan el grado de competencia en el mercado de bienes y servicios permiten maximizar los efectos positivos de la contención salarial, ya que fomentan una mayor traslación de las ganancias competitivas en términos de costes a precios y, por tanto, sus efectos sobre los flujos exteriores de la economía".

"Una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios favorece la flexibilidad de los precios y salarios, potencia el impacto del ajuste de estos sobre el tipo de cambio real y, por ello, mejora la competitividad", añade.

Aunque no es uno de sus mayores caballos de batalla, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, también suele citar las bondades de la libre competencia en sus discursos. El mes pasado alabó en Santander las “importantes reformas en el mercado de trabajo” de los últimos años en Europa, pero criticó que “donde se perciben menores progresos es, quizá, en la reforma de los mercados de productos y servicios". "Reformas tempranas, tendentes a aumentar la competencia, pueden ser cruciales para asegurar que las reformas del mercado de trabajo generen los efectos positivos deseados”, indicó.

En abril, Linde citó “el bajo nivel de competencia en algunos sectores” entre los factores que explican que España tenga “un crecimiento de la productividad significativamente inferior al promedio de las economías desarrolladas”.

jueves, 18 de agosto de 2016

La Policía Nacional detiene a un hombre por falsificar la documentación para trabajar de vigilante

La Policía Nacional detiene a un hombre por falsificar la documentación para trabajar de vigilante
   
Fuente: castellondiario.com-17/8/2016

Llevaba una tarjeta (TIP) de Jefe de Seguridad y otra de Vigilante, ambas falsificadas. Al parecer, obtuvo las acreditaciones comprándoselas a un hombre en plena calle por 60 euros

La Policía Nacional ha detenido a un español de 52 años de edad, como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras falsificar una Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) de vigilante y jefe de seguridad privada

 El 03 de agosto, se realizaba una inspección en materia de seguridad privada en el recinto de un festival musical. Durante las comprobaciones sobre las empresas, contratos y personal que trabajaba en el evento, los agentes identificaron a uno de los vigilantes.

 Cuando comprobaron la documentación, los agentes se percataron que la  Tarjeta de Identificación Profesional de Jefe de Seguridad con la que se identificó era falsa, así mismo, llevaba otra tarjeta de identificación profesional (TIP) que le acreditaba como vigilante de seguridad, también falsificada.


 Ante estos hechos, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito  de falsificación de documento público.

martes, 16 de agosto de 2016

Nueva agresión a vigilantes de Renfe



Un joven y su pareja agreden a tres vigilantes de la estación de Tarragona al hacerle poner la camiseta

  • Los Mossos también detuvieron a la pareja del hombre, quien la habría emprendido contra el personal de seguridad



  • La agresión se produjo en el vestíbulo de la estación de Adif de Tarragona.


Fuente: diaridetarragona.com - 15/08/2016 - Àngel Juanpere |



Las personas que a primeras horas de la tarde de ayer se encontraban esperando el tren en la estación de Adif de Tarragona se vieron sorprendidas por un incidente que tuvo su origen en un hombre que no llevaba puesta la camiseta. Cuando el personal de seguridad del edificio le conminó a que se la pusiera, la emprendió a golpes contra los vigilantes, una agresión a la que después se sumó la acompañante del individuo. Finalmente, los dos presuntos agresores acabaron detenidos por los Mossos d’Esquadra.

Los hechos se produjeron sobre las dos de la tarde en el vestíbulo de la estación, situada en el Passeig Espanya de Tarragona. El personal de seguridad del edificio se percató de que había un hombre que no llevaba puesta la camiseta, por lo que le emplazaron a que se la pusiese. El hombre comenzó a increpar a los vigilantes, quienes le pidieron que depusiera su actitud. Lejos de ellos el hombre habría comenzado a agredir a los tres vigilantes. En pleno altercado se sumó también la mujer, quien abría asimismo increpado y agredido al personal de seguridad.

Cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra se trasladaron a la estación y procedieron a la detención de los dos presuntos agresores, ambos marroquíes. Se trata de un joven de 22 años y vecino de Cardedeu y de una mujer de veinte con domicilio en Madrid. Ambos están acusados de un delito de atentado a agentes de la autoridad, agresión y lesiones.

Mientras los dos detenidos fueron llevados al Hospital de Santa Tecla para ser visitados antes de ser conducidos a los calabozos, los tres vigilantes de seguridad acudieron al Hospital Universitari Joan XXIIIpara ser atendidos de sus lesiones –principalmente erosiones– y posteriormente tenían previsto presentar denuncia ante la Policía Autonómica.