sábado, 30 de junio de 2012

Mismo Presupuesto = Menos Seguridad


Lavacolla tiene menos seguridad privada pero paga lo mismo a la concesionaria
La CIG denuncia que de las 70.188 horas anuales que marca el contrato solo se cumplen 54.385

Fuente: ccaa.elpais.com - MARÍA PAMPÍN Santiago de Compostela 29 JUN 2012 -

El servicio de seguridad privada del aeropuerto de Santiago se mantiene con el mismo presupuesto —solo actualizado por la subida del IPC— que Aena firmó con la empresa Eulen a finales de 2009, sin embargo el número de horas de vigilancia que deben cumplir está por debajo del acuerdo, según la denuncia de la central sindical CIG. Los vigilantes, que se encargan del control de arcos de seguridad, el acceso al área de embarque, el control de zonas restringidas y la vigilancia del perímetro del recinto, han pasado de trabajar 164 horas al día —equivalente al trabajo de 20 vigilantes— a 149 horas, atendiendo a las cifras del sindicato. El presupuesto de licitación de Aena fija en 70.188 las horas anuales de seguridad privada —entre los servicios de vigilante con arma, sin arma y sin arma y con radioscopia (arcos de seguridad y rayos X)— pero actualmente se cumplen 54.385.
Tras el traslado a la nueva terminal de Lavacolla el pasado mes de octubre, Aena no modificó el contrato de seguridad y siguió contanto con el mismo número de vigilantes privados pese a que la superficie actual triplica la de la vieja terminal, sitúada dentro del recinto aeroportuario y en la que solo trabaja el personal del servicio de meteorología. En total, el acuerdo entre la unión temporal de empresas de Eulen y Eulen Seguridad y Aena estipula que deben mantener a 34 vigilantes —tres de ellos armados— pero entre las bajas y las medias jornadas del personal no llega para cumplir el contrato, asegura la CIG. Los partes de los vigilantes de los últimos meses recogen incidentes como robos en las instalaciones del antiguo Aeroclub y “sabotajes” en en las vallas que cierran el recinto aeroportuario. Para el gestor del aeropuerto estos accesos sin autorización se produjeron en zonas que no están dentro del vallado y que no son críticos para la seguridad del aeropuerto. “Faltan vigilantes en los filtros de seguridad y el trabajo se multiplica, se producen colas y retrasos y una mayor presión contra los vigilantes”, explica el secretario nacional de CIG-Servizos, Paulo Rubido. La situación se complica a partir de las once de la noche, indican los vigilantes, cuando un vigilante atiende a “18 monitores con 300 cámaras, 428 alarmas y 154 puertas de acceso” a pesar de que también tiene que controlar los arcos de acceso. Ponen de ejemplo el caso de un vuelo desviado desde Vigo la noche del pasado 15 de julio con destino Madrid: “El control no se hizo conforme a la ley”. Sin un hombre y una mujer, como corresponde, para hacer el control de acceso. La central sindical considera además que en Lavacolla no se cumple con la normativa estatal que obliga a dedicar a seguridad la tasa de 2,08 euros que se cobra a cada pasajero, ya que el contrato se firmó por 1,2 millones de euros anuales. A razón de los 2.464.431 pasajeros que pasaron por Lavacolla en 2011, al sindicato no le salen las cuentas. “La tasa que se cobra es casi el doble de lo que se gasta. Se está cobrando una tasa para una finalidad, la de seguridad, que luego no se utiliza y eso es muy cuestionable”, indica Rubido. La central sindical estudia la vía jurídica que debe emplear para llevar a los tribunales a Aena por este motivo.
La CIG insiste en que el director del aeropuerto, Luis Rey, “tiene conocimiento por escrito de la situación desde hace tiempo”. “Y no recibimos contestación por su parte”, apunta Rubido. El sindicato denuncia además que la situación se mantiene con la “complicidad” de uno de los jefes de seguridad del aeropuerto, el mando de la Guardia Civil Jesús Andrés de Parada.

viernes, 29 de junio de 2012

Interior plantea sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes


Interior plantea sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes privados
El secretario de Estado dice que sería para controlar los monitores de seguridad
Los equipos de fútbol pagarán la seguridad de los grandes eventos a través de una tasa
Fuente: politica.elpais.com MÓNICA CEBERIO BELAZA Madrid 28 JUN 2012 -

Ignacio Ulloa. / EFE
En marzo, cuando se redujo a la mitad el número de escoltas en el País Vasco y Navarra —guardaespaldas privados subvencionados por la Administración—, el Ministerio del Interior anunció que los escoltas que se habían quedado sin trabajo podrían optar a funciones de vigilancia en cárceles de toda España. Sustituirían a algunos policías y guardias civiles, que pasarían a reforzar la seguridad ciudadana. Calculaba entonces el ministerio que unos 1.000 agentes públicos podrían dejar sus puestos en las prisiones. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha ido más lejos esta tarde. Ha planteado en la Comisión del Interior del Congreso la posibilidad de que vigilantes privados sustituyan no solo a policías y a guardias civiles sino también a funcionarios de prisiones ante la escasez de empleados públicos y ante la imposibilidad económica, según indicó, de llevar a cabo la oferta de empleo público que sería necesaria.
Se trata de una idea que debe aún perfilarse y que en ningún caso entraría en vigor antes del año que viene, pero que en el ministerio empieza a cobrar cada vez más fuerza, como reconoció el secretario de Estado. “Lo único que hacemos es poner ingenio. Y quiero decir, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada”, dijo Ulloa. Aún no han calculado a cuántos funcionarios querrían sustituir por vigilantes privados para trasladarlos a prisiones con escasez de empleados públicos.
El ministerio quiere sustituir a los funcionarios que llevan a cabo labores de vigilancia -evidentemente, no podría llevarse a cabo algo así con otro tipo de empleados públicos, como terapéutas o juristas-, pero aún debe concretar exactamente qué tipo de tareas podrían realizar los vigilantes privados y cuáles no.
Como ejemplo, Ulloa ha planteado que, quizá, la labor de “mirar un monitor de seguridad” la podría desempeñar un ciudadano con una mínima formación, pero no ha ofrecido un catálogo de puestos de trabajo susceptibles de ser privatizados. “Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar", ha señalado. "Pido las sugerencias de los diputados. Para poner en funcionamiento todas las infraestructuras previstas son necesarios 1.863 funcionarios a pesar de que está congelada la oferta de empleo público”.
El secretario de Estado habló también de otras cuestión polémica: la propuesta de Interior de que los clubes de fútbol paguen parte de lo que cuesta la vigilancia que Interior dedica a los grandes eventos. El ministerio quiere que el cobro de esta prestación se haga a través de una tasa a las empresas deportivas, que pagarían por el uso de un "dispositivo intensivo" de seguridad pública. Interior está estudiando la cuestión con los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, según ha asegurado el secretario de Estado de Seguridad en el Congreso.
"El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos derivados del organismo autónomo GIESE (encargado de la gestión y venta de inmuebles del Ministerio del Interior), así como un porcentaje de los costes derivados de la prestación intensiva del servicio de seguridad pública", ha explicado. "El excedente se ingresará en el Tesoro Público". "Este tipo de encuentros producen muchos beneficios, de forma que los que se benefician tendrán que contribuir a las cargas", ha señalado. "En todo caso, se trata de una idea sencilla pero con muchas complicaciones, así que no está cerrada del todo la fórmula que se empleará".

jueves, 28 de junio de 2012

Tribunales / ESABE condenada a aplicar las tablas salariales


SEGURIDAD PRIVADA
ESABE Vigilancia tendrá que aplicar las tablas salariales del convenio colectivo estatal en las empresas de Seguridad
Según sentencia de la Audiencia Nacional
Fuente: diversas.ccoo.es – 27 Junio 2012
La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa ESABE Vigilancia a aplicar las tablas salariales establecidas en el Convenio Colectivo del sector, así como la cuantía correcta de las pagas extraordinarias, evitando de esta forma, en la medida de lo posible, la interposición de demandas individuales.
Esta sentencia, la primera de los tres procedimientos interpuestos ante la Audiencia Nacional, no es firme y cabe Recurso de Casación contra la misma ante el Tribunal Supremo.

Hay que destacar que se trata de una de las primeras sentencias en las que, por vía de conflicto colectivo y con base a la nueva posibilidad establecida en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se plantea la posibilidad de la ejecución de una sentencia de conflicto colectivo con efectos respecto al colectivo de trabajadores afectados por la misma, significando, como la propia sentencia manifiesta expresamente, la condena a ESABE VIGILANCIA, S.A. a abonar a cada uno de los componentes de la plantilla de la empresa la cantidad que les corresponde por aplicación de las tablas salariales más el 10% de interés por demora.

martes, 26 de junio de 2012

Escoltas: Interior y Jueces se enfrentan


JUSTICIA | 'Preocupación' en miembros de la judicatura
Interior justifica la reducción de escoltas porque el número creció 'inexorablemente'
·         Retira o reduce protección a miembros de las altas instancias judiciales
·         El número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697
Fuente: elmundo.es - Efe | Madrid -  lunes 25/06/2012 20:09 horas

Tribunal Supremo, Tribunal Consitucional, Audiencia Nacional y Consejo General del Poder Judicial... El Ministerio del Interior ha justificado su plan de reducción de escoltas por el fin de ETA y por el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que ha motivado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado "inexorablemente" en los últimos años.
Interior ha informado en una nota de su plan de reducción de escoltas, que está aplicando en varias fases, después de que hoy se haya conocido un importante recorte de la protección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de la cúpula judicial, que ha motivado "preocupación" en miembros de la judicatura.
"La mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó", asegura la nota.
En el País Vasco y Navarra se ha pasado de 558 a 306 protegidos
El Ministerio del Interior ha informado de que tras analizar el nivel de riesgo de cada una de las personas protegidas se ha decidido mantener la protección a 697 personas, entre miembros del Gobierno, presidentes de comunidades autónomas, delegados del Gobierno y algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
Asimismo, permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta.
Según los cálculos de Interior, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. De este modo, se ha retirado la escolta a 554 personas, ya sea de seguridad privada, estática o dinámica.
Un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de trabajar en labores de escolta y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a agentes de las Fuerzas de Seguridad y 789 a empresas de seguridad privada, que eran sufragados por la Administración General del Estado.
Con la puesta en marcha de este programa, la plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
País Vasco y Navarra
Tras la primera fase llevada a cabo el pasado marzo en el País Vasco y Navarra con la supresión de 424 agentes de seguridad privada, y la segunda, desarrollada en mayo con la reducción de 422 efectivos de protección estática, Interior ha iniciado este junio la aplicación de la tercera fase, que afecta a las escoltas dinámicas.
A día de hoy, en el País Vasco y Navarra están protegidas por agentes de seguridad privada 306 personas mientras que antes de la aplicación del plan de escoltas lo estaban 558, lo que supone una reducción de 252.
En cuanto a protecciones estáticas desempeñadas por agentes de las Fuerzas de Seguridad se ha pasado de 80 protegidos a 58. Respecto a protecciones dinámicas, la cifra de personas protegidas ha quedado fijada en 333 -anteriormente era de 613-.
Según Interior, la plantilla de agentes que estaba destinada a labores de protección dinámica no se correspondía con los actuales niveles de riesgo ni con las exigencias de ahorro derivadas de la crisis económica, por lo que se ha decidido proceder a la reducción del número de protegidos y protectores.
El Ministerio del Interior ha recordado también que mientras que en España el número de personas protegidas se cuenta por centenares, en los principales países del resto de Europa se hace por decenas.
 La Justicia, en pie de guerra por la retirada de 588 escoltas
La Fiscalía de la Audiencia Nacional avisa: ETA sigue operativa
Fuente: abc.es - N. VILLANUEVA / MADRID - 26/06/2012
La decisión del Ministerio del Interior de suprimir el servicio de escoltas a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Audiencia Nacional ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos afectados, especialmente en la Audiencia Nacional, donde se investigan causas relacionadas con ETA y su entorno y otras organizaciones criminales. El plan de Interior no es nuevo: de hecho, se trata de una tercera fase que engloba a 588 agentes. Lo que sí ha resultado sorprendente, dicen en la Audiencia, es que en apenas unas horas se haya tomado la decisión de suprimir este servicio por completo, cuando el viernes desde el ministerio al parecer les habían anunciado que dejarían un escolta por persona.
Los primeros que han reaccionado a esta medida tan drástica son, como el pasado mes de abril, los fiscales de la Audiencia Nacional, los que se sienten más desprotegidos tras el anuncio de Interior. Son ellos, dicen, los que piden penas de cárcel para los terroristas y los que luego se tienen que marchar a casa en autobús. Según expresaban ayer en un comunicado tras una reunión de la junta de fiscales, entienden que España esté atravesando una crisis económica y que son necesarios los recortes, pero estas medidas «no pueden pasar por poner en juego nuestras vidas», señalaba ayer uno de los afectados en declaraciones a ABC. Por eso, avalaban una reducción paulatina de los escoltas, pero no su supresión, y menos en un momento en el que ETA continúa operativa: «siguen captando gente y rearmándose... No está ni mucho menos disuelta», advertía ayer un fiscal de este tribunal. También están molestos por el hecho de que a ellos se les retire la protección y que se mantenga para excargos políticos que no tienen ninguna relación con ETA.
«Perplejidad» ante los informes policiales
A su juicio, «causa perplejidad» que se retiren los servicios de escolta alegando que ha disminuido la amenaza terrorista y que, a la vez, la Policía solicite al juez medidas restrictivas de derechos fundamentales (como intervenciones telefónicas) en causas abiertas a ETA contra su entorno justificando la adopción de las mismas precisamente en esa amenaza terrorista.
En una nota de prensa difundida ayer por el Ministerio del Interior, se señala que la reducción de escoltas dinámicas se ha basado en un «profundo análisis de todas las personas protegidas agrupadas por colectivos»: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades. Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
También permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de este tribunal y del Supremo, «aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta».
Interior argumenta que la reducción de agentes se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, «porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años».
Las tres fases del plan
La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó el pasado marzo y se centró en las labores que prestaban empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales, según señala Interior en su nota.
En la segunda fase, realizada en mayo, el ministerio revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. En la actualidad, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.
Interior destaca el hecho de que los más de 1.000 agentes que realizaban labores de protección se ocuparán a partir de ahora de la seguridad ciudadana.
POLICÍA
Interior defiende que la reducción de escoltas permite recuperas más de 1000 agentes para labores de seguridad ciudadana
25/06/2012 19:13 | lainformacion.com
Las causas son el ahorro, el cese definitivo de ETA y que "la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca"
Las causas son el ahorro, el cese definitivo de ETA y que "la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca"
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas que, de forma escalonada, está desarrollando el Ministerio del Interior.
Así lo explica el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a la hora de defender este plan iniciado el pasado mes de marzo y para el que, según sostiene el Ministerio, se ha realizado un exhaustivo análisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administración General del Estado).
Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto, por tanto, una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
PRIMERA FASE EN NAVARRA Y PAÍS VASCO
La primera fase del programa tuvo lugar en marzo en el País Vasco y Navarra y consistió en la supresión de 424 agentes de seguridad privada. La segunda fase se desarrolló en mayo con la reducción de 422 de efectivos de protección estática.
El Ministerio del Interior inicia ahora, en este mes de junio, la aplicación de la tercera fase, que afecta a las escoltas dinámicas. En total son 588 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que dejarán de realizar estas labores de acompañamiento de personas sobre una plantilla de 1.308 efectivos, que custodian en la actualidad a 613 personas (incluidas contravigilancias).
A raíz de la aplicación de la tercera fase del plan, la cifra de protección dinámica se reduce a 720 agentes para dar protección a 333 personas, lo que significa que se retira la escolta dinámica a 280 personas.
Los estudios realizados por el Ministerio del Interior han revelado que la plantilla de 1.308 agentes destinada a labores de protección dinámica no se corresponde con los actuales niveles de riesgo ni con las exigencias de ahorro derivadas de la crisis económica, razones que se han considerado apropiadas para proceder a la reducción del número de protegidos y protectores.
Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, mientras que en España el número de personas protegidas se cuenta por centenares, en los principales países del resto de Europa se hace por decenas.
ANÁLISIS DE RIESGO
Para abordar la reducción de escoltas dinámicas, el Ministerio del Interior también ha analizado todas las personas protegidas agrupadas por colectivos: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades.
Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
Asimismo, permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta, según este comunicado.
La reducción de escoltas dinámicas se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años.
LA REDUCCIÓN EN CIFRAS
En estos momentos, en el País Vasco y Navarra están protegidas por agentes de seguridad privada 306 personas mientras que antes de la aplicación del plan de escoltas lo estaban 558, lo que supone una reducción de 252.
En cuanto a protecciones estáticas realizadas por agentes de las FCSE se ha pasado de 80 protegidos a 58 (una reducción de 22). Respecto a protecciones dinámicas, la cifra de personas protegidas ha quedado fijada en 333 (anteriormente era de 613). En definitiva, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. Por tanto, a 554 personas se les ha retirado la escolta (ya sea de seguridad privada, estática o dinámica).
AHORRO DE CASI 4 MILLONES DE EUROS
La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó en el pasado mes de marzo. El Ministerio del Interior abordó entonces una reducción de las escoltas prestadas por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales.
En la segunda fase, realizada el pasado mes de mayo, el Ministerio del Interior revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. Actualmente, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.




Esabe sigue con los impagos


CCOO denuncia que ESABE adeuda varias mensualidades a los vigilantes de la Delegación de Hacienda
Fuente: teleprensa.es - 25 de Junio de 2012 18:45h
GRANADA.- El sindicato Actividades Diversas de CCOO de Granada denuncia que la empresa ESABE, adjudicataria del servicio de seguridad privada en la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía, adeuda las nóminas correspondientes a los meses de abril y mayo a los vigilantes que prestan sus servicios en estas dependencias. Además, como ha confirmado el responsable de Seguridad Privada de CCOO de Granada, Juan José Robles, ESABE tampoco ha aplicado la subida salarial correspondiente a 2011 y 2012, estipulada en el Convenio Estatal de Seguridad Privada, lo que equivale aproximadamente a unos 800 euros por trabajador. Todas estas cuestiones han sido denunciadas por CCOO ante la Inspección de Trabajo que ha interpuesto las correspondientes sanciones.
Tras constatar que los trabajadores están sufriendo retrasos en el desembolso de las nóminas, y detectar irregularidades en la cotización de horas extraordinarias y en las formas de pago, el sindicato ha remitido copia de los informes desfavorables de la Inspección de Trabajo a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Gobernación, Empleo y Hacienda de la Junta de Andalucía, instando a la administración autonómica a que tome las medidas legales oportunas, contra ESABE.
“Se trata de un ente público y desde CCOO entendemos que no puede contratar a ciertas empresas que incumplan con la Legislación en materia de los derechos laborales”, ha explicado el responsable de Seguridad Privada del sindicato Actividades Diversas de CCOO de Granada, Juan José Robles.

lunes, 25 de junio de 2012

Tribunales / Plus Peligrosidad en 15 mensualidades


Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de Mayo de 2012, en reclamación de derecho y cantidad  frente a Segur Ibérica,los trabajadores reclaman que se les siga abonando la cuantía correspondiente al Plus de Peligrosidad en las 15 Pagas conforme lo venían percibiendo en la empresa de la que procedían, ESABE, y no como se lo empezó a pagar Segur Ibérica a partir de la subrogación ( en 11 mensualidades prorrateando vacaciones y pagas extras ).
El Tribunal confirma la sentencia del Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid que dió la razón a lo trabajadores basando su decisión en la aplicación del Art. 14 del Convenio ( Subrogación ) “Tal decisión empresarial contraviene lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio Colectivo , precepto encargado de regular el mecanismo subrogatorio, y que impone a la empresa entrante la obligación de respetar todos y cada uno de los derechos que los trabajadores vinieran detentando. Razón por la que si los actores venían percibiendo dicho concepto retributivo en quince mensualidades, así debería haber sido abonado por la demandada, salvo que concurrieran causas económicas, técnicas u organizativas que aconsejaran la variación del sistema retributiva de los mismos. Circunstancias que no fueron alegadas en el momento de proceder a tal variación. Por lo que tal decisión empresarial debe ser considerada como una variación de la condiciones de trabajo de los actores injustificada, y por ello, la demandada debe quedar obligada a restituirles en el anterior sistema de abono del plus de peligrosidad.”

Intenta Matar al Vigilante de un coto


ACUSADO
Piden 6 años a un cazador furtivo acusado de intentar matar a tiros al vigilante que le sorprendió
Fuente: 22/06/2012 15:41 | lainformacion.com
La Fiscalía va a solicitar un total de seis años y tres meses de prisión para un hombre acusado intentar matar al vigilante de un coto privado ubicado en Gérgal (Almería) después de que le sorprendiera mientras cazaba de forma furtiva. El procesado, según el Ministerio Público, llegó a poner el cañón de su escopeta a 30 centímetros de la cabeza de la víctima, quien en el "último momento" pudo desviar el disparo de "un manotazo".
ALMERÍA, 22 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía va a solicitar un total de seis años y tres meses de prisión para un hombre acusado intentar matar al vigilante de un coto privado ubicado en Gérgal (Almería) después de que le sorprendiera mientras cazaba de forma furtiva. El procesado, según el Ministerio Público, llegó a poner el cañón de su escopeta a 30 centímetros de la cabeza de la víctima, quien en el "último momento" pudo desviar el disparo de "un manotazo".
J.M.C.P. se enfrenta, según consta en el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, a penas de 15 meses de cárcel como presunto autor de un delito de amenazas y cinco años por un delito de homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público interesa el pago de un total de 15.400 euros a la víctima en concepto de indemnización por las lesiones y las secuelas causadas.
Los hechos se remontan al 30 de octubre de 2009 cuando el procesado, en compañía de otra personas no identificada, se encontraba cazando sin autorización en la finca 'Los Jarales', en el término municipal de Gérgal. Sobre las 17,30 horas, le abordó un primer vigilante del coto que les pidió explicaciones acerca del motivo por el que se encontraban allí.
Como respuesta, J.M.C.P. le apuntó con la escopeta repetidora que portaba y le dijo que él cazaba allí "cuando quería", que no "le buscara la ruina" y que no "diera un paso más". A continuación, le exigió que se quedará "en el barranco" y le amenazó con "pegarle un tiro si le perseguía".
Poco después, según se recoge en el escrito del fiscal, un segundo vigilante les requirió de nuevo y el acusado volvió a empuñar su arma para apuntar contra él. Mientras le pedía a la víctima que dejara su rifle en el suelo y sin esperar a que este lo hiciese, le disparó desde una distancia de "unos ocho metros apuntando a la parte inferior de su cuerpo, por lo que le alcanzó en las piernas".
Tras caer herido el vigilante al suelo, J.M.C.P. se acercó a él y arrojó el rifle lejos. En ese momento, y al tiempo que las persona que le acompañaba le gritaba "mátalo, mátalo", le colocó el cañón de la escopeta a 30 centímetros de la frente y, "con intención de acabar con su vida" efectuó un disparo que, en el "último momento", consiguió desviar la víctima "de un manotazo".
Ambos agresores abandonaron el lugar dejando malherido al vigilante que, a consecuencia del ataque, tardó en curar 90 días de las lesiones, que le han dejado secuelas en forma de cicatrices en las piernas y trastorno de estrés postraumático moderado, según el Ministerio Público.

NO al Descuelgue en Falcon - Acta 21 Junio


Ante la  situación generada en la reunión celebrada el día 21 de Junio de 2012 en el proceso de inaplicación de determinados  aspectos del convenio colectivo nacional de empresas de seguridad, la posición de  CC OO es NO al descuelgue , manifestada,  en la persona de José Caballero, en el acta de esta reunión. Por tanto, no hay acuerdo a la posición planteada por la dirección de la empresa FALCON de descuelgue del convenio colectivo.
La posición contraria a esta decisión y manifestada por algunos asistentes, es a título individual.
Con este trámite CCOO da por cerrado este proceso.

Aproser critica la Reforma Laboral


Eduardo Cobas. Secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser)
"No nos gusta el cambio en los convenios de la reforma"
Cobas expone que las modificaciones sobre los convenios de la reforma laboral "nos pueden acarrear problemas
Fuente: cincodias.com - JAVIER CARAZO - MADRID - 25/06/2012

"La crisis le está pasando factura a un sector cíclico como la seguridad privada. Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de facturación. "Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de facturación, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Administraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de los márgenes comerciales".
Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyuntura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, "porque introduce dosis de flexibilidad", pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios.
"Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos". Para el directivo hubiera sido aconsejable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. "Nos preocupa la actitud de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes", aclara.
En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en un mundo global. "Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica".
A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen menos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. "La realidad demostrará que es una reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede acarrear problemas importantes". En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tratamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, "como dispone la normativa en Alemania y en Francia".
La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportunidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, "ya que perdería la legitimidad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar", sí que pone ejemplos de lo que ocurre en otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales.
Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anunciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que "la detección de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para determinar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante una amenaza terrorista". Y es tajante al afirmar que "nada nos gustaría más que dejar de prestar estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de puestos de trabajo".
Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. "Esta legislación tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un mejor servicio a la colectividad". Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas.
En este sentido, el directivo se pregunta: "¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?". También habla de ofrecer servicios en las prisiones. "Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debidas, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la pública".
En su opinión, "no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas".
Intrusismo
La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas dice que "ha mejorado algo", pero critica el hecho de que haya compañías que, "después de actas levantadas o incumplimientos reiterados", se encuentren entre los principales adjudicatarios de las Administraciones públicas, porque "los contratos se basan únicamente en precio".

viernes, 22 de junio de 2012

Sentencia Tribunal de Justicia Europeo - Vacaciones e IT


Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a recuperar los días de baja que coincidan en vacaciones.

Fuente: FECOHT - CCOO - 21 de Junio de 2012

El día 21 de junio, el tribunal de justicia de las comunidades europeas reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a no perder los días de vacaciones que coincidan con la baja por enfermedad.

Esta sentencia es consecuencia de la demanda puesta a ANGED, respecto a las vacaciones. En la demanda CCOO (entre otros ) solicitaba que se respetara el derecho de los trabajadores y trabajadoras a disfrutar completamente sus vacaciones, aunque estuvieran de baja.

En sentencia de la Audiencia Nacional ya nos dio la razón, pero ante el recurso planteado por la patronal al Tribunal Supremo, éste decidio remitirlo al Tribunal de Justicia de las comunidades Europeas, para que dictaminará.

El Tribunal de Justicia recuerda que el derecho a las vacaciones anuales retribuidas es un principio del derecho social “de especial importancia" y que el derecho a las vacaciones está expresamente reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Por otra parte, destaca que la finalidad del derecho a vacaciones anuales consiste en permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento, y que la legislación española en este sentido se opone a la legislación europea.

 Una vez más, tenemos que llevar a los tribunales derechos que nos corresponden, porque en este país no hay otra manera de que los empresarios cumplan la ley.     

Para CCOO esta sentencia es de suma importancia para todos los trabajadores y trabajadoras, ya que hasta ahora este derecho solo lo tenían aquellas personas que lo tenían establecido en su convenio colectivo.
                                                                  
Ahora tendremos que recibir la sentencia del Tribunal Supremo, que creemos deberá ratificar tanto lo que la Audiencia Nacional, como el Tribunal de Justicia de Europa ha dictaminado dandonos la razón.