lunes, 30 de abril de 2012

Málaga y Granada:Privatización Seguridad Penitenciaria


Interior sustituirá a los guardias civiles de la cárcel por ex escoltas

La AUGC asegura que la medida afectará a "buena parte" de los 60 agentes destinados en Alhaurín de la Torre · El proyecto está en fase embrionaria y obligará a modificar la Ley de Seguridad Privada
Fuente: malagahoy.es - J. CINTORA · R. RENDÓN / MÁLAGA | 30.04.2012 –

El Ministerio de Interior está ultimando el plan que privatizará la seguridad de los centros penitenciarios españoles. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el objetivo del Ejecutivo de Mariano Rajoy es que los escoltas privados del País Vasco y Navarra que protegían a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras es el alto fuego definitivo de ETA se encarguen de la vigilancia de los reclusos. Así lo confirmó, según pudo saber este periódico, a principios de este mes la propia Dirección General del Instituto Armado a la AUGC. 

Optimizar recursos y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección son las dos premisas que se persiguen con el plan del Ministerio de Interior y que ha encomendado a la Dirección General. 

En el último consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como fecha en la que comenzaría a implantarse el nuevo sistema, aunque la incorporación de los escoltas y del personal de las empresas privadas se producirá de forma paulatina. No obstante, otras fuentes niegan que el cambio en el modelo sea tan "inminente" porque el Gobierno está obligado a modificar la Ley de Seguridad Privada, que fija en su articulado que la vigilancia de los centros penitenciarios recae en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, desde los sindicatos se recuerda que el PP goza de mayoría absoluta y que "podría cambiar la ley de forma inminente". Por parte de la Dirección General se ha asegurado a los representantes de AUGC que de llevarse a cabo la privatización se hará de forma paulatina e intentando en lo menos posible que afecte a los agentes y a sus familias. Y se aseguró que incluso habrá algunas unidades que no se verán afectadas. 

El proyecto, todavía por definir, deja en el aire la continuidad de los sesenta efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad en la cárcel de Alhaurín de la Torre, situación que trae de cabeza tanto a la AUGC como a los sindicatos. Para el secretario general de la AUGC en Málaga, Ignacio Carrasco, el cambio afectará a "buena parte de la plantilla" a pesar de que el mando del servicio continuará a cargo de uno o varios agentes en un modelo muy parecido al que funciona en los aeropuertos. En un principio, los agentes de la Guardia Civil mantendrían las tareas de conducción de los presos. No obstante, Carrasco puntualizó que los agentes del Instituto Armado que fueran trasladados seguirían destinados en Málaga. "De lo contrario, la situación sería muy traumática", apunta el representante de la AUGC, para el que el nuevo modelo ofrece demasiadas incógnitas por resolver: "No sé lo que van a hacer y nosotros nos hemos posicionado en contra. No es normal que empresas de seguridad privada se dediquen a proteger las cárceles. Estamos en época de crisis, aunque hay cosas que no se pueden cambiar". Según la Dirección General de la Guardia Civil, el modelo a seguir será al similar que se realiza en los aeropuertos, donde los vigilantes de seguridad tomarían el control de cámaras, accesos y garitas pero "previa supervisión de los guardias civiles". Los propios guardias civiles, según las fuentes consultadas por este periódico, serían los encargados de instruir a los ex guardaespaldas del País Vasco y Navarra. Desde la asociación de guardias civiles se añade que una vez tomada la decisión por parte de sus mandos, "vigilarán" el futuro profesional de los miembros del Instituto Armado que actualmente prestan servicio en las prisiones.

La seguridad de la cárcel de Albolote pasará a manos de ex escoltas parados

Interior idea esta medida para recolocar a los agentes sin actividad tras el fin de ETA · El sindicato AUGC explica que la privatización afectará a 66 guardias civiles de Granada
Fuente: granadahoy.com - D. LENDÍNEZ / GRANADA | 30.04.2012

La vigilancia y el traslado de los presos de la cárcel granadina de Albolote pasará a corto plazo a manos de un servicio privado. Es la decisión que, según el sindicato de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha tomado el Ministerio del Interior para, principalmente, dar salida a los 800 escoltas del País Vasco encargados de proteger a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras el fin de la actividad de la banda terrorista ETA. 

Es una medida que afectará a todas las prisiones de España y directamente a los agentes, ya sea del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, que se encargan de estas labores. 

La AUGC granadina precisa que este relevo afectará a 66 agentes de la Benemérita -en este número están incluidas todas las escalas-, que se distribuyen en cuatro turnos durante la semana en el centro granadino. 46 de ellos custodian el inmueble de alta seguridad y los 20 restantes están destinados a los traslados de los internos, por ejemplo en sus vistas a los juzgados. 

La intención del Gobierno de Mariano Rajoy es la de implantar el modelo americano, en el que la seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuye a empresas privadas incluso ya se lo ha comunicado la Dirección General del Instituto Armado a la AUGC. 

El organismo dependiente del Ministerio del Interior está elaborando un estudio previo, que una vez concluido lo elevará al Consejo. El sindicato mayoritario también está recopilando información para remitirla a Madrid. 

La postura de este sindicato es contraria a las sustituciones. El portavoz de AUGC Granada, Cecilio Medina, explicó que perjudicará en el plano personal a los guardias civiles destinados en las prisiones. Puso como ejemplo que a lo mejor un agente tiene su vida hecha en Albolote, con casa comprada y con niños escolarizados, y ahora lo destinan, digamos, a Guadix. "No es fácil porque hay que reubicar a todo el personal. Hay que tener muchos parámetros en cuenta como la proximidad de unidades y los perjuicios familiares que ocasiona. Además, estaba en estudio la posibilidad de reducir dependencias que estuviesen en una distancia inferior a cincuenta kilómetros para ahorrar los costes de mantenimiento". 

Por lo que sabe, el trasvase se va a materializar de manera progresiva, "pero todos se verán afectados. Se va a llevar a cabo. Las instrucciones del Ministerio del Interior es que las cárceles van a pasar a ser custodiadas por seguridad privada. Debe ser gradual para que la gente se vaya readaptando y para que los nuevos se vayan impregnando de su nueva actividad". Precisó que lo que está en estudio ahora es cómo se va a plantear esa reducción. El proyecto no está del todo definido. 

En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciario. 

Los funcionarios policiales destinados coinciden en la incertidumbre en la que viven desde que supieron de la noticia. Desconocen ahora su futuro, qué será de ellos. AUGC comparte su malestar y propone ideas. "La cosa sería tan fácil como reunir a la plantilla y ver cuáles son sus preocupaciones para adelantarse al día en que ordenen el relevo de sus cometidos". 

Cecilio Medina señaló que las dos variables que han llevado a esta decisión son la situación de desempleo de los escoltas con el fin de ETA y que cada vez hay menos oferta de empleo en la seguridad pública, "pero es que se sigue jubilando gente y los que se van son más de los que entran. Así, la seguridad se resiente". 

El dirigente sindical también cree que el relevo afectará a la calidad de los servicios. "No pongo en duda la seguridad privada, pero la experiencia es un factor fundamental". También el número de efectivos de que dispongan las empresas privadas que se encarguen de la seguridad. Recordó que cuantos más vigilantes, más hay que pagar y en el sector privado se miran mucho los costes. 

El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, previó en unas declaraciones al diario Huelva Información que "la calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un agente de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 horas". 

En resumen, la AUGC rechaza de plano las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo sindical dejó claró que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que "tomará las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".

ERE en Prosetecnisa


Mañana comienza a aplicarse un ERE temporal en la vigilancia privada

La empresa Prosetecnisa reduce hasta el mes de junio a la mitad la jornada laboral de la plantilla tras el recorte aplicado en el nuevo convenio con el Ayuntamiento


Fuente: diariodejerez.es - C.BENJUMEDA / EL PUERTO | ACTUALIZADO 30.04.2012 - 05:01

Los vigilantes privados que prestan servicio en dependencias municipales y en actos públicos verán reducida su jornada laboral a la mitad a partir de mañana martes, día 1 de mayo. Así lo decidieron los representantes sindicales de la plantilla de Prosetecnisa y los responsables de esta empresa concesionaria durante una reunión mantenida la semana pasada, en la que estudiaron cómo afrontar la situación laboral derivada de la reducción del número de horas contratadas a la empresa privada en el nuevo pliego de condiciones, que entró en vigor en marzo. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que se acogerá la plantilla tiene carácter temporal. Su aplicación ha sido decidida por acuerdo entre las partes, al comprobarse que el número de horas contratadas por el Ayuntamiento a la concesionaria se reducía a la mitad. La reducción de jornada ya se venía aplicando en estos meses, cuando los vigilantes pasaron a trabajar cinco horas diarias frente a las siete que hacían habitualmente, aunque hasta el momento la empresa había mantenido las contrataciones a jornada completa. A partir del Primero de Mayo, tras la aplicación del ERE temporal, la plantilla pasará a trabajar en los edificios e instalaciones municipales tan sólo media jornada, mientras el resto del salario hasta percibir la jornada completa será aportado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

En principio el recorte implica que los vigilantes no trabajarán las 162 horas que les corresponde cada mes, como hasta la fecha, sino la mitad, es decir 81 horas. El acuerdo alcanzado consigue impedir que se produzcan despidos tras la reducción del canon que abona el Ayuntamiento a Prosetecnisa por el servicio de vigilancia, que ha pasado de 600.000 a 300.000 euros. No obstante, desde el punto de vista laboral, implica una merma en el tiempo de cotización de la plantilla, y obliga a los trabajadores a acogerse al paro durante media jornada. 

Según el delegado provincial de Actividades Diversas de CC.OO, Alvaro Montaño, el expediente negociado se aplicará durante los meses de mayo y junio, aunque será ampliable. Según reconoce el representante sindical, "no sabemos cuánto tiempo va a durar este sistema de trabajo y si la empresa tomará otro tipo de decisiones más adelante". La previsión de la empresa de vigilancia privada Prosetecnisa, es conseguir negociar más carga de trabajo en El Puerto. Sin embargo, pese a que en principio ningún vigilante quedará en situación de desempleo, "existen pocas posibilidades de que la empresa pueda contratar nuevos servicios", señala el sindicato. La presencia de vigilancia privada en los edificios de titularidad municipal se reducirá a la mitad, excepto en la Casa Consistorial. También los servicios esporádicos que venían prestando los vigilantes se verán reducidos. Uno de los servicios más perjudicados por el recorte ha sido la Plaza de Abastos, donde se han eliminado los dos turnos que había: el primero por la mañana en horario comercial (de 7:30 a 15:00 horas) y el segundo, que se prestaba de madrugada, desde la medianoche hasta las siete. 

La deuda que mantiene el Ayuntamiento con la concesionaria Prosetecnisa asciende a 900.000 euros, según fuentes de CC.OO. La plantilla está formada actualmente por 12 trabajadores fijos y dos empleados eventuales.

Guarda de Campo - Profesión de Riesgo


UNA FIGURA CON MUCHA HISTORIA
Guarda de campo Una profesión de riesgo
Los ladrones de fincas y cazadores furtivos son las principales amenazas de estos vigilantes que son medio centenar en la provincia

Fuente: malagahoy.es - RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA |  29.04.2012

Conocen el campo como la palma de su mano y son desde finales del siglo XIX los únicos históricamente avalados para proteger de robos, cazadores furtivos y daños en las cosechas al medio rural. Durante más de un siglo han sido el apoyo indispensable de la Guardia Civil, creada en 1874 sólo tres años antes que los guardas particulares de campo, en esta labor de vigilancia en la que se enfrentan cada día a situaciones que ponen en riesgo su vida, pero que asumen con valentía y profesionalidad. En la provincia de Málaga hay alrededor de medio centenar de vigilantes rurales que son requeridos para controlar vías férreas, parques eólicos, fincas, cotos de caza, romerías o cualquier evento que tenga lugar en el medio rural.
todo el tiempo en la más absoluta soledad.

Es una figura poco conocida para los que no están demasiado familiarizados con el medio rural. Pero quizás les suene más si supieran que es el equivalente al vigilante de seguridad que merodea el interior de un centro comercial o una estación de tren en un núcleo urbano. Ambos están regulados por el Ministerio del Interior y tienen autorización para portar armas de fuego y realizar incluso, en caso de que fuese necesario, una detención.
Sin embargo, en la práctica las condiciones en las que estos guardas tienen que desempeñar su trabajo a diario no son tan idílicas. Hacer frente a los cazadores furtivos que se adentran en los cotos sin ningún pudor y a los grupos de ladrones que de forma tan organizada actúan en las fincas rurales para apropiarse de todo lo que se encuentran a su paso les ha dado un susto a más de uno.
El colectivo se enfrenta cada día a insultos, amenazas e incluso agresiones de los propios socios de los cotos por restringirles la caza
Insultos, amenazas de muerte e incluso agresiones son demasiado habituales últimamente entre los que se dedican a esta profesión. Con el aumento de los robos que se están produciendo en el campo en los últimos años, dicen estar vendidos. A Francisco Delgado, un guarda particular de campo que a sus 58 años lleva 40 en la profesión, su trabajo estuvo a punto de costarle la vida. Fue hace unos años cuando un grupo de rumanos que entró a robar aceitunas en la finca que vigilaba fueron sorprendidos in fraganti por este guarda que sin dudarlo decidió perseguirlos con su coche cuando trataban de huir en un vehículo sin darse cuenta de que otros compinches lo seguían a él. "De repente me embistieron por detrás y me estrellé contra un árbol. Me dejaron inconsciente con una fractura de cráneo hasta que alguien me encontró y sobreviví de milagro", contó con la resignación de ser consciente del peligro que corre pero con la seguridad de saber que no dejará un trabajo del que vive desde que tenía apenas 18 años.

También a Alberto González, que heredó su pasión por el medio rural de su padre que fue guarda particular de campo hasta no hace mucho, la vida le dio una segunda oportunidad después de un grave encontronazo que tuvo con un cazador al que pilló cazando en el coto que vigilaba conejos con hurones, una práctica muy habitual para capturarlos vivos y venderlos a otros cotos de caza que utilizan para repoblar. "Cuando fui a identificarlo me tiró una piedra en la cabeza que me llevó a estar en el hospital ingresado varios días por la lesión que me provocó", explicó. Lo más frustrante para estos vigilantes del campo es saber que por más que pillen in fraganti a uno de ellos cometiendo alguna infracción "nunca les pasa nada porque al día siguiente están en la calle otra vez", criticó Rafael Tejero, delegado de la Federación Española de Entidades de Guarderío (Fedguar) en Málaga, que demandó mayor apoyó de la Guardia Civil cuando se enfrentan a uno de estos casos en el campo y que a los que por falta de personal en los pueblos en raras ocasiones suelen acudir para socorrerles.


Si les da tiempo a anotar la matrícula del vehículo en el que huyen los ladrones o cazadores furtivos la mayoría de las veces están falseadas y es imposible identificar a los autores después, si les plantan cara corren peligro de ser agredidos y si logran denunciarlos en pocas ocasiones esas multas terminan traduciéndose en una sanción económica. Muchos de los que son denunciados no reaccionan de forma violenta en el momento, pero actúan posteriormente en venganza contra el guarda de campo en cuestión para tratar de que sea despedido del coto o la finca en la que trabajan. Por ejemplo, Manuel Zambrano, otro vigilante del medio rural que lleva más de dos décadas en la profesión, ha sufrido en varias ocasiones un acto vengativo de estas características. Al parecer, cortar los olivos de la finca y poner cebos envenenados en el coto para matar a las especies cinegéticas que hay en él son algunas de las prácticas más comunes.


Además de las trabas a las que se exponen en el desempeño de su función día tras día, se enfrentan a otro problema más de tipo de administrativo que desvirtuando la función que históricamente llevan desempeñando. La competencia que la figura de los guardas de coto, creada por la Junta de Andalucía en 1996 cuando asumió las competencias en materia de caza, en opinión del colectivo, no ha hecho más que degradar su profesión hasta el punto de que dejaron de ser agentes de la autoridad como lo habían sido hasta ese momento y pasar a ser meros auxiliares desprovistos del principio de veracidad. Es decir, desde ese momento su palabra no tiene el mismo peso como el de un agente de la autoridad a la hora de demostrar lo ocurrido como prueba judicial. Andalucía y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades donde existe esta figura que, según Ángel Tejedor, delegado de Sevilla y miembro de la directiva de Fedguar en España, lo "único que produce es confusión e intrusismo". Lo más grave es que denunció que los guardas de coto están ejerciendo labores de vigilancia cuando sus funciones se ciñen a una mera gestión ambiental. Pese a todo, son capaces de valorar lo afortunados que son al poder trabajar en algo que les apasiona y en un medio privilegiado.

domingo, 29 de abril de 2012

Acuerdo Prosegur Aeropuerto Barcelona

Eulen despide Vigilantes por los recortes


PROVINCIA ALICANTE
La compañía justifica los despidos en la rescisión del contrato por Bienestar Social
Fuente: laverdad.es - 29.04.12 - 00:43 - B. S. | ALICANTE.
En las cartas de despido que ya han recibido todos los vigilantes de seguridad, la empresa Eulen justifica las bajas laborales en causas económicas y productivas en aplicación del decreto ley 3/2012 de reforma del mercado laboral. Argumenta que «como consecuencia del plan de estabilidad presupuestaria y sostenitibilidad financiera de la Generalitat, ésta se ha replanteado los contratos de suministros y prestación de servicios, analizando cuáles son prescindibles. Fruto de esos ajustes, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social ha tomado la decisión, que nos ha sido comunicada (afirma Eulen el 13 de abril a sus vigilantes), de rescindir el contrato mercantil de arrendamiento de servicios de seguridad privada suscrito con Eulen Seguridad para todos los centros Mujer 24 Horas de la Comunitat».
La empresa alega causas organizativas «al tener que introducir cambios en el modo de organizar el servicio, por lo que se ve obligada a amortizar los puestos mediante extinción de la relación laboral existente». Fuentes oficiales de la Conselleria de Bienestar Social ya explicaron el jueves a este diario que la ausencia de vigilantes la suplirá con la conexión de los cuatro centros de mujeres maltratadas a una central de alarmas. Las abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas dudan de la efectividad de este sistema «que lo tuvimos y no funciona desde hace cinco años». Creen que ante la eventual visita de un maltratador, el protocolo de actuación ante las Fuerzas de Seguridad «es mucho más lento».
RECORTES DEL CONSELL
Los centros para atender a las mujeres maltratadas se quedan sin vigilancia
La Conselleria de Bienestar Social afirma que la seguridad está «garantizada» con una central de alarmas
Fuente: lasprovincias.es - 26.04.12 - 11:37 - BERNAT SIRVENT | VALENCIA
LOS DATOS
2.778 mujeres maltratadas fueron atendidas en el último año en los cuatro centros Mujer 24 Horas.
El 33% son extranjeras, cuyos casos crecen más. 824 son solteras, 715 casadas, 417 divorciadas y 178 separadas.
El 77,3% tienen hijos a cargo. El 37% tiene estudios primarias, el 35% secundarios y el 12% universitarios.
Los recortes que está imponiendo a velocidad de crucero la Generalitat Valenciana en sus empresas dependientes y servicios públicos no dejan títere con cabeza, en el sentido más literal. Los ajustes presupuestarios y del gasto corriente se ceban ahora con uno de los sectores más sensibles y vulnerables de la sociedad actual: las mujeres que sufren violencia de género.
La Conselleria de Bienestar Social ya tiene decidido suprimir, desde el 1 de junio, la figura del vigilante de seguridad en los cuatro centros Mujer 24 Horas de atención integral a mujeres víctimas de malos tratos físicos o psíquicos, agresiones y acoso sexual y abuso de otros tipos.
Frente a la vigilancia reglada que había hasta ahora en los cuatro centros de Alicante, Valencia, Castellón y Dénia (entre cuatro y seis profesionales del sector de la seguridad privada, de empresas especializadas), estas casas de acogida encargadas de reaccionar legal y administrativamente contra los maltratos exhibirán en su puerta desde el próximo mes a subalternos.
Se trata de otra figura profesional en el convenio del sector privado de seguridad, que tiene menos capacidad de persuasión ante una eventual visita por parte del maltratador o acosador, según explican fuentes del sector y también la secretaria general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro.
Fuentes oficiales de Justicia y Bienestar Social que dirige el conseller Jorge Cabré confirman a este diario el cambio y lo justifican directamente en los «ajustes» del gasto de la Administración autonómica, pero se niegan a hablar de que se reduce la seguridad preventiva o persuasiva en estos centros de atención que abren todos los días del año y a todas horas del día.
La dirección general de Familia y Mujer, cuyos técnicos son los que han decidido este cambio laboral de peso, asegura que los cuatro centros Mujer 24 Horas estarán conectados directa y permanentemente con una central de alarmas, lo que supone que ya no existirá la figura disuasoria del vigilante de seguridad (vaya o no armado). En el centro de Benalúa de Alicante, este trabajo lo venía realizando la empresa Eulen, según explican desde CC OO, cuyos delegados sindicales ya han dado las voces de alarma en los últimos días.
Los técnicos de Bienestar Social sopesaron de dónde recortar en las últimas semanas. Finalmente, decidieron que era mejor aplicar el recorte en el ámbito de la seguridad de sus centros que en el de los equipos multidisciplinares que conforman trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas expertas en asuntos de familia. «Tan importante es garantizar la seguridad, que está garantizada con la central de alarmas y los subalternos, como que las mujeres afectadas por maltrato recuperen lo antes posible la normalidad absoluta», explica la Conselleria de Bienestar Social.
La voz de alarma de la supresión de vigilantes jurados en estos centros de acogida, en los que las mujeres afectadas son derivadas por la Policía o enviadas desde las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), la dieron los delegados sindicales de CC OO hace unas semanas tras la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de la licitación para el ambiguo «servicio de gestión integral de los centros de mujer».
Este concurso está valorado en 3.379.508 euros, con el IVA excluido y es para un año, a partir del 1 de junio, según precisa la Conselleria.
La tramitación de la licitación se ha hecho por la fórmula de urgente y procedimiento abierto dada la premura con la que el Consell quiere aplicar los recortes en los gastos para evitar a toda costa cualquier sombra sobre una posible intervención en las cuentas públicas por parte del Estado.
Hace unos días, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció el despido de 5.000 empleados públicos de varias empresas, entre ellas RTVV, Vaersa, Ciudad de la Luz o Ivvsa.

Atropella a un Vigilante


Roba precintos en un hipermercado de Sagunt y en la huida atropella a un vigilante
Fuente: levante-emv.com – 29 Abril 2012
TXEMA CAMPOS SAGUNT
Un vigilante, de 35 años, de un hipermercado de Sagunt resultó herido, con fractura de tibia y peroné, al ser atropellado cuando daba el alto a un vehículo conducido por un hombre que acababa de robar rollos de precinto en el centro comercial. Los hechos ocurrieron en la gran superficie de la calle Fausto Caruana, entre los dos núcleos urbanos de la ciudad. Eran aproximadamente las diez y media de la mañana cuando un hombre evitó pagar unos precintos saltando la barrera de una de las cajas de cobro que estaba cerrada.
Al percatarse del hurto el guardia de seguridad inició la persecución en el aparcamiento. El ladrón cogió su coche, un Renault Megane de matrícula francesa, y pese a que el vigilante le ordenó que parase siguió con su marcha, llevándose por delante al hombre. Una ambulancia trasladó al herido con las fracturas en la pierna hasta el hospital de Sagunt. La Policía Nacional y la Local iniciaron la búsqueda del autor del atropello que se dio a la fuga. La grabación de las cámaras de seguridad será determinante para dar con el agresor.

viernes, 27 de abril de 2012

Las inversiones de Prosegur en Brasil


BRASIL
Prosegur financiará la adquisición de Brasil Nordeste Segurança y Transbank a través de bonos
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
   Prosegur financiará la adquisición de Brasil Nordeste Segurança y Transbank, empresas de referencia en el sector de la seguridad privada en el mercado brasileño, a través de la emisión de bonos de distribución pública restringida, según ha anunciado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   De esta forma, el grupo de seguridad privada sustituye el crédito sindicado que había formalizado con varias entidades financieras por esta modalidad de financiación con régimen de garantía firme de colocación por la totalidad.
   Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y Banco Bradesco BBI, que también ejercerá como entidad coordinadora, actuarán como colocadores en la operación, que tiene como finalidad estructurar la financiación a través de un instrumento "más eficiente".
   El resto de condiciones de este nuevo instrumento serán idénticas a las del crédito sindicado, financiación a cinco años por importe de 450 millones de reales brasileños (181,4 millones de euros), amortizable en nueve plazos y con un tipo de interés referenciado al índice de financiación brasileño CDI.
   La adquisición supone para Prosegur una inversión total de 710 millones de reales brasileños (309 millones de euros), incluyendo la deuda de las compañías compradas, además el grupo de seguridad privada acordó un pago variable complementario a los vendedores de hasta 115,5 millones de reales brasileños (50 millones de euros) a determinar en función del cierre de los resultados de 2011.

Huelva: Privatización Seguridad Penitenciaria


La PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA
Interior sustituirá a un tercio de los guardias de la cárcel por ex escoltas
La AUGC prevé que la medida, aún por definir y a la que se opone tajantemente, afecte a entre 15 y 20 agentes de Huelva · Propone la recolocación del excedente en el Puerto, la Usecic y el Núcleo de Servicios
fUENTE: huelvainformación.es - RAQUEL RENDÓN / HUELVA | ACTUALIZADO 27.04.2012 - 01:00

El Ministerio de Interior pretende privatizar el servicio de vigilancia de los centros penitenciarios españoles. También el de Huelva. En la actualidad, es la Benemérita la que asume estas competencias. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de implantar en parte el modelo americano -donde la seguridad de las cárceles, las conducciones y los propios edificios se atribuye a empresas privadas- responde a la situación en la que han quedado unos 800 escoltas del País Vasco, encargados de proteger a políticos y autoridades y que se han quedado sin actividad tras el fin de la banda terrorista ETA. Así lo confirmó a principios de este mes la propia Dirección General del Instituto Armado a la AUGC.

El proyecto, todavía por definir, deja en el aire la continuidad de un tercio de los efectivos de la Guardia Civil destinados a garantizar la seguridad exterior en la penitenciaría provincial de La Ribera, algo que trae de cabeza a la asociación profesional. El secretario jurídico de la AUGC en Huelva, José Manuel del Valle, explicó ayer a este rotativo que los ex escoltas o las empresas de seguridad privada que concurran a la oferta por la prestación se encargarán "en principio del servicio de vigilancia exterior, controlando las garitas, la entrada a la cárcel y el circuito cerrado de cámaras de televisión".

Pese a que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias declinó ayer realizar cualquier manifestación al respecto, Huelva Información ha podido saber que la Dirección General de la Guardia Civil ha establecido que los agentes destinados en unidades propias de seguridad penitenciaria "permanezcan en las mismas, asignándoles tareas de control y coordinación de los vigilantes de seguridad y el traslado de presos". Precisamente esto es lo que ocurre en Huelva, con lo que el proyecto impactará con menor violencia en la plantilla de la Benemérita destacada en La Ribera.

Del Valle indicó que "ahora mismo somos unos 60 efectivos en Huelva, pero como mantendremos las tareas de conducción, algo en lo que aventajamos a los compañeros de otras cárceles, calculamos que sobrarían entre 15 y 20 guardias". Es decir, prácticamente la tercera parte del global.

La Dirección General del Instituto Armado ha fijado que los posibles excedentes de personal que pudieran producirse "se trasladen a los puestos principales y cabeceras de compañía más cercanas". Con ello se persigue que no se vean abocados a trasladarse de domicilio para seguir con el ejercicio de sus funciones, algo que preocupa y mucho a la AUGC de Huelva, "porque esta situación sí sería muy traumática para nuestros guardias", señaló Del Valle.

La asociación se reunió recientemente con el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, trasladándole la "incertidumbre" en la que se hallan los efectivos de la cárcel. El representante estatal "nos dijo que se intentaría acoplar a los agentes que sobren en otras unidades que se encuentren cerca de la prisión", como ya ocurriera con los efectivos del puesto de Torre del Loro, que se incorporarán a los de Lucena del Puerto y Torre La Higuera. Si no fuera posible, "se estudiaría individualmente cada caso", según la Dirección General de la Guardia Civil.

Huelva Información ha tenido acceso al informe de la AUGC onubense que ha formado parte del documento nacional que radiografía la coyuntura actual de las prisiones españolas, solicitado por Interior para aplicar la privatización con conocimiento de causa. En este estudio, los representantes profesionales de la unidad onubense consideran que "es difícil" que otras secciones de la Comandancia de Huelva absorban a los 60 guardias que conforman la plantilla penitenciaria y detallan que "al menos 15 ó 20 de ellos tendrían que realizar las conducciones y reforzar el Núcleo de Servicios". Serían los imprescindibles que se salvarían del desplazamiento.

La propuesta de la AUGC de Huelva pone el foco de la recolocación sobre otras dos unidades de la Benemérita: la del Puerto y la de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

La primera, indica el informe, "está bastante falta de personal pese a la nueva llegada de una ruta de pasajeros entre Canarias y Huelva; debería haber más guardias en el Puerto porque siempre hay una garita sin nadie". Este incremento de efectivos portuarios "serviría para dar más seguridad y tener una plantilla adecuada".

La AUGC ve en la Usecic de Huelva otra posible salida, puesto que "es de las más pequeñas de las unidades", con una limitación de agentes tal que "sólo tiene para hacer dos turnos por servicio". Tanto es así que para completar la Sección de Intervención Rápida "tienen que llamar a gente de otras unidades". El refuerzo con efectivos de la cárcel "serviría para aumentar la seguridad ciudadana".

La sugerencia de la delegación onubense de la AUGC establece, en caso extremo, la reubicación de medio centenar de agentes penitenciarios: 25 se incorporarían al Núcleo de Servicios, otros 15 (incluidos sargentos y cabos) se establecerían en la Usecic y una decena, en el Puerto de Huelva.

Fuentes de la Comandancia de la Benemérita en Huelva aseguraron ayer a este diario que de momento no han recibido los detalles del proyecto del Ejecutivo ni instrucción sobre su aplicación, con lo que todavía no pueden pronunciarse al respecto.

En el último Consejo de la Guardia Civil se apuntó al próximo mes de junio como la fecha en que comenzará a implantarse el sistema privado de vigilancia penitenciaria. No obstante, la incorporación de los escoltas o las empresas de seguridad se producirá de forma paulatina. Lo mismo ocurrirá con los guardias, que tendrán que instruir a los recién llegados antes de su marcha.

Según la Dirección General de la Benemérita, el modelo a seguir será similar al de los aeropuertos, donde los vigilantes de seguridad tomarían el control de cámaras, accesos y garitas pero "previa supervisión de los guardias civiles".

José Manuel del Valle prevé que la "calidad de la vigilancia mermará, teniendo en cuenta que un agente cobra 1.400 euros al mes por ocho horas de servicio, mientras que un guardia de seguridad puede estar trabajando doce horas por 1.200 euros". 
La AUGC mantiene, pues, una postura de rechazo absoluto a las sustituciones, ya que aboga "por una seguridad pública y, en ningún caso, por la privatización de la seguridad en todos sus órdenes". El colectivo profesional dejó claro que vigilará para que en ningún caso se lesionen los derechos de los agentes y que tomará "las medidas oportunas para evitar dicha sustitución".

Vigilantes de Puerto Sherry defienden su trabajo


Los vigilantes de puerto Sherry, en defensa de sus puestos de trabajo y de la seguridad del recinto portuario
26 de Abril de 2012 13:14h – Fuente: teleprensa.es - Cádiz
EL PUERTO.- Ante el anuncio por parte de la empresa propietaria del reciento portuario Puerto Sherry de eliminar el servicio de vigilancia, la plantilla de trabajadores quieren transmitir a la ciudadanía de El Puerto de Santa Maria que comenzarán un proceso de reivindicaciones en defensa de sus puestos de trabajo, y hacer valer lo importante de sus funciones y el interés para la ciudad de que dicho recinto portuario cuente con la preceptiva vigilancia, sin la cual se incrementarían los riesgos de posibles tráficos ilícitos y que afectarían a toda la ciudad.

En todo caso, los trabajadores desean recalcar, desde el primer momento, que su reivindicación en ningún momento es de índole económica, sí la defensa de sus empleos y el sustento de sus familias.

Estos trabajadores llevan más de 20 años desempeñando, de forma intachable y colaborando en todo momento con las fuerzas de orden público, las funciones de vigilancia y seguridad para mantener el Puerto controlado, para que tanto los propietarios de embarcaciones como los visitantes alojados en el Hotel o quienes se encuentren en los distintos locales de ocio dentro de la instalaciones tengan la tranquilidad de que la seguridad está cerca para cualquier tipo de actuación dentro de sus funciones establecidas por la Ley de seguridad privada.

Por parte de la propietaria de las instalaciones se ha comunicado el interés en extinguir el servicio de vigilancia, ante lo cual estos trabajadores desean poner en conocimiento de la ciudadanía su situación laboral y, además, el potencial riesgo que tendría la ciudad a partir del momento en que Puerto Sherry no tuviera un servicio de vigilancia.

En ese sentido, se reclama a las autoridades con capacidad de intervención, en concreto a Subdelegación del Gobierno, el cumplimiento de las resoluciones de todos los Gobernadores Civiles y Subdelegados del Gobierno que han ejercido sus funciones en nuestra provincia. Y para ello, se ha pedido el apoyo del Ayuntamiento, obteniendo ya el compromiso de PSOE, IU e IP, que han solicitado una Junta de Portavoces de todos los grupos, donde esperan consensuar con PP y PA una declaración de apoyo unánime a la plantilla y el compromiso de resolver con Subdelegación la polémica suscitada.

A juicio de los trabajadores, de lo que se trata es de hacer cumplir lo establecido en el Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, (BOE 10-01-95) por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que establece con carácter obligatorio y de acuerdo con lo prevenido en el art. 81 de dicho Reglamento, que el servicio de seguridad en el complejo Puerto Sherry de El Puerto de Santa Maria, se preste con vigilantes de seguridad como hasta ahora se venía prestando.


Hoy se celebra la junta de portavoces sobre la vigilancia en el recinto de Puerto Sherry
El puerto deportivo prescindirá del actual servicio privado a partir del próximo 9 de mayo
Fuente: diariodecadiz.es - TERESA ALMENDROS / EL PUERTO | ACTUALIZADO 27.04.2012 - 01:00
El Ayuntamiento celebra en la mañana de hoy una junta de portavoces, a petición de los grupos de la oposición municipal, para abordar la supresión del actual sistema de vigilancia privada en las instalaciones de Puerto Sherry, del que la empresa Marina de El Puerto prescindirá desde el próximo 9 de mayo.

Hasta ahora el puerto deportivo se había acogido a lo dictado en el Real Decreto 2364/1994 por el que se aprobaba el Reglamento de Seguridad Privada, en el que se estipulaba que el servicio de vigilancia en Puerto Sherry se prestara con vigilantes de seguridad con carácter obligatorio, tal y como habían respaldado hasta ahora desde la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Ahora, el criterio de la Subdelegación ha cambiado y a instancias de la empresa, se ha autorizado que la empresa gestora del recinto se encargue de la seguridad utilizando también medios propios.

Fuentes de Marina del Puerto explicaron ayer que en ningún puerto deportivo de España era ya de aplicación la Ley de Seguridad Privada y añaden que con la modificación del actual sistema incluso se incrementará la vigilancia, ya que se instalará un sistema de videocámaras y se combinará la presencia de algunos vigilantes jurados con otro personal propio de la empresa que gestiona Puerto Sherry.

Desde Marina de El Puerto señalan que la legislación hasta ahora aplicada se acordó cuando Puerto Sherry era una zona completamente aislada del resto de la ciudad, algo que consideran que ahora ya no es de aplicación.

Ante el anuncio de la empresa propietaria de Puerto Sherry de rescindir el contrato con la empresa Eulen, que lleva veinte años vigilando las instalaciones, la plantilla de dicha firma anuncia que emprenderá un proceso de movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo, para hacer así valer la importancia de sus funciones y el interés para la ciudad de que el recinto cuente con la preceptiva vigilancia, sin la cual consideran que aumentarían los riesgos de posibles tráficos ilícitos que afectarían a toda la ciudad.

Los trabajadores recuerdan que llevan más de 20 años desempeñando su función "de forma intachable" y colaborando en todo momentos con las fuerzas de orden público.

La plantilla reclama asimismo a las autoridades con capacidad de intervención en este asunto, en concreto a la Subdelegación del Gobierno, "el cumplimiento de las resoluciones de todos los gobernadores civiles y subdelegados del Gobierno que han ejercido sus funciones en la provincia". Para ello, han pedido también el apoyo del Ayuntamiento, obteniendo ya el compromiso de los grupos municipales del PSOE, izquierda Unida e Independientes Portuenses, que han solicitado la convocatoria de la junta de portavoces que se celebrará a última hora de la mañana de hoy.

Los vigilantes esperan también poder consensuar hoy una declaración de apoyo con PP y PA, partidos en el gobierno local, de manera que se solicite a la Subdelegación el compromiso de resolver la polémica suscitada.


jueves, 26 de abril de 2012

Vigilantes acampados en Madrid


MÁLAGA
Trabajadores de Esabe acampan en Madrid por el impago de sus nóminas
26.04.12 - 01:55 – Fuente:diariosur.es
F. JIMÉNEZ. |
Un grupo de trabajadores de la empresa de seguridad Esabe llevan desde el lunes acampados en Madrid ante la sede central de la entidad para reclamar el pago de las tres últimas nóminas. El conflicto se remonta hasta mayo de 2011, cuando le empresa dejó de operar en Málaga dejando en el aire a una docena de empleados. El convenio del sector establece que cuando una firma cierra, las empresas que se hagan cargo de sus clientes deben subrogar a los empleados, algo que no se ha producido y que está pendiente de que se pronuncien los tribunales. La plantilla ha decidido endurecer sus protestas, que iniciaron hace dos semanas con concentraciones a las puertas de la delegación de Esabe en Málaga.

miércoles, 25 de abril de 2012

Segunda Empresa Seguridad Francesa suspende pagos


Seguridad Neo en suspensión de pagos

Fuente: lefigaro.fr - AFP  25/04/2012

La segunda empresa más importante en el sector de la  Seguridad Privada en Francia, Seguridad Neo , se declaró hoy insolvente ante el Tribunal de Comercio de París, de acuerdo con una declaración de un portavoz del grupo a la AFP. "Hemos presentado la suspensión de pagos a las 5:00 pm de hoy. La cuenta atrás ha comenzado ", dijo a la AFP el portavoz del grupo que  emplea a unos 5.000 trabajadores. Dado el número de puestos de trabajo en juego, si la quiebra no se puede evitar " Va a ser la más importante de los últimos 5 años", dijo. "No estamos pidiendo el mundo, solo requiere de un crédito puente de 15 millones de euros", añadió. La sociedad había sido constituida en marzo de 2009, cuando Jean-Michel Houry, un antiguo directivo de Brink y hoy propietario del 30% del grupo, y otros directivos, se había hecho cargo de las actividades en Francia, muy deficitarias, del grupo británico G4S. La reestructuración propuesta en el momento de la adquisición se ha retrasado, Seguridad Neo había sido puesta en proceso de rescate en marzo de 2011. Las dificultades del grupo se vieron agravadas por la negativa de fondos de inversión IPE, que debía aportar 25 millones de euros en dos etapas a cambio de una participación del 70%. El comprador optó por tirar la toalla a principios de abril, después de un minucioso examen de las cuentas, alegando que la necesidad real de financiación de la empresa era en realidad cercana a los 40 millones de euros.

Más información


Escoltas de Eulen protestán por el ERE


SEGURIDAD | Con la reforma laboral
Escoltas de la empresa Eulen protestan por el despido de 104 trabajadores
 Se manifiestan ante la empresa bajo el lema 'Eulen Seguridad. ERE Despidos no'
Critican que la dirección no ha ofertado un plan de recolocación               Cuestionan las 'ridículas' indemnizaciones que cobrarán los afectados

Fuente:Efe | Bilbao – elmundo.es - martes 24/04/2012 21:05 horas

Varios escoltas de Eulen Seguridad se han concentrado este martes ante la sede de esta empresa en Bilbao para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción planteado para 104 trabajadores del País Vasco y Navarra.
Los concentrados han permanecido toda la mañana en el exterior de la empresa, en cuya sede se ha celebrado una reunión entre la dirección y los representantes de los trabajadores, con una pancarta en la que se leía "Eulen Seguridad. ERE Despidos no".
Uno de los integrantes del comité de empresa por el sindicato ELA, Mario Álvarez, ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo de la movilización es "forzar" a la empresa para que plantee una negociación "en condiciones".
Ha criticado que, hasta el momento, la dirección no ha ofertado un plan de recolocación, sino únicamente ocho puestos para más de cien personas, y tampoco un plan de "acompañamiento" a través de cursos para que los despedidos dispongan de mejores condiciones para encontrar trabajo.
También ha cuestionado las "ridículas" indemnizaciones que cobrarán los despedidos como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral y el "hermetismo" de la dirección ante la posibilidad, planteada por el comité, de colocar a los despedidos en otras actividades de la empresa.

martes, 24 de abril de 2012

Inglaterra: Aumenta la seguridad en hospitales


CCTV aumentó en el Queen Elizabeth Hospital


Fuente: www.lynnnews.co.uk - Lunes 23 de abril 2012

La seguridad en el Queen Elizabeth Hospital ( QEH ) se ha visto reforzado por un sistema de circuito cerrado de televisión de 20 cámaras en el departamento de A & E.
En otras áreas del hospital, la instalación de 64 cámaras ha dado lugar a una caída notable en el comportamiento anti-social.
El especialista de gestión de seguridad del hospital, Gary Morris, dijo: "El aumento de las medidas de seguridad proporcionan un medio eficaz de disuasión contra el comportamiento amenazante y abusivo hacia el personal."
Ha habido una notable disminución en los incidentes y, en las raras ocasiones en que estos se han producido, las pruebas de vídeo había sido entregadas a la policía para ayudar a perseguir a los culpables, dijo el señor Morris.

Las cámaras han sido suministrados por la firma Gardwell Secure Systems.

La empresa elegida por el hospital confía en ayudar a proteger al personal, a los pacientes y a los visitantes, especialmente contra los incidentes relacionados con el abuso de drogas y el alcohol.
El departamento de A & E también ha sido equipado con alarmas de pánico y las cámaras son monitoreadas remotamente mediante CCTV por la sala de control del distrito de West Norfolk.
También se han instalado ocho cámaras para aumentar la protección de los pacientes más jóvenes en las áreas pediátricas.
El Sr. Morris dijo  que Gardwell había proporcionado un servicio profesional y de confianza, incluyendo un programa de mantenimiento.
El hospital tiene una política de tolerancia cero hacia los alborotadores y, en febrero de este año, un equipo de vigilantes de seguridad profesionales fue contratado para proteger al personal y a los pacientes.
Con anterioridad, la seguridad era asumida por celadores, además de su función habitual.
Los Vigilantes,  de la empresa especializada Securitas, van equipados con chalecos antiapuñalamientos y patrullan por las zonas más importantes de la instalación, incluyendo el servicio de urgencias.
El año pasado, se dio a conocer que el número de ataques contra el personal del QEH se había duplicado en cuatro años, de 46 en 2006-2007 a 92 en 2010-2011. El aumento se atribuyó a  que el personal está más convencido de denunciar los hechos.