viernes, 31 de mayo de 2013

Lugo: Los vigilantes no subrogados por Prosetecnisa levantan la acampada














LUGO
Los vigilantes no subrogados cobrarán el desempleo y levantan la caravana
Confían en recibir el primer ingreso a partir del 10 del mes próximo

DOLORES CELA

Fuente: lavozdegalicia.es - lugo / 31 de mayo de 2013

Los trabajadores no subrogados de Sequor a Prosetecnisa confían en poder empezar a cobrar el paro a partir del próximo mes de junio. Desde noviembre, hasta ahora, solamente percibieron una mensualidad, la de febrero, y en dos plazos. El último esta misma semana.

Los 13 afectados al comprobar que ya les han concedido las prestaciones por desempleo abandonarán la caravana. Hoy al mediodía levantarán la movilización que iniciaron a mediados de abril, después de que la adjudicataria de los servicios de seguridad que llevaba Sequor, -Santo Anxo y Lug- Prosetecnisa, se negara a subrogar al personal. Lo harán con una concentración ante la Xunta.

Los vigilantes estaban hasta ahora en terreno de nadie. Fuentes de la CIG señalaron que les concedieron las prestaciones por desempleo a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo que recoge la negativa de Prosetecnisa a subrogar al personal. Este informe fue solicitado el pasado 12 de abril cuando comparecieron todas las partes, a requerimiento del citado órgano de la administración.

Cuatro de los 17 trabajadores que se quedaron en situación de desamparo en su momento están trabajando para Prosetecnisa después de haber aceptado las condiciones propuestas por la empresa y que no coincidían con las de la subrogación.

Levantar el campamento

Los vigilantes acordaron ayer en asamblea mantener una movilización semanal hasta que se celebren los juicios de las demandas presentadas contra Prosetecnisa. En las conciliaciones previas la empresa no se presentó. Las primeras vistas están señaladas para principios del mes de septiembre. Los afectados demandan la subrogación, alegando que cumplen las condiciones estipuladas para ello.

Los afectados todavía no recibieron las notificaciones del Instituto Nacional de Empleo confirmando que están aceptadas sus solicitudes, pero comprobaron que están en curso.

Los vigilantes instalaron la caravana delante de la Xunta días después de que se confirmara que la empresa, con sede en el País Vasco, no iba a subrogarlos. Hasta hoy cubrieron sus turnos de trabajo en los centros que tenían asignados en la caravana.


Prosetecnisa contrató a otros vigilantes para cubrir los puestos de los que formaban parte de la plantilla de Sequor. La selección la realizó, según fuentes sindicales, antes de que vencieran los plazos.

Elche: Los vigilantes de la Ciudad de la Justicia no cobran sus nóminas

Los vigilantes de la Ciudad de la Justicia están sin cobrar desde marzo por los impagos del Consell
La empresa se escuda en que la Administración no paga y la conselleria reconoce la deuda sin dar fechas concretas para saldarla

Fuente: diarioinformacion.com - E. G. BROTONS 31.05.2013 | 02:33

Van a trabajar cada día pero a final de mes en sus cuentas bancarias no entra ni un euro en concepto de nómina. Así están los vigilantes que atienden la Ciudad de la Justicia de Elche y el resto de instalaciones dependientes de la Conselleria de Justicia en toda la Comunidad desde marzo. La empresa de la que dependen, CECA Seguridad, renovó su contrato con la Generalitat Valenciana a finales del año hace unos meses pero no está cobrando y, por lo tanto, tampoco se encuentra en situación de pagar a sus empleados. Al menos eso es lo que les ha llegado a los vigilantes, que se quejan de la falta de información que les hace sentir prácticamente abandonados porque nadie (ni empresa ni sindicatos) les ha dado ninguna explicación oficial o por escrito.

Los seis vigilantes de seguridad que se encargan de la Ciudad de la Justicia de Elche (cinco fijos y uno itinerante) son responsables -bajo supervisión de la Guardia Civil- de la seguridad por las noches entre semana y durante las 24 horas de los sábados, domingos y festivos. Solían cobrar su nómina el día 5 de cada mes -igual que unos setenta compañeros en la Comunidad-, pero ni en mayo llegó ni en junio lo ven claro, aseguran.

No es la primera vez que se encuentran así. Más bien el incumplimiento en el pago de sus salarios se ha convertido en la tónica general, con todos los agravios que ello implica para sus economías familiares. En junio del año pasado, la empresa adoptó la medida de dejar de pagarles porque se había quedado sin liquidez a raíz de que la Conselleria de Justicia llevara seis meses sin pagar y se habló de una deuda de en torno a un millón de euros.

En agosto volvieron a darse los mismos problemas y los empleados tuvieron que soportar cerca de tres meses sin ver ingresadas sus nóminas, hasta que CECA se puso al día alrededor de noviembre. Por aquellas fechas unos diez vigilantes de la provincia se pusieron de acuerdo para reclamar por los tribunales su sueldo, pero nada se ha movido a nivel judicial, lo que aumenta su sensación de desamparo: "Cuando haya juicio resultará que ya hemos cobrado y se reirán de nosotros, porque ademas hemos pagado al abogado", lamenta uno de ellos.

Adjudicación

A pesar de haberse resuelto el retraso, algunos empleados consultados por este diario consideran que la empresa restauró la normalidad sólo para poder volver a optar a la adjudicación del servicio, que se renovó a partir del 1 de marzo de 2013, para un periodo de tres años y por valor de casi 4,5 millones de euros. Y es que desde ese momento volvieron a aparecer las quejas, y sólo quince días después los sindicatos denunciaban que la Conselleria le debe a la empresa 2,9 millones de euros.

La administración autonómica reconoció ayer la existencia de la deuda, aunque no cuantificó ni el importe ni el retraso que acumula. Desde Justicia señalaron que "se está estudiando para priorizar el pago lo antes posible", aunque sin ninguna estimación temporal.

Si hace unos meses los vigilantes de la empresa que cobraban con retraso eran los que atienden las instalaciones judiciales y también las sanitarias (caso por ejemplo del Hospital General de Alicante), algunos empleados señalan que ahora la Conselleria de Sanidad ya ha pagado su deuda y por lo tanto los vigilantes de centros sanitarios reciben su nómina con normalidad, al contrario de lo que ocurre con los que atienden los juzgados.

A este respecto lamentaron que se les utilice como medio de presión (pues consideran que no se les paga para presionar a la administración) y reivindican que ellos no trabajan para una u otra conselleria, sino para una mercantil, por lo que la empresa tendría que pagarles a todos con los mismos criterios independientemente de que su cliente, en este caso la Generalitat, haya dejado de pagarle. Este diario ha intentado conocer la versión de CECA, sin éxito.


CCOO alerta a Metro Madrid sobre la contratación de la Seguridad


































miércoles, 29 de mayo de 2013

Segurpri - Monográfico Nº 20 - Mayo 2013

Segurpri – Monográfico Nº 20, Día de la Seguridad Privada









SUMARIO
 Portada ............................................................................................................................... 1
 Sumario .............................................................................................................................. 2
Orden INT/704/2013, por la que se establece el “Día de la Seguridad Privada”......... 3
 Comisión Nacional de Seguridad Privada 2013............................................................. 4
 DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA ................................................................................ 10

 Anexo: Extracto de la Pragmática de Carlos I ............................................................. 24

El Comité de Coviar denuncia las condiciones laborales

Crisis económica
El comité de Coviar denuncia las condiciones laborales de la plantilla

Fuente: heraldo.es - Efe. Pamplona|28/05/2013 a las 20:44 

Critican "la reducción brutal" de salario sufrida y que "pese a realizar el mismo trabajo, no todos los trabajadores perciben lo mismo".

Los representantes de los trabajadores de la Compañía de Vigilancia Aragonesa S.L. (Coviar), empresa dedicada a la seguridad privada, que cuenta con diversos servicios de protección a personalidades en Navarra, denunció este martes las condiciones laborales en las que se encuentra la plantilla.

El comité integrado por delegados de CC. OO., UGT y Alternativa Sindical informó de que, tras la aplicación de un despido colectivo en el 2012, debido a la reducción de servicios de escoltas por parte del Ministerio del Interior, la plantilla ha quedado reducida de 60 a 24 trabajadores.

Según explicaron en un comunicado, en junio de 2012 la empresa les planteó una rebaja salarial, amparándose en la reforma laboral, que no fue aceptada por el comité, lo que llevó a la dirección a aplicar una rebaja salarial que suponía una "reducción brutal" de sus salarios de en torno al 50%.

Esa merma solo se aplica a una parte de la plantilla, lo que, según subrayaron, provoca una "clara discriminación salarial", ya que "pese a realizar el mismo trabajo, no todos los trabajadores perciben el mismo salario".

A los afectados por esta rebaja salarial, la empresa no les está aplicando el convenio, según los sindicatos, que denunciaron que "no les están retribuyendo en forma alguna la disponibilidad, ni las horas extras, ni el trabajo en festivos, debido a la especificidad de la actividad de escolta".

Al mismo tiempo el comité apuntó que la empresa sigue cobrando, por parte del Ministerio del Interior, "lo mismo por cada servicio, esto es, en torno a unos 6.000 euros al mes por cada uno", por lo refleja que pese a la reducción de servicios, la empresa "pretende mantener e incluso aumentar sus márgenes de beneficios a costa de reducir los salarios de algunos trabajadores de forma escandalosa".

El comité sostiene que ha pedido "en múltiples ocasiones a la empresa, que se avenga a negociar la equiparación de las condiciones salariales de los trabajadores", dado que, teniendo la misma categoría profesional y realizando las mismas funciones, existe una diferencia de salario de unos 700 euros al mes.

Asimismo ha solicitado al Ministerio del Interior que se implique en la solución del conflicto, puesto que, en su opinión, "no se entiende que una empresa que incumple sistemáticamente las obligaciones con sus trabajadores y provoca discriminación entre ellos, resulte premiada con la adjudicación de los nuevos servicios de vigilancia de centros penitenciarios".

En concreto, según apuntaron, Coviar ha resultado adjudicataria de los servicios de vigilancia de dos centros penitenciarios en la provincia de Zaragoza.


En las próximas semanas, los trabajadores van a realizar una serie de movilizaciones, la primera de ellas el próximo 5 de junio frente a la Delegación del Gobierno en Pamplona.

martes, 28 de mayo de 2013

Convenio Colectivo: SASEGUR aplicará el Convenio Sectorial y regularizará los atrasos


El 27 de Mayo la empresa SASEGUR, S.L. se ha comprometido mediante la firma de un acuerdo con los representantes de los trabajadores en la empresa a aplicar el Convenio Colectivo del Sector.

Adecuará  los salarios a lo previsto en el vigente Convenio Colectivo Estatal de empresas de Seguridad Privada 2012-2014, en la nómina de junio.


Se compromete al pago de los atrasos correspondientes al periodo enero 2012/mayo 2013. En señal de buena voluntad, la empresa realizará un primer pago en la nómina de septiembre, estudiándose en una próxima reunión del Comité y representantes provinciales, el pago del importe restante, dicha reunión tendrá lugar antes del 10 de diciembre de 2013.

Tribunales / Ariete Seguridad no está obligada al pago del Convenio Sectorial

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 23 de mayo de 2013, por la que se exime a la empresa Ariete Seguridad del abono de los incrementos pactados en el Convenio Colectivo Sectorial para el año 2012.

El tribunal desestima la demanda interpuesta por los sindicatos UGT, USO y CCOO al entender que la empresa no está obligada al cumplimiento del incremento pactado ( 2.4% ) sobre la base de que había efectuado un descuelgue salarial del Convenio Colectivo, que no había sido impugnado, y el mismo había sido registrado y plasmado posteriormente en un convenio Colectivo de empresa que se publicó en el BOE, el 21 de Marzo de 2013.


La sentencia, desestimatoria de las pretensiones de los Sindicatos demandantes, argumenta que el descuelgue de Ariente Seguridad se efectuó sobre el convenio 2012-2014, con independencia de que el mismo se publicara tiempo después, y determina la inaplicabilidad del Convenio Colectivo Sectorial.

Asturias:La ausencia de Seguridad en el origen de la agresión a una médica

Achacan a la «falta de seguridad» una agresión a una médica en Llanes

Fuente: ine.es - 28.05.2013

Llanes La «falta de seguridad» está en el origen de una agresión que sufrió el pasado domingo una médica en el centro de salud de Llanes. La profesional fue golpeada varias veces por una paciente, lo que, según el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), demuestra las consecuencias de la ausencia de guardias de seguridad y vigilantes en Atención Primaria. La médica no tuvo que ser atendida tras la agresión.

El centro de salud de Llanes contó hasta hace un año con vigilantes de seguridad las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos. Ahora son los propios profesionales, médicos y enfermeros, los que, en consultorios como el de Llanes, deben hacer las veces de recepcionistas en esos períodos de tiempo.


«Tras la desaparición de guardias de seguridad en Atención Primaria ya empiezan a verse las consecuencias», señaló el SIMPA en su página web. El sindicato concluye: «La inseguridad vuelve a los centros, pero al Consejero eso le preocupa bien poco».

lunes, 27 de mayo de 2013

Prisión Palencia: Valoran positivamente la presencia de Vigilantes

PALENCIA
Dos vigilantes refuerzan desde comienzos de mes la seguridad en la cárcel
Este programa experimental en la prisión de La Moraleja durará nueve meses y después se valorará su continuidad

Fuente: elnortedecastilla.es - 26.05.13  | PALENCIA

Lo anunció el pasado 18 de marzo el delegado del Gobierno en la región, Ramiro Ruiz Medrano, durante su visita junto al director del Imserso, César Antón, al Centro Asistencial San Juan de Dios de la capital palentina. A partir del 1 de abril, cuatro centros penitenciarios de Castilla y León iban a incorporar vigilantes de seguridad de empresas privadas de forma «experimental». Esas cuatro cárceles elegidas eran La Moraleja, en Dueñas; Topas, en Salamanca; Mansilla de las Mulas, en León, y el centro penitenciario de Villanubla, en Valladolid. Ruiz Medrano explicó que en ellas se iba a compatibilizar el servicio de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con vigilantes privados, y que, con el tiempo, se vería si la medida tiene continuidad o se buscan otras alternativas.

Pues bien, en la cárcel de Dueñas se valora positivamente la medida, según explica el director del centro penitenciario, Javier Díez, que hace hincapié en que durante el mes que llevan prestando su servicio los dos vigilantes de seguridad destinados, no ha habido ningún incidente en la cárcel. «Llevan en el centro desde primeros de mayo, uno de ellos en el control de acceso a la prisión y el otro, en el control de las cámaras del recinto exterior, pero los dos están acompañados de guardias civiles, no les sustituyen», añade Javier Díez, que señala que los dos vigilantes van a desempeñar su labor en el centro penitenciario durante nueve meses y, al término, «se hará un informe para que el Ministerio decida si es viable o no».

Fuentes del Ministerio del Interior han incidido en que «no se trata de suplir la labor de los guardias civiles sino de reforzar su trabajo en tareas de vigilancia no esenciales al tratarse de vigilantes que no van armados».

Los vigilantes, en su mayoría escoltas que perdieron su trabajo en el País Vasco desde el fin de las hostilidades por parte de ETA, vienen «a reforzar el servicio que presta la Guardia Civil en los controles de acceso de la puerta exterior, las garitas o las cámaras, siempre bajo la supervisión de los agentes», resumen fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Los antiguos escoltas proceden de una unión temporal de seis empresas del sector creada para la ocasión y que destinará a 11 vigilantes en el caso de la prisión de Valladolid y a otros 18 para cubrir los tres turnos de las restantes cárceles de Palencia, León y Salamanca. Así hasta sumar 250 efectivos en 21 centros.

La Asociación de Guardias Civiles (AUGC) entiende que aunque se asegure que esta medida «solo será un refuerzo» al trabajo que hacen las Fuerzas de Seguridad del Estado, en el fondo la intención final del Gobierno es «privatizar la seguridad en las prisiones».


Tampoco la Unión de Guardias Civiles (UGC) ve con buenos ojos la incorporación de vigilantes privados a las prisiones. «No tiene mucho sentido reforzar un servicio que ya estaba bien cubierto por los guardias civiles destinados en las cárceles cuando nadie ha detectado que hubiera problemas graves que obligaran a incorporar nuevos efectivos», afirman.

viernes, 24 de mayo de 2013

ESABE: Multaron con 7,5M€ y le adjudicaron 35 M€


La Seguridad Social multó con 7,5 millones a Esabe el año que la contrataron por 35 en Sanidad
La policía detuvo a la cúpula de la contratista por un fraude de 30 millones en las cotizaciones de sus empleados

Fuente: levante-emv.com - 24.05.2013
SERGI PITARCH VALENCIA

Los incumplimientos de la empresa de seguridad y limpieza Esabe, investigada por Anticorrupción, con la Seguridad Social fueron numerosos durante toda su trayectoria, principalmente entre los años 2004 y 2011. Esos impagos, que la ley penaliza con la imposibilidad de contratar con instituciones públicas, no fue impedimento para conseguir millonarias adjudicaciones de la Generalitat, como ha venido contando este periódico en la última semana. El Ministerio de Trabajo multó en 2008 a Esabe con 7,5 millones de euros por no abonar las cotizaciones de sus empleados, justo el mismo año que la Conselleria de Sanidad le adjudicó un contrato de limpieza de 35 millones de euros sin experiencia previa en este sector. Un año antes, en plena tramitación de los expedientes sancionadores, le cayeron otros 11 millones del mismo departamento.

Según la denuncia de la Seguridad Social a la que ha tenido acceso este periódico y que está fechada el 11 de diciembre de 2008, la empresa Esabe incurrió en nueve infracciones cuyas multas ascendieron a 7.491.400,6 euros. El proceso sancionador se había iniciado por unos impagos de 2004 al no haber liquidado las cuotas de la Seguridad Social. En esa fecha, Esabe llevaba meses realizando la limpieza de hospitales tan importantes como la Fe o el General de Alicante y gestionaba la seguridad privada de estos mismos centros y cinco departamentos sanitarios de la C. Valenciana.

Las investigaciones que actualmente realiza la fiscalía Anticorrupción y la policía tienen que ver con este tipo de fraude, aunque la cantidad asciende a los 30 millones de euros. Los propios trabajadores de Esabe en Valencia y Alicante sufrieron en sus carnes la gestión desastrosa y supuestamente fraudulenta del propietario (Juan José Prados del Pino, ahora en paradero desconocido) y en noviembre de 2010 alertaron a la Conselleria de Sanidad, en concreto, al otrora director económico Eloy Jiménez de los impagos y las dudas con la Seguridad Social.

De nada sirvieron los avisos de los empleados. En enero de 2011 Sanidad volvió a adjudicar la seguridad de la Fe y otros centros por casi 12 millones. Cabe recordar que un imputado aseguró que para saltarse el requisito de incumplimiento con la S. Social Esabe habría pagado sobornos a un cargo de la Conselleria de Sanidad llamado "Eloy".

Madrid Arena: Siete meses después, Nadie asume la responsabilidad



FÁTIMA NÚÑEZ, EXCONCEJAL DE SEGURIDAD, NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD
Botella se la devuelve a Cifuentes: Madrid carga a la Policía Nacional la tragedia del Arena

Fuente: elconfidencial.com - Ana I. Gracia - 23/05/2013  

¿Quién garantizaba la seguridad de los miles de jóvenes que se reunieron la noche de Hallowen en el Madrid Arena? Se abre una nueva batalla en la guerra por quién tuvo la culpa de que cinco adolescentes murieran aplastadas en Madrid la noche de Halloween en un recinto de titularidad pública tras una avalancha mortal, posiblemente porque el aforo de la sala estaba "sobradamente sobrepasado", como atestiguó el atestado policial.

Casi siete meses después del trágico suceso, la exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Fátima Núñez, ha declarado ante el juez instructor del caso, Eduardo López-Palop, que era la Policía Nacional, dependiente de la Delegación del Gobierno, a quien le correspondía controlar las alteraciones de orden público que se produjeran tanto en el interior como en el exterior del recinto. Su única facultad el día de autos era ser “el órgano político de la Seguridad y las Emergencias”, pero en ningún momento tenía que intervenir en la puesta en marcha de sendos dispositivos, según la versión que ha mantenido en el Juzgado. Horas más tarde, su abogado ha precisado que "no ha imputado a la Policía nacional o a la Delegación de Gobierno ninguna acción u omisión en lo sucedido".

Hace dos semanas, la responsable de la Policía Municipal del distrito de Moncloa y encargada del dispositivo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, manifestó ante el mismo juez que nunca recibió la orden de cambio de nivel de riesgo, tal y como manifestó el inspector jefe de la Policía municipal, Emilio Monteagudo, volviendo a recaer todas las miradas sobre la supuesta mala praxis de aquella noche al área de Seguridad del ayuntamiento de Madrid.

La ex número dos de Antonio de Guindos se ha mantenido al margen de la tragedia durante las tres horas que ha estado sentada ante el juez esta mañana. Núñez insistió varias veces, según la declaración de uno de los abogados de las víctimas, que aquella fiesta de Halloween era “privada”, por lo que tenía su propio servicio de seguridad y sanitario. Además, hizo hincapié en que ella solo tenía conocimiento de las órdenes y su única actuación era afirmar el “recibí”. Dos de los abogados de las acusaciones particulares han abandonado la sala como medida de protesta ante "el mitin político" y "la falta de coherencia" que estaba ofreciendo Núñez en su declaración, lo que han considerado "una falta de respeto".

Luis Rodríguez Ramos, el abogado que defiende al ayuntamiento de Madrid, asegura que Núñez "asume su facultad de ser el órgano político de la seguridad y de las emergencias", pero ha volcado todo tipo de responsabilidad a la Policía y al Samur. "Ella no tiene que intervenir en los dispositivos. Un órgano político tiene la función de transmitir las directrices de un programa electoral que se convierte en un programa de gobierno", ha especificado a las puertas del Juzgado.

Nadie tiene potestad en la seguridad

Las primeras investigaciones sobre la Thriller Music Park, la fiesta de Halloween organizada por la empresa Diviertt S.L. indicaban que la avalancha humana que provocó la muerte de cuatro jóvenes la pudo producir un exceso de aforo. Pero todos los implicados siguen mirando hacia otro lado: el organizador (Diviertt y los hermanos Flores), el dueño (el ayuntamiento de Madrid) y las empresas de seguridad contratadas (Seguriber –que dependía del consistorio- y Kontrol 34 –contratada por Diviertt).
A medida que se deshace la maraña de lo que ocurrió la noche de Ánimas en la Casa de Campo se evidencia que todos los implicados encadenaron fallos que desembocaron en la tragedia. Mientras se desmenuza lo sucedido, cada uno utiliza el argumento que más le conviene para intentar salir impunes del caso.

El primer episodio que intenta desenredar el juez es por qué nadie terminó con el macrobotellón de muchos de los jóvenes que se agolparon en los aledaños del Madrid Arena antes de que saliera la estrella de la noche, DJ Steve Aoki, prevista para las cuatro de la mañana. ¿Quién o quiénes eran los encargados de que no se produjera una entrada desordenada en tropel, o manda, o avalancha? Flores, el cerebro de la fiesta, señala a Seguriber. El propietario de Kontrol 34, Carlos Manzanares Rodríguez, también se lava las manos poniendo como excusa que sus 63 ‘controladores’ únicamente realizaban “labores auxiliares”. Dice que por ley no podían hacer ninguna labor de seguridad. La investigación policial los señala como los responsables de que entraran menores.

Diviertt dijo ante el juez que no contrató más vigilantes jurados porque para eso el ayuntamiento tenía a Seguriber, que únicamente destinó a cinco guardas al interior para vigilar las puertas de emergencia. Por contrato, no tenía otra misión.

Núñez es la primera del Ejecutivo local que escurre el bulto de la seguridad. Su exjefe, el ya dimitido Antonio de Guindos, responsabilizó a sus subordinados -incluida Núñez- de que fallara el dispositivo del Arena. Ahora, ella señala directamente a la Policía Nacional y al Samur, mientras estos devuelven la pelota al tejado del consistorio madrileño, propietario del recinto donde se celebró la fiesta. Nadie, de momento, asume ninguna responsabilidad.

jueves, 23 de mayo de 2013

Guadalajara: Entregan 28 menciones honoríficas


La Comisaría de Policía ha entregado 28 menciones honoríficas
Fuente: lacronica.net - 23 mayo 2013 

Los mejores vigilantes jurados de Guadalajara están en esta foto

La Comisaría de Guadalajara ha hecho entrega de 28 menciones honoríficas a miembros de la seguridad privada de la provincia de Guadalajara.


Los vigilantes homenajeados en este 2013, posan ante el cuartel del GEO en Guadalajara.

El acto, que tuvo lugar en el salón de actos del acuartelamiento policial del Grupo Especial de Operaciones, estuvo presidido por el Comisario Principal de la Comisaría de Guadalajara, Alfonso Cid Alguacil, el cual hizo hincapié en la especial colaboración que existe en la provincia entre la Comisaría de Guadalajara y las distintas empresas de seguridad privada.

En esta primera oportunidad se ha premiado a los más destacados en la colaboración entre ambas instituciones, los cuales estuvieron acompañados por familiares y amigos, así como por miembros de la Policía Nacional que desarrollan su trabajo en colaboración diaria con las empresas de seguridad privada.

Según lo dispuesto en la Orden 704/2013 de 10 de abril, se establece “El día de la Seguridad Privada” publicada en el Boletín Oficial del Estado.

En el modelo legal español de seguridad, la seguridad privada se configura como auxiliar y colaborador especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Convenio Sectorial: Descuelgue Protección y Vigilancia Salmantina



La empresa Protección y Vigilancia Salmantina ha llevado a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo  de carácter colectivo al amparo de la Reforma Laboral que se concreta en un reducción del salario neto mensual de 100€ y dejar sin efecto el abono de los pluses de nocturnidad, festividad y peligrosidad.

El acuerdo de modificación, tras el período de consultas, ha sido validado por la representación de los trabajadores y por la propia plantilla , siendo su período de aplicación del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2013.

Madrid Arena: Gobierno y Comunidad Madrid adjudican contratos a Seguriber


Gobierno y Comunidad de Madrid dan contratos a Seguriber, acusada por el Madrid Arena

Fuente: ecodiario.eleconomista.es – 21 Mayo 2013

El Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid parecen haber lanzado un claro desafío al Ayuntamiento. El consistorio de la capital ha acusado a Seguriber, la empresa encargada de la seguridad en el Madrid Arena, de la tragedia que el pasado 1 de noviembre se cobró la vida de 5 jóvenes por una avalancha durante la fiesta de Halloween. Técnicos de Seguriber verificarán si la cámara del vomitorio del Madrid Arena grabó las imágenes de la avalancha

Y en plena investigación judicial a la compañía, y con dos de sus máximos responsables imputados, el Ministerio le ha adjudicado un contrato de 7,1 millones de euros y el Gobierno autonómico otro de 362.976 euros.

Aunque tiene un importe menor, el caso más llamativo, lógicamente, es el del Ejecutivo que preside Ignacio González, que es para hacerse cargo de los servicios de seguridad integral de los edificios de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid. El contrato tenía inicialmente una base de licitación de 355.196 euros más IVA, lo que elevaba el importe total del mismo a 429.787 euros. Fue formalizado el pasado 14 de marzo, aunque su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) no apareció hasta hace sólo unos días.

Imputación

Llama la atención que la adjudicación se produjo prácticamente al mismo tiempo que el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, citara a declarar como imputados por la tragedia del Madrid Arena al jefe de Equipo de Seguriber, Raúl Monteverde, y al inspector jefe, Iván Somonte. Éste último admitió, de hecho, que el problema fue que el operario de cámaras no vio las avalanchas que se produjeron en el pabellón.

El contrato adjudicado ahora a Seguriber lo había logrado, en un principio, otra sociedad, Imán Seguridad, aunque su oferta, según aparece registrado en el BOCM fue consideraba inviable el pasado febrero en los términos en los que la había redactado y fue, por lo tanto, retirada. Fue entonces, cuando, según figura en el BOCM, el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones, José Martínez Nicolás, optó por la oferta presentada por Seguriber, que "ha resultado ser, según el orden de clasificación, la segunda económicamente más ventajosa, entendiendo como tal la del precio más bajo".

Entre las grandes empresas de seguridad la adjudicación ha provocado, sin embargo, una gran sorpresa. Para las grandes compañías que operan en el sector, hay firmas, como Seguriber, que ofrecen precios muy competitivos a base de reducir al máximo los costes -incluidos los salarios a la plantilla- sin poder garantizar así un servicio correcto.

El sector lleva pidiendo desde hace meses que Mónica Oriol, presidenta de Seguriber, presente su dimisión como presidenta del Círculo de Empresarios, sobre todo después de las acusaciones del Ayunta- miento de Madrid, en las que se responsabilizaba directamente a su empresa de la tragedia del Madrid Arena.

"Si se demuestra la existencia de negligencias en el control y la seguridad del evento, y teniendo en cuenta, sobre todo, que ha habido cinco jóvenes fallecidas, Oriol debería dimitir cuanto antes sino quiere hacer un daño irreparable no sólo al sector si no a todo el empresariado español", aseguraban hace unos meses desde una empresa competidora de Seguriber.

Pero el contrato de la Comunidad de Madrid no es el único. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte adjudicó también hace unos días a la empresa imputada por el caso Madrid Arena, el servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos edificios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de Archivos y Bibliotecas por importe de 7,1 millones de euros, según han confirmado fuentes próximas a la mesa de contratación. UGT ha criticado ya abiertamente esta adjudicación al tratarse de una empresa "denunciada por el Ayuntamiento de Madrid por las cinco muertes del Arena", según asegura Javier Figueroa Saavedra, segretario general de la sección sindical del sindicato. CIS y Segur Ibérica competían con Seguriber por este contrato, que incluye la seguridad en los museos.

En fase de instrucción

Desde Seguriber se asegura, sin embargo, que todavía no hay notificación oficial de esta nueva adjudicación por parte del Ministerio de Educación y se insiste, asimismo, en que, puesto que no se ha producido ningún fallo en el proceso abierto y que el caso sigue en proceso de instrucción, sin que el juez se haya pronunciado aún sobre los responsables de la tragedia, "es lógico que las empresas, como es nuestro caso, sigan funcionando y presentándose a contratos públicos, adjudicándoselos en el caso de que su oferta sea la más competitiva".

En el pliego de condiciones del contrato aparece además la figura de coordinador de seguridad, "con unos complementos de productividad elevadísimos para ser personal externo", según especifica el sindicato.

Se refiere a que cobran un complemento en cada una de las quince pagas de 1.718,70 euros. "También disponen de un vehículo de empresa y teléfono móvil de última generación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado", detalla UGT.

Para el sindicato, "esta contratación vulnera el principio de austeridad proclamado por este Gobierno, los principios de eficacia y eficiencia del gasto público, las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores". Todo, a la espera de la resolución del proceso judicial.

Melilla: Adjudican contrato a Serramar a pesar del impago a los trabajadores


Serramar se adjudica la vigilancia del CETI aunque no ha pagado aún a sus empleados

Fuente: elfarodigital.es - Melilla 22 de Mayo de 2013 12:18 -  Tania Costa    

Media plantilla de la empresa de seguridad todavía no ha cobrado el sueldo del mes de abril.

Ya se había anunciado, pero el contrato no estaba formalizado. La empresa Serramar, que ha sufrido atrasos en el pago de los sueldos de sus 55 trabajadores de Melilla desde el mes de marzo, ya es la adjudicataria oficial del servicio de vigilancia del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Coincidiendo con el anuncio en el BOE, fuentes sindicales de Serramar confirmaron a El Faro que media plantilla sigue sin cobrar la nómina de abril, a estas alturas de mayo. “La empresa nos ha asegurado que a lo largo de esta semana pagará los sueldos que tiene pendiente. Si no cumplen su promesa, a finales de este mes pondremos una denuncia ante la Inspección de Trabajo”.
Antes no tendría sentido poner la reclamación, aclaran, porque “si Serramar paga a todos los trabajadores el viernes, se quedaría en papel mojado”, subrayaron a El Faro.

Desde la empresa mantienen la versión que en varias ocasiones han ofrecido a este periódico: Que no pagan a sus trabajadores porque varios ministerios,  entre ellos el de Empleo, les adeudan cerca de 400.000 euros. Por eso están seguros de que no habrá rescisión del contrato de 2,2 millones de euros que les asegura trabajo en el CETI durante los próximos 25 meses. “Si la Administración no paga, no puede pedirnos que paguemos nosotros”, aseguraron a este periódico.

Luchas sindicales intestinas

Fuentes sindicales de Serramar en Melilla afirmaron a este periódico que siguen sin dar crédito a las declaraciones del responsable de Organización y Administración de  la Ejecutiva estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Juan Carlos López Reyes, que la semana pasada comentó a El Faro que no entendía la dimisión del representante de USO en Serramar de Melilla, porque, según sus propias palabras, “uno no puede dimitir de un cargo que no ostenta”.

Asimismo, en tono irónico, comentaba a este periódico que no sabía qué medicación se estaba tomando el representante sindical de USO en la ciudad y le recomendaba que se la cambiara porque, en su opinión, “no le sienta bien”.

Al respecto, el representante de USO en Melilla dijo ayer a El Faro que al escuchar declaraciones como ésa tenía la impresión de estar más frente a un “mafioso”, que frente a un dirigente sindical. “El año que viene hay elecciones en la Ejecutiva y quieren quitarnos de  enmedio a los que discrepamos y no les vamos a votar”, añadió.

Denuncia ante la Dirección de Trabajo

El secretario de Organización y Administración de la Ejecutiva estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Juan Carlos López Reyes, ha señalado a El Faro que el sindicato USO ha interpuesto una denuncia contra la empresa Serramar en toda España ante la Dirección General de Trabajo. Asimismo animó a los trabajadores de Melilla, que siguen sin cobrar sus sueldos, a que a nivel particular pongan una reclamación a la mercantil. “Para eso nos tienen a su disposición”, añadió.

López Reyes sospecha de la explicación que ha dado Serramar en Melilla para justificar el retraso de los pagos de los sueldos de los trabajadores. “Si sólo se retrasaran a la hora de pagar en Melilla, les creeríamos, pero es la misma película en toda España”, recalcó.

En esta línea subrayó que en más de una provincia hay denuncias interpuestas contra Serramar, “porque es una empresa que incumple” y lanzó acusaciones en torno a la forma en que la mercantil aplica la Ley de Seguridad Privada o cotiza a la Seguridad Social.

Eulen se lleva el contrato de limpieza del Ingesa por cerca de 31.000 euros

Eulen ha conseguido la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla por 31.333 euros.

La propuesta de Eulen ha sido la oferta económica más ventajosa para la administración, que sacó a concurso el servicio por 77.875 euros. O sea la rebaja de la empresa supera el 50%.

Según consta en la web de la Plataforma de Contratación del Estado, la oferta más alta presentada al concurso de licitación asciende a 33.652 euros.

Hay que tener en cuenta que Eulen también se ha adjudicado el servicio de vigilancia del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta por 2,9 millones de euros, un importe superior al asignado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a su competidor, Serramar, que se hizo con la vigilancia del CETI de Melilla por 2,2 millones, según recogió ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tal y como ha recogido El Faro, en los últimos ocho meses Eulen ha logrado contratos por al menos 7,5 millones de euros en Melilla. La mayoría de ellos son concesiones del Ministerio de Defensa y del Ingesa.