miércoles, 30 de septiembre de 2015

Ilunion Seguridad: ¿ Para cuando la uniformidad de Invierno ?

De todos es conocido el problema que hay en Ilunion Seguridad con la uniformidad de invierno.

A pesar de que los trabajadores hicieron entrega de las las prendas de Vinsa para adaptarlas al nuevo nombre de la empresa, a fecha de hoy no son pocos los trabajadores que aún carecen de ellas y difícilmente podrán utilizarla  en las fechas que normalmente se realiza el cambio de uniformidad ( primeros de Octubre ).

Esta situación conlleva que no podrán utilizar ropa adecuada a las temperaturas que hoy en día ya se dan en los turnos nocturnos y a primeras horas de la mañana o bien entrada la tarde.

A fecha de hoy no se sabe, por parte de la gerencia de Ilunion,cuando va a estar disponible esa uniformidad cuando es un problema urgente y que requiere de una rápida solución, por lo que desde la representación de CCOO en el Comité de Empresa se ha hecho participe de la misma, tanto al Gerente Sr. Vidal, como a la Dirección de la empresa.


Es indudable que la planificación en esta empresa dista mucho de la que se le supone a un gran grupo empresarial de servicios.

lunes, 28 de septiembre de 2015

Legislación: Un nuevo permiso retribuido

Un nuevo permiso retribuido

Se aprobó en pleno verano en la disposición final de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y supone la modificación del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.3, el que regula los permisos retribuidos.

Elaborado por CCOO Ilunion Seguridad Madrid – 28 Septiembre 2015.

Este nuevo permiso comparte letra -la f- con el permiso que deben conceder las empresas a las trabajadoras embarazadas para asistir a los exámenes prenatales y las clases de preparación al parto. Pero supone más días de permiso y afecta tanto a trabajadoras como a trabajadores.

Reconoce el derecho de los trabajadores que quieran adoptar o acoger a un menor a ausentarse del trabajo para asistir a las sesiones informativas obligatorias sobre el procedimiento de adopción o acogimiento y para someterse a las sesiones necesarias (psicológicas y sociales) previas a la declaración de idoneidad.

¿Qué es la declaración de idoneidad? Es el primer requisito imprescindible para comenzar un proceso de adopción o acogimiento. Se trata de un documento que emiten las autoridades para acreditar que una persona o una pareja son aptas. Y para obtenerlo deben someterse a un proceso de formación y posteriormente de valoración con entrevistas por parte de psicólogos y trabajadores sociales.


Si todos estos trámites coinciden con la jornada del trabajador o la trabajadora, la empresa deberá conceder los permisos retribuidos que sean necesarios hasta que obtengan el certificado.

Vigilantes denuncian agresiones en un centro comercial de Portugalete

Denuncian agresiones y amenazas en un complejo comercial de Portugalete

Un vigilante de seguridad recibió un mordisco cuando procedía a detener a una mujer que, al parecer, intentó robar en una tienda

Fuente: elcorreo.com - AIDA M. PEREDA - 27 septiembre 2015

Acaba de reincorporarse a su trabajo, pero tras 14 años realizando labores de seguridad ya no ve su vocación tan clara. «Hasta ahora me gustaba lo que hacía, pero ya no, porque veo que los delincuentes son impunes y hacen lo que les da la gana», critica un vigilante de seguridad del centro comercial Ballonti de Portugalete tras ser agredido por una joven de 18 años a la que interceptó tras intentar robar en una tienda.

Los vigilantes consideran que no deben patrullar solos, sino en pareja. Detalle del mordisco que recibió uno de ellosLos vigilantes consideran que no deben patrullar solos, sino en pareja. Detalle del mordisco que recibió uno de ellos / PEDRO URRESTI

El pasado 12 de septiembre, hacia las siete de la tarde, las dependientas de una conocida cadena de ropa alertaron al personal de seguridad de la presencia en su local de dos mujeres de etnia gitana que metían prendas en una bolsa con actitud sospechosa. Como en ese momento él se encontraba atendiendo a una señora que había perdido a su hija, acudieron dos de sus compañeros. Las presuntas ladronas echaron a correr, cada una en un sentido, y al verlo, este vigilante atrapó a una de ellas en plena huida. «Me dio golpes y patadas, me arañó en el brazo y se me abalanzó enganchándome con sus dientes a la altura del pecho. La camisa quedó rota y llena de sangre», detalla, mientras muestra la huella del mordisco.

Tras zafarse de ella «a base de empujones», la mantuvo retenida a la espera de que llegase la Ertzaintza. «Durante los 25 minutos que tardaron en venir recibí todo tipo de insultos. Me dijo que su marido iba a venir a buscarme para matarme a mí y a mi familia y me deseó la peor muerte del mundo», relata. Ya en presencia de la autoridad policial, denunció las lesiones y amenazas sufridas, pero los agentes únicamente identificaron a ambas mujeres y las acompañaron a la salida. «Encima se marcharon riéndose, diciendo que me quedaba con el mordisco de una gitana de recuerdo», se lamenta. Durante los diez días que ha estado de baja por accidente laboral ha recibido curas médicas y ha tenido que vacunarse contra el tétanos y la rabia y someterse a un análisis de sangre para descartar el contagio de otras enfermedades.

«Cualquier día puede ocurrir una desgracia de las gordas», denuncia Endika Bernaola, representante legal del CISPE, el Colectivo Independiente de Seguridad Privada de Euskadi, que advierte de que la única solución es que el centro y la empresa de vigilancia contratada refuercen el servicio de seguridad con más personal. «Ningún vigilante debería patrullar solo, sino en pareja. Aquí, cada uno está en una punta y les piden que se muevan mucho para que parezca que son más», critica. Asimismo, solicita que los trabajadores reciban formación en prevención de riesgos y defensa personal.

Hurtos frecuentes

Según ha podido saber este periódico, poco después de que este vigilante fuese agredido, una banda de Europa del Este robó 600 euros en calzado en otro local. Los agentes detuvieron a uno de los implicados, en busca y captura. «Nadie quiere venir a trabajar aquí. Un sábado cualquiera puede haber como mínimo entre 7 y 10 denuncias de robos en tiendas y sustracciones de móviles y carteras. Esto no ocurre con esta frecuencia en ningún otro centro comercial de la zona», indican.


Las agresiones e insultos a los dependientes también están a la orden del día. Hace cinco meses otro vigilante requirió asistencia médica por recibir un mordisco en un dedo tras defender a una vendedora que fue arrastrada y pateada por un grupo de ladronas. «Hay personal de las tiendas que ha recibido amenazas y no hablan por miedo», advierten. Por su parte, la dirección del centro comercial asegura no estar al tanto de este tipo de amenazas y agresiones y señala que «el volumen de hurtos o incidencias similares, inevitables en complejos en los que entran miles de personas a diario, no ha experimentado un aumento significativo».

martes, 22 de septiembre de 2015

Tribunales / Una empresa no podrá obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato

Una empresa no podrá obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato

El Tribunal Supremo admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”

Fuente: Comunicación Poder Judicial - lunes, 21 de septiembre de 2015

Una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por el sindicato CCOO, como consecuencia de que la empresa desde un cierto tiempo hubiera incorporado a los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso una cláusula que dice: "Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible".

El Tribunal Supremo admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”. Pero se opone a que en el contrato de trabajo se haga constar mediante cláusula/tipo que el trabajador presta su «voluntario» consentimiento a aportar los referidos datos personales, siendo así que el trabajador es la parte más débil del contrato y que al ser incluida por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo puede entenderse que su consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario, por lo que tal cláusula es nula por atentar contra un derecho fundamental y “debe excluirse de los contratos de trabajo”.

El Tribunal Supremo considera que los datos cuya incorporación al contrato se cuestionan [teléfono móvil/correo electrónico] en manera alguna están exentos del consentimiento del trabajador, porque no lo están en la excepción general del art. 6.2 de la Ley de Protección de Datos al no ser «necesarios para el mantenimiento o cumplimiento» del contrato de trabajo según la definición del Diccionario de la Real Academia (aquello que «es menester indispensablemente, o hace falta para un fin»), ya que la relación laboral ha podido hasta recientes fechas desarrollarse sin tales instrumentos.


Tampoco se aplica la excepción al régimen general de datos personales del art. 2.2 del Reglamento de Protección de Datos que se refiere exclusivamente al teléfono y dirección electrónica «profesionales», esto es, los destinados –específicamente– a la actividad profesional del trabajador.

Tribunales / Los trabajadores no están obligados a facilitar móvil y e-mail

lunes, 21 de septiembre de 2015

Convocatoria Ayudas de Estudios Ilunion Seguridad ( Vinsa ) 2015

El Día 8 de Octubre se abre el plazo en Ilunion Seguridad ( Vinsa ), para la presentación de solicitudes de Ayudas de Estudios correspondientes al Año 2015. Estas Ayudas de Estudios son para los trabajadores y sus hijos, y forman parte de la dotación económica del Fondo Social recogido en el Convenio Colectivo de Vinsa. 


El plazo para la entrega de estas solicitudes finalizará el 8 de Noviembre. Las solicitudes podéis entregarlas en los locales sindicales de la Calle Bravo Murillo, nº 327 – 3ºPlanta en el caso de la Delegación de Madrid y para el resto de provincias en las direcciones que se señalan en el Díptico junto con las bases de la convocatoria.





Boe: Publicación del Convenio Colectivo Sectorial 2015 - 2016

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo,por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016.



viernes, 18 de septiembre de 2015

Las peleas entre vigilantes ponen en duda el plan de privatización en las prisiones

GRAVES INCIDENTES EN LA CÁRCEL DE HUELVA
Las peleas entre vigilantes ponen en duda el plan de privatización en las prisiones

En la cárcel de Huelva los vigilantes se han pegado, amenazado e incluso uno echó de la carretera a otro. La Guardia Civil ha judicializado los incidentes y el sindicato ACAIP pide la rescisión del contrato.


Fuente: elconfidencial.com – 18 Septiembre de 2015

 “La situación es esperpéntica, grotesca, disparatada”. Así define un miembro de la Guardia Civil destinado en la prisión de Huelva los últimos meses vividos en este centro penitenciario. Los vigilantes que tienen que controlar el perímetro exterior de la cárcel tienen que ser a su vez vigilados porque se llevan mal. Y eso que solo son siete en la plantilla. Peleas, agresiones e incluso persecuciones en la carretera que terminan con coches fuera de la calzada son algunos de los incidentes que han tenido lugar.

Los agentes de la Benemérita destacados en la prisión, hartos de aguantar a sus 'compañeros', han elevado al juzgado una denuncia en la que piden que dos de ellos no vuelvan a prestar servicio en el centro penitenciario. El titular del Juzgado número 4 de instrucción de Huelva ya ha abierto diligencias. Además, de los siete trabajadores implicados (todos de la empresa Ombuds) tres están de baja, según fuentes penitenciarias.

Los incidentes también han provocado las quejas de los sindicatos, que vuelven a poner en duda el proyecto de privatización de la seguridad exterior de las prisiones, la solución que buscó el Ministerio del Interior para ayudar a cuadrar las cuentas de las empresas de seguridad que se quedaron sin parte de su negocio tras el fin de la violencia de ETA, la protección de amenazados.
El sindicato de funcionarios de prisiones Acaip acaba de enviar un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Huelva para interesarse sobre si estos incidentes "se han puesto en conocimiento del órgano encargado de evaluar la idoneidad de este programa de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios" y, sobre todo, para conocer si "se ha dado traslado a las autoridades judiciales". Interior, de momento, nunca ha informado públicamente de cómo se está desarrollando este programa, que lleva ya dos años funcionando.

En enero de 2015 dos vigilantes armados se pegaron en el control de acceso: los dos acabaron en el hospital, uno de ellos con heridas en la cabeza.

El primer incidente se produjo el pasado 29 de enero, cuando dos de los vigilantes se pelearon en la garita de entrada al centro penitenciario. Francisco Javier C. R. agredió a Marco Antonio P. L. y le causó heridas sangrantes en la mejilla y en la cabeza. Ambos tuvieron que ser trasladados al hospital. La disputa, según la denuncia de la Guardia Civil, se había iniciado porque los dos vigilantes no se ponían de acuerdo sobre el puesto de cada uno al iniciar su turno: el control de entrada o el control de cámaras de seguridad.

Manuel Antonio declaró ante el juzgado que Francisco Javier le quiso quitar el arma, que le insultó y que le amenazó. “Me cogió del cuello, me zarandeó y me golpeó en la cara con su puño derecho; caí al suelo y siguió pegándome puñetazos y rodillazos hasta que vino otro compañero y nos separó”, aseguró. Francisco Javier, por su parte, también denunció agresiones por parte de Marco Antonio. “Me pegó un guantazo en la cara; tras eso, intentó propinarme dos puñetazos, uno lo esquivé y otro me dió en la cara; en el transcurso de los hechos, intentó quitarme el arma y ésta cayó al suelo cargada; me amenazó con pegarme un tiro porque me dijo que me tenía ganas”, dijo Francisco Javier. Tras escuchar sus declaraciones, el juez ha pedido los informes médicos de las lesiones, señalan fuentes jurídicas.

"Bochornoso espectáculo"

El segundo incidente se produjo el 4 de julio, cuando Antonio D. G., precisamente el vigilante que medió en la pelea de enero, intentó echar de la carretera a otro compañero, Ángel Javier S. M. Este también puso una denuncia y solicitó el testimonio de un taxista que al parecer vio lo sucedido. El guardia civil que elabora su denuncia relata que “Ángel, en estado de nerviosismo, reiteró textualmente 'aquí va a pasar algo con Antonio, estoy harto de decirlo, no me deja trabajar ni vivir en paz', rompiendo a llorar y diciendo que está teniendo problemas laborales de todo tipo con Antonio”.

El tercer incidente se produjo el 9 de agosto de 2015, con Antonio D.G. de nuevo implicado. El vigilante amenazó en la sala de monitores a otro compañero, de nombre Ángel, porque el primero se había pasado del tiempo de descanso estipulado y el segundo se lo había recriminado. El mando de la Guardia Civil en la prisión de Huelva ha pedido a la empresa Ombuds que los dos vigilantes implicados en la pelea de enero “no vuelvan a prestar servicio en este centro debido al bochornoso espectáculo ofrecido”. La Guardia Civil les ha incoado además un expediente para la revocación de sus licencias de armas.
No acaban aquí las anomalías. La Guardia Civil también ha recriminado a Ombuds que haya enviado a la prisión como sustitutos de los agentes privados que están de baja a otros dos vigilantes sin licencia de armas, “cuando el servicio que se presta en la barrera del centro obligatoriamente ha de ser con arma”. El instituto armado pide a Ombuds que solucione este problema "para no tener que informar del incumplimiento del pliego de condiciones suscrito entre Ombuds y el Ministerio del Interior".

Esta empresa de seguridad es una de las diez firmas de seguridad que se han llevado el contrato para vigilar el exterior de los 67 centros penitenciarios que hay en España (sin contar los de Cataluña). El Ministerio del Interior paga 33 millones de euros anuales a estas empresas. El objetivo era recolocar a 800 escoltas que debido al fin de la amenaza de ETA habían perdido su trabajo, aunque a día de hoy solo el 10% de los vigilantes contratados trabajaron de escoltas en el País Vasco y Navarra. En octubre está previsto que se ponga en marcha la tercera fase de este plan de privatización, aunque Interior aún no ha confirmado si se pondrá en marcha o finalmente se retrasará.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) también se ha mostrado crítico con el plan: "Llevamos casi tres años con los puestos duplicados y los gastos duplicados, porque no se ha cumplido lo que dijo Interior, que los guardias civiles dejaríamos las prisiones para hacer labores de seguridad ciudadana porque nos iban a sustituir los vigilantes. No es verdad. Fue un pretexto para colocar a los vigilantes", señala un portavoz de AUGC.

Acaip señala que "habría que reflexionar sobre el proceso de selección, la capacitación, las condiciones de trabajo y los requisitos que se exigen a los vigilantes que prestan servicio en la seguridad perimetral; algunos de los vigilantes implicados en estos sucesos tenían acceso a armas de fuego, lo que supone una fuente de preocupación añadida". El Confidencial ha intentado, sin éxito, conocer la versión de la empresa Ombuds.


martes, 15 de septiembre de 2015

Tribunales / Es nulo el registro corporal realizado por los vigilantes de seguridad privada sobre unos sospechosos de un delito contra la salud pública

Sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 18 de Marzo de 2015, por el que se declara nulo el registro corporal realizado por los vigilantes de seguridad privada de una discoteca sobre unos sospechosos de un delito contra la salud pública.

Madrid, 15 de Septiembre de 2015 – CCOO Vinsa Madrid

El Tribunal basa su fallo en la ilicitud de la incautación de la droga intervenida y analizada, que fue realizada por los miembros del servicio de vigilancia de la discoteca en que se encontraban los acusados, pues se extralimitaron en su actividad de comprobación que no debió de rebasar el mero cacheo o registro superficial de ambos, sin que estén legalmente autorizados a llevar a cabo, tal y como hicieron, un registro corporal integral, ya que se trata de una actuación que tienen expresamente prohibida, en tanto se trata de una medida que atenta el derecho fundamental a la intimidad personal.


La sentencia concluye que, el acceso e incautación de la sustancia estupefaciente finalmente entregada a las Fuerzas de Seguridad responde y es fruto de una injerencia en un derecho constitucionalmente reconocido, realizada por personas y en desempeño de funciones que no les habilitaba para la invasión del derecho, por lo que, aun cuando han se trata de una prueba traída al proceso e introducida en el plenario con respecto a las garantías formales del juicio, deberá ser tenida como prueba ilícitamente obtenida, con los efectos del art. 11.1 de la LOPJ, sin posibilidad alguna de validar sus efectos por otros mecanismos probatorios, y en consecuencia la Sala absuelve a los acusados del delito contra la salud pública que les fue imputado.

Una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria destapa la red corrupta en Defensa

Canarias Ahora / Tribunales - Exclusiva
Una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria destapa una red corrupta en el Ministerio de Defensa

En prisión provisional dos tenientes coroneles de la Dirección de Asuntos Económicos por cobrar presuntamente sobornos de empresa a cambio de agilizar trámites y “no crear problemas”

El empresario canario se prestó a colaborar con el CNI y la Guardia Civil para sorprender a los sospechosos recibiendo parte del dinero que le reclamaban

Fuente: eldiario.es - Canarias Ahora   - Las Palmas de Gran Canaria - 14/09/2015  

Dos tenientes coroneles del Ejército español permanecen desde abril en prisión preventiva incomunicada como presuntos cabecillas de una trama de sobornos a empresas a las que pedían dinero a cambio de tratos de favor en el Ministerio de Defensa. Una denuncia ante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, puso a la Guardia Civil en la pista, y al titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 a decretar la prisión provisional de los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R. y tres empresarios que supuestamente accedieron a pagar sobornos.

Los dos militares detenidos pidieron a Miguel Ángel Ramírez 20.000 euros al mes para agilizarle los pagos del contrato de seguridad privada que su empresa Seguridad Integral Canaria había obtenido mediante subasta electrónica. La mordida, según consta en la investigación, iría destinada a agilizar los pagos del contrato y a “no crear problemas” a la empresa adjudicataria.

Ambos militares, efectivamente, trabajan en la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa, uno como secretario de la Junta de Contratación del Ejército y el otro como responsable en la Subdirección de Contratación, y tienen entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que suscribe el ministerio.

Ramírez se negó a pagar y puso en conocimiento del CNI el asunto para que actuara en consecuencia. Este órgano de información, dependiente del mismo ministerio, transfirió la información a la Guardia Civil a través de la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, para que la investigación adquiriera carácter oficial y pudiera judicializarse.

El instituto armado contactó entonces con el denunciante y acordó con él una serie de pasos para sorprender in fraganti a los presuntos extorsionadores. Entre otras acciones se puso en marcha una entrega vigilada de dinero, es decir, el pago de una cantidad económica exigida por los sospechosos pero en presencia remota de agentes de la Guardia Civil que grabaron y registraron en vídeo la reunión.

La entrega se celebró en el lujoso restaurante Casa Nemesio, en Plaza de Castilla, Madrid, a donde acudieron los sospechosos y el empresario canario provisto de micrófonos proporcionados por la Guardia Civil. Era la prueba definitiva para que la Fiscalía pudiera presentar denuncia ante la Justicia militar, lo que ocurrió en abril pasado.

Al término de otra comida celebrada en Madrid entre uno de los militares detenidos y directivos de la compañía Proman, la Guardia Civil encontró en poder del primero dos sobres con 2.000 euros cada uno en su interior, según informa El País.

Los hijos de los dos tenientes coroneles han conseguido contratos de trabajo para dos de las compañías sospechosas de haber aceptado el pago de sobornos, la mencionada Proman y la Unión Castellana de Alimentación (Ucalsa). En mayo fueron detenidos tres directivos de estas dos compañías, uno de Ucalsa, M.R.A., y dos de Proman, A.C.A. y L.B.M., aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.


Miguel Ángel Ramírez se ha negado a valorar estos hechos a Canarias Ahora alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. Ha reconocido, eso sí, que figura como imputado en la causa por esa “entrega controlada” a petición de la Guardia Civil, pero asegura que el juez sobreseerá  la parte que le afecta en cuanto le tome declaración.

Imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa, 2 de ellas son de seguridad

Imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa

Dos mandos están acusados de cobrar comisiones por la adjudicación de concursos

Fuente: elpais.es - MIGUEL GONZÁLEZ  - Madrid 13 SEP 2015

El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha imputado “provisionalmente” por cohecho a una docena de empresas, con sus correspondientes responsables, contratistas del Ministerio de Defensa, al que prestan servicios en áreas como seguridad privada, pólizas de seguro, alimentación o limpieza. Todas las empresas tuvieron relación con los tenientes coroneles C. P. R. y E.R.R., destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el Cuartel General del Ejército, respectivamente, que fueron detenidos el pasado 28 de abril.

La Guardia Civil bautizó con el nombre de KPanda la investigación a los dos mandos militares, que incluyó intervenciones telefónicas, control de cuentas bancarias y seguimiento de sus comidas en lujosos restaurantes de Madrid con directivos de empresas contratistas de Defensa. La detención de los dos mandos causó un considerable revuelo, ya que el juez ordenó el registro de sus despachos oficiales en la sede central del ministerio y en el Cuartel General del Ejército.

Firmas imputadas

Ucalsa

Seguridad Integral Canaria

Galilea Soluciones S.L.

Ariete

Proman

Willis Ibérica

Beyond Soluciones y Servicios S.L.

TRC Informática S.L.

Grupo Olmata

Cleanet

RMC JIT S.L.

Tecnove S.L.

Clece

Ante el juez, el teniente coronel E. R. R. admitió que asesoraba a empresas contratistas de Defensa, preparándoles documentación administrativa y avisándoles de cuándo se iba a convocar algún concurso. A cambio, recibía contraprestaciones en metálico o en forma de invitaciones a partidos de fútbol y tenis o corridas de toros. También reconoció haber recibido una transferencia de 20.000 euros de Ucalasa (Unión Castellana de Alimentación), que utilizó para pagar en parte un vehículo Audi A5. Aunque aseguró que se trataba de un préstamo, no se formalizó en ningún documento ni se declaró a Hacienda. Igualmente admitió haber recibido 5.000 euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 de la empresa de limpieza Cleanet y otros 2.000 de la compañía de seguridad Ariete. Además, un hijo suyo trabaja desde hace pocos meses para Proman, adjudicataria de unos 70 contratos de Defensa.

El teniente coronel insistió en que, aunque es secretario de la Junta de Contratación del Ejército, no tiene poder decisorio. Y aseguró que su asesoramiento a las empresas era conocido y consentido por sus jefes. El dinero que recibía por ello, según dijo, lo guardaba en una caja fuerte y 11.800 euros los gastó en reformar una casa de su propiedad.

Por su parte, el también teniente coronel C. P. R., destinado en la Subdirección de Contratación de Defensa, se negó a declarar ante el juez, escudándose en el carácter secreto del sumario. Su compañero, sin embargo, confesó que ambos “iban al 50%” y agregó que, aunque C. P, R. tampoco tenía poder para adjudicar contratos, era el encargado de gestionarlos y vigilar su cumplimiento una vez firmados. También un hijo de C. P. R. trabaja para una empresa que suministra a Defensa: Ucalsa.

En un control policial rutinario, a la salida de una comida con directivos de Proman, se encontraron a E. R. R. dos sobres con 2.000 euros cada uno; mientras que en el registro de la casa de C. P. R. se incautó un reloj de 2.870 euros comprado por Tecnove. Los dos mandos militares no han sido los únicos arrestados. El pasado 3 de mayo fueron detenidos tres directivos de empresas contratistas con Defensa —M. R. A., de UCALSA; y A. C. A. y L. B.M., de Proman—, aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.

Finalmente, el juez ha citado como imputadas a una docena de empresas, aunque reconoce que los indicios contra algunas de ellas son escasos. No es el caso de Ucalsa o de los dos mandos militares, que siguen en prisión por un delito contra la Hacienda Militar, penado con hasta seis años. El defensor de uno de ellos, Antonio Suárez-Valdés, sostiene que no tenían posibilidad de dar contratos, ya que se adjudicaban por subasta electrónica, y solo han podido incurrir en incompatibilidad administrativa por asesorar a las empresas.

Un chivatazo confidencial

M. G.
La investigación se inició en noviembre pasado, después de que en la Dirección General de Asuntos Económicos de Defensa se recibiese una “información confidencial de una fuente fiable”, según la cual dos tenientes coroneles “estaban pidiendo comisiones a empresas relacionadas con expedientes de contratación” del ministerio.

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, trasladó la denuncia a la fiscalía castrense, que ordenó investigar a la Guardia Civil. Las sospechas se vieron corroboradas por la declaración de un responsable de Seguridad Integral Canaria, quien aseguró que los dos tenientes coroneles le habían pedido un pago mensual “por la contratación de su empresa en el Ministerio de Defensa” y aportó la grabación de una comida con ellos.


Finalmente, en marzo pasado, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Justicia militar. La causa fue declarada secreta y los dos tenientes coroneles fueron detenidos el 28 de abril. El juez ordenó prisión incomunicada.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Seguridad LPM condenada a pagar 25.000 € por acoso a una vigilante de seguridad


Seguridad LPM condenada a pagar 25.000 € por acoso a una vigilante de seguridad

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 23 de Julio 2015, ha condenado a la empresa de seguridad LPM a pagar una indemnización de 25.000 € a una vigilante de seguridad por acoso laboral y sexual.

Noticia elaborada por CCOO Vinsa Madrid – 9 de Septiembre de 2015.

La trabajadora, vigilante  de seguridad en la Estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, con motivo de esta situación de acoso. estuvo de baja laboral durante año y medio, siendo esta reconocida como de origen profesional por el Juzgado de lo Social Nº 40 de Madrid, basándose en el informe realizado por la Técnica del Servicio de Prevención de la empresa como resultado del estudio específico psicosocial que llevó a cabo y que confirmó la existencia de conductas de acoso sexual de componente verbal a partir de declaraciones testificales.

La sentencia, revocatoria de la dictada por el Juzgado de lo Social Nº 17 de Madrid, reconoce que  esta clase de acoso constituye actuación que ataca el derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 de la CE , y los arts. 14 y 15 de la Carta Magna (derecho a la integridad física y moral y a no ser discriminado) e incluso puede implicar conducta delictiva ( STS de 23-6-2000 ), y por consiguiente considera probada la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora.

Igualmente considera que ha sido la empresa , quien de forma inadmisible ha consentido, por omisión negligente y continuada, la situación irregular advertida por la referida sentencia del Juzgado de lo Social núm. 40 de Madrid y los servicios de prevención de riesgos laborales.


En cuanto a la justificación de la cuantía de la  indemnización impuesta a la empresa, el tribunal basa su decisión en el art.8.11 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,donde se  tipifica como falta muy grave "los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores" , cuantificando el art. 40.1, c ) las faltas muy graves con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros, “ dato de referencia útil para calibrar en la proporción adecuada el importe indemnizatorio  compensador del daño, teniendo en cuenta que a consecuencia del acoso sufrido permaneció en IT desde el 27-11-2011 hasta 21-5-2013, es decir, un año y seis meses, consecuencia que ha de repararse en atención a la evidente gravedad de los hechos “.

El Gobierno elude retomar las ayudas para la seguridad privada de la flota atunera

El Gobierno elude retomar las ayudas para la seguridad privada de la flota atunera

Tejerina afirma que los subsidios se cancelaron en 2012 por el éxito de la 'operación Atalanta'

Fuente: laopinioncoruna.es -  Agencias | Madrid 09.09.2015

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, eludió ayer en el Senado recuperar las ayudas para financiar los gastos de los atuneros derivados de la contratación de guardias de seguridad privados, que protegen a la flota de los ataques piratas en el océano Índico.

El senador del PNV Iñaki Anasagasti preguntó durante la celebración del pleno si el Gobierno piensa recuperar las subvenciones otorgadas en 2010 y 2011 por la Administración General del Estado para la contratación de seguridad privada a bordo de los atuneros que operan en esas aguas. García Tejerina le respondió que, durante aquellos años, la pesca en esas aguas estaba "seriamente amenazada" por la piratería y que a partir de 2012 se "suspendieron" esas ayudas debido a la mejora "importante" de la seguridad en la zona, una situación que se consiguió en parte, dijo, gracias al éxito de la operación Atalanta contra la piratería de la UE.

La ministra añadió que esta misión todavía continúa operativa, liderada por España y con el buque Galicia de la Armada al mando. "Su actuación garantiza que los atuneros que faenan en el Índico puedan trabajar con seguridad", argumentó, y subrayó además que la amenaza de la piratería de países como Somalia es cada vez "más reducida".

Gastos para el sector

Anasagasti insistió por su parte en los gastos que representa para los atuneros la contratación de guardias de seguridad y puso como ejemplo el caso de la flota vasca, que invertirá en ello unos 5,2 millones de euros este año. "Los pesqueros sufren las consecuencias del coste de la actividad pirata mientras el Gobierno reduce este caso a un asunto de compromiso", afirmó el senador del PNV, que incidió en la importancia que tienen estas subvenciones para una flota que genera un retorno de la actividad empresarial y que padeció un descenso de los ingresos por la caída del 80% de los precios del atún.


Tejerina aprovechó también su intervención para recordar el reciente real decreto aprobado en Consejo de Ministros que facilita la modernización y renovación de la flota atunera.

viernes, 4 de septiembre de 2015

Un abogado del TJUE cree que la ley española repara de forma suficiente la discriminación sexual

Fuente: EFE – Bruselas
Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró hoy "suficiente" la indemnización prevista en la legislación española por los daños y perjuicios derivados de una discriminación por sexo.
El letrado recuerda que la normativa europea "da a los Estados miembros libertad para elegir los medios que han de poner en práctica para garantizar que la reparación o indemnización ofrecida a las víctimas de discriminación por razón de sexo sea disuasoria, siempre que se garantice el cumplimiento del objetivo que se persigue".
La opinión del abogado se refiere al caso de Arjona Camacho, que trabajó como vigilante de seguridad para Securitas Seguridad España, y tuvo varias bajas por enfermedad durante dos embarazos fruto de un tratamiento de fertilidad, que terminaron en sendos abortos.
Después del segundo aborto, la afectada se reincorporó a la empresa e hizo campaña a favor de una central sindical, en un proceso que terminó en elecciones de los representantes de los trabajadores de Securitas.
En ese periodo volvió a quedarse embarazada, y fue objeto de un despido disciplinario.
Pocas semanas después, sufrió un nuevo aborto.
El juez español que lleva el caso consideró el despido nulo, por constituir una discriminación por razón de sexo, y planteó conceder a Arjona una indemnización por daños y perjuicios que se eleva a 3.000 euros, importe que considera "suficiente" para reparar el daño sufrido.
No obstante, se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE para preguntarle si, a efectos de lograr un objetivo disuasorio, no sería necesario condenar al empresario al pago de 3.000 euros adicionales en concepto de "daños punitivos", algo que es ajeno a la tradición jurídica española.
El abogado recuerda que la Directiva aplicable se limita a exigir que la reparación o la indemnización sean efectivas, proporcionales y disuasorias, y que el legislador de la UE no concibió la reparación o indemnización, en cuanto a tales, como una sanción.
También considera que el sistema establecido por la legislación española en caso de discriminación por razón de sexo es conforme con la Directiva siempre que se conceda una reparación pecuniaria íntegra de todas las facetas del perjuicio sufrido por la víctima.
Además, cree que esa compensación íntegra es adecuada y suficiente para garantizar el efecto disuasorio real de las medidas nacionales.
Por último, señala que en los países donde no existe la figura de los daños punitivos, como es el caso de España, la garantía de obtener una reparación íntegra ya se entiende en si misma como medio disuasorio frente a la discriminación.