jueves, 31 de agosto de 2017

Peña entrega el veredicto que pone fin a la huelga de El Prat a los sindicatos y a Eulen

El laudo de El Prat ordena una subida salarial de 200 euros y el refuerzo del número de vigilantes

Peña entrega el veredicto que pone fin a la huelga de El Prat a los sindicatos y a Eulen

Fuente: .elmundo.es/VÍCTOR MARTÍNEZ/31/8/2017


El árbitro designado por el Gobierno para mediar en el conflicto entre la empresa Eulen y la plantilla de vigilantes de seguridad de El Prat ha dictado hoy sentencia: 200 euros de incremento salarial en 12 pagas para los trabajadores y obligación de reforzar la plantilla por parte de la empresa a 5 empleados por filtro de seguridad.

La propuesta mejora los 150 euros establecidos por la Generalitat de Cataluña en su papel de mediador. Este laudo es de carácter vinculante, por lo que ambas partes deberán admitir la decisión del árbitro. La empresa ya ha comunicado que acatará el veredicto, mientras que los trabajadores darán el sábado una rueda de prensa para "hacer una valoración técnica" y convocarán para el lunes una asamblea donde se decidirá si suavizan sus protestas y ponen fin al conflicto.

Seguridad privada: 700 euros por vigilar aeropuertos, ministerios o centros comerciales

Seguridad privada: 700 euros por vigilar aeropuertos, ministerios o centros comerciales

La reforma laboral y las ofertas a la baja en los concursos públicos han hecho que los salarios y las condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos

Un 17% de la facturación del sector procede de las administraciones públicas

"Es sangrante que empresas que presentan ofertas que matemáticamente son imposibles ganen contratos importantísimos con la Administración", critica CCOO

Fuente: eldiario.es/Ana Requena Aguilar /30/08/2017

Están en las estaciones de tren, en los controles de los aeropuertos, en las entradas de edificios oficiales, en centros comerciales o en eventos como un partido de fútbol o un concierto. Los vigilantes de seguridad son la cara de la seguridad privada, un sector que, año a año y contrato a contrato, se ha precarizado cada vez más.

La reforma laboral y los bajos precios de los concursos públicos han hecho que los salarios y las condiciones de los trabajadores del sector estén bajo mínimos. Los sueldos en muchas empresas están muy poco por encima del salario mínimo interprofesional y en el mejor de los casos están en 1.100 euros. El conflicto de los trabajadores del aeropuerto de El Prat en Barcelona es el episodio más visible de un problema que va mucho más allá.
La seguridad privada emplea a unas 78.200 personas como vigilantes de seguridad, según una de las patronales, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser). El 87% de estos trabajadores son hombres y su edad media es de 42 años. Un 17% de toda la facturación del sector procede de las administraciones públicas y ahí es donde radica uno de los principales problemas.

Los sindicatos señalan a los concursos a la baja de las administraciones, que premian la oferta económica más reducida sin tener en cuenta otros criterios. "Son puras subastas. Es sangrante que empresas que presentan ofertas que matemáticamente son imposibles ganen contratos importantísimos con la Administración", critica el secretario de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO, Daniel Barragán, que explica que esas ofertas se materializan luego en recortes de plantilla, reducciones salariales y turnos interminables.

El caso ha llegado a ministerios como Defensa o Empleo. El departamento que dirige Fátima Báñez adjudicó la vigilancia de los Centros de Atención al Refugiado a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, con un convenio propio que reduce el 90% de los pluses de nocturnidad o festivo respecto al convenio estatal y que paga un sueldo de unos 700 euros. En el caso del ministerio dirigido por María Dolores de Cospedal, la adjudicación de la seguridad a la empresa Marsegur hizo que los trabajadores perdieran unos 400 euros frente al convenio estatal.

Los sindicatos tienen la vista puesta en la Ley de Contratación Pública que se negocia. Ese puede ser el instrumento que evite que los concursos y las licitaciones premien a este tipo de empresas. Cada vez más administraciones incluyen cláusulas sociales o estrategias para garantizar condiciones laborales dignas en las empresas con las que contratan. Es el caso de los ayuntamiento de Madrid y Zaragoza, o de los gobiernos autonómicos de Navarra, Aragón o Islas Baleares. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto el contrato de la empresa que les proporcionaba la vigilancia privada, Sinergias, por aplicar bajadas salariales a sus trabajadores.

La reforma laboral, clave

El problema, no obstante, excede a las administraciones. "Es un problema de modelo, durante estos años se ha distorsionado. El criterio para contratar, sea la Administración o un cliente privado, es el económico: se premia la oferta más barata y se deja fuera la calidad del servicio", dice el responsable federal de Seguridad Privada de UGT, Diego Giráldez. Ahí entra en juego el segundo factor a tener en cuenta en los conflictos que vive el sector: la reforma laboral.

La norma aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 cambió las reglas de la negociación colectiva: desde entonces, el convenio de empresa prevalece sobre cualquier otro. Conflictos como el de las camareras de piso o el de los vigilantes de seguridad son la concreción de ese precepto abstracto. Algunas empresas firman sus propios convenios, en muchas ocasiones con una representación sindical creada ad hoc, que tiran por tierra los salarios y las condiciones firmadas en los convenios sectoriales y estatales.

"La reforma laboral es lo que más daño ha hecho. Peleas de precios brutales ha habido desde hace años, pero la posibilidad que dio la reforma de que las empresas hagan valer su propio convenio se lo ha cargado todo", apunta Daniel Barragán, de CCOO.

Mientras que una empresa que aplica el convenio estatal puede pagar un sueldo de unos mil euros, las que tienen su propio convenio tienen salarios base que rondan los 700 euros. Es el caso de los vigilantes del Ministerio de Defensa, según denuncia UGT, que calcula que un 20% de los vigilantes de seguridad en activo trabaja ya en este tipo de empresas.

La Audiencia Nacional ha anulado decenas de estos convenios de empresa en varios sectores y los sindicatos siguen denunciando. "Pero el proceso es largo. Muchas empresas siguen aplicando su convenio mientras recurren y hasta que hay sentencia firme", precisa el representante de UGT, Diego Giráldez. Hasta la patronal considera que esta "competencia desleal" es uno de los principales problemas del sector. El convenio estatal, que ya ha caducado pero que sigue aplicándose, incluye un artículo en el que patronal y sindicatos se comprometen a solicitar a las administraciones su cumplimiento en detrimento de otros acuerdos.

En lo que las partes no coinciden es en el contenido del nuevo convenio colectivo que tienen que negociar para los próximos años. Los sindicatos dicen que los planteamientos de la patronal son "regresivos" y que no firmarán nada que suponga recortes. La patronal recuerda que el sector arrastra aún unos resultados negativos. Las negociaciones están paralizadas y, mientras, los vigilantes de decenas de infraestructuras en distintos puntos del país preparan movilizaciones para otoño si sus condiciones no mejoran. "Eso es un polvorín", resume Daniel Barragán.

El Gobierno ha anunciado que en los próximos días iniciarán conversaciones con organizaciones sindicales y patronales para analizar la situación del sector, tal y como pedían los sindicatos. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este miércoles en el Congreso q ue este grupo de trabajo analizará "cuantas cuestiones contribuyan a la mejora del servicio y las condiciones de trabajo de la seguridad privada en el transporte terrestre, marítimo y aéreo", con "especial incidencia", ha dicho, en la contratación pública, la estabilidad laboral, la formación profesional en el sector, los tiempos de trabajo y la seguridad y la salud laboral.


Al no alcanzar ambas partes un acuerdo, fue la Generalitat, con competencias en la materia, la que trató también sin éxito de mediar en este conflicto.

Cuando también fracasó la intervención del Gobierno catalán, es cuando entró en escena el ministerio de Fomento. Lo hizo, explicó Íñigo de la Serna, porque cuando los trabajadores de Eulen anunciaron paros indefinidos de 24 horas desde el 14 de agosto, la situación cambió. Entonces, dijo el ministro, se ponía en riesgo la seguridad en el aeropuerto de la Ciudad Condal, lo que hizo necesario recurrir a la Guardia Civil.

A posteriori, el ministerio decidió solucionar el conflicto vía laudo –que será entregado mañana a las partes– porque se daban las condiciones para recurrir a esta medida.





La oposición exige la dimisión de Vargas por la huelga de El Prat


La oposición exige la dimisión de Vargas por la huelga de El Prat

Los partidos acusan al presidente de AENA de precarizar el servicio de seguridad en busca de más beneficio y de dejar «a los pies de los caballos» al ministro con su «mala» gestión

Fuente: larazon.es/Roberto L. Vargas

Si hay que buscar un responsable del caos aéreo vivido en el aeropuerto de El Prat durante este verano, la oposición parlamentaria cree que, claramente, hay que dirigir la mirada hacia la dirección de AENA. PSOE, Podemos y PdeCAT solicitaron ayer al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que destituya al presidente de la compañía pública que gestiona los aeropuertos al considerarle como el responsable último del conflicto. Según la percepción de estos grupos, José Manuel Vargas, a la hora de contratar los servicios de seguridad privada de los aeropuertos, ha primado el precio que ofrecían las empresas sobre las condiciones laborales de los trabajadores, larvando de este modo un conflicto que ha estallado este verano en El Prat.

«Tenemos la percepción de que los gestores de AENA apuestan por reducir el gasto en seguridad para reforzar su rentabilidad», le espetó Carlos Campuzano, diputado de PdeCAT, a De la Serna, que acudió al Congreso de los Diputados a dar explicaciones sobre lo ocurrido en el aeródromo barcelonés por la huelga de los vigilantes privados de la empresa Eulen que trabajan en sus arcos de seguridad.

Mala gestión en Barcelona

Campuzano consideró que, en el caso concreto de lo ocurrido en El Prat, la gestión de Vargas ha sido mala porque, además, intervino tarde dado que el problema se empezó a manifestar a principios de julio, por lo que pidió su inmediata destitución. En este punto, el diputado nacionalista coincidió en su diagnóstico con la socialista María Mercé Perea. Su intervención fue quizá la más dura de las que hubo de escuchar ayer Íñigo de la Serna.

Perea acusó a Vargas de ser desleal no sólo con el servicio público por su forma de contratar la seguridad sino también con el propio ministro. «Yo, si estuviera en su lugar, no perdería ni un minuto en cesarlo porque lo ha dejado a los pies de los caballos», afirmó. «Lo de Vargas no tiene nombre. Le ha dejado solo en la resolución del conflicto cuando sabía que iba a estallar porque conocía los pliegos de los contratos de seguridad que han dado pie al conflicto, la precarización de las condiciones de trabajo, que es lo que subyace en el problema», concluyó la diputada socialista.

Las preguntas de Podemos

Al hilo del argumento de que Vargas conocía las precarias condiciones de los contratos de seguridad que están en el origen del conflicto, el representante de Podemos en la Comisión de Fomento del Congreso, Félix Alonso, afirmó que De la Serna ha tenido que apagar otro incendio de «su pirómano habitual».

«¿Por qué desapareció del conflicto de El Prat el señor Vargas obligándole a usted a tomar las riendas?», le preguntó Alonso al ministro. Para el diputado de Podemos, no hay duda de que el presidente de AENA es «un lastre» y debería salir inmediatamente de la empresa.

Aunque, por motivos obvios, al PNV la crisis de El Prat no le ha tocado directamente, su diputado Íñigo Barandiarán también aprovechó su intervención para poner en solfa la política sobre la contratación de la seguridad privada de AENA. «Si en lugar del precio, que es el principal elemento que se ha tenido en cuenta para las adjudicaciones, se hubiesen tenido en cuenta también las condiciones sociolaborales, se podría haber evitado el conflicto».

A las críticas de los partidos de la oposición respondió De la Serna tirando de legislación. El ministro aseguró que la contratación de seguridad privada de las administraciones del Estado «no es una subasta». De la Serna admitió que en casi todas prima el aspecto económico, pero que, en el caso de AENA, hay que superar además un filtro técnico y que se ha cumplido la ley de contratación del sector público.


Respecto a si Vargas debió hacer acto de presencia en la crisis antes, el ministro aseguró que, aunque no públicamente, tanto Fomento como AENA realizaron gestiones de mediación y que intervinieron cuando era preciso. Según De la Serna, al tratarse el de los vigilantes de Eulen un conflicto laboral en el seno de una empresa privada, la primera instancia en la que resolverlo era la negociación entre la compañía y los trabajadores.

miércoles, 30 de agosto de 2017

La eficacia política de la porra

La eficacia política de la porra

Fuente: infolibre.es/Jesús Maraña 30/08/2017

Nada le puede gustar más a un Gobierno políticamente débil que tirar de la porra para fortalecerse ante el electorado. Esta costumbre no es novedosa ni exclusiva de España: Franco inventaba de cuando en cuando una conspiración judeomasónica para darse un autohomenaje en la Plaza de Oriente después de firmar unos cuantos fusilamientos, pero ahí están también los reiterados ejemplos de muy diversos presidentes norteamericanos capaces de decretar guerras patrióticas en lugares exóticos para excitar la unidad del pueblo en torno a la Casa Blanca.

Hoy el recurso de la porra ha adquirido formatos más pacíficos y burocráticos, aunque igualmente eficaces desde el punto de vista político. Vale para un amago de legislación secesionista en Cataluña, pero también para una huelga de seguratas en el aeropuerto de El Prat. El Gobierno saca la porra de la autoridad con indisimulado orgullo y satisfacción, convencido de que tal ejercicio es una fábrica de futuros votos.

Mariano Rajoy había convocado para el miércoles 16 de agosto un Consejo de Ministros extraordinario (obsérvese el oxímoron que ya supone la organización anticipada de una reunión supuestamente “extraordinaria”) en previsión de que la Mesa del Parlament iniciara la tramitación de la ley del referéndum, para recurrirla de inmediato ante el Tribunal Constitucional.

A falta de esa iniciativa, aplazada por los independentistas hasta ocasión más propicia a sus intereses (o menos arriesgada judicialmente para sus dirigentes), el Gobierno aprovechó la cita para tomar otra decisión “extraordinaria”: decretar que fuera un árbitro o mediador quien resolviera el conflicto de El Prat por la huelga de los vigilantes de Eulen, empresa adjudicataria de los servicios de seguridad en el aeropuerto barcelonés, donde ya no hay enormes colas ante los arcos metálicos de filtro de pasajeros tras la imposición por el Gobierno de servicios mínimos del 90% y la sustitución de los huelguistas por guardias civiles.

El "árbitro" nombrado por el Gobierno, Marcos Peña (presidente del Consejo Económico y Social), deberá tener listo este mismo miércoles un laudo que los sindicatos ya han advertido que denunciarán en los tribunales.

Todo eso ocurrió en vísperas de los atentados de Barcelona, hace menos de dos semanas, aunque la gravedad de los mismos y la intensidad con la que vivimos cada minuto de los hechos y las reacciones posteriores instalen la sensación colectiva de que hace siglos de "lo de El Prat".

Observado desde la simplicidad con la que conviene analizar las decisiones guiadas por la eficacia política, el conflicto de El Prat era una golosina veraniega para cualquier Gobierno: los seguratas de una empresa privada fastidian las vacaciones a miles de ciudadanos con el fin de presionar para lograr mejoras salariales.

Una vez producido el grado suficiente de “alarma social” o encabronamiento colectivo, acude entonces el Gobierno con su porra en forma de guardia civil y de laudo obligatorio para garantizar la tranquilidad de los sufridos pasajeros-ciudadanos-votantes.

El inconveniente político principal del uso de la porra es que debe tener carácter realmente “extraordinario” para no volverse contraproducente. El Gobierno lo sabe, y ante la firme posibilidad de que los conflictos laborales a imitación de El Prat se sucedan, declaró ese mismo miércoles su disposición a crear un “grupo de trabajo” que aborde las condiciones del sector de la seguridad privada en las diferentes contrataciones con la Administración (no sólo aeropuertos sino todo tipo de edificios que albergan servicios públicos).

Ya se sabe que anunciar la creación de un “grupo de trabajo” equivale a soltar un patadón a la pelota o problema lo más lejos posible en el espacio temporal, es decir hasta más allá de la fecha en que sea posible recoger los frutos electorales del uso previo (y extraordinario) de la porra.

Los vigilantes privados de El Prat, que habían suspendido los paros a los pocos minutos de los atentados, votaron este domingo una nueva huelga a partir del 8 de septiembre, y los sindicatos del gestor aeroportuario público-privado Aena tienen anunciada también  su intención de ir a la huelga a partir del 15 de septiembre y durante todo el otoño-invierno en las fechas más complejas para el tráfico de pasajeros.

El Gobierno sabe que si se dedica a tirar de la porra cada dos semanas llegará un momento en que será considerado, con razón, inútil para la resolución razonable de los problemas o para anticiparse a los mismos.

Lo que esconde el conflicto de El Prat

En realidad al fondo del conflicto de El Prat asoman dos cuestiones graves y muy significativas de lo que ha sido la gestión política de la crisis económica y lo que está siendo la presunta y desigual “recuperación”.

Por un lado, las reivindicaciones de los empleados de Eulen son perfectamente legítimas: su salario medio se ha recortado desde 2012 casi un 12%, se han eliminado pluses de antigüedad y los nuevos contratos suponen un sueldo que no llega a los 900 euros mensuales.

Mientras tanto, como hemos contado en infoLibre, los sueldos de los administradores de la sociedad que gestiona esos filtros de pasajeros en 21 aeropuertos crecían un 20%, y la empresa declaraba constantemente pérdidas pese a ingresar entre 2012 y 2016 casi 926 millones de euros.

De modo que los seguratas de Eulen (que no son los vigilantes que peores condiciones laborales sufren) vienen a simbolizar lo que ha ocurrido con millones de trabajadores de todos los sectores, que han visto disminuir sus rentas de forma contundente, al tiempo que las de sus máximos ejecutivos aumentaban.

Además, los procesos de privatización de empresas públicas o de externalización de servicios públicos han significado una precarización clara de las condiciones laborales sin aportar tampoco una mejora de la calidad de esos servicios. (Podrían citarse decenas de ejemplos, uno de los más sonoros el de las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza de las calles de Madrid y la recogida de basuras, cuyo deterioro galopante llevó a una huelga en tiempos de Ana Botella que desveló los recortes y el exclusivo negocio de las sociedades beneficiadas).

Por otro lado, el conflicto de El Prat deja en evidencia los tics autoritarios de la legislación vigente sobre el derecho a la huelga, como apuntaba nuestra compañera Elena Herrera tras contrastar los datos con expertos en materia laboral.

Esa legislación se basa en un decreto de 1977, preconstitucional, que ha sido reinterpretado en fallos posteriores pero que sigue otorgando al Ejecutivo un estatus de juez y parte en asuntos capitales como la capacidad de determinar qué actividad es esencial para la ciudadanía, qué porcentaje de servicios mínimos fija o la utilización a capricho del arbitraje obligatorio.

El Tribunal Supremo ha anulado los laudos obligatorios impuestos por el Gobierno en casos como huelgas de pilotos de Iberia o de empleados de gasolineras, pero lo ha hecho con años de retraso, de modo que esas decisiones son papel mojado, como denuncian con razón los sindicatos.

El propio Comité Europeo de Derechos Sociales y los tribunales de justicia de la Unión Europea han denunciado y sentenciado reiteradamente los incumplimientos del Estado español en materia de derechos laborales. (Puede leerse aquí un detallado informe de Belén Cardona sobre los atropellos a la Carta Social Europea o aquí un análisis de Luz Rodríguez sobre la absoluta precariedad en la contratación por las administraciones públicas).

Lo que asoma por tanto al fondo del conflicto de El Prat es la consecuencia de unas políticas austericidas y privatizadoras que han precarizado las condiciones laborales de los trabajadores y deteriorado los servicios públicos.

El recurso de la porra administrativa por parte del Gobierno demuestra una vez más las enormes lagunas en la protección de derechos fundamentales como el de huelga, que queda anulado de facto por las decisiones que puede tomar la autoridad competente, por ilegales que se demuestren demasiado tarde.

Entre las muchas y graves consecuencias del proceso independentista en Cataluña, algún día habrá que analizar su descarada utilización (en Cataluña y en Madrid) para desviar los focos de asuntos tan trascendentes como la precarización generalizada tras la crisis o el progresivo debilitamiento de los derechos sociales y laborales. Esos sí que son fenómenos de carácter “extraordinario” que amenazan con convertirse en crónicos.



martes, 29 de agosto de 2017

Los vigilantes de El Prat demandan el laudo dos días antes de conocerlo

Los vigilantes de El Prat demandan el laudo dos días antes de conocerlo

Piden su nulidad al Supremo y Fomento avisa que la huelga "pone en riesgo" al aeropuerto
Los trabajadores de seguridad de El Prat votan masivamente volver a la huelga el 8 de septiembre
Sueldos precarios, jornadas maratonianas... así trabajan los vigilantes de seguridad en España

Fuente: elmundo.es-I. MUNERA-V. MARTÍNEZ /29 AGO. 2017

A dos días de conocer el contenido del laudo obligatorio con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en los filtros de seguridad de El Prat, el comité de huelga pasó este lunes a la ofensiva recurriendo ante el Tribunal Supremo este mecanismo al considerarlo ilegal.La estrategia de la plantilla de Eulen pasa por dos frentes.

Por un lado, los trabajadores volverán a la huelga el 8 de septiembre, esta vez para protestar por las «represalias» aplicadas por la empresa contra cuatro empleados por haber incumplido los servicios mínimos en la huelga de las últimas semanas.

Los paros están previstos todos los viernes de 10.30 a 11.30 horas y de 18.30 a 19.30 horas.Por otro lado, un procurador presentó este lunes ante la sala tercera de Supremo - en el último día de plazo- una demanda de impugnación contra el laudo, al considerar que es «ilegal» porque atenta contra el derecho a la huelga.

Existen algunos motivos tasados por los que se puede impugnar un laudo y lograr que éste sea anulado parcial o totalmente. Pero el control jurisdiccional se limita a aspectos formales, no entra en el fondo de la controversia.

El artículo 41 de la Ley de Arbitraje recoge cuáles son estos motivos por los que puede solicitarse la nulidad de un laudo. Entre ellos la vulneración del orden público. En la práctica de los tribunales, la noción de orden público incluye los derechos fundamentales y libertades públicas constitucionalmente garantizados como el derecho a huelga.

Así, los trabajadores llegaron este lunes a la primera reunión de mediación de la Generalitat con un doble as bajo la manga: con el laudo recurrido ante la Justicia antes de que haya sido dictado y con nuevos paros sobre la mesa para sortear la prohibición de huelga que conlleva un procedimiento de arbitraje.

La Generalitat tratará de evitar nuevas huelgas buscando un acuerdo entre las dos partes. Para desconvocar los paros, los trabajadores exigen la retirada de las sanciones impuestas, así como «garantías de que no se irá despidiendo a trabajadores en los próximos meses», según explicó el lunes a Efe Juan Carlos Giménez, asesor del comité de huelga.

El comité teme que la dirección de Eulen opte en los dos próximos meses, cuando el conflicto ya no llame la atención de los medios de comunicación, por despedir de manera escalonada a los trabajadores que se han significado más durante la huelga y realizar nuevos contratos.

Por su parte, mañana miércoles comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, precisamente el mismo día en el que Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno para resolver este enfrentamiento, comunique a las partes el sentido de su laudo. La estrategia de Fomento pasará por defender su actuación durante los días de huelga indefinida en El Prat para evitar la formación de colas y aglomeraciones en los filtros de seguridad.

De la Serna cuenta con informes de la Guardia Civil y la Delegación de Gobierno en Cataluña que avalaron el despliegue de guardias civiles en el aeródromo catalán al tratarse de una infraestructura crítica. Estos documentos advertían de que la formación de largas filas en el aeropuerto podían provocar «situaciones de riesgo» o «alteraciones del orden» en una infraestructura considerada «crítica» por su relevancia en materia de seguridad y económica.

«La interrupción de su actividad puede provocar graves daños a la vida o la salud de la población, una grave contaminación medioambiental o interrupción de la actividad económica o institucional», justifica el informe elaborado por la Delegación de Gobierno para justificar el alto grado de servicios mínimos exigido a los trabajadores.

Fuentes de Fomento descartaron este lunes valorar la convocatoria de nuevos paros por los trabajadores de Eulen, esta vez vinculados a las medidas de represalia que la plantilla denuncia haber sufrido por parte de la empresa tras la huelga de este mes de agosto.
De la Serna prefiere mantenerse al margen por ahora en este segundo conflicto en El Prat, donde no obstante se repiten los mismos actores. La primera institución que tiene que mediar ante la nueva convocatoria de paros es la Generalitat a través de la Conselleria de Trabajo. Con este fin se reunieron este lunes las partes implicadas.


En el caso de que la mediación fracase, como ocurrió a la hora de negociar las condiciones laborales, será el Gobierno quien actúe.

lunes, 28 de agosto de 2017

El rey de la seguridad destronado

El rey de la seguridad destronado

El presidente de Las Palmas y propietario del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, aplica en sus empresas Convenios Colectivos que han sido declarados nulos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha visto obligada a impugnar el Convenio de la empresa Marsegur que ella misma autorizaba en el Boletín Oficial del Estado meses antes.
Fuente: extraconfidencial.com/ DOINEL CASTRO/Agosto 28, 2017

El 25 de junio de 2014, el Estadio de Gran Canaria vivía uno de los momentos más caóticos de la historia del fútbol español moderno. La Unión Deportiva Las Palmas acariciaba el ascenso a Primera División, 12 años después, y sus aficionados, incapaces de esperar a los tres pitidos de clausura del trencilla murciano, se descolgaban de las gradas hacia el terreno de juego para entorpecer la práctica del fútbol y acelerar un trámite al que le quedaban escasos minutos.

Debido a la algarabía desmedida que reinaba en el campo, el colegiado se vio obligado a suspender el encuentro ya que alrededor del verdín se seguían amontonando seguidores canarios en un evidente problema de la seguridad que debía velar por el control del encuentro.

Una vez reanudado el partido, el Córdoba empataba en el minuto 92 echando por tierra el sueño insular y dejando una penosa y patética imagen de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa que opera en el estadio.

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, tuvo que salir al paso por las críticas que le afectaban por las dos caras de la moneda. Primero, por su propia condición de presidente del club damnificado y, segundo, por ser dueño de la empresa de seguridad contratada en el recinto deportivo.

Y es que el polémico empresario canario es apodado el “rey de la seguridad” por ser propietario del Grupo Ralons, empresa muy diversificada presente en sectores económicos dispares como la vigilancia, el transporte de fondos y el monitoreo de alarmas a través de Seguridad Integral Canaria, la limpieza a través de Ralons Servicios o la gestión de escuelas infantiles con Ralons Schools.

El Grupo factura más de 100 millones de euros anuales, cuenta con cerca de 4.000 trabajadores y tiene delegaciones en todas las Islas Canarias, así como en Madrid, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Burgos, Sevilla y Palma de Mallorca. En casa del herrero, cuchillo de palo.

Varapalos de la Justicia y de la Administración

La mercantil Marsegur es una empresa dedicada a la seguridad privada con implantación en todo el territorio nacional. Su propietario no es otro que Miguel Ángel Ramírez. El martes 10 de marzo de 2015, el Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Marsegur Seguridad Privada SA. Conviene destacar la importancia de este acuerdo que afecta a un total de 450 trabajadores de centros de trabajo situados en las provincias de Barcelona (30 trabajadores), Madrid (304 trabajadores), Las Palmas (96 trabajadores) y Santa Cruz de Tenerife (20 trabajadores). Un Convenio con vigencia desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de octubre de 2014, pero como bien se indica en su artículo octavo, “se entenderá automáticamente prorrogado, a todos los efectos, por años naturales si no mediara denuncia por cualquiera de las partes, salvo en la materias específicas que cuenten con vigencias diferentes el 30 de octubre de 2024. La denuncia deberá ser efectuada con una antelación no inferior a dos meses a la fecha de su vencimiento o del de cualquiera de sus prorrogas”.

No una, sino tres veces se ha pronunciado la Justicia con respecto a este acuerdo. Dos de ellas por parte de la Audiencia Nacional y una tercera por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y en todas ellas los intereses de Marsegur han salido malparados. De este modo, el 11 de mayo de 2016, la Audiencia Nacional declaraba nulo el Convenio Colectivo de la empresa Marsegur Seguridad Privada. Entre otros motivos, se consideró que se había excedido la capacidad negocial de los delegados de personal, quebrantando el principio de correspondencia representativa.

En abril del presente curso, la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez impugnaba los Convenios de Marsegur, una demanda a la que se sumaban los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STS) y Sindicato Nacional de Trabajadores (SNT).

En el otro bando se encuentran la empresa, el Sindicato de Trabajadores Unidos (STU), la Central Sindical Obrera Independiente (CSOI), y el Sindicato por independientes quienes realizan un nuevo Convenio Colectivo amparándose en el 40% de representatividad que ostentan pero que “carece de la legitimación plena exigida por el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores para iniciar el proceso de elaboración de un Convenio colectivo de eficacia general”, tal y como indica la Audiencia Nacional.

Por todo ello, el 5 de mayo de 2017 la Audiencia Nacional volvía a establecer que el Convenio Colectivo de la empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez era contrario a derecho por no reunir los requisitos de legitimación establecidos en los artículos 87, 88 y 89 del Estatuto de los Trabajadores.

Por este motivo, se condena a Marsegur “a hacer frente a una sanción pecuniaria de 6.000 euros y a abonar los honorarios de los letrados de quienes han intervenido como parte demandante, hasta un máximo de 600 euros por cada uno”. 

La Justicia española viene a decir con sus sentencias, apuntando a los artículos incumplidos por el Convenio colectivo, que Marsegur no respeta ni la legitimación de la representación de los trabajadores, ni la constitución de la comisión negociadora, ni la tramitación, aplicación e interpretación de los acuerdos entre empresa y trabajadores.

De este modo, atendiendo al Estatuto de Trabajadores, los empleados de esta sociedad no están “legitimados para negociar en los convenios de empresa y de ámbito inferior”; la comisión negociadora no está válidamente constituida por no representar “como mínimo a la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio”; y no existe “buena fe” entre las partes.

Concesión de licencias de armas de manera poco ortodoxa y la no realización en tiempo y forma de los ejercicios de tiro obligatorios

En el Convenio colectivo se establece que con el carácter de salarios personales anuales mínimos y máximos, respectivamente, las partes acuerdan fijar los importes brutos anuales por categoría profesional.

Así los vigilantes de seguridad tendrán un salario mínimo de 11.637 euros (969,75 euros mensuales) y de 12.320 euros (1.026,6 euros mensuales). Sin embargo, la tabla salarial muestra como un vigilante de seguridad tendría un salario base de 726 euros, que pasarían a ser 789 euros con complementos.

Los salarios de los más de 500 mujeres y hombres que prestan su servicio para el Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal se han visto mermados en más de un 40% de un mes para otro y sus bases de cotización se han reducido en casi un 50%, ello es debido a que la empresa Marsegur sigue aplicando este Convenio colectivo que ha sido declarado nulo.

Todos estos motivos que quedan perfectamente descritos en la petición registrada en change.org y en la que se solicita que el Ministerio de Defensa cancele el contrato a Marsegur. Un contrato que “desde su inicio ha estado en una situación complicada, en primer lugar fue impugnado, se presentaron al Ministerio las firmas de los VS que trabajan en los diferentes centros exponiendo el riesgo laboral y salarial, pero finalmente fue adjudicado”.

Además también se dice del Convenio que fue realizado “de una manera muy inestable, sin la entrega del material, vestuario y dotación reglamentaria, se practicó una cesión de armas, munición y armeros de una manera precipitada e inusual, aunque aparentemente legal, no obstante en dos meses dicha empresa no ha sido capaz de formalizar dicha cesión y se ha vuelto a prorrogar”.


En estos dos meses de servicio también se destaca que los descubiertos en diferentes servicios son habituales, que se han clausurado armeros, se han concedido licencias de armas de manera poco ortodoxa, no se han realizado en tiempo y forma los ejercicios de tiro obligatorios, no existen Planes de Riesgos Laborales, de Riesgos Específicos de Los Centros ni Órdenes de Puesto, en algunos centros no están disponibles ni los vehículos, ni la formación en materia terrorista, ni las nuevas tecnologías.

viernes, 25 de agosto de 2017

Multa millonaria a las empresas de seguridad privada de la Comunidad de Madrid


Multa millonaria a las empresas de seguridad privada de la Comunidad de Madrid

  • En los últimos siete años, el gobierno madrileño ha sancionado con dos millones de euros a las compañías que se encargan de vigilar las sedes de los organismo oficiales y el metro


Fuente: cadenaser.com - JAVIER BAÑUELOS - 25/08/2017

En los últimas semanas se ha hablado mucho de la seguridad privada que hay en los aeropuertos españoles. Ese servicio no solo está privatizado en Barajas, por ejemplo. De hecho, prácticamente todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid están protegidas por empresas privadas. Y el servicio, no es precisamente, el mejor, que digamos. Lo acreditan los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. En lo últimos siete años, el Gobierno madrileño ha multado a estas compañías con cerca de dos millones de euros por incumplimientos del contrato.

La mayoría de las sanciones, según hemos sabido, se han impuesto a las empresas de la seguridad privada de Metro. Desde 2011, la Comunidad de Madrid ha multado a las empresas de seguridad privada que vigilan el suburbano con más de un millón y medio, entre ellas, por ejemplo, Prosegur, Eulen o Securitas, aunque por encima de todas, la compañía que más multas ha recibido ha sido Seguridad Integral Canaria, más de un millón de euros de sanción por no haber cumplido las horas de contrato, por no haber respetado los servicios minimos durante las huelgas y también por no haber evitado incidentes en zonas del metro que tendrían que haber reforzado. Esta compañía canaria, precisamente, acaba de anunciar que cierra. En cuanto lo hagan, cederá o venderá todos sus servicios a otras empresas, dejando en vilo a sus trabajadores.

La Comunidad de Madrid también ha multado a las compañías de la seguridad privada, por ejemplo, de la Consejería de Presidencia, o de la Agencia del Menor Infractor. En este último caso porque entre su plantilla no se incluyó a un 2% de personas con discapacidad. Hay sanciones similares también en la Consejería de Educación y en la de Transportes.


Sin embargo, misteriosamente, en ese listado de multas al que hemos tenido acceso, no hay ni una sola sanción para la empresa que se encarga de la seguridad privada de los juzgados madrileños. Como ya les adelantamos en el mes de junio, los vigilantes han estado trabajando desarmados en contra de los que fijaba el contrato, de hecho, durante 10 meses, el Gobierno madrileño pagó indebidamente más de 120.000 euros a esta empresa. El diputado del PSOE Diego Cruz, cree que es un escándalo que la Comunidad haya pasado por alto esta situación y no haya sancionado a esta empresa.

jueves, 24 de agosto de 2017

«Aena solo paga un plus de 1,27 euros por hora en el escáner de seguridad»











«Aena solo paga un plus de 1,27 euros por hora en el escáner de seguridad»

  • El equipo de vigilancia del aeropuerto asturiano, dispuesto a movilizarse para lograr incrementos salariales y de personal tras «llegar al límite»


Fuente: elcomercio.es - CHELO TUYA GIJÓN.Miércoles, 23 agosto 2017

«La seguridad del aeropuerto, de los pasajeros y de los vuelos es nuestra responsabilidad. Si alguien cuela un elemento prohibido y comete un atentado con él, no solo peligra nuestro puesto, sino también podemos enfrentarnos a que nos imputen un delito. Estamos en nivel de alerta 4 (sobre un máximo de 5), pero Aena solo paga 1,27 euros por hora de control en el escáner de seguridad. Y, ojo, por hora efectiva, porque cada vigilante solo puede estar veinte minutos seguidos ante el escáner. Hasta que no rota tres veces, no cobra el plus».

Así resumen los portavoces del equipo de vigilancia del aeropuerto de Asturias la situación en la que viven. Representados por USO, UGT y CC OO, las tres centrales se muestran unánimes: «Es necesario que Aena deje de adjudicar los servicios de seguridad a la baja. La actual adjudicataria, Icts-Hispania, paga aún menos que la anterior, Ilunion, con la que nos esperan 17 juicios por diferentes incumplimientos».

Unos incumplimientos que han unido a la plantilla. Los 31 fijos y los cinco eventuales. Los que tienen bajo su responsabilidad «la seguridad de todos». «Con el incremento de vuelos del aeropuerto, llegamos a 1.600 personas de paso por el filtro en cada turno. Hemos llegado al límite». Tanto que no descartan «movilizaciones» o medidas similares «para lograr más plantilla y salario».

Porque su función no solo es la parte antipática. «La que vale para que algunos nos llamen polis amargados o 'seguratas'», aseguran, aunque también recuerdan que «hay pasajeros que lo entienden. Los del Imserso, nos traen regalos a la vuelta». Es el control del paso por el arco de seguridad para la zona de embarque.

«Dos filtros eliminan las colas»

En ese filtro deben estar un mínimo de cuatro personas: «Un hombre y una mujer para los cacheos. Un vigilante para los explosivos y otro para el escáner». Con el añadido de que en ese último puesto solo se puede estar veinte minutos.

«Por seguridad, la ley dice que ante la pantalla del escáner solo estemos veinte minutos. Hay tal nivel de exigencia que, después de ese tiempo, no ves». Una exigencia justificada en que «es el paso clave: donde pueden ir los explosivos, las bombas o cualquier elemento prohibido». Un paso esencial para la seguridad antiterrorista, «pero por la que solo nos pagan 1,27 euros a la hora. Insistimos, efectiva. Hay que sumar tres turnos de veinte minutos».

Las nóminas no pasan de los 950 euros de media. Una cantidad que cubre horarios de 5.30 a 14.30 y de 14.30 «hasta el cierre, que pueden ser las cinco de la mañana», de la que hay que descontar «los 30 euros del parking». Sí tienen descuento para comer en la cafetería, «pero nada que ver con los de Aena. Un menú nos cuesta siete euros. A ellos, 1,20».

El filtro del pasaje requiere cuatro personas «con un escáner abierto. Si se abren los dos, que eliminan las colas, tenemos que duplicar, pero eso es a costa de otros servicios». Como el de la vigilancia exterior «que tiene que reforzar el filtro de pasaje cada vez que hay embarque» o el filtro privado. El que utilizan el personal y las tripulaciones, «pero que incluye el control de equipajes».


Recuerdan los vigilantes que ellos llevan, también, «el control central abierto 24 horas. Somos los que 'arrancamos' el aeropuerto cerrado cuando llegan vuelos hospitalarios». «Por 950 euros al mes», repiten.

El comité Ilunion Seguridad convoca huelga en aeropuerto El Prat a partir 2 septiembre

CAT-AEROPUERTO BARCELONA
El comité Ilunion Seguridad convoca huelga en aeropuerto a partir 2 septiembre

Fuente: lavanguardia.com - 23/08/2017

Barcelona, 23 ago (EFE).- El comité de empresa de Ilunion Seguridad en el aeropuerto de El Prat-Barcelona ha convocado a los trabajadores a ir a la huelga a partir del 2 de septiembre para reclamar mejoras salariales y laborales después de que la dirección no se presentara ayer a una reunión negociadora.

La dirección y el comité se habían citado ayer para continuar negociando las reclamaciones de la plantilla, aunque la empresa no se presentó, por lo que los representantes de los trabajadores decidieron ir al departamento de Trabajo para presentar el aviso de huelga, según ha informado hoy a Efe una portavoz de UGT.

De hecho, la reunión negociadora estaba prevista para el 18 de agosto, pero fue suspendida y trasladada al día 22 a causa de los atentados terroristas de la semana pasada.

Si no se producen nuevos acontecimientos, los 254 trabajadores que conforman la plantilla de Ilunion en El Prat están llamados a seguir una huelga que, en principio, está previsto que dure tres meses.

El comité podría retirar la convocatoria si la empresa se sienta a negociar, según han apuntado las mismas fuentes.

Los representantes de los trabajadores piden un incremento de 350 euros mensuales para todos los empleados del aeropuerto, además de otras medidas organizativas.

Los trabajadores de Ilunion en el aeropuerto se encargan de la seguridad en puntos de la periferia de la instalación y de los equipajes que se facturan, lo que incluye el control del escáner por el que pasan todos los bultos, además de los accesos del personal de Aena.


El comité de Ilunion en el aeropuerto está integrado por miembros de los sindicatos UGT, USOC, CSIF, STS (Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios) y AVSAB (Asociación de Vigilantes de Seguridad del Aeropuerto de Barcelona). EFE