viernes, 30 de septiembre de 2011

Escolta embarazada - La Mutua rectifica


TRAS LA INFORMACIÓN DE 'EL CONFIDENCIAL'

País Vasco: la mutua rectifica y da la baja a la escolta embarazada


Javier Chicote  30/09/2011  (06:00h) – elconfidencial.com
Apenas 24 horas después de la publicación en este diario de la historia de Sandra B.R., escolta que trabaja en el País Vasco, MC Mutual ha rectificado y le concede de forma inmediata la baja laboral por su estado de embarazo. Sandra B.R., encinta de siete semanas y encargada de laprotección de un político vasco que acude en las listas de las elecciones generales del 20-N, había acudido a su mutua tras enterarse de que estaba embarazada. Allí le dijeron que no consideraban que hubiera riesgo hasta la semana doce de embarazo: “Me dijeron que si trabajara de señora de la limpieza, en contacto con productos químicos, o de reponedora en un supermercado, levantando pesos, ya tendría la baja, pero de escolta, no”.
Su empresa, Ombuds Compañía de Seguridad, emitió un informe en el que certifica que la trabajadora tiene “la categoría profesional de vigilante de seguridad con arma, en funciones de escolta, incompatible con su actual estado (embarazo)” y adjuntó un plan de evaluación de riesgos laborales. Pero la mutua no cedió. Ella insistió en qué pasaría si la agreden o sufre un atentado y pierde al niño, pero “me contestaron que eso sería un accidente laboral y, por lo tanto, no es su problema”, recuerda.
Una responsable de MC Mutual aseguró a este diario que en el caso de Sandra “se han examinado todas las circunstancias y una comisión ha estipulado que su puesto de trabajo no supone un riego añadido para el feto hasta la semana doce”. La portavoz añadió que “si le pegan un tiro da igual que esté embarazada o no y cuando aceptaron ese trabajo, que está muy bien pagado, ya sabían a lo que se exponían. Tenemos un caso similar, no de escolta sino de una trabajadora social en lugares de riesgo, y ganamos el juicio”.
Pese a ello, ayer se pusieron en contacto con Sandra y con su representante sindical y les comunicaron que habían valorado de nuevo el caso, los riesgos que asume, y le comunicaron que le concedían la baja de forma inmediata.

Sector Seguridad en Galicia


Más de setenta empresas velan por la seguridad privada gallega
A pesar de que el colectivo no escapa al azote de la crisis económica, la demanda de determinados servicios, como el de las alarmas del hogar, continúa en crecimiento
La facturación de este sector profesional en la comunidad ronda los 150 millones de euros
30/9/2011 – lavozdegalicia.es
Galicia cuenta aproximadamente con setenta empresas habilitadas y homologadas por el Ministerio del Interior para la realización de actividades relacionadas con la seguridad privada. Su cometido se ciñe a la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, el transporte de fondos, central de alarmas, asesoramiento y planificación, transporte y depósito de explosivos.
El sector comprende alrededor de 5.000 trabajadores a lo largo del panorama autonómico, incluyendo vigilantes de seguridad, guardas de campo, caza y pesca, escoltas privados, directores de seguridad, jefes de seguridad, ingenieros e instaladores. Contando al personal administrativo, los departamentos comerciales u otros empleados reconocidos en el convenio, la cifra de empleados ascendería a 6.000.
La facturación en Galicia es de aproximadamente 150 millones de euros. No obstante, las vacas flacas también han llegado a este sector, y los índices de facturación están siendo negativos con respecto a años anteriores. Así, ha dejado de registrarse un crecimiento en esta especialidad. Lo que sí ha experimentado una subida es el campo de las alarmas del hogar, lo cual se contrarresta con la bajada de las nuevas instalaciones en los locales industriales. El aumento en el montaje de las alarmas podría venir determinado por los robos que se están produciendo en los domicilios, que hacen aumentar las necesidades en materia de seguridad de la población.
Auge electrónico
También hay que decir que en estos tiempos de crisis los sistemas electrónicos se han ido imponiendo a los vigilantes de seguridad, llegando incluso a sustituirlos, y no son pocas las voces del sector que reclaman su utilización como método complementario. Por otro lado, las empresas de seguridad cubren multitud de necesidades sociales. En primer lugar, se ocupan de la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. Pero también se dedican a salvaguardar la protección de personas determinadas, y llevan a cabo el depósito, custodia, recuento y clasificación de dinero y objetos valiosos o peligrosos que puedan requerir protección especial. El transporte y la distribución de los objetos descritos es también competencia de estas empresas, y corre a su cargo la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad. Tienen la obligación especial de asistir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Intrusismo en el Sector


El intrusismo laboral se erige como uno de los principales problemas del sector
Las empresas que contratan a falsos profesionales pueden ahorrarse sobre 30.000 euros, aunque corren riesgos de sanción
La labor de los vigilantes no es del todo conocida por la población
30/9/2011 – lavozdegalicia.es
Los especialistas en seguridad coinciden en señalar como problema grave para su profesión el creciente intrusismo laboral por parte de determinadas empresas que, sin homologación ni habilitación, intentan suplantar la figura del vigilante de seguridad.
Señalan como «intrusos» a controladores y auxiliares de servicio que no tienen convenio ni legislación que los ampare, lo cual redunda en una reducción de los costes de cara al cliente. Incluso estudios existentes sobre el sector de la seguridad privada señalan que estos «falsos trabajadores» aparecen uniformados de forma similar a los vigilantes de seguridad. Para su distinción, cabe la observación de si portan o no la placa identificativa, así como los grilletes y la porra. Con la contratación de estos intrusos laborales, una empresa puede llegar a ahorrarse anualmente unos 30.000 euros, aunque arriesgándose a que le impongan diferentes multas. Esta situación está provocada por las diferencias salariales, así como por la falta de formación anual a los trabajadores. Galicia alberga a más de mil falsos vigilantes, que estarían incumpliendo la ley de seguridad privada.
Protección
Por otro lado, también es frecuente que se confundan las tareas de los vigilantes de seguridad. Están capacitados para efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, pero no pueden en ningún caso retener la documentación personal.
Deben ejercer la vigilancia y protección de personas, bienes muebles e inmuebles, así como tienen la facultad de evitar la comisión de actos delictivos, poniendo los delincuentes a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin proceder a su interrogatorio. Su cometido es también el de proteger el almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero u objetos valiosos, sin olvidar la prestación de servicios de respuesta a las alarmas que se produzcan y cuyo tratamiento no responda a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La Asociación Gallega de Trabajadores de Seguridad Privada, Agasep, señala que la seguridad representa «uno de los pilares básicos de la convivencia». En sus estudios demuestra un gran respeto por el marco legislativo, que incluye que los servicios privados de seguridad son complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. Asimismo, entre sus premisas se encuentra la de un trato digno por parte del personal de seguridad hacia las personas. Los profesionales de este sector han de responder, según Agasep, «a los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias, y actuando con congruencia y proporción en la utilización de sus facultades y medios disponibles».

Secuestraron a un Vigilante

Un acusado asume la autoría de un atentado terrorista contra una discoteca y exculpa a un colaborador
29.09.11 | 14:36 h.  EUROPA PRESS

El vigilante de seguridad afirmó a los agentes que tres hombres armados le secuestraron diciéndole: "No grites o te pegamos un tiro"
El miembro de la banda terrorista ETA Luis Mariñelarena Garciandía ha admitido que cometió, en compañía de otros dos etarras, el atentado perpetrado contra una discoteca de Lacuntza (Navarra) en 2001 por ser un "punto de venta de droga muy conocido". Tanto él como el acusado Roberto Lebrero han exculpado al tercer imputado en estos hechos, Xabier Etxeberria, y han mantenido que simplemente colaboraba en la búsqueda de infraestructura.

Mariñelarena, Lebrero y Etxebarría se enfrentan a penas de entre 29 y 38 años de cárcel presuntamente por abordar al vigilante de seguridad de la discoteca 'Universal', cubrirle la cabeza con una capucha y trasladarle a una zona boscosa. Minutos antes, habrían colocado los explosivos en la pista de baile central y en el lateral izquierdo de la discoteca, donde estallaron el 27 de septiembre de 2001.

En la declaración que prestó en sede policial, Mariñelarena afirmó que el comando escogió la discoteca porque era "un punto de venta de droga muy conocido" en la ciudad y que sus integrantes tenían información sobre un concejal socialista y sobre agentes de la Policía Autónoma Vasca.

Robero Lebrero ha asegurado igualmente que Etxeberria sólo colaboraba con el comando en el abastecimiento de infraestructura y ha precisado que el comando no se denominaba 'Haitzea'. "Haitzea era el nombre de otro colaborador, para protegerle seguimos con el cuento", ha indicado, para explicar que hicieron creer a la Policía que ese nombre era el utilizado para denominar al comando con el fin de facilitar la huida del colaborador.

Etxeberria ha reconocido que se encargaba de alquilar viviendas y locales para los otros dos acusados pero ha precisado que no formó parte del comando ni tampoco ha participado en ningún atentado.

LE MANIATARON Y LLEVARON A UNA ZONA BOSCOSA

Por su parte, el vigilante de seguridad de la discoteca navarra relató a los agentes que tres hombres armados con "una pistola de gran tamaño" se acercaron a él, le amordazaron y le advirtieron: "No grites o te pego un tiro". Acto seguido, le condujeron a una zona boscosa y, minutos después, tres bombas hicieron explosión en el local.

Así lo señaló el vigilante de seguridad de la discoteca 'Universal' cuando prestó declaración en sede policial al día siguiente de perpetrarse el ataque terrorista. Su testimonio ha sido leído este jueves en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, ya que la víctima ya ha fallecido.

El vigilante de seguridad, que había custodiado el local durante 16 años, contó a los agentes y a otros encargados del establecimiento que ese día entró en el edificio y los tres hombres le encapucharon. "¡Quítame ésto que me asfixio!", dijo a uno de sus captores, a lo que éste le respondió: "Son diez minutos, no te muevas o te pego un tiro".

Tras ello, le maniataron y condujeron a una zona boscosa, donde le dieron "tres o cuatro vueltas" sobre sí mismo para desorientarle hasta que le quitaron la capucha y se dieron a la fuga. Poco después, los tres artefactos que habían colocado previamente en la discoteca estallaron, provocando la "total" destrucción del edificio aunque no daños personales, según han afirmado varios peritos durante la vista.

Controles Fraude Metro Barcelona


NUEVA ESTRATEGIA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL SUBURBANO
Operación jaula en el metro
Centenares de viajeros se vieron sorprendidos ayer por un megacontrol de billetes en el transbordo de la estación de Verdaguer
TMB intensifica la campaña contra el fraude

Jueves, 29 de septiembre del 2011- elperiodico.com
ROSA MARI SANZ
BARCELONA
Colarse puede salir caro. Es el mensaje que cada vez con mayor insistencia transmite TMB a los usuarios del transporte público, principalmente a los del metro, donde es habitual ver cómo entran sin pagar centenares de personas. Pero no solo con campañas, como las que puso en marcha el pasado año bajo los nada amables ¿Te crees muy listo? y Quien la hace la paga, también con acciones contundentes. Como la de ayer en el transbordo entre las líneas 4 y 5 de la estación de Verdaguer, en la que los viajeros se vieron sorprendidos por interventores que los fueron alineando en los dos sentidos, separados por unas cintas para ordenar colas, sin opción a escapatoria.
Versión en .PDF
Los controles eran más habituales junto a los torniquetes de las estaciones. Allí, cuando los vigilantes ven a alguien que trata de colarse lo invitan primero a comprar el billete y solo lo sancionan si se niega a pagar. Ahora se están intensificando en los pasillos de algunas paradas, lo que ya no da opción a una segunda oportunidad. En la operación de ayer, que se llevó a cabo entre las 10 de la mañana y las dos de la tarde, fueron decenas los viajeros que buscaron mil excusas para no ser sancionados con 50 euros por viajar sin pagar, una sanción que se reduce a la mitad si se abona al momento y que puede llegar a ser de 600 euros si da lugar a una sanción administrativa, o sea, si no se paga en el plazo.
A falta de contabilizar los que ayer fueron pillados, las cifras que baraja TMB es que uno de cada 100 viajeros lo hace por la cara, un porcentaje correspondiente al 2010 que fue sensiblemente inferior al del 2009 (1,1%).
El operativo de ayer, en los momentos de mayor tráfico de personas, llegó a ocasionar cierto embotellamiento, pero fue en general bien recibido por los viajeros. «Es más fácil que te feliciten, porque a muchos les molesta que se les cuelen delante de las narices», explicaba uno de los interventores. No obstante, también hubo tensión, como cuando al poco de comenzar tuvieron que pedir el apoyo de los Mossos porque dos jóvenes sin billete se mostraron violentos. Para rebajar ciertas tensiones, los trabajadores contaron con el apoyo de personal de seguridad.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Segurpri Nº 32 - Septiembre 2011

Boletín del Sector de Seguridad Privada - SEGURPRI Nº 32










Fusión en Securitas Seguridad España

Boletín Oficial del Registro Mercantil en el que se formaliza la fusión por absorción impropia entre Securitas Seguridad España, Securitas Alert Services y Black Start.











Venta de diplomas falsos

 SUCESOS
Investigan en Gipuzkoa una trama que vendía falsos diplomas para escoltas
Los documentos, al parecer, se expedían en una academia de Madrid 
29.09.11 - 01:57 - 
JAVIER PEÑALBA | SAN SEBASTIÁN.diariovasco.com

LA CIFRA
400
euros es la suma que algunos aspirantes a escoltas y vigilantes de seguridad pagaban por la obtención de los diplomas con los que podían presentarse al examen de Interior.
Una veintena de personas fueron citadas ayer a declarar en la comisaría de Aldapeta
Una unidad especial de agentes pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía mantenía ayer abierta una operación en Gipuzkoa con el objetivo de dejar al descubierto una trama de expedición y venta fraudulenta de diplomas para vigilantes jurados y escoltas.

Cerca de una veintena de personas fueron llamadas a declarar a dependencias policiales para que pudieran justificar la legal obtención de dicho documento, imprescindible para optar al examen de escolta y acceder posteriormente a un puesto de trabajo.

La operación, según fuentes consultadas, habría comenzado en Madrid, donde la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional habría tenido conocimiento de las presuntas actividades ilícitas desarrolladas por una academia especializada en la preparación de escoltas.

Los investigadores tratan de determinar si este centro, al parecer radicado en Madrid, ha expedido diplomas sin que los candidatos hubiesen realizado los cursillos obligatorios.

Los diplomas se otorgan sólo cuando las personas que optan a esta actividad profesional adquieren en los cursos de formación los oportunos conocimientos para la actividad que van a desarrollar. Este documento es un requisito indispensable para poder presentarse a los exámenes que periódicamente convoca el Ministerio del Interior, que es el que en última instancia aprueba o suspende al candidato a escolta o vigilante.

Según las fuentes citadas, algunos de los escoltas y guardas ahora investigados habrían comprado el diploma sin haber acudido siquiera a las aulas de la academia. Estos habrían pagado entre 400 y 500 euros por la obtención de dicho documento.

Desde que la operación policial se puso en marcha, son alrededor de 400 los escoltas y vigilantes de todo el país que han sido llamados a declarar a dependencias policiales. Buena parte de ellos han terminado imputados por un delito de falsedad documental, mientras que sobre los responsables del centro de preparación recaería también la acusación de haber cometido un delito de estafa.

Ayer fueron cerca de veinte los escoltas y guardas que comparecieron en la comisaría de la Policía Nacional de Aldapeta, en Donostia. El martes, los agentes estuvieron en Pamplona, donde fueron investigados alrededor de otros veinticinco escoltas.
La Policía tiene previsto remitir hoy toda la documentación que ha obtenido al Juzgado de Guardia de San Sebastián, que será el órgano que a partir de ahora instruya una parte del caso.
Según las mencionadas fuentes, fue uno de los socios de la academia quien se habría dedicado a ofrecer los diplomas a clientes en el País Vasco.
La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco calcula que son 3.000 los guardaespaldas que hay en Euskadi. No corren buenos tiempos para esta profesión que ve que en los últimos meses la oferta de empleo se ha reducido. El recorte del número de escoltas anunciado por Interior haría que entre 500 ó 600 se quedaran sin trabajo, aunque se estima la paulatina supresión de esta medida podría dejar en un futuro sin trabajo a más de 2.000. En el último año, otro medio millar de escoltas han perdido su trabajo en el País Vasco.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Intervención Vigilante de Seguridad


Un vigilante y varios ciudadanos retienen a un atracador. | Efe
SUCESOS | Dos hombres de nacionalidad extranjera

Varios ciudadanos retienen a dos atracadores que asaltaron una joyería en el centro


Chema Rodríguez | Sevilla
Actualizado miércoles 28/09/2011 11:55 horas – elm undo.es

La Policía Local ha detenido esta mañana en su huida a dos personas que acababan de atracar una joyería en pleno centro de Sevilla. Se trata de dos hombres, de nacionalidad extranjera. Los detenidos iban armados con armas simuladas y aerosoles de pimienta.
El atraco se ha producido en la joyería Shaw, en la esquina de la calle Jaén con la Plaza Nueva. Los asaltantes, que amenazaron con pistolas simuladas a los dependientes, accedieron al local con sus rostros ocultos con gafas y sombreros, se hicieron con su botín, básicamente relojes, y emprendieron la huida.
Agentes de la Policía Local que se encontraban por la zona -el Ayuntamiento de la ciudad tiene su sede en la misma Plaza Nueva- consiguieron alcanzar y detener a los atracadores, a los que en primer momento retuvieron varios viandantes que se encontraban por esta zona comercial y un vigilante de seguridad de una entidad bancaria próxima.
Los atracadores entraron en la joyería sobre las 11.00 horas, empujaron a los empleados e incluso los rociaron con un aerosol de pimienta, según ha informado a Efe uno de los afectados. En su huida, olvidaron las armas en el mismo establecimiento atracado.
Una de las empleadas de la joyería ha sido atendida por los servicios sanitarios afectada por el aerosol y por un estado de ansiedad.

Diputación Alava sanciona a Esabe


CAV-DIPUTACIÓN ÁLAVA
Diputación sancionará a la empresa encargada de su seguridad con 37.000 euros
27/09/2011 - 16:33 – finanzas.com -  Noticias EFE

Vitoria, 27 sep (EFE).- La Diputación Foral de Álava ha anunciado hoy que sancionará a la empresa Esabe, encargada de la seguridad en las sedes de la institución foral, con una multa de 37.000 euros por incumplimiento de contrato.
Así lo ha confirmado el diputado general de Álava, Javier de Andrés, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados que se ha celebrado hoy en la localidad de Salinas de Añana (Álava).

La empresa, que también es adjudicataria del servicio de vigilancia de Osalan, las sedes centrales de Osakidetza y Correos en Vitoria, ha sido demandada por incumplimiento, durante el mes de agosto, de algunos de sus cometidos, que no han sido identificados.
Esabe ha sido sancionada anteriormente por la Inspección de Trabajo por impago de salarios, incumplimiento del convenio colectivo en cursos de formación o por abonar con retraso las horas extraordinarias que hacen sus trabajadores.
De Andrés ha aclarado que el contrato con Esabe seguirá en vigor, puesto que la sanción servirá para que la firma se avenga a las condiciones del contrato, ha asegurado.

Por otra parte, De Andrés ha señalado, con el objeto de que no ocurran situaciones como las de Esmaltaciones San Ignacio, la liquidación de los incentivos que reciban las empresas será posterior al cumplimiento de las condiciones que se les impongan desde la Diputación.

Jornadas Seguridad Pública y Privada

Ciudad Real acoge las primeras jornadas de aspectos prácticos sobre seguridad pública y privada tras el cambio de la ley
CIUDAD REAL, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
   El edificio de Servicios Múltiples de Ciudad Real ha acogido este martes las primeras jornadas que la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) organiza tras la entrada en vigor en agosto de las Ordenes del Ministerio de Interior sobre Seguridad Privada con el objetivo de analizar su interpretación jurídico-práctica.
   Así lo ha explicado durante la inauguración el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Lacruz, quien ha destacado que la globalización de la sociedad actual ha provocado que el concepto de seguridad haya traspasado la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, lo que ha provocado que sea aún más necesaria la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la seguridad privada.
   "La seguridad privada puede llegar a ámbitos donde no llegan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, al igual que siempre reivindicamos desde la Subdelegación del Gobierno la colaboración ciudadana para acabar con la delincuencia, creo que también hay que colaborar con la seguridad privada para sumar esfuerzos, ya que el enemigo es común: aquel que no respeta ni la propiedad privada ni los derechos de los ciudadanos", ha argumentado Lacruz.
   En este sentido, ha destacado que entre los ámbitos en los que esta colaboración es interesante se encuentra, por ejemplo, el intento de atajar el robo de cobre no sólo en las explotaciones agrarias, sino también en otros lugares como vías férreas o parques solares y eólicos.
VIDEOVIGILANCIA
   Por otra parte, el vicepresidente primero de AECRA, Jorge Salgueira, se ha centrado durante su intervención en la necesidad de ofrecer soluciones práctico-jurídicas a un tema tan importante y tan en auge como la videovigilancia "ya que lo que más nos interesa es trabajar para que esas imágenes se puedan presentar como medio probatorio ante la policía y los jueces y que estos, a su vez, la consideren como una prueba plena y no como indiciaria porque no se hayan cumplido todas las garantías durante la grabación"
   Asimismo, también ha subrayado que durante la jornada se han abordado otras cuestiones tan vigentes como la protección en las áreas rurales y la prevención usando las nuevas tecnologías con el objetivo de disuadir al delincuente y, en caso de no lograrlo, poder aportar pruebas a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
   Respecto a la colaboración ya existente entre la seguridad pública y la privada, Salgueira ha recordado que están en vigor los programas Colabora y Coopera que articula la Secretaría de Estado de Seguridad con el fin de crear herramientas efectivas a la hora de colaborar ambos colectivos en el día a día.
MODIFICACIÓN
   Finalmente, el vicepresidente primero de AECRA ha aprovechado para reivindicar una modificación de la Ley de Seguridad Privada "porque hay actividades que afectan a la seguridad ciudadana y deberían ser prestadas por la seguridad privada, en colaboración necesaria con la privada, como es el caso de los porteros de las fincas rurales, que no deberían encargarse de la seguridad sino del funcionamiento interno de la finca, el transporte de fondos, la videovigilancia o que las centrales de alarmas puedan actuar en temas como la violencia de género o el apoyo a personas mayores, entre otros".

Restituyen servicio de seguridad en autobuses


CÁDIZ
Los autobuses de Comes volverán a contar con seguridad privada
El Consorcio Metropolitano de Transportes restablece el servicio ante los sucesos violentos acaecidos hace un mes 
28.09.11 - 00:14 –lavozdigital.es - Cádiz

Los conductores de la empresa Comes podrán trabajar un poco más tranquilos durante el próximo fin de semana. Tres meses después de la eliminación de la seguridad privada en los autobuses, el Consorcio Metropolitano de Transporte ha dado marcha atrás y ayer decidió restablecer el servicio para intentar dar una solución a los sucesos violentos acaecidos en el último mes. De esta manera, el Consorcio ha puesto a disposición de la empresa una dotación económica para pagar los gastos que acarrea la vigilancia privada, de manera que los agentes podrían comenzar a trabajar este mismo fin de semana, garantizando así la seguridad de usuarios y conductores.

Según fuentes de la administración, las condiciones del servicio serán las mismas que existían antes de que se suspendiera el mismo, el pasado mes de junio. De este modo, los agentes trabajarán a primera hora de la mañana del sábado y domingo, y se encargarán de evitar los incidentes en las paradas de origen de los vehículos.
Sin embargo, esta decisión no ha respondido al completo a las exigencias del presidente del comité de empresa, Francisco Rafael Ortiz de Galisteo, que ayer aseguró que desde el Sindicato Andaluz de Conductores seguirán solicitando otras medidas. «Hace unos días, un agente de la Guardia Civil tuvo que acompañar a un conductor en Puerto Real porque había un borracho en el interior del vehículo y el pasado fin de semana, otro tuvo que parar el autobús porque más de diez personas estaban fumando sustancias prohibidas y no se podía trabajar», puntualizó el portavoz de los trabajadores. Por esta razón, Ortiz puntualizó que van a solicitar la instalación de cámaras de seguridad, mamparas y otras herramientas con las que poner fin a este tipo de incidentes.

Entre otras acciones, el sindicato va a solicitar una reunión con el órgano superior del Consorcio para exponer los problemas de seguridad que sufren los trabajadores, así como otras deficiencias. «Sabemos que algún día va a ocurrir algo grave, así que no vamos a parar hasta que garanticemos la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios que utilizan el servicio», agregó.

No robarás


CÁDIZ
José R. L. sustrajo varias prendas de firma por valor de más de 1.000 euros, a las que arrancó las alarmas con unos alicates 
28.09.11 - 00:13 - MIGUEL DOMINGO GARCÍA lavozdigital.es | CÁDIZ.
El cura reconoció los hechos ante el juez, que le ha sentenciado a pagar una multa de unos 800 euros
El séptimo mandamiento de Dios dice: «No robarás». Aunque a José R. L, uno de los dos sacerdotes vicarios de la Iglesia de Santa Cruz (Catedral Vieja), se le ha condenado por sus pecados según la ley de los hombres, porque trató de robar varias prendas de bastante valor en El Corte Inglés de Cádiz.
Cuando el vigilante de seguridad del centro comercial lo sorprendió 'in fraganti' -el pasado jueves 22 de septiembre, alrededor de las 15.47 horas-, el sacerdote llevaba encima dos camisas de marca, dos jerseys y una chaqueta, que había escondido en el interior de una especie de maletín de ordenador. Todo lo sustraído costaba más de 1.000 euros, así que al cura se le imputó un delito de hurto, que se aplica a los robos en los que el ladrón no utiliza violencia. Curiosamente, no se tuvo en cuenta que el sacerdote utilizó unos alicantes con los que reventó las alarmas de seguridad que llevan las prendas, y así pasar desapercibido por el control magnético de salida.
El pasado lunes, José R. L. confesó todo lo que había hecho y admitió su culpa ante el juez Número 1 de Instrucción de Cádiz, que celebró un juicio rápido en el despacho del juzgado de guardia de al capital. La Fiscalía pedía para el sacerdote tres meses de prisión por el delito de hurto en grado de tentativa, pero como José R. L. reconoció los hechos, se le redujo finalmente la pena a una multa económica que no supera los 800 euros. Además, ya que se recuperaron las prendas robadas, también tendrá que hacerse cargo del pago de los daños que causó en las alarmas destrozadas.
Reincidente
Según las fuentes consultadas, al sacerdote no había estado fichado hasta ahora por la Policía, ni tenía antecedentes penales por robo. Sin embargo, el vigilante de seguridad que acudió al juicio a declarar como testigo aseguró que ya había sorprendido a José R. L. en diversas ocasiones robando, aunque a la vista del historial judicial del sacerdote, el guarda privado debió de tener caridad con él y decidió hacer la vista gorda. Hasta ahora, claro. Ya que el volumen de lo robado excedió los 400 euros, a partir de lo cuales se considera que se ha cometido un delito, en lugar de una falta. Como el vicario reconoció los hechos y se conformó con la condena, la sentencia ha pasado a ser firme.
En el Obispado de Cádiz, ayer aún no se había decidido qué medidas disciplinarias se adoptarían contra el sacerdote, que además de vicario de la Iglesia de Santa Cruz, era director espiritual de dos de las cuatro hermandades que tienen sede canónica en la Catedral Vieja. «Ahora estamos aún pendientes de saber qué ocurrió exactamente, de hablar con él para que nos explique que le pasó», declaró ayer a este periódico el vicario del Obispado, Guillermo Domínguez Leonsegui.
El párroco de la Iglesia de Santa Cruz, Balbino Reguera, y el otro vicario pastoral del templo, Pedro R. Molina, también declinaron hacer declaraciones sobre su compañero.

martes, 27 de septiembre de 2011

Segurpri Monográfico nº 12

Monográfico de Seguridad Privada Nº 12 "Orden en las Alarmas".

Generalitat Valenciana no paga su seguridad privada


La Generalitat debe la seguridad privada de dos años en sus edificios
Empresas de vigilancia dejan de trabajar para la Administración ante el retraso en los pagos
JULIA RUIZ VALENCIA - levante-emv.com – 27 Septiembre 2011

Las empresas de seguridad privada forman parte también de la nómina de proveedores que hacen cola desde hace meses ante la Administración valenciana para cobrar por sus servicios. Según fuentes del sector consultadas por este diario, las facturas pendientes se arrastran en algunos casos desde casi dos años, una situación que ha llevado a algunas adjudicatarias a renunciar a seguir trabajando para la Generalitat dada la asfixia económica que implica no cobrar. En algunos casos, la deuda supera los tres millones de euros.
Desde hace años, la Generalitat confía en empresas privadas la seguridad de los edificios administrativos. La policía autonómica tiene asignada, entre otras competencias, la vigilancia y custodia de los edificios públicos. Sin embargo, estas tareas se comparten con empresas de seguridad privada. La falta de liquidez de las arcas autonómicas ha ralentizado los pagos a las empresas contratistas hasta el punto de que se está tardando hasta veinte meses en cobrar.
 
Desde la Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios se admite que la situación es "dramática" para unas empresas que, además de no cobrar, se ven obligadas a adelantar el pago del IVA. Además, apuntan, las distintas conselleries que requieren seguridad privada para sus centros de trabajo han dejado de convocar concursos públicos y contratan mediante el procedimiento de subasta, lo que obliga a las empresas del sector a hacer ofertas a la baja, con precios con los que apenas cubren los gastos del personal. Muchas de estas empresas han acudido a los tribunales para reclamar los intereses de demora.
Pero no sólo este sector está sufriendo las consecuencias de la crisis financiera de la Generalitat. Según ha podido saber este diario, el tijeretazo en el gasto público ha supuesto en algunos casos una merma en la prestación de los servicios de seguridad privada. De hecho, algunos edificios administrativos van a quedarse sin personal de vigilancia o han visto ya reducido sensiblemente el número de efectivos dedicados a estos menesteres.
Cabe apuntar que en centros sanitarios o de servicios sociales las carencias en seguridad pueden generar situaciones delicadas, ya que se trata de lugares donde a menudo se producen conflictos. Es el caso de los centros de menores. Según ha podido saber este diario, ya existen centros de menores afectados, que en unas semanas se quedará sin vigilante privado.
 

Reducción de Escoltas Privados


POLÍTICA

Interior y los escoltas alejan sus posturas tras una reunión infructuosa

Debatieron la reducción de los servicios de protección a cargos públicos. La asociación de guardaespaldas anuncia que demandará a Ares si alguno de sus protegidos es atacado 

27.09.11 – diariovasco.com
El Departamento de Interior del Gobierno Vasco y la Asociación de Escoltas del País Vasco mantuvieron ayer una reunión que, lejos de acercar posturas, agrandó aún más la distancia que les separa por la reducción de los servicios de protección a los cargos públicos. De hecho, al término del encuentro, el presidente de la agrupación tildó de «precipitada» la decisión adoptada por los ejecutivos central y vasco y anunció que emprenderán «acciones legales» contra el consejero Rodolfo Ares y su equipo si se producen «agresiones o ataques a cualquiera» de sus protegidos. Horas después, a través de un comunicado, Interior rechazó que se haya «dado la espalda» al colectivo y aseguró que algunas de las demandas de la asociación ya se han puesto en práctica.
El presidente de la asociación de escoltas, Santiago Fontenla, aseguró que «nosotros seguimos manteniendo nuestro nivel de alerta al cien por cien, pero entendemos que la administración quizá no actúa como debiera», aseguró Fontenla y advirtió que con ETA «no caben ni las alegrías ni los descuidos».
Recalcó que no quieren ser «ciudadanos privilegiados». Demandan, entre otras cosas, que se reduzca la edad de jubilación de los guardaespaldas hasta los 55 años. También plantean que la experiencia en los servicios de seguridad privada puntúe en los concursos para acceder a una plaza en la función pública y que se les tenga en cuenta de cara a desarrollar futuras tareas de protección de mujeres víctimas de la violencia de género.
Los representantes de la asociación, que ya mantuvieron un encuentro con la dirección PP, insistieron en que la reunión de ayer les dejó la «impresión» de que no tendrán «demasiadas posibilidades» de acceder al mercado laboral «con el apoyo del Gobierno Vasco». «Los escoltas esperábamos un poco más de aquellos a los que hemos custodiado y por los que muchas veces nos hemos jugado la vida», afirmó Fontenla.
Según sus datos, la reducción de servicios provocará unos 500 despidos en la CAV y Navarra sobre un colectivo de 1.700 trabajadores. «Hemos salido con la misma incertidumbre que hemos llegado», dijeron.
La respuesta pública de Interior no se hizo esperar demasiado. En un comunicado, el departamento que dirige Rodolfo Ares recordó que la asociación de escoltas, que ya les había criticado en otras ocasiones, no les pidió esta reunión por escrito hasta el pasado miércoles.
«Encuentros privados»
En este sentido, insistió en que responsables de la consejería ya se habían reunido con anterioridad, en al menos dos ocasiones, con todas las empresas de seguridad contratadas por el Ejecutivo vasco y con los sindicatos. Encuentros de «carácter privado» en los que, según se indica en el texto, ya se explicaron los motivos de la reducción, aplicada en pleno alto el fuego de ETA.
El Departamento de Interior insiste en que los problemas laborales «exceden a las competencias del Gobierno y corresponden a las empresas y sindicatos». Sobre la propuesta para adelantar la edad de jubilación, el área que dirige Ares subraya que se trata de una competencia del Ejecutivo central.
Además, recordaron que ya se ha decidido que los ertzainas que dejen de prestar el servicio de escolta serán sustituidos por trabajadores privados y remarcaron que desde el pasado mes de diciembre ofrecen protección a todas las víctima de violencia de género en situación de máximo riesgo.