martes, 30 de diciembre de 2014

Los jueces eximen a los vigilantes de seguridad de identificarse con su DNI

PROTECCIÓN DE DATOS
Los jueces eximen a los vigilantes privados de identificarse con su dni

Fuente: lainformacion.com - jueves, 26/12/13

La Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional ha anulado, en una sentencia hecha pública hoy, la obligación de que los vigilantes de seguridad privada deban identificarse con su número de DNI, al entender que esta medida “pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han anulado en consecuencia la orden emitida en febrero de 2011 por el Ministerio del Interior sobre personal de seguridad privada, que estableció que el número de tarjeta de identificación profesional debía coincidir con el número de DNI o con el Número de Identificación de Extranjero.

Esta medida fue recurrida por Agrupación Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y por la Unión Nacional de Trabajadores al entender que vulneraba la legislación en materia de protección de datos y ponía en riesgo la privacidad y la seguridad de los vigilantes privados. Los recurrentes alegaban que la medida “conlleva el riesgo añadido para los trabajadores de seguridad privada al tener que exhibir su número de Documento Nacional de Identidad a delincuentes y personas de todo tipo”.

"SECRETO AMPARADO"

Los magistrados de la Audiencia Nacional, presididos por José Luis Gil Ibáñez, han dado ahora la razón a los recurrentes al concluir que la inclusión en la tarjeta de identificación de los vigilantes de seguridad privada del número del DNI y la obligación de mostrársela a terceros “supone una infracción del deber de secreto amparado por la legislación de protección de datos”.

“La manifestación de estos datos conjuntos, en cuanto permiten identificar al vigilante de seguridad, pone en riesgo la salvaguarda de su privacidad, su intimidad e incluso su seguridad”, indica la sentencia hecha pública hoy.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concluyen que no “indispensable para dicha identificación que el número de su tarjeta sea el mismo número de su DNI, pudiendo ser otro distinto”. Anulan en consecuencia la orden dictada por el Ministerio del Interior.

(SERVIMEDIA)

lunes, 29 de diciembre de 2014

Tribunales / Multa de 20.000 € a la Caixa por recoger imágenes indebidas

La Audiencia Nacional multa a La Caixa con 20.000 euros por recoger imágenes indebidas.

La Audiencia Nacional ha condenado a La Caixa con 20.000 euros por recoger imágenes indebidas con sus cámaras de seguridad.

Cuatro de las siete cámaras instaladas en la oficina de la calle José Manuel Murguía de A Coruña registraban, además de los accesos al establecimiento, parte del espacio público bajo los soportales.


La sentencia recoge que incluía "a clientes y a terceras personas que transitaban por el mismo, más allá de lo que resultaba imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretendía". La denuncia partió de un particular, lo que finalmente motivó que la Agencia Española de Protección de Datos impusiese a Caixabank una multa de 20.000 euros.

Prisiones: Cinco mentiras del plan de " privatización " de la seguridad

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Cinco mentiras del plan de 'privatización' de la seguridad de las prisiones en España

Fuente: elconfidencial.com - Roberto R. Ballesteros 29/12/2014

El plan de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles un año y medio antes.

La iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Los borradores iniciales de ambos preceptos provocaron reacciones críticas en la sociedad y en algunos órganos consultivos, lo que llevó a que el Gobierno se replanteara algunos puntos o negara tajantemente determinadas acusaciones.

Estas últimas, sin embargo, se ven de otra manera pasados los meses. Hoy, con un poco de perspectiva, se puede decir que aquellas cosas que el Ejecutivo tachó de infundios realmente eran ciertas y quien mentía, por lo tanto, no era quien lo denunciaba, aunque siempre con matices. A continuación enumeramos las cinco afirmaciones del Gobierno sobre el plan de apoyo a la seguridad de las prisiones que son puestas en duda.


1. Dará trabajo a los escoltas en paro

El proyecto del Gobierno fue ‘vendido’ ante la opinión pública –y también en privado– como una iniciativa que tenía el fin de recolocar a los miles de escoltas que se quedaron en paro en el País Vasco tras la desaparición de ETA. Así lo puso de manifiesto el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hace apenas unas semanas incluso admitió que escasamente un tercio de los escoltas privados que antes protegían a potenciales objetivos de ETA se encuentra trabajando en los centros penitenciarios.

Muchos no quisieron, argumentó entonces el secretario de Estado para justificar el bajo porcentaje de recolocados, extremo que rechazan desde el colectivo. El presidente de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, Manuel Jiménez, acusa al Gobierno de no cumplir su promesa y permitir que las empresas de seguridad fichen a vigilantes no escoltas porque les sale más rentable. De hecho, según datos a los que tuvo acceso El Confidencial, apenas el 10% de los empleados de las empresas de seguridad que operan en los centros penitenciarios había sido antes guardaespaldas.

Los exescoltas que conforman Las Sombras Olvidadas de Euskadi, de hecho, han montado la asociación con el fin de presionar a los poderes públicos para encontrar una salida digna a los miles de profesionales que se quedaron sin empleo, lo que demuestra a todas luces que estos guardaespaldas no están contentos con el desarrollo del plan previsto por Interior.

2. No sustituirá a los guardias civiles

Desde Instituciones Penitenciarias han negado que los vigilantes fueran a sustituir a funcionarios de la Guardia Civil, que es el cuerpo que controla la mayor parte de las prisiones de España (apenas media docena están supervisadas por la Policía Nacional). Sin embargo, en los consejos de la Guardia Civil –órgano de encuentro entre asociaciones y administración– ya hace meses que se habla del nuevo destino que ocuparán los agentes del instituto armado una vez que se pase a la tercera fase del plan, cosa que ocurrirá a finales de 2015.

En los citados consejos, de hecho, la Dirección General está comprometiéndose a no trasladar de ciudad a los agentes que abandonen su actual empleo en la prisión y a buscarles un puesto en la zona en la que actualmente residen –para evitar mudanzas familiares–, como demandan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ya descartó unilateralmente que el Gobierno pudiera cumplir otra promesa hecha previamente, la de recolocar a los guardias en el traslado de reclusos, pues claramente no hay plazas para tantos en este destino.

El nuevo compromiso contraído por la Administración en los mencionados consejos internos –no enviar a los guardias fuera de su zona– conlleva, por lo tanto, el reconocimiento de que los funcionarios del instituto armado terminarán saliendo de los centros penitenciarios y que, por lo tanto, sus puestos serán ocupados por vigilantes. En definitiva, precisamente lo que el Ministerio negó inicialmente que ocurriría: que ningún guardia civil sería sustituido por vigilantes.

Por otro lado, los hechos también ponen en evidencia que los miembros de la Benemérita han dejado de hacer determinadas funciones que hoy son responsabilidad en la práctica de los vigilantes de seguridad. Según ha denunciado AUGC, ya incluso durante la primera fase del plan había agentes privados ejerciendo labores que antes desarrollaban funcionarios públicos, como el control de cámaras o el de accesos a determinados centros penitenciarios.

3. Ahorrará costes

El 28 de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa –posteriormente sustituido por Francisco Martínez–, anunció durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que era necesario incluir vigilantes privados en las prisiones ante la imposibilidad de asumir los costes derivados de cubrir las plazas con funcionarios. Esta iniciativa, calculó entonces el sindicato Acaip, conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.

Por el momento, el Gobierno no ha hecho público ningún documento que demuestre este ahorro, que por otro lado en ningún caso se daría si no se terminasen sustituyendo funcionarios por vigilantes, extremo que siempre ha negado el ministro del Interior. Más bien al contrario, lo único que ha habido hasta el momento ha sido un incremento del presupuesto. Tras el desembolso que supuso la primera fase del plan de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que afectó a 21 instalaciones, el Ejecutivo hizo una valoración positiva de sus resultados y dio paso a la segunda fase, que supuso un coste de más de 33 millones de euros, destinado íntegramente a las empresas de seguridad con el fin de sufragar el servicio que prestan.

4. No es una privatización encubierta

El Gobierno nunca ha querido llamar plan de privatización a la iniciativa que por el momento sólo ha servido para incluir vigilantes privados en los servicios de seguridad de las prisiones. Ha rechazado esa denominación y ha preferido hablar de plan de apoyo a las funciones de seguridad. Sin embargo, se trata claramente de un eufemismo. Por un lado, además de que en el Ministerio ya estudian dónde recolocar a los guardias, el proyecto se ha producido en paralelo a la reducción de la oferta pública de empleo, que incluye tanto a funcionarios de prisiones como a policías y miembros del instituto armado, los tres colectivos que controlan los centros penitenciarios. Es decir, la incorporación de los vigilantes viene a paliar esa disminución de empleados públicos que han dejado de entrar en las cárceles por la merma de convocatorias y la citada salida prevista de guardias civiles.


Por otro, el plan tiene visos de ir más allá y no quedarse en un simple parcheo circunstancial, para salir del paso. La previsible sustitución de guardias civiles por vigilantes, antes mencionada, ha venido acompañada de una reforma de la nueva Ley de Seguridad Privada, que habilita a las empresas para llevar a cabo nuevas tareas hasta ahora prohibidas. Esto amplía el abanico de actuación de la industria de la seguridad privada y no solo en los centros penitenciarios, ya que el precepto prevé más competencias.

Lo que ha ocurrido en las cárceles hasta el momento no ha sido una completa privatización de todos los servicios, sino un plan que paulatinamente ha ido concediendo a vigilantes privados tareas que antes hacían guardias civiles y policías, funcionarios que por el momento continúan en sus puestos a la espera de que comience la tercera fase del proyecto (previsiblemente a finales de 2005), que ya conllevará la salida de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, según han admitido altos cargos de la Guardia Civil en los citados consejos de la corporación.

Esta tendencia a la privatización de parte del sector público de la seguridad, por lo tanto, contradice las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno cuando negaban la mayor en público y admitían en privado algo que por otro lado es cierto y que dibuja una previsible tendencia: España cuenta con uno de los mayores ratios policía por habitante de la Unión Europea y uno de los menores vigilante privado por ciudadano. Queda, por tanto, margen de crecimiento en este campo hasta equipararse a otros países del continente.

5. Los vigilantes nunca actuarán solos ni estarán en contacto con los reclusos

Los informes oficiales previos al comienzo del plan de apoyo a la seguridad de las prisiones aclaraban que los vigilantes estarían en todo momento supervisados por un funcionario, extremo que no se cumplió ni incluso en la primera fase del proyecto, que afectó a 21 centros penitenciarios. Ya entonces hubo media docena de recintos en los que Interior permitió que los vigilantes controlaran algunos servicios en solitario.

En la segunda fase, que entró en vigor el pasado octubre y que supuso la extensión del plan a las 67 prisiones del país, este protagonismo de los vigilantes fue in crescendo. Una orden emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso El Confidencial, admite por un lado que estos profesionales privados son “un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas de seguridad”. Por otro, sin embargo, añadía una novedad hasta entonces nunca plasmada por escrito. Los vigilantes, reflejaba el escrito, podrán “realizar sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”, lo que contradice la afirmación de que éstos solo realizarán tareas de apoyo, dicha por el propio Fernández Díaz.

Era esta la primera vez que el Ministerio del Interior admitía negro sobre blanco que los vigilantes podrían desempeñar determinadas tareas sin la supervisión de un funcionario. El documento agregaba que los agentes privados podrán controlar los accesos de “personas, vehículos y mercancías”, vigilar las salas de cámaras e inspeccionar determinadas zonas desde “puestos fijos o garitas”.

La relación entre vigilantes y guardias civiles no ha sido mala durante este tiempo, según fuentes penitenciarias consultadas. Sin embargo, sí es cierto que los funcionarios del instituto armado se han quejado de la política de personal que tienen las empresas. En concreto, los guardias no ven bien que ellos tengan que formar a los vigilantes para desempeñar determinadas tareas y que luego las compañías les sustituyan a la primera de cambio por profesionales sin experiencia a los que habría que volver a formar. De hecho, en algunas plazas los guardias civiles se han negado a impartir más estos cursos.

Por otra parte, el Ministerio del Interior también rechazó que los agentes privados fueran a estar en contacto con los reclusos, cosa que ha sido desmentida por la realidad cotidiana. En centros penitenciarios como el de Pamplona, de hecho, los vigilantes trasladaban reos que disfrutaban del tercer grado, les acompañaban cuando les tocaba salir y también al regresar a sus módulos.

La patata caliente

El plan de apoyo a la seguridad en las prisiones concluirá su segunda fase en octubre de 2015, casi en plena campaña electoral de los trascendentes comicios generales. Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las dos fases se ha producido con retraso en sendas ocasiones, es previsiblemente que ocurra lo mismo con el comienzo de la tercera etapa.


Sería extraño, por lo tanto, que el Gobierno reactivara en ese crucial momento un controvertido asunto como éste, ya que únicamente provocaría rechazo en la opinión pública. El nuevo Ejecutivo que ocupe La Moncloa tras la cita con las urnas recogerá por lo tanto esta patata caliente en un imprevisible contexto en el que seguro que sí seguirá habiendo una Ley de Seguridad Privada en vigor así como un compromiso adquirido con las empresas, que no dejarán de reivindicar qué hay de lo suyo.

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

Detenido un hombre por el hurto de dos jamones de 450 euros

Fuente: granadahoy.com - E. PRESS GRANADA | ACTUALIZADO 29.12.2014

Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a un varón de 46 años con antecedentes por presuntamente intentar llevarse de un centro comercial dos jamones ibéricos de bellota valorados en 459 euros. El hombre fue sorprendido por el vigilante de seguridad del centro comercial cuando pretendía abandonar las instalaciones, a través de la rampa de salida de automóviles del centro comercial, sin abonar el referido producto y llevándose los jamones ibéricos de bellota.


La patrulla policial se personó en el comercio, recabó diferentes datos y una vez contrastado el testimonio del vigilante de seguridad, detuvieron al hombre y lo trasladaron a las dependencias policiales donde una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Granada.

viernes, 26 de diciembre de 2014

Agrede al vigilante que le había echado de un cajero

Ataca al vigilante que le había echado de un cajero en Bilbao

Un indigente le agarró del cuello de la chaqueta mientras con la otra esgrímía un cuchillo

Fuente: elcorreo.com - 26 diciembre 2014

Un vigilante de seguridad fue atacado el 15 de diciembre a las dos de la madrugada por un indigente al que acababa de expulsar del cajero en el que dormía, en el barrio de Deusto. 

El trabajador notó que alguien le seguía cuando retornaba a su vehículo. Al girarse, se topó con un cuchillo. Con una mano, el individuo le agarró del cuello de la chaqueta mientras con la otra esgrímía el arma blanca, con la que hizo varios amagos de clavársela. 

Hubo un forcejeo y el vigilante logró liberarse, pero cayó por unas escaleras y se rompió varios dientes y sufrió diversas contusiones que obligaron a su traslado a un centro médico. El agresor huyó del lugar.


Noticia: Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública

VIGO
Interceptado un cuchillo plegable en un envío postal

La Guardia Civil ha interceptado el envío de un cuchillo plegable a Estados Unidos. Se trata de una nueva arma blanca sobre la que ya se había advertido a las administraciones con competencias, informó ayer el Instituto Armado.
Fuente: atlantico.net - REDACCIÓN. VIGO - 25/12/2014
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El cuchillo se pliega como una “tarjeta de crédito” o similar, es de procedencia china y de difícil detección en los escáner de los aeropuertos. Dicha tarjeta, una vez desplegada, se transforma en una hoja de un solo filo, puntiaguda y de seis centímetros de longitud, convirtiéndose en un arma peligrosa dada su facilidad de ocultación.


Imagen del cuchillo plegable, que se cierra como una tarjeta de crédito.

Así, el pasado 18 de diciembre, el servicio de Seguridad Privada del servicio postal de Pontevedra detectó un paquete enviado desde una localidad de la provincia a un ciudadano residente en North Charleston (EEUU) que podría contener un arma blanca de dichas características.

Por todo ello, miembros de la Intervención de Armas de la Guardia Civil confirmaron que el paquete tenía la referida arma. 

Continuando con las investigaciones, se localizó al remitente , en un municipio de la provincia, quien  confirmó el envío del paquete interceptado e hizo entrega de otros cuatro cuchillos más que pensaba enviar con el mismo procedimiento.

El remitente fue denunciado por una infracción grave al Reglamento de Armas, al tratarse de un arma prohibida.

En concreto, informó la Guardia Civil, este cuchillo está catalogado como un instrumento especialmente peligroso para la integridad física de las personas.

La actuación fue posible gracias al Plan General de Colaboración con el sector de la seguridad privada y el trasvase de información entre la intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra  y el personal que presta sus servicios en compañías de seguridad privada por toda la provincia.


miércoles, 24 de diciembre de 2014

Tribunales / 2 meses de vacaciones - Vinsa Canarias

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria, de 24 de Noviembre de 2014, en reclamación de vacaciones contra Vigilancia Integrada, S.A.

Fuente: Colaboración de un trabajador - 24/12/2014

El trabajador, adscrito al servicio Aeropuerto de Gran Canaria, había sido obligado por Vinsa al disfrute de vacaciones en el mes de Junio mediante comunicación de cuadrante el día 30 de Mayo de 2014.

La sentencia refleja claramente que la empresa incumplió el Art. 38 del Estatuto de los Trabajadores, ya que el período de vacaciones no se ha determinado mediante acuerdo entre empresa y trabajador y no se ha comunicado por parte de ésta con dos meses de antelación al inicio del disfrute, que establece la misma norma legal.


En consecuencia, la sentencia establece que la empresa Vinsa debe cargar con las consecuencias de sus actos contrarios a derecho sin que pueda alegar que el trabajador ya ha disfrutado las vacaciones, fijando la fecha de disfrute entre el 1 y el 31 de Diciembre de 2014, es decir, las vacaciones de Junio se las ha regalado Vinsa y disfrutará de dos meses en el año 2014.

CCOO presenta impugnación del Convenio para cobrar los pluses en vacaciones

Comisiones Obreras presentó, en el día de ayer, ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Impugnación Parcial ( Art. 45.2 )del Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada, junto a otras dos organizaciones sindicales-  para buscar la aplicación de la nueva sentencia sobre cobro de pluses en periodo de vacaciones.

Como ya os hemos informado en este blog, la Audiencia Nacional ha fallado recientemente y en varias ocasiones de forma favorable a las denuncias que desde CC.OO. se han interpuesto sobre el cobro de todos los variables y pluses también en vacaciones, adaptando una doctrina del Tribunal de Justicia de la UE.

Ahora, desde nuestra organización se pretende que todos los vigilantes de seguridad del país cobren sus pluses en vacaciones sin tener que denunciar, y como derecho reconocido.

Huelga en Seguridad Integral Canaria de Las Palmas

CCOO convoca Huelga en Seguridad Integral Canaria de Las Palmas
CCOO de Construcción y Servicios de Canarias, conjuntamente con otras centrales sindicales, convocan a la plantilla de Seguridad Integral Canaria en su sede de Las Palmas a secundar la Huelga prevista para los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2014 y 1, 5 y 6 de enero de 2015

Fuente: CCOO Construcción y Servicios de Canarias – 24 Diciembre 2014

El motivo de la misma no es otro que la de obligar a esa Empresa a cumplir con el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada, y que esta liquide las cantidades resultantes de las reclamaciones que los trabajadores y trabajadoras han dejado de percibir por diferencias económicas.

Cabe destacar la alta conflictividad existente entre Seguridad Integral y su plantilla en todo el territorio nacional, Metro de Madrid, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, centrándose mayoritariamente en la provincia de Las Palmas, si tenemos en cuenta el número de trabajadores allí destacados, por encima de los 1.500.

Desde CCOO de Construcción y Servicios de Canarias han declarado “No podemos eludir la ilegalidad, decretada por sentencia, del Convenio de Empresa, con menores retribuciones,   que Integral Canaria aplica tras haber  pactado con representantes no legitimados para ello y que no representan al colectivo, ahondando, aún más si cabe, el amplio malestar de este último, al ver mermados sus ingresos”.

Paralelamente a la convocatoria de Huelga, está prevista una manifestación,  partir de las 10:00 horas del próximo día 09 de enero de 2015, que recorrerá las calles más importantes de la ciudad, culminando en la Concentración de sus participantes y lectura de un Manifiesto.

CCOO de Construcción y Servicios de Canarias hace un llamamiento masivo dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras, invitándolos a secundar dicha huelga, y posterior manifestación, como forma de empujar a la Dirección de Seguridad Integral Canaria a  satisfacer sus reivindicaciones.


Contratar vigilantes " Piratas " conllevará multas de hasta 600.000 €

LA LEY REFUERZA LAS FUNCIONES DE LOS VIGILANTES
Contratar a guardas de seguridad ‘piratas’ tendrá multas de hasta 600.000 euros
Seguridad Privada. (EFE)
Fuente: elconfidencial.com - Agustín Rivera. Málaga 24/12/2014  

La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.

Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril  de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.

El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

Alerta de los administradores de fincas

Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y MelillaFernando Pastor.

El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.

“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento.

En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.

La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas.

Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios yaumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.


Condenan a pagar 40.000 € a un banco porque sus cámaras recogían imágenes de la vía pública

PROTECCIÓN DE DATOS
Condenan a pagar 40.000 euros a un banco porque sus cámaras exteriores recogían imágenes de la vía pública

Fuente: lainformacion.com - martes, 23/12/14

La Audiencia Nacional ha condenado a pagar 40.001 euros a un conocido banco porque sus cámaras de seguridad exterior de dos de sus oficinas recogiesen imágenes de las vía pública y de los peatones sin su autorización expresa, hecho que vulnera el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha condenado a pagar 40.001 euros a un conocido banco porque sus cámaras de seguridad exterior de dos de sus oficinas recogiesen imágenes de las vía pública y de los peatones sin su autorización expresa, hecho que vulnera el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Concretamente, dichas oficinas están situadas en la calle Velázquez de Madrid y en el Paseo de Gracia de Barcelona.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional al conocer del recurso presentado por la entidad contra la resolución de la Agencia explica que "la conducta por la que ha sido sancionado banco consiste en el tratamiento de datos de carácter personal sin el consentimiento de sus titulares, mediante la grabación de sus imágenes a través de un sistema de videovigilancia y mediante cámaras instaladas en el exterior de dos edificios de su propiedad que captaban imágenes en la vía pública".

Un hecho que para la ley está catalogado como "infracción grave" y que ha podido suponer a la entidad el pago de una multa de hasta 300.000 euros.

El banco justificó el tratamiento de los datos personales, "derivado de la colocación y funcionamiento de las cámaras de videovigilancia situadas en el interior de las sucursales, sin consentimiento de cada uno de los afectados, en la cobertura legal que ofrece el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana".

Esta ley permite que el Ministerio del Interior ordene la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.


El banco también incluyó en el recurso el hecho de que las cámaras instaladas no grababan las imágenes, sino que "tenían por objeto controlar el acceso al edificio donde se encuentra la sede social de la entidad, por lo que respecta a las de la calle Velázquez de Madrid, y poder visualizar lo que ocurre en el exterior de la oficina bancaria cuando se encuentran bajadas las persianas blindadas instaladas para proteger la sucursal y a sus empleados y así comprobar que haya desaparecido el peligro, por lo que atañe a las instaladas en el Paseo de Gracia de Barcelona".

Ante esto, la Audiencia Nacional considera que "la instalación de un circuito de captación o recogida de imágenes a través de las cámaras de vigilancia instaladas por la entidad recurrente en el interior y en el exterior de sus establecimientos, que recogen imágenes de personas y vehículos que transitan por la vía pública, al margen y con independencia de su grabación o conservación, conlleva un tratamiento de datos de carácter personal, sujeto a las exigencias del artículo 6 de la LOPD".

"El hecho de que las imágenes captadas pro las cámaras exteriores no fueran grabadas y almacenadas no enerva la gravedad de su conducta que se encuentra caracterizada, por una parte, por el hecho de que la captación se lleve a cabo sobre las personas que circulan por la vía pública y, por otra, por las propias características de la entidad recurrente, que habitualmente realiza tratamientos de datos personas de notable relevancia y volumen, por lo que cabe exigirle un especial cuidado y diligencia en el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales; a lo que cabe añadir el carácter continuado de la infracción cometida", alega el juez.

Pese a todo lo alegado por la entidad, la Audiencia Nacional ratificó la decisión tomada por la Agencia Española de Protección de Datos y le impuso el pago de una multa de 40.001 euros.


Verónica Alarcón, abogada especializada en protección del honor y la intimidad de la firma ePrivacidad, explica que "a pesar de que la entidad debería contar con el consentimiento de los titulares de las imágenes, la nueva Ley de Seguridad Privada, en vigor desde el pasado mes de junio, habilita la utilización de cámaras que tomen imágenes de espacios públicos con fines de seguridad privada si se contempla en su normativa específica, previa autorización administrativa".

lunes, 22 de diciembre de 2014

Atraco Furgón: Detenido el segundo autor del robo

Detenido el segundo atracador del furgón de Prosegur

La Gendarmería francesa localizó al segundo autor del robo, huido desde el pasado 3 de noviembre tras protagonizar un espectacular tiroteo en el que resultó herido el otro atracador detenido a los cinco días en La Penilla

Fuente: eldiariomontanes.es - REDACCIÓN DM | SANTANDER  - 20 diciembre 2014

La Policía francesa ha detenido al segundo atracador del furgón blindado de Mercadona, en el robo perpetrado el pasado 3 de noviembre a la empresa Prosegur que realizaba su servicio en un supermercado ubicado en el barrio de Los Ochos, Torrelavega.

Ahora, dos meses y medio después se da por cerrada la operación, que se salda con dos detenidos, los dos encapuchados que armados con escopetas recortadas se hicieran con el dinero de un furgón blindado de Prosegur cuando se disponía a recoger la valija con la recaudación de ese día.

La primera de las detenciones se produjo cinco días después del atraco, fue en la Penilla de Cayón. El presunto ladron había resultado herido en el tiroteo con la Policía cuando escapó con seis sacas de dinero.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que hacía semanas que la Policía sospechaba que el ladrón huido podría estar en Francia, por lo que la colaboración con las autoridades galas ha sido fundamental para resolver el caso. Varios gerdarmes le dieron el alto cuando conducía un coche con matrícula francesa cerca de la frontera. La policia ya sospechaba que se habían repartido el dinero poco después del asalto y que cada uno había huido por su lado.

La primera información de la segunda detención la dió este viernes el propio delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, en un acto en Torrelavega donde aprovechó para reconocer y celebrar el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las investigaciones corren a cargo del Juzgado de Instrucción nº 3 de Torrelavega, que es el que estaba de guardia el día del atraco. Los agentes incautaron al primer detenido unos 400 gramos de marihuana, por lo que también se le atribuye un delito contra la salud pública. Ello se suma a las acusaciones de tenencia ilícita de armas y atentado, ya que en la huida casi atropella a uno de los agentes que participó en el operativo.

El segundo detenido deberá ser estraditado una vez se resuelvan causas que podría tener pendientes en el país galo.


Por lo que se refiere al segundo detenido, la jueza deberá solicitar su extradición a las autoridades francesas. Según parece, allí debe resolver también una acusación pendiente por robo con intimidación.

Felices Fiestas


sábado, 20 de diciembre de 2014

Los trabajadores mantendrán sus derechos aunque el Convenio haya caducado

El TS restituye la ultraactividad de los convenios eliminada por la reforma laboral
MADRID

Sede del Tribunal Supremo en Madrid.
Pablo Monge

El Tribunal Supremo ha rectificado uno de los puntos más nucleares de la reforma laboral, al sentenciar que los derechos recogidos en los convenios colectivos seguirán vigentes a pesar de que estos acuerdos hayan caducado y haya transcurrido el año de prórroga que recoge la ley, según ha avanzado elpais.com y confirmado el Alto Tribunal.

De esta forma, en contra de lo que persigue la ley y el espíritu de la reforma laboral, los trabajadores no perderán sus derechos si su convenio ha caducado y los trabajadores no consiguen pactar un nuevo acuerdo en el año siguiente al término de su vigencia. Es más, el Supremo va más allá al asegurar que "las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador (...) aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia".

Dicho esto, el Supremo emplaza a las empresas a que si quieren cambiar estas condiciones contractuales lo hagan a través de su modificación "si concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas", según establece el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Y añade que todo ello "sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio"

Según Elpais.com la Sala de lo Social del Supremo ha considerado por ocho votos frente a seis, que aunque un convenio colectivo termine su vigencia, sea denunciado y pasen doce meses sin lograr pactar uno nuevo, los derechos colectivos de dicho acuerdo se contractualizan, es decir, pasan a ser individuales de cada trabajador afectado, que no los pierde.

La sentencia, que aún no se ha publicado, se refiere al caso de la empresa balear ATESE que terminó la vigencia de su convenio el 7 de julio de 2013, justo el día en el que según la ley, vencían los convenios caducados un año antes y no renovados. Los trabajadores de esta empresa, recibieron el sueldo de ese mes con dos fórmulas de cálculo: hasta el día 7 según lo recogido por el convenio vencido y a partir de ese día con lo que marca el Estatuto de los Trabajadores.

La decisión de la empresa provocó la demanda de la Unión Sindical Obrera (USO), a la que posteriormente se adhirieron después el resto de sindicatos con representación en la empresa (UGT, CC OO y CSI-F). El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya consideró que los trabajadores debían de cobrar su sueldo íntegro tal y como está recogido en el convenio a pesar de que éste hubiera terminado su vigencia y agotado su prórroga automática de un año. Así, este tribunal declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial ante lo que la compañía interpuso un recurso de casación que ahora ha sido desestimado por el Supremo.