miércoles, 30 de abril de 2014

La agresión a un vigilante del CETI se salda con multa de 30€

Multan con 30€ a los dos sirios que provocaron una revuelta en el CETI

Uno de ellos agarró por el cuello a un vigilante de seguridad mientras un familiar suyo instigaba a otros sirios a lanzar piedras contra el control de seguridad. La Guardia Civil tuvo que intervenir.

Fuente: elfarodigital.es - 29 ABRIL 2014 SILVIA PERDIGUERO

El último incidente registrado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) el pasado jueves en el que resultaron detenidos dos ciudadanos sirios, se saldó en la mañana de ayer con una multa de 30 euros para cada uno por una falta de amenazas. Ambos, asistidos de un abogado, se declararon culpables y aceptaron la sanción previamente pactada con el Ministerio Fiscal durante el juicio celebrado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1. La víctima de la agresión y denunciante, un vigilante de seguridad del CETI, no quedó contento con la resolución, pues según dijo ante la juez: “Me han intentado matar”.

Aseguró que uno de los sirios denunciados le agarró del cuello, mientras que el otro, un familiar suyo, instigaba a otros inmigrantes de su misma nacionalidad a participar en el altercado. Testigos presenciales de los hechos y compañeros del denunciante aseguraron a este diario que un grupo de ciudadanos sirios comenzó a lanzar piedras contra el control de seguridad de la puerta del CETI, donde normalmente trabajan los vigilantes. La Guardia Civil tuvo que intervenir en la refriega protagonizada por los dos sirios detenidos.

El origen del incidente

La causa del incidente fue que uno de los dos sirios detenidos intentó saltarse la cola de espera para entrar al comedor. Teniendo en cuenta que en el CETI residen más de 1.800 inmigrantes, las colas para entrar en el comedor en hora punta son importantes.
Las dificultades y sobrecarga de trabajo que tienen que soportar los empleados del CETI son conocidas. 

De hecho, El Faro se ha hecho eco frecuentemente de los problemas e incidentes en los que tienen que intervenir y resolver trabajadores de las diferentes áreas y, especialmente, los vigilantes de seguridad.

La intervención de la Benemérita

El trabajador agredido, al ver que el ciudadano sirio intentaba pasar al comedor sin esperar su turno, le sacó de la cola y le llevó a las dependencias de la Oficina de Mediación. Allí, junto con la mediadora, trataron de explicarle que tenía que aguardar su turno para comer. Lejos de entrar en razón, según la declaración del vigilante, el inmigrante sirio comenzó a vociferar. Salió de la oficina y gritando llamó a otros conciudadanos suyos. Empezó entonces un forcejeo con el vigilante de seguridad en el que éste asegura que el sirio le agarró del cuello.

Otros compatriotas acudieron al lugar y comenzó una reyerta en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Uno de los agentes consiguió reducir a uno de los ciudadanos sirios y junto a él, se llevó a otro más detenido.

Poco antes de comenzar el juicio de faltas, celebrado ayer, el abogado defensor de los dos sirios les informó de la oferta del Ministerio Fiscal, una multa de 30 euros para cada uno por sendas faltas de amenazas. “Queremos contar la verdad de lo que ha pasado”, afirmó uno de ellos. Sin embargo, el letrado les informó que, de celebrarse el juicio y escuchar sus testimonios, la sanción podría ser mayor.

Finalmente, ambos se conformaron con aceptar la acusación y los 30 euros de multa, aunque si no abonan esta cantidad podrían ingresar en prisión.

El vigilante no le pegó una paliza al ciudadano sirio


La aceptación de la acusación por parte de los dos sirios detenidos el pasado jueves tras la refriega con los vigilantes de seguridad, contradice la versión que ofrecieron el día de los hechos otros compatriotas sirios. 

Una inmigrante del CETI comentó a El Faro que la pelea se originó en el comedor y que un vigilante de seguridad le dio una paliza a uno de los sirios detenidos. Sin embargo, en el juicio quedó claro que la agresión fue a la inversa y fue el vigilante de seguridad el que fue agredido por uno de los sirios detenidos. De hecho, la víctima (el vigilante) aseguró que aún tiene molestias porque su agresor “le agarró por el cuello”.

Ley Seguridad Privada: Reforma al rescate de un lobby herido por la crisis

Ley de seguridad privada: reforma al rescate de un lobby herido por la crisis

Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio

La oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad", como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del servicio, según los sindicatos policiales

Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen conexiones políticas con el PP

El fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008

FUENTE: | zoomnews.es -   MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL DE 2014

CARLOS MIER (INFORMACIÓN SENSIBLE)

"Un sector en pleno auge". Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios y se ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.

Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese "auge" en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendosolamente 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.

Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.

La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.

¿Ahorro? Vigilantes que cuestan el doble

Para los años 2013 y 2014, el Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto, en dos fases, que adelantaba una de las nuevas ventajas que lleva aparejada la nueva ley: las labores de vigilancia en las prisiones. La justificación gubernamental alude a la liberación de muchos policías y guardias civiles para permitir que abandonen las labores de vigilancia y salgan a las calles, donde son más necesarios ya que ambos cuerpos han perdido un 3% de sus efectivos en los últimos dos años. Sin embargo, según un informe de la Unión Federal de Policías (UFP), respaldado también por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), estos movimientos de Gobierno "persiguen que las empresas de seguridad privada tengan más volumen de negocio, en retroceso desde el año 2009". Justifican su posición con unos cálculos que concluyen que la prestación de estos servicios de apoyo a la seguridad en 21 centros penitenciarios españoles –vigilancia desde garitas, control de accesos y de circuitos cerrados de televisión- cuesta el doble del gasto actual con el servicio realizado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El más reciente de estos proyectos piloto, que ha entrado en vigor este año y que tiene una duración de 9 meses, incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 horas, que son cubiertos por un total de 254 trabajadores. A respuesta de una pregunta realizada por el senador Ibán García fechada en julio de 2013, el Gobierno reconocía que este proyecto había sido adjudicado por 7,39 millones de euros a una UTE de empresas formado por Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis.

Según los cálculos de la UFP en base a esta cifra total, el presupuesto mensual constaría de algo más de 820.000 euros a repartir entre los citados 254 trabajadores. Una sencilla división basta para calcular que el coste mensual de cada trabajador es de 3.233 euros al mes, una cantidad muy alejada de los 1.600 que cobra un agente de la Policía Nacional. 

Además, el convenio del sector, firmado en abril de 2013, revela que el salario de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. Según Acaip, uno de los vigilantes de estas ocho empresas que trabaja en una prisión cobra unos 1.350 euros al mes por una jornada de 12 horas. El margen de beneficio para las empresas queda entonces en unos 2.000 euros por trabajador. Por lo tanto, según el sindicato policial, "este proyecto no supone ahorro de coste alguno para la Administración, sino más bien suculentos beneficios a las empresas afectadas". Desde Aproser se limitan a señalar que los sueldos son "superiores" a las cantidades manejadas en el estudio de la UFP.

Turbias conexiones

Desde la organización Acaip también hacen hincapié en lo que para ellos son las verdaderas intenciones del Gobierno: "Realmente pretenden mantener los beneficios de las empresas de seguridad, un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado con el PP". Pero, ¿realmente hay conexiones que justifiquen la denuncia de los trabajadores de las cárceles? Atrás quedan las empresas de escoltas que crecieron al calor del terrorismo etarra y las conexiones con el exministro y eurodiputado Jaime Mayor Oreja y su familia. Sin embargo, nuevas relaciones se ponen de manifiesto.

La seguridad privada, en números
· España cuenta con un total de 1.490 empresas de seguridad privada, a finales de 2012. De ellas, 1.273 han sido habilitadas por Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco.

· En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación ya que aporta el 65% del total.

· Según datos del INE, la mayor parte de las empresas del sector son pequeñas (un 82,82%). Solamente cuatro superan los 5.000 trabajadores.

· A fecha de diciembre de 2012, en España había un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales 82.150 estaban en activo. El año pasado se hicieron 12.388 nuevas habilitaciones.

· En España hay 528 policías por cada 100.000 habitantes frente a los 385 de media de la UE; mientras que tenemos 195 vigilantes privadso por 271 en Europa.

En la primera de las fases del proyecto piloto de la vigilancia de las cárceles, que se desarrolló en 2013, adjudicado sin concurso y en el que principalmente se sustituyó a Guardias Civiles, hay cuatro empresas que repiten en relación a su presencia en la citada segunda fase: Ombuds, Prosegur, Vinsa yProsetecnisa. La primera de ellas, Ombuds, también recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa para prestar el servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un importe total que ronda los tres millones de euros.

Tal y como recogía la web El Boe Nuestro de Cada Día en la jornada en la que se realizaba la adjudicación, el consejero delegado de Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, que consta como apoderado de la firma y que estuvo muy vinculado a Manuel Fraga durante los primeros pasos de Alianza Popular (AP). Además, entre los consejeros de Ombuds también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, de familia noble y amigo del rey Juan Carlos. El hermano de Antonio Eraso, Eduardo, es uno de los 71 imputados por el caso Gürtel. Según la policía, Eduardo Eraso colaboró con Francisco Correa para desviar las ganancias de la trama a Suiza. Eulen, la otra empresa adjudicataria, cuenta en su plantilla con Micaela Nuñez Feijoo, hermana del presidente gallego. 

Por otro lado, en la UTE de empresas que se llevó la primera fase de la vigilancia de las cárceles aparece la empresa Seguriber, cuya presidenta es Mónica de Oriol e Icaza, de plena actualidad tras pedir reducir el salario mínimo para los jóvenes sin formación que, en su opinión, "no sirven para nada". Seguriber es una de las empresas de seguridad que mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA. En este sentido, y a pesar de que ETA está en proceso de disolución, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012 y le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, Seguriber está tocada por el caso de la tragedia del Madrid Arena, ya que la empresa era la encargada de la seguridad del evento musical en el que eprdieron la vida cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.
La reconversión de las empresas que copaban el mercado de la protección privada de personalidades amenazadas por ETA, dotadas durante muchos años con dinero público, destacan entre las sociedades adjudicatarias de los planes piloto de la nueva Ley de Seguridad: cinco de ellas son las que más personal tenían empleado a la protección de políticos en País Vasco y Navarra.

La élite de la seguridad

Algunas de las compañías mencionadas pertenecen a la patronal del sector, la citada Aproser, que engloba a las 12 principales empresas de seguridad que operan en España y que representan el verdadero lobby del ámbito. La organización se constituyó en 1977 y según sus estatutos, lo hizo "con el objeto de ejercer la representación del mismo e impulsar cuantas iniciativas y acciones se consideren necesarias en defensa de sus asociados", para lo que mantienen "constantes relaciones con las diversas administraciones públicas competentes". Una vez aprobada la nueva Ley de Seguridad, Aproser se apresuró a celebrar la reforma legislativa.

Las empresas que forman parte de Aproser son: Alse, la citada Eulen, el grupo Securitas (con sus divisionesLoomis Spain y Securitas Transport Aviation por separado), el grupo Omega, Prosegur, Sabico, Segur Ibérica, Segurisa, Trablisa y Vinsa.

El presidente de Aproser desde abril de 2013 es Ángel Córdoba Díaz, un ejecutivo bancario que fue director de negocio de desarrollo empresarial de Caja Madrid –luego Bankia- entre 2004 y 2011, coincidiendo con la época de Miguel Blesa al frente de la entidad. También es presidente de la Fundación Directivos, una entidad sin ánimo de lucro de orientación empresarial.

¿Solucionar una normativa "muy estricta"?

Hace aproximadamente dos años, a principios de 2012, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) publicaba un informe anual acerca de la situación del sector de la seguridad privada en el continente. El documento se cerraba con la publicación del siguiente mapa:


Mapa elaborado por CoESS en 2012 sobre las legislaciones en materia de seguridad privada en Europa. (en azul, poco estricta; en verde, media; en amarillo, estricta; y en magenta, muy estricta)

"Muy estricta". Así valoraba el gran lobby europeo de la seguridad privada la legislación española en dicho ámbito, junto a las existentes enPortugal, Suecia, Hungría, Serbia y Bélgica. En cambio, países como Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda, la conclusión era la de unas leyes con mucho menos control que la española. ¿Un problema para España? A juzgar por la posterior reforma de la ley, parece que sí lo era.

CoESS aglutina a las principales patronales de seguridad privada de países del viejo continente, y según su página web, "construye y mantiene fuertes alianzas con las correspondientes Direcciones Generales de la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea". CoESS asegura que "defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de seguridad privada, en particular mediante actuaciones que persiguen la armonización de la legislación nacional que afecta las actividades de sus miembros".


martes, 29 de abril de 2014

Aeropuertos: Los vigilantes de Los Rodeos amenazan con la huelga











Los vigilantes de seguridad de Los Rodeos amenazan con ponerse en huelga

Fuente: eldia.es -  Santa Cruz de Tenerife - 28/abr/14

Los trabajadores vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Los Rodeos le presentarán en las próximas fechas un preaviso de huelga a la empresa Seguridad Ibérica, titular del servicio,  debido al continuo agravamiento de sus condiciones laborales.

Denuncian el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo  y del Estatuto de los Trabajadores, con un trato arbitrario hacia un sector de los vigilantes, a los que se castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral  (filtros de seguridad). La empresa al impedir la  rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad.

En el caso de las mujeres trabajadoras el problema se agrava aún más, al ser su número inferior al de  hombres;  realidad heredada que podría mejorarse llevando a cabo un control exhaustivo de las rotaciones, pero la desidia y dejadez de la empresa  impide poner  las soluciones ofertadas en marcha, originando una situación crítica en el servicio

Lejos de aplicar medidas que favorezcan el buen clima laboral y, por lo tanto, la eficacia en el trabajo, la empresa hace justamente lo contrario: somete a los trabajadores y trabajadoras a una sistemática y permanente vigilancia e  inspección de su actividad, con niveles de persecución y control  que raya en el acoso, originando, además,  una situación de estrés laboral que termina repercutiendo a nuestra principal función que es velar por la seguridad de los pasajeros.


El Comité de Empresa exige que se rectifique  en esa actitud de menosprecio a los derechos laborales y se proceda a la destitución inmediata  del jefe de servicio, al ser quien permite y tolera esta lamentable situación, siendo, además, el máximo causante de la misma.  

sábado, 26 de abril de 2014

La presidenta de Seguriber se forró con la protección a cargos del PP

LA PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS PIDE DISCULPAS PÚBLICAMENTE

Mónica de Oriol se forró con la protección a altos cargos del PP vasco y está ‘tocada’ por el Madrid-Arena
Fuente: cuartopoder.com - LUIS DÍEZ | 26/4/2014

La empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol Icaza, que ha insultado grave y gratuitamente a un millón de jóvenes españoles “porque no tienen formación y no sirven para nada”, pasa por ser una de las mayores beneficiadas de las contratas públicas de seguridad privada. Su empresa era además la responsable de la seguridad del pabellón del Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas y asfixiadas la noche del 1 de noviembre de 2012, debido al exceso de aforo y a un insólito fallo como fue el cierre de las vías de evacuación.

La señora De Oriol, de 52 años, llegó a la presidencia del principal lobby empresarial hace dos años, en sustitución de Claudio Boada. Perteneciente a la dinastía de los Oriol (su bisabuelo fundó la compañía ferroviaria Talgo), alcanzó la presidencia del Círculo de Empresarios desde su puesto de presidenta de Seguriber, una de las empresas de seguridad que, por circunstancias históricas y de otro tipo, mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA.

Conectada al presupuesto del Ministerio del Interior durante décadas para dar protección a cientos de altos cargos y dirigentes el PP vasco que no se fiaban de la Ertzaintza, la empresa de la señora De Oriol se alió con Umano, también de capital vasco, para ampliar el negocio de la seguridad privada y abrir nuevos frentes de actividad cuando ya la banda terrorista había renunciado a atentar contra políticos y a extorsionar a empresarios. Finalmente, en octubre de 2011, renunció definitivamente a los secuestros y asesinatos.

No obstante, para facilitar la transición empresarial, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012. Y puesto que ETA se resistía a entregar las armas y disolverse –todavía no lo ha hecho formalmente–, el ministro Jorge Fernández Díaz le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, el titular de Interior le abrió otra línea de negocio: un “plan piloto” para controlar la seguridad de la prisión de Zaragoza, por un importe de 879.338,46 euros y con la previsión de extenderlo a todas las cárceles de España, menos las catalanas, que dependen de la Generalitat.

La empresaria De Oriol Icaza, a la que se le termina el mandato de dos años como presidenta del Círculo de Empresarios, y desea ser renovada en el cargo, reclamando ahora la rebaja o supresión del salario mínimo –congelado desde que el PP llegó al Gobierno– para los jóvenes sin formación, se beneficia directamente de la enseñanza y preparación que las Fuerzas Armadas proporcionan a los jóvenes. Cientos de ellos pasan a las empresas de seguridad privada cuando terminan sus contratos como soldados profesionales. Para algunos cometidos de seguridad “externalizados” o subcontratados en sustitución de la Policía y la Guardia Civil, los empleados de esa y otras empresas reciben formación complementaria de los funcionarios públicos de interior. Con ello se significa los favores formativos por cuenta del erario públio a la empresaria Oriol.

Casada en segundas nupcias con el naviero Alejandro Aznar, también propietario de las Bodegas Marqués de Riscal, tal vez debamos atribuir el profundo conocimiento de esta mujer sobre el sector de la construcción, que la ha llevado a repetir la cantinela de que miles de jóvenes abandonaron los estudios para ganar dinero en el ladrillo y carecen de cualificación, al hecho de que su padre sea arquitecto, Miguel Oriol, y haya diseñado la torre Europa, en el complejo Azca de Madrid, frente a la torre Picasso. De lo que nadie puede dudar es de que doña Mónica –del griego mónos– es, como su nombre significa, “única” para ejercer el “monismo”, que no es otra cosa que “llamar la atención”, aunque sea insultando a los jóvenes en paro.


La polémica que han provocado sus declaraciones han llevado a De Oriol a disculparse públicamente. Ayer viernes, en la web del Círculo de Empresarios, hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, dice: “siento haber utilizado una expresión inadecuada con la que yo misma estoy en desacuerdo, porque todas las personas son valiosas con independencia de su cualificación profesional”.

La empresaria que propone ´ sueldos basura´ preside la empresa Seguriber

La empresaria que propone 'sueldos basura' preside la firma que vigilaba el Madrid Arena

La presidenta del Círculo de Empresarios, Monica de Oriol e Icaza, es también presidenta y máxima accionista de Seguriber.

Esta empresa tenía adjudicada la seguridad del Madrid Arena la noche de la avalancha en la que murieron cinco chicas.

Oriol propone sueldos "inferiores al salario mínimo" para los jóvenes sin formación y opina que "no valen para nada".

Fuente: 20minutos.es. 25.04.2014 –

La empresaria Mónica de Oriol e Icaza, que este jueves ha propuesto pagar sueldos "inferiores al mínimo" a los jóvenes sin formación y asegura que "no valen para nada", no solo es presidenta del Círculo de Empresarios.

También es accionista principal y presidenta ejecutiva de Seguriber, la companía que tenía adjudicada la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas.

Las 'recetas' de Oriol para salir de la crisis y crear empleo han desatado una polémica, con críticas por parte de los sindicatos. La presidenta del Circulo de Empresarios propone mantener el salario mínimo interprofesional solo para los trabajadores "a partir de cierta cualificación o que cumplan un programa de formación dual" en la empresa.

Además, Oriol argumenta que existe alrededor de un millón de personas (la mayoría de ellos, jóvenes) que han quedado sin trabajo y sin cualificación, a los que no considera adecuado pagar el salario mínimo "aunque no valgan para nada".

En su opinión, "no producen" en la misma medida en que se les paga. Al margen de estas declaraciones, el entorno empresarial de Oriol también ha estado marcado por otras polémicas. Entre ellas, la participación de la empresa que preside (Seguriber) en la seguridad del Madrid Arena.

Según el propio perfil de Oriol en Linkedin, su empresa se dedica a "prestar servicios de tecnología en control, seguridad y servicios auxiliares con medios humanos".

Su nombre también aparece en lo alto del organigrama de la empresa Seguriber. En los últimos meses, el juez que lleva el caso del Madrid Arena ha llamado a declarar, como testigos o como imputados, a varias personas que trabajaban para Seguriber en el momento de la tragedia. Concretamente, se trata de los jefes de equipo Raúl Monteverde, Juan José París Nalda y José Antonio Díez Romero; del vigilante Roberto Mateos y del inspector Iván Somontes Santamaría. Actualmente, esas personas ya no están en nómina de Seguriber, sino en otra contrata.

"Compromiso con nuestros empleados"


Por otro lado, pese a las palabras de Oriol, su empresa se enorgullece de su "compromiso con los empleados" que trabajan para ella. Según consta en su manifiesto de compromisos sociales y valores: "Nos preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con nosotros". 

viernes, 25 de abril de 2014

Seguridad Integral Madrileña - Información Concurso Acreedores

Información de la reunión mantenida por el Comité de Empresa de Seguridad Integral Madrileña con la administradora concursal.


Aeropuerto Barajas: Securitas Tas quiere modificar las condiciones de sus trabajadores

La empresa Securitas Tas, adjudicataria del Lote 1 de los servicios de seguridad del Aeropuerto de Madrid Barajas, ha comunicado al Comité de Empresa su intención de efectuar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los vigilantes que prestan servicio en esta infraestructura crítica.

Hay que recordar que Securitas resultó adjudicataria de la vigilancia de esta instalación tras la presentación de una oferta económica con una quita del 9,8% sobre la licitación inicial.


La comunicación efectuada por Securitas Tas, de la que no se conocen los términos exactos, se suma a la ya realizada por Eulen Seguridad el pasado Febrero y la llevada a cabo por la Empresa Segurisa en el servicio CGA del mismo aeropuerto, donde, de forma unilateral, ha  reducido el salario de los vigilantes en más de 200 € mensuales.



miércoles, 23 de abril de 2014

Inspección sanciona a Prosegur por acoso moral a una trabajadora

ESTÁ DE BAJA MÉDICA DESDE EL 2 DE DICIEMBRE
Inspección de trabajo de Bizkaia tramita un acta de infracción contra Prosegur por acosar moralmente a una trabajadora

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado que el presente caso es "escandaloso", y ha reclamado que la sanción "sea ejemplar"

Fuente: elcorreo.com - 22.04.14 - 14:57 - VASCO PRESS | BILBAO

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha decidido extender el acta de infracción por falta muy grave a la empresa Prosegur por acoso moral a una trabajadora que ha sufrido un "claro atentado contra su dignidad", según informa CCOO de Euskadi, sindicato que denunció lo ocurrido. CCOO de Euskadi, además, exige que la sanción sea ejemplar al tratarse de una "conducta inaceptable". La trabajadora está contratada como técnico de cajeros y está de baja médica desde el 2 de diciembre.

La resolución de Inspección de Trabajo, siempre según el sindicato, considera probado que la trabajadora permanece desde el día 13 de noviembre de 2013 en las oficinas de la compañía a la espera de que se le adjudique trabajo efectivo. Señala asimismo que "la empresa ha vaciado de contenido efectivo la prestación de trabajadora, lo cual constituye un claro atentado contra su dignidad". Si bien Prosegur alude a causas productivas para la falta de ocupación de la trabajadora, advierte también que no se ha preocupado en ningún momento de acreditar esas causas ni de adoptar ningún tipo de medida, del tipo que sea, para paliar la situación.

Además, en el caso de que existiese causa justificada para que la empresa no pueda darle trabajo efectivo, la Inspección de Trabajo considera que Prosegur debería de haber relevado a la trabajadora de su obligación de acudir al centro de trabajo.

Por otra parte, se considera acreditado que existe una voluntad empresarial previa de modificar las condiciones de trabajo y que la trabajadora se negaba a esta modificación, siendo este conflicto lo que ha motivado que la empresa no la encomiende trabajo efectivo pero, a la vez, la haga acudir al centro de trabajo "para no hacer nada", tal y como se recoge de forma textual en la resolución.

En definitiva, "la empresa ha cometido un atentado contra la dignidad de la trabajadora, basado en una falta de ocupación efectiva manifiesta con obligación de acudir al centro de trabajo, y con el objetivo de presionarla para modificar sus condiciones de trabajo".


El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha considerado que el presente caso es "escandaloso", y ha reclamado que la sanción a la que tenga que hacer frente Prosegur España SL sea ejemplar. "A ninguna empresa, ni siquiera a una del tipo de la que hablamos, con infinidad de contratos en las administraciones públicas y en gran cantidad de obras públicas, se le puede tolerar que actúe de esta manera, presionando y acosando a sus trabajadores", ha concluido.

martes, 22 de abril de 2014

Los Amos de los Guardianes - Quién es quién en el negocio de la seguridad

Los amos de los guardianes

Fuente: elmundo.es – Blogs – Billonarios – 22 Abril 2014

A muchos, el nombre de Michael Larson les sonará, literalmente, a sueco..., a literato sueco. Pero no, Larson no escribe libros; desde una pequeña oficina de Seattle, este ejecutivo lleva dos décadas comprando y vendiendo empresas por todo el mundo en nombre de Bill Gates. Hace un mes se supo que el fondo Cascade, liderado por Larson había adquirido entre un 2% y un 3% de Prosegur, la mayor empresa de seguridad española, una operación de la que, por cierto, no hay rastro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues Gates no supera el 3% del capital que obliga a informar al regulador.

En España, hay un guardián del orden por cada 144 personas. La cuenta sale de que, según los últimos datos de la patronal del ramo, hay 82.150 vigilantes privados en activo (unos 223.000 con licencia), a los que hay que añadir otros 241.791 agentes públicos, entre guardias civiles y policías nacionales, locales y autonómicos.

Esa proporción da la pista a los asesores de Bill Gates y al resto de inversores de que a la industria de la seguridad le queda mucho recorrido. A medida que desaparecen los bedeles, los funcionarios de prisiones, los ordenanzas, los porteros de finca, los guardeses, los civiles que cachean en los aeropuertos, los celadores sanitarios, los taquilleros del Metro, los ujieres de los juzgados e, incluso, los manitas de los centros de enseñanza... se abren paso los guardias jurado y la industria acorazada de videovigilancia, escáneres..., a los que pronto se unirán otros artilugios como los drones o las googleglass.

El negocio de la seguridad crece en una sociedad que cada vez le concede más atribuciones. Este mes, el Gobierno ha aprobado una Ley que permite a los jurados patrullar por las calles, detener a sospechosos y pedirles los datos o vigilar a presos, así como ayudar a la policía en el ejercicio de su función pública (todo un aviso a patrullantes).

"Cada vez más, la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos". No es el eslogan de Securitas, sino el preámbulo de la reciente norma, votada por PP, CiU y PNV, y celebrada por el sector. Y ya se sabe que cuando una patronal abraza una ley, algo nuestro se quema.

A diferencia de un cuerpo del Estado, crear y mantener una empresa de seguridad no presenta complicaciones. Una oficina, un registro, uniformes, taquillas... De hecho, la mayoría de las empresas del sector (72%) no llega a 20 empleados. Que prospere suele tener que ver con las relaciones de sus directivos y consejeros con el poder y otros empresarios. No en vano, ahí está la ristra de políticos y ex políticos, y familiares de estos, que circulan habitualmente por sus consejos de administración.

Y así, una docena de empresas se reparten el 70% del negocio que genera el sector en España. He aquí algunos de sus principales propietarios y beneficiarios.

* Helena Revoredo Delvecchio. Enviudó en 1997 de Herberto Gut, uno de los fundadores de Prosegur, donde ejerce como presidenta y socia principal (50,2%). También es consejera y accionista del Banco Popular (tiene el 0,111%) y de Mediaset. Prosegur es la primera compañía del sector (147.300 empleados), que en cuatro años ha duplicado su facturación hasta los 3.700 millones de euros. Conservadora y religiosa, Revoredo, invierte además en artes gráficas e inmuebles, es accionista principal del centro Euroforum de El Escorial (Madrid) y dueña de la finca San Huberto.

  
* Mirta María Giesso Cazenave. Otra viuda, ésta de Graciano Álvarez (muerto en 2000), ostenta el 5,63% de Prosegur, a través de la sociedad AS de Inversiones, con sede en el barrio de Salamanca de Madrid, en la que participan también sus cuatro hijas.

* MassMutual Finantial Group. Es el nombre comercial de Massachusetts Mutual Life, pilar de la industria financiera en EEUU. Participa en Prosegur a través de su fondo Openheimer (5,66%). MassMutual es, además, propietaria de Barings, un legendario fondo de inversión con 250 años de historia, cuya oficina española controla el 64% de Casesa, quinta compañía del sector, donde es socio minoritario Francisco Javier García Saldaña. Casesa es una de las empresas que explotaba el servicio de escoltas en el País Vasco.

* Mónica de Oriol e Icaza. Es la primera mujer que preside el Círculo de Empresarios. Ostenta el 41,8% de Seguriber-Umano, en sociedad con Antares, propiedad de otras familias prósperas asentadas en el País Vasco (Velasco, Aristrain, Gorbeña y Riberas). Azote sindical, Oriol se sienta en el consejo de Indra, es madre de seis hijos y forma parte de una de las dinastías -los Oriol- más tradicionales del País Vasco, bisnieta del fundador de Talgo y sobrina de ex presidente de Iberdrola. Está casada en segundas nupcias con Alejandro Aznar Sainz, dueño de la Naviera Aznar y las Bodegas Marqués de Riscal, y socio minoritario de la embotelladora ibérica de Coca-Cola.

* Gustaf Douglas y Melker Slöring. Ambos pertenecen a la aristocracia empresarial sueca y entre los dos controlan el 41,33% del accionariado de Securitas AB, matriz de Securitas, la segunda compañía del sector en España. Douglas también ejerce como político en el partido conservador sueco, y es un activo filatélico. A su vez, Slöring es el quinto más rico de su país gracias a su holding inversor MSAB, primer socio de la tecnológica Hexagon.

* MCH Capital. El fondo español de inversión MCH controla la mayoría del accionariado de Segur Ibérica, tercera firma del sector por facturación, que fue presidida por Pedro Morenés antes de que Rajoy le nombrara ministro de Defensa. MCH está especializado en aglutinar capital de particulares -aunque se desconoce de cuáles- que desean invertir en compañías para su posterior venta con plusvalías.

* Corpfin Capital. La firma de inversión participada por las familias Oriol Díaz-Bustamante, Gandarias, Sarasola Jáudenes -Borja Sarasola es consejero de Medio Ambiente y Territorio (urbanismo) en la Comunidad de Madrid-, Lavilla y Álvarez Navarro (Santa Lucía) es otro de los puntales del capital riesgo español. Desde 2004, dosde sus fondos suman el 36% de Segur Ibérica, con 7.000 empleados, cuyo consejero delegado dimitió el mes pasado por el caso Adif. Corpfin también fue socia (38%) de Sagital entre 1993 y 2000.

  
* Familia Álvarez. De los 78.000 empleados que suma la multinacional Eulen, casi 7.000 se dedican a la seguridad privada. El octogenario leonés David Álvarez y sus siete hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras posesiones como las bodegas Vega Sicilia. En esa lucha, cinco de sus hijos se enfrentan al patriarca familiar y sólo dos hijos le son fieles. El culebrón dura ya cinco años.

* Enrique Sánchez González. Es el socio mayoritario (72%) de Segurisa y de Sagital, que da nombre a su grupo de empresas. Viejo conocido de Florentino Pérez, de los tiempos de UCD, formación con la que fue diputado por Madrid, Sánchez fue portavoz del Real Madrid y ejerce como directivo y vicepresidente de la Fundación del club. Sus empresas custodian, por ejemplo, las instalaciones del Canal de Isabel II.

* Tirso y Alfonso Tomás Herrero. Son los propietarios del Grupo Falcon, antigua división de seguridad de FCC, creada para la vigilancia de sus instalaciones y que se segregó a finales de los años 90 del grupo controlado por Esther Koplowitz.


* La Once. La Organización Nacional de Ciegos Españoles es propietaria de Vigilancia de Instalaciones (Vinsa), otra de las grandes del sector, englobada dentro del grupo de servicios Alentis.

lunes, 21 de abril de 2014

Noticia: Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública

ESTACIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS
Una reyerta entre bandas latinas se salda con 21 detenidos

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 personas, pertenecientes a bandas latinas, han sido detenidas en la noche del sábado por enfrentarse en una reyerta que interrumpió el servicio de la Línea 6 de Metro y que se ha saldado sin heridos.

Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, el suceso se produjo en el vestíbulo de la estación de Metro de Nuevos Ministerios a las 23.23 horas, cuando ambas bandas latinas comenzaron una reyerta, peleándose con los cinturones.

Algunos de ellos llegaron a los andenes del Metro, en el sentido sur de la Línea 6. Fue entonces cuando uno sacó lo que parecía un arma de fuego y comenzó a gritar "¡Patria, patria!" y los viajeros se quedaron agazapados en sus asientos, según ha confirmado a Europa Press uno de los ciudadanos que presenciaron la acción.

Los vigilantes de seguridad dieron aviso a la Policía. Se personaron agentes tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, que redujeron al que portaba la pistola, que resultó ser un arma simulada. Además, desalojaron a los pasajeros del convoy.

Los agentes incautaron tres machetes de grandes dimensiones y el arma de fuego simulada. Además, procedieron a la detención de los 21 implicados, de los que once eran españoles y diez, sudamericanos. Siete de ellos eran menores de edad. Todos fueron trasladados a la Brigada Provincial de Información en Moratalaz.


La Línea 6 de Metro restableció su tráfico habitual a las 23.43 horas, tras haberse detenido durante 20 minutos como consecuencia de la trifulca.

viernes, 18 de abril de 2014

Casesa despide a 13 trabajadores con la firma de UGT y USO















Tras solo tres días de negociación el ERE ha sido suscrito por el dúo dinámico UGT Y USO y la empresa. CCOO  que desde un principio rechazo la propuesta, ha decidido no plasmar su firma en este ERE al considerar que no concurren las condiciones  necesarias  para despedir a ningún trabajador.

Las tres partes, UGT, USO y Casesa, han acordado, el 14 de Abril, el despido de 13 trabajadores de distintas delegaciones de la empresa, además de facilitar la reducción de salario y cambio de puesto de trabajo o categoría laboral a otros tantos.

Hay que recordar que el pasado 21 de Febrero las patronales firmantes de la renegociación del Convenio, entre las que se encuentra esta empresa, adquirieron el compromiso,  en el acuerdo ante el SIMA, de paralización de aquellos procesos de despidos colectivos ( ERE ) que estuvieran por iniciarse.

Claramente no lo ha cumplido y al igual que en el recorte de salarios por renegociar el Convenio firmado para el 2014, los sindicatos UGT y USO, han prestado, una vez más, su consentimiento.


Recortan nuestros salarios, no garantizan el empleo y despiden más barato, sin existir causa económica alguna.