miércoles, 22 de noviembre de 2017

Vigilante pierde un ojo tras ser agredido


Un desconocido hiere a un vigilante de seguridad del Wanda durante el derbi

Fuente: marca.com/ Luis Aznar/20-11-2017



El pasado sábado, cuando el derbi ya encaraba su recta final, un desconocido trató de colarse en el Wanda Metropolitano.

Rondaba el minuto 80 y el individuo trató de acceder al estadio por varias puertas hasta que se decidió por una, donde se topó con un vigilante de seguridad del club rojiblanco.

El miembro de seguridad, lógicamente, le impidió el paso y le ordenó que abandonara las instalaciones, a lo que el desconocido reaccionó propinándole un puñetazo que ha derivado en la pérdida del globo ocular por parte del empleado que velaba por la tranquilidad en el recinto.

El individuo, tras la agresión, se dio a la fuga sin que ningún otro miembro de seguridad del Metropolitano pudiera seguirle, si bien todo el altercado quedó grabado por las cámaras de seguridad del Wanda, con lo que el asunto está ya en manos de la Policía, ya que el Atlético ha presentado una denuncia.


Se trata del único incidente registrado en la disputa del primer derbi en el nuevo estadio del Atlético, que transcurrió de forma modélica por parte de ambas aficiones.

Aeropuertos: Acuerdo Grupo de Trabajo Seguridad Privada







miércoles, 15 de noviembre de 2017

A efectos de la LOPD no es lo mismo instalar un sistema de videovigilancia como medida de seguridad que para vigilar a los trabajadores

A efectos de la LOPD no es lo mismo instalar un sistema de videovigilancia como medida de seguridad que para vigilar a los trabajadores

Fuente: Publicado en Seguridad en el trabajo  2017/30/3/2017

Un trabajador de una compañía de fabricación de máquinas recreativas presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) manifestando la existencia de un sistema de videovigilancia instalado en el establecimiento donde trabajaba, sin que hubiera habido un aviso previo de la finalidad del tratamiento de las imágenes ni de si le estaban realizando un seguimiento de su trabajo.

En su resolución, la AEPD deja claro en primer lugar que el empresario está legitimado para tratar las imágenes de los trabajadores en el ámbito laboral, al amparo del art. 20.3 del ET (poder de dirección empresarial). Ahora bien, matiza, “esta legitimación no es absoluta y exige por parte del empresario la obligación de informar de dicho tratamiento a los trabajadores, cumpliendo con el deber de informar previsto tanto en el art. 10 de la Directiva 95/46/CE como en el art. 5 de la LOPD”.

Además, razona la Agencia, es necesario diferenciar si la instalación de la cámara en el centro de trabajo es como medida de vigilancia y control del empresario, para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, o bien se trata de una medida de seguridad para proteger la instalación y sus empleados.

En el primer caso, es decir, cuando el objetivo de la instalación de las cámaras va dirigido al cumplimiento por los trabajadores de sus deberes laborales, sería necesario por parte de la empresa “garantizar el derecho de información en la recogida de las imágenes, mediante información a los trabajadores del alcance específico que se va a dar a las mismas para el control laboral”.

Sin embargo, en el segundo caso, es decir, cuando la finalidad es de videovigilancia y protección de las instalaciones y personal de la empresa es necesario el cumplimiento de la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la LOPD y la Instrucción 1/2006 y debería cumplirse, entre otros, el deber de información, disponiendo de distintivos informativos de zona de videovigilancia e impresos informativos.

Y en este caso concreto, se ha demostrado que la finalidad por la cual se han instalado las cámaras es exclusivamente de seguridad. Por tanto, el sistema de videovigilancia cumple una función de seguridad, sin que se conste ni se hayan aportado pruebas por parte del denunciante (trabajador) de que dicho sistema se haya utilizado para fines distintos que no sean los de seguridad de las instalaciones y del personal que trabaja o transita por las mismas.

Y como en este caso además la empresa ha demostrado que existen carteles informativos de la existencia de la cámara y además se ha aportado una cláusula informativa sobre las cámaras en el modelo de contrato de trabajo donde se manifiesta que la finalidad es “la prevención de riesgos que afecten a la protección de las personas, locales y bienes patrimoniales”, debe entenderse que la empresa ha cumplido con lo dispuesto en la LOPD (Resolución de la AEPD de 1.03.2017).

Mónica de Oriol intenta vender sin éxito su compañía Seguriber a varias competidoras













Mónica de Oriol intenta vender sin éxito su compañía Seguriber a varias competidoras

La expresidenta del Círculo de Empresarios ha acumulado impagos a los trabajadores, reclamaciones en Hacienda y la Seguridad Social y embargos con esta compañía de seguridad privada, en una situación financiera dramática

Fuente: vozpopuli.com -  MARIO MORATALLA - 14.11.2017

Mónica Sofía de Oriol e Icaza está harta de su empresa de seguridad privada Seguriber y quiere deshacerse de ella. La empresaria madrileña de origen vasco, conocida por sus polémicas declaraciones cuando era presidenta del Círculo de Empresarios y casada con Alejandro Aznar Sainz, de rica familia naviera vasca y propietario de la bodega Marqués de Riscal, ha intentado 'colocar' Seguriber al menos a dos grandes competidores, tal y como informan a este diario fuentes conocedoras del caso.


Uno de ellos ha sido la compañía Ombuds, a quien De Oriol se acercó antes del verano para ofrecer la venta de Seguriber. Ombuds, controlada por el fondo de capital riesgo JZI con un 75% del capital, se encuentra en un proceso en el que quiere crecer de forma orgánica y también con adquisiciones para consolidarse en el podio del sector en España (después de Prosegur y de Securitas). Sin embargo, rechazaron adquirir Seguriber por la poca rentabilidad que podrían obtener de sus contratas.

Otro de los grupos de seguridad a los que se acercó De Oriol fue Grupo Sureste. La compañía murciana, que también ha entrado con fuerza fuera de su zona de confort ofreciendo precios muy competitivos, igualmente valoró la posibilidad de adquirir este grupo con unos 2.000 empleados, pero consideró que el precio que De Oriol pedía por él era desproporcionado. A principios del mes de octubre Sureste respondió por escrito a Seguriber declinando la posibilidad de una adquisición.

Necesitada de liquidez, De Oriol sí consiguió vender en julio Umano Facility Services, que 'colocó' al asturiano Grupo Llanera. El precio de la operación no se hizo público.

Este periódico ha intentado reclamar la opinión oficial de Ombuds y Sureste, que han preferido no pronunciarse sobre esta información. Por su parte, también nos hemos puesto en contacto con Seguriber, que ni siquiera ha respondido a la petición, de forma positiva o negativa.

Situación económica dramática

Según el portal de análisis Informa D&B, la situación financiera de Seguriber es "muy desfavorable". El activo total decreció un 30,23% entre 2015 y 16. El patrimonio neto quedó en negativo tras caer un 67% y sus activos se redujeron un 12,44%. Estos números se ven agravados por una cifra de ventas que ha caído un 25,31% entre 2015 y 2016 mientras que el Ebit de la empresa cayó un 76,88%.

Según indica Informa, "el resultado de estas variaciones es una reducción de la rentabilidad de explotación de la empresa del 148,36%, siendo dicha rentabilidad del -19,67% en 2016. La compañía perdió más de 8 millones de euros en 2015 y 6 millones y medio en 2016.

Seguriber, propiedad al 50% de Layos Camps Internacional (De Oriol) y el Grupo Financiero Ibaizabal (su marido Alejandro Aznar), tiene incidencias de este mismo verano con Hacienda (junio de 2017 por importe de 2,1 millones de euros) mientras que en 2012 sufrió embargos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Madrid.

Esta compañía, (no confundir con Segur Ibérica, que quebró a principios de año) todavía da empleo a unos 1.000 trabajadores que trabajan, según fuentes del sector, "en algunas contratas interesantes pero muy poco rentables". Su liquidez está degradada, su endeudamiento es muy pesado, la rentabilidad muy negativa y su solidez muy deteriorada, siempre según el rating de riesgo comercial de Informa.

La empresa facturó 31,5 millones en 2016 mientras mantenía pólizas de crédito con toda la gran banca: Popular, Santander, Bankia, BBVA, Deutsche, Caixa Geral y Banco de Sabadell.


Agredido un vigilante de seguridad en el Juan Ramón Jiménez

HUELVA | SANIDAD
Agredido un vigilante de seguridad en el Juan Ramón Jiménez

Fuente: http://andaluciainformacion.es - 14/11/2017

Un vigilante de seguridad del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha sido agredido "de forma violenta" por un paciente en la zona de Urgencias del centro, por lo qeu se requirió la presencia de la Policía Nacional.

En un comunicado, la dirección del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez ha explicado que los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer cuando el vigilante acudió a una de las dependencias de Urgencias en el desarrollo de su labor habitual.

En ese momento, el paciente "le agredió de manera sorpresiva y violenta,teniendo que ser atendido a causa de las lesiones ocasionadas".

Tras este suceso, la Policía Nacional levantó atestado de lo sucedido y está previsto que hoy el vigilante interponga denuncia en la Comisaría Provincial.


El hospital ha expresado su rechazo a esta clase de actos y al mismo tiempo ha destacado que este hecho aislado no refleja en absoluto el comportamiento habitual de los miles de usuarios que son atendidos cada día en los diferentes centros del Área Hospitalaria.

martes, 14 de noviembre de 2017

Transportes afirma que penalizará a la empresa de seguridad de Metro con empleados en huelga si detecta incumplimientos













Transportes afirma que penalizará a la empresa de seguridad de Metro con empleados en huelga si detecta incumplimientos

Fuente: lavanguardia.com /13/11/2017

La consejera de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha adelantado este lunes que penalizará a Seguridad Integral Canaria --una de las empresas contratadas por Metro para realizar tareas de vigilancia y cuyos trabajadores están en huelga por presuntos impagos-- si detectan incumplimientos en el contrato.


Así, Gonzalo ha informado ante los medios tras presentar las nuevas funcionalidades de la app de Metro, que los servicios jurídicos de la Consejería de Transportes han iniciado un proceso para estudiar los presuntos retrasos en los pagos por los que los vigilantes de seguridad iniciaron una huelga el pasado viernes.

"Nosotros por lo que tenemos que velar es por las personas encargadas de la seguridad de los viajeros", ha añadido la consejera, que ha indicado que parte de sus obligaciones son encargarse de que estos trabajadores "cobren cuando corresponde y que el contrato entre trabajadores y empresa se haga de forma correcta".

En este sentido, Gonzalo ha afirmado que su Consejería quiere que Metro cuente con todas las personas que han contratado y ha manifestado su deseo de que trabajadores y empresa "lleguen al acuerdo lo mejor posible y lo antes posible".


Por último, la consejera ha indicado que Transportes actuará de forma "contundente" de ser necesario. "Se va a actuar de forma clara y contundente para aplicar el servicio de penalización y de sanción si lo hubiera", ha concluido.

lunes, 13 de noviembre de 2017

Despedida vigilante de Barajas por dejar escapar a un pasajero sospechoso en plena alerta antiterrorista


Despedida vigilante de Barajas por dejar escapar a un pasajero sospechoso en plena alerta antiterrorista

CCOO Ilunion Seguridad- 13/11/2017

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid  en su sentencia de 27 de Septiembre de 2017 ha confirmado  la del Juzgado de lo Social Nº 10 de Madrid, de Marzo de 2017 que procedió a ratificar el despido efectuado por Prosegur  de una vigilante de seguridad del aeropuerto de Barajas, por haber dejado escapar un pasajero a quien tenía que cachear la Guardia Civil.

Según explica la sentencia, los hechos se remontan al 15/06/2016 (unos pocos meses después de que Interior mantuviese en el nivel 4 la alerta antiterrorista tras los atentados de Bruselas de marzo de ese año ),  cuando la trabajadora prestaba sus servicios en los controles de vigilancia en la Terminal 4 del aeropuerto de la capital: un pasajero llegado de Moscú generó una alarma al pasar el primer filtro y después un segundo positivo en la inspección manual, por lo que requirieron la presencia de la Guardia Civil. Para cuando llegaron los agentes, según la sentencia, el pasajero ya estaba subido en un avión con destino Tánger.

El Tribunal fundamenta su decisión en que “ "Estamos pues, en una situación de elevado riesgo que exigía a los vigilantes de seguridad la observancia y cumplimiento estricto y completo de sus tareas de control de los pasajeros".

Añade la sentencia que "por irresponsable negligencia o incumplimiento material de sus obligaciones un pasajero de nacionalidad extranjera que había generado una alarma al pasar el filtro de seguridad dando un doble positivo, que habían dejado a su cuidado y vigilancia indicándole que no se moviera del sitio, cuando llegaron los miembros de la Guardia Civil el pasajero se había marchado y había cogido un vuelo a Tánger".


La sentencia también revela que, tras abrir un expediente de penalización, AENA, el gestor aeroportuario español, ha sancionado a Prosegur por una falta grave con la pérdida de más de 67.000 euros en la factura de enero de este año.

Seguridad Integral alerta de que 1.500 vigilantes están en riesgo de ir a la calle

Seguridad Integral alerta de que 1.500 vigilantes están en riesgo de ir a la calle



  • La empresa sostiene que tras dejar la vigilancia presencial la cesión temporal de los contratos públicos es la mejor opción para los empleados


Fuente: LaProvincia.es -  11.11.2017

Seguridad Integral Canaria (SIC) alerta de que los 1.500 empleados que prestan sus servicios para la Administración autonómica pueden quedarse sin trabajo. Si los sindicatos no aceptan la subrogación transitoria de los contratos con los organismos públicos ante la salida del mercado de la vigilancia presencial anunciada por la empresa a finales de agosto, los vigilantes "corren el riesgo" de engrosar las listas del paro o no cobrar sus salarios, según sostiene la propia compañía.

La entidad, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, explicó entonces que la baja cuantía de las licitaciones públicas y el retraso de la Administración en los pagos abocaba a la empresa a abandonar esa línea de negocio por su escasa rentabilidad. Ante este anuncio, los sindicalistas mostraron su temor por la posibilidad de que los servicios de SIC se cedieran a otras compañías como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad -las cuales han vinculado a Ramírez pese a la negativa de fuentes de SIC- al entender que las condiciones laborales eran peores que en Seguridad Integral.

La compañía, que a partir de ahora se centrará en los segmentos de los transportes blindados y las centrales de alarmas, expone en un comunicado que la alternativa planteada por la empresa consiste en que esos 1.500 trabajadores "sean subrogados transitoriamente" a otra empresa -en este caso Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que es la que ha asumido los contratos públicos de SIC- hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por ella. La compañía sostiene que esta alternativa ha sido ya aceptada por las administraciones públicas de rango estatal e insular hasta que, una vez se resuelvan los nuevos concursos públicos, se produzca una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran a los mismos.

Tras conocer la salida de SIC del negocio de la vigilancia presencial, los sindicatos denunciaron que tanto esa compañía como Marsegur y Sinergias no aplican el convenio sectorial que por ley están obligados a emplear, por lo que también mostraron recelo ante la posibilidad de que esas empresas, que han calificado de "bajo coste", se hagan con los concursos públicos. Una licitaciones que, según apuntaron, han ido cada vez más a la baja como consecuencia de la crisis económica, por lo que entienden que la Administración también ha abierto la puerta a la implantación de la exclusión social y la precariedad laboral.

Seguridad Integral subraya que en caso de que los representantes sindicales no acepten la fórmula de la subrogación transitoria, se abre la puerta de un concurso de acreedores. Éste, según señala en la nota, comenzaría a aplicarse antes de finales de año y "abocaría al impago indefinido de salarios y, consiguientemente, al cese de actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo".

El comité de empresa de SIC se reunió el pasado mes de agosto con el administrador único y vicepresidente de la compañía Héctor de Armas. Este encuentro, ideado para que la representación del segmento laboral de la entidad mercantil conociese de primera mano el proceso en el que se sumergía SIC, agrandó aún más el distanciamiento entre ambas partes, pues según esgrimieron los sindicatos entonces la empresa no aclaró sus dudas, que fueron respondidas por escrito. "No hay peor mentira que una media verdad", aseguraron en aquel momento, mientras que fuentes de SIC insistieron en que se les facilitó toda la información requerida.

La compañía presidida por Miguel Ángel Ramírez insiste en que su "objetivo primordial" es garantizar los puestos de trabajo, por lo que espera que sus empleados "animen" a los sindicalistas del sector de la seguridad privada "a velar por los verdaderos intereses del colectivo afectado" pues, según subrayan, la subrogación transitoria a otra empresa es la medida más idónea para evitar, ante esta situación, que 1.500 vigilantes vayan al paro.

La respuesta por parte de lo sindicatos no se ha hecho esperar. El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO Canarias, Juan Díaz, afirmó ayer que es "mentira" que esos trabajadores vayan a ir a la calle si no aceptan ser cedidos a la empresa Sinergias. Díaz anunció, a su vez, que tanto su sindicato como UGT, CCOO e IC no asistirán hoy a la reunión que tenían previsto celebrar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que le habían solicitado al haber incluido el Ejecutivo la presencia del CSIF, un interlocutor que no consideran válido por no ser representativo en el sector. En declaraciones a Efe, Díaz aseguró que lo que pretende la empresa de Miguel Ángel Ramírez es presionar.

Canarias Ahora / sociedad
Seguridad Integral Canaria ofrece a sus vigilantes ser subrogados a otra empresa para evitar el concurso de acreedores

  • La empresa advierte que 1.500 trabajadores de la Comunidad Autónoma pueden ir al paro si los sindicatos no aceptan subrogaciones transitorias ya aplicadas por otras administraciones públicas a nivel estatal e insular


  • Los representantes de los empleados de seguridad autonómicos se reúnen este sábado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo


Fuente: eldiario.es -  Canarias Ahora   - Las Palmas de Gran Canaria - 10/11/2017

Seguridad Integral Canaria ha advertido este viernes de que los aproximadamente 1.500 vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC) que prestan sus servicios para la Administración autonómica en las Islas corren el riesgo de verse en el desempleo o sin cobrar sus salarios en el caso de que los sindicatos del sector de vigilancia privada no acepten la solución planteada por la empresa, ya que se vería abocada a entrar en concurso de acreedores.

Según explica la empresa en un comunicado esta alternativa ha sido "aceptada ya por administraciones públicas de rango estatal e insular" y consiste en que los trabajadores sean subrogados transitoriamente por otra empresa hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por SIC.

SIC defiende que es viable su fórmula para la cesión de contratos públicos, asumidos por Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que, culminado el periodo transitorio mientras se resuelven los nuevos concursos, haya una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran.

La empresa ha enviado este comunicado en vísperas de una reunión que los sindicatos mantendrán este sábado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. "En el caso de que los representantes sindicales no acepten esa fórmula, a Seguridad Integral Canaria no le quedará otro remedio que solicitar un concurso de acreedores que comenzaría a aplicarse antes de final de año", subrayan.

Se trata de una fórmula que abocaría al impago indefinido de salarios y al cese de actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo.


Seguridad Integral insiste en que su objetivo principal es la garantía de los puestos de trabajo, por ello, recalca la idoneidad de "la subrogación transitoria a otra empresa como salvaguardia de los empleos y el pago de salarios".

viernes, 10 de noviembre de 2017

Firmado el Convenio Colectivo Sectorial

Firmado el Convenio Colectivo del Sector de Seguridad Privada

CCOO Ilunion Seguridad Madrid – 10 Noviembre 2017

El día 8 de Noviembre, los Sindicatos UGT, CCOO y USO y la patronal Aproser han acordado la firma de un nuevo Convenio Colectivo Estatal para el sector de la Seguridad Privada.

Tras la retirada de las propuestas regresivas planteadas por las patronales del sector que afectaban a las bajas por enfermedad, la congelación del complemento de antigüedad y la jornada en el transporte de fondos se ha llegado a un acuerdo para los años 2018, 2019 y 2020, que  se puede resumir en las siguientes mejoras:

  • -     Incremento salarial aplicable a todos los conceptos económicos de un 2 % para cada uno de los años de vigencia del Convenio Colectivo ( 2018-2019 y 2020 )

  • -Mantenimiento del complemento de antigüedad  en sus mismos términos y afectado por los incrementos del 2% anual.

  • - Mantenimiento de los porcentajes de compensación en lo supuestos de Incapacidad Temporal ( Accidente trabajo, enfermedad o accidente no laboral y Hospitalización )

  • - Nueva regulación con relación al cómputo de los permisos retribuidos para evitar que el disfrute de estos derive en un deficit de jornada mensual.

  • -  Nueva regulación con relación al cómputo de jornada en  las situaciones de incapacidad temporal para que esta nunca derive en déficit de jornada mensual.

  • -  Nueva regulación con relación al cómputo de jornada durante el disfrute de las vacaciones anuales.

  • -  Incorporación de nuevas obligaciones para las empresas en caso de subrogación de servicios, dotando de mayor seguridad jurídica a los trabajadores objeto de subrogación y estableciendo una cantidad indemnizatoria para los supuestos en que esta no fuese procedente.












miércoles, 8 de noviembre de 2017

La seguridad en los juzgados no se dará a una empresa de "bajo coste"













La seguridad en los juzgados no se dará a una empresa de "bajo coste"



El director general de Relaciones con la Administración de Justicia prevé que a inicios de 2018 ya opere la nueva concesionaria, que deberá pagar los salarios en los días previstos.

Fuente: eldia.es/8/11/2017

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez Santos, señala que el Gobierno canario espera que, o bien a finales de año, o bien a comienzos del próximo ejercicio, una nueva empresa se ocupe de la seguridad privada en los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma.

Rodríguez Santos comenta que el concurso para seleccionar a la futura sociedad que prestará el mencionado servicio se anunciará en los próximos días o semanas. De hecho, ayer estaba previsto que superara uno de los últimos trámites antes de que se inicie el proceso de licitación.

Ayer no hubo incidencias graves en ningún juzgado por las bajas laborales de vigilantes de Seguridad Integral Canaria (SIC). Sin embargo, fuentes de los trabajadores y el propio director general reconocieron que hubo algunos empleados que no estuvieron en sus puestos. Concretamente, faltaron tres al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y uno más en el de La Laguna. En la Jurisdicción Social estaban incorporados los tres trabajadores de SIC que el pasado lunes estuvieron de baja laboral y que provocaron que el recinto estuviera cerrado al público casi cuatro horas.

Rodríguez comentó que el contrato con Seguridad Integral Canaria "está a punto de extinguirse", por lo que prevé que, a finales de diciembre o comienzos del próximo año, una nueva empresa se ocupe de la vigilancia en los órganos judiciales del Archipiélago.

Santos dice que el nuevo pliego de condiciones que regirá el concurso para elegir a la futura adjudicataria es "beneficioso para el trabajador", ya que, por una parte, se obliga a la mercantil a pagar los salarios dentro de los días estipulados para ello y, por otra, el convenio colectivo que se aplicará será el de ámbito estatal.

Eso significa, esencialmente, que el salario de cada vigilante será 300 o 400 euros superior al que abonan las compañías de vigilancia privada denominadas "de bajo coste", que se rigen por convenios propios y ofrecen ingresos sensiblemente inferiores a lo estipulado por el acuerdo laboral del sector a nivel nacional.

Para el director general, otra de las obligaciones de la futura concesionaria es que, "evidentemente", el servicio se preste "correctamente".

Con independencia de otras reuniones mantenidas con anterioridad, Rodríguez Santos mantuvo ayer un encuentro con representantes de Seguridad Integral Canaria para pedir explicaciones por las protestas de sus empleados ante la falta de abono de las nóminas de septiembre y octubre. Desde SIC señalaron que los retrasos se han debido a un problema financiero interno, que ya se ha empezado a pagar el dinero adeudado al personal y que prevén que a lo largo de esta semana se resuelva el asunto completamente. El director general deja claro que el Ejecutivo autónomo paga "puntualmente" a SIC. Rodríguez Santos asegura que "trabajamos todo lo posible para dar una solución a un conflicto que no generamos nosotros, pero que sí repercute negativamente en el ciudadano".

La demanda clave de las organizaciones sindicales


En las últimas semanas y meses, todos los sindicatos de la seguridad privada han tenido una demanda clave en sus reuniones con diferentes administraciones: que en los futuros contratos de adjudicaciones de servicios no se siga el criterio del coste más bajo y que se acepten únicamente aquellas empresas que respeten el convenio estatal del sector. Es decir, que no se contrate con sociedades de "bajo coste", que tienen sus propios convenios y cuyos salarios son 300 o 400 euros más bajos que lo estipulado en el acuerdo laboral a nivel estatal. La Dirección General de Justicia ha tenido en cuenta tal demanda, según Rodríguez Santos.

Vigilantes de seguridad de Bonxe y Monterroso denuncian impagos ante la Inspección

Vigilantes de seguridad de Bonxe y Monterroso denuncian impagos ante la Inspección

La empresa Ombuds pagó con retraso a los 18 trabajadores desde principios de año y ahora les debe octubre

Fuente: lavozdegalicia.es - 07/11/2017

Los vigilantes de seguridad de las dos prisiones lucenses, Bonxe y Monterroso, presentaron esta mañana una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que hicieron constar que la empresa adjudicataria de este servicio, que comparten con la Guardia Civil, no les pagó todavía la mensualidad del mes de octubre.

Según pusieron de manifiesto, desde principios de año Ombusds les abona los salarios con retrasos, alternando a la mitad de la plantilla, mes a mes. Los afectados están asesorados por CIG y Ustega. El convenio colectivo establece que la empresa ha de abonar la nómina entre los días 1 y 5 de cada mes. Fuentes de la CIG señalaron que el Ministerio del Interior ingresa puntualmente las cantidades correspondientes a la vigilancia de los centros penitenciarios.


En la misma situación están también los vigilantes de seguridad de Casesa, empresa que estaba en concurso de acreedores y que compró Ombusds hace unos meses. Se encarga de la vigilancia de las delegaciones de Hacienda en Lugo, Foz y Monforte y de los supermercados Carrefour y E. Leclerc. También perciben sus nóminas con retraso y tampoco cobraron octubre, según fuentes sindicales.

martes, 7 de noviembre de 2017

MARSEGUR DEBE UNOS 5.000 EUROS A CADA TRABAJADOR


El 60% de los vigilantes del Hospital Militar vuelve a su puesto de trabajo pero sin cambios laborales

Después de estar toda la plantilla de baja médica por razones psicológicas, algunos trabajadores han decidido volver a desempeñar sus labores. La situación no cambia y los afectados calculan que la empresa debe a cada vigilante alrededor de 5.000 euros.

Fuente: Ceuta Actualidad/ LAURA P. CAÑERO/ 06/11/17

El Hospital Militar vuelve a contar con seguridad privada. Después de que toda la plantilla presentara la baja médica por motivos psicológicos el 60% ha vuelto a su puesto de trabajo.

Los vigilantes de seguridad llevan meses reivindicando mejoras laborales pero al parecer las protestas llevadas a cabo están cayendo en saco roto, nadie escucha sus problemas ni intentan buscar soluciones a una situación precaria que afecta a unos 15 trabajadores.

Los afectados lamentan que se les haya pagado dos meses atrasados pero perdiendo el 40% de lo que realmente deben percibir. Tal y como narran los vigilantes del Hospital Militar, desde mayo les deben alrededor de 5.000 euros a cada trabajador. Sin contar con el salario del mes de octubre de que aún no han recibido nada.

Los trabajadores afectados denuncian el incumplimiento del convenio colectivo por parte de Marsegur, así como impago de salarios y fraude a la Seguridad Social.


Las concentraciones se han repetido en varios puntos de la ciudad pero sus reivindicaciones han caído en saco roto. Hace unos días los vigilantes de seguridad secundaban una huelga a nivel nacional y continuaban la protesta un par de días más a nivel local. Durante ese periodo el Hospital abrió sus puertas sin vigilancia. Marsegur en vez de buscar soluciones al problema se limitó a cambiar el nombre de la empresa, por lo que a partir de ahora los afectados continúan en las mismas circunstancias pero dirigidos por "Novo Segur". 

Brutal paliza a un vigilante en Cercanías

Brutal paliza a un vigilante al impedirle colarse en Cercanías

  • Las cámaras captaron la agresión y el hombre ha sido detenido


Fuente: miracorredor.tv - 7 DE NOVIEMBRE DE 2017  

Un hombre ha sido detenido después de agredir brutalmente a un vigilante de seguridad en una estación de Cercanías Madrid, según ha adelantado Antena 3 Noticias.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.30 de la mañana en Nuevos Ministerios, con la estación llena de gente.

Allí, un hombre intenta colarse en Cercanías sin pagar. La taquillera le llama la atención, pero el hombre hace caso omiso y la emprende a golpes con el vigilante, que avisa a la Policía.

El agresor le muerde y le quita la defensa reglamentaria para golpearle en la cabeza

Una joven de 19 años es la única persona que interviene, mientras los demás graban con sus teléfonos móviles.

La chica coge las esposas del vigilante, que estaban en el suelo, y logra colocarle una al agresor, recibiendo también ella una brutal paliza.


Finalmente  llega la Policía y el hombre acaba detenido. Hicieron falta varios policías para detenerle y para sacarle de la estación.


jueves, 2 de noviembre de 2017

Sentencias: Demandas de cantidad

El plazo de prescripción de un año en las demandas de reclamación de cantidad computa de fecha a fecha

Fuente: asesoriza.com- Reclamaciones / 26 de octubre de 2017

En el caso de la presentación de demandas de reclamación de cantidad, el plazo de prescripción se computa de fecha a fecha, lo que supone que el día final se incluye por completo dentro del cómputo. Además, si el día es inhábil se puede presentar la demanda hasta las 15:00 horas del día siguiente al prorrogado, denominado “día de gracia” (sent. del TS de 21.09.17).

Un trabajador se marchó de su empresa de forma voluntaria (baja voluntaria) con fecha 27.06.2006 sin percibir la nómina de junio y la liquidación de pagas y vacaciones. El 30 de abril de 2007 se presentó papeleta de conciliación en demanda de reclamación de cantidad. El acto se celebró el 23.05.07 sin efecto por incomparecencia del trabajador. El 23.05.08 se presentó nueva papeleta de conciliación, celebrándose el acto el 13.06.08, nuevamente sin efecto por no comparecer la empresa. Finalmente, se interpone demanda judicial el 16.06.09.

Todas las sentencias desestiman la pretensión del trabajador y declaran que como el último día del plazo fue el 14 de junio de 2009, la demanda podía haberse presentado hasta las 15:00 horas del lunes 15 de junio. Como se interpuso el día 16, hay que desestimarla al haber prescrito la acción.

En última instancia, el Tribunal Supremo también desestima la pretensión del trabajador y declara que el derecho del mismo a reclamar ha prescrito “por no haberse presentado la demanda antes de las 15:00 horas del día 15 de junio”.

En su sentencia, el TS justifica que no cabe aplicar el art. 133.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que establece que “los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil”, ya que esto, razona el Supremo, “únicamente es aplicable al cómputo de los plazos procesales, pero no al cómputo de los plazos sustantivos”. Y en este caso, al tratarse de un plazo sustantivo, “se aplica lo dispuesto en el art. 5 del Código Civil, que establece que el cómputo concluye el último día del plazo, aunque sea inhábil, sin que proceda su prórroga por tal motivo”.

Además, matiza el Supremo, “como el último día del plazo debe transcurrir entero para que se produzca la caducidad o prescripción del derecho, se viene aceptando que la demanda se presente al día siguiente antes de las 15:00 horas, en aras a una tutela judicial efectiva”.


En cualquier caso, en este caso concreto, al presentar la demanda el 16 de junio, hay que desestimarla.