Urkullu
comunicó a Rajoy que eliminará la escolta a cargos políticos a final de mayo
Fuente:
elconfidencial.com - José María Olmo - 17/04/2013
El jefe
del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, anunció al presidente del Ejecutivo, Mariano
Rajoy, en el encuentro secreto que ambos mantuvieron en Moncloa el pasado
miércoles su intención de retirar en las próximas semanas todos los escoltas a
autoridades y cargos electos que aún mantienen esta medida de protección en el
País Vasco, según fuentes cercanas a la reunión consultadas por este diario. La
noticia cogió por sorpresa a Rajoy, que se opuso a la eliminación de la
seguridad.
No
obstante, Urkullu aseguró a Rajoy que su determinación en este asunto es máxima
y que el plan no tiene vuelta atrás. Según explicó el mandatario del PNV, el
proyecto inmediato del Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán
de Heredia pasa por la supresión del 100% del personal de seguridad privada
contratado por la Administración vasca para garantizar la protección de
dirigentes políticos amenazados por ETA.
Urkullu
defendió que el alto el fuego definitivo declarado por la banda terrorista en
octubre de 2011 hace innecesario que la Administración vasca siga sufragando
este servicio. Se calcula que en estos momentos los guardaespaldas contratados
por el Gobierno de Vitoria dan cobertura a 25 cargos del Partido Popular y a
aproximadamente el doble de dirigentes del Partido Socialista. Además, también
ofrece protección a otros cargos institucionales amenazados por la banda
terrorista.
En la
actualidad, la gran mayoría de los escoltas que están trabajando en el País
Vasco lo hacen al servicio del Ministerio del Interior, que no contempla más
reducciones de las que ya ha anunciado. Pero se da la circunstancia de que las
autoridades y cargos políticos más relevantes están siendo protegidos en estos
momentos por personal contratado por el Gobierno vasco. Si Urkullu lleva
adelante su propósito, todos ellos perderían su escolta.
La
consejera de Seguridad ya lo comunicó la oposición
El plan
de reducción de guardaespaldas ya fue anunciado con anterioridad por la
consejera de Seguridad vasca a los responsables de los partidos de la
oposición, según confirman fuentes consultadas por este diario. La consejera
aseguró que su departamento había realizado una reevaluación del riesgo que
comportaba un exceso de este tipo de profesionales. Pero en esas
conversaciones, Beltrán de Heredia aseguró que la decisión no era firme y que
estaba abierta a negociar con las formaciones afectadas los detalles del
recorte.
Sin
embargo, Urkullu fue más contundente en su reunión con Rajoy en Moncloa el
pasado 10 de abril. El lehendakari afirmó que este paso es necesario y que
contribuirá a la “normalización” de la sociedad vasca tras el anuncio del fin
de la violencia de ETA. Según las fuentes consultadas, Urkullu pretende que la
medida sea efectiva hacia finales del próximo mes de mayo.
El
Ministerio del Interior se opone a la medida porque considera que la banda
sigue suponiendo una amenaza para la seguridad de los cargos tradicionalmente
señalados por ETA. Fuentes de Interior, que aseguran que el ministro no tenía
constancia de este proyecto de Urkullu, recuerdan que la organización
terrorista aún no se ha desprendido de sus armas y explosivos y que se siguen
detectando movimientos que demuestran la plena actividad de sus comandos.
Reducciones
anteriores de Interior
El
departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ya llevó a cabo una drástica
reducción del 55% del personal de seguridad privada destinado en País Vasco y
Navarra en marzo de 2012 y acaba de trasladar a otro grupo de 250 a 21
prisiones de toda España para que realicen labores de vigilancia de presos. Se
calcula que, desde el inicio del llamado proceso de paz, alrededor de 2.000
profesionales de la seguridad han perdido su empleo.
Pero
Interior no tiene en su agenda reducir aún más el personal que tiene contratado
en el País Vasco y Navarra para este cometido. De hecho, fuentes de este
departamento aseguran que los recortes anteriores se han hecho estudiando
individualmente cada caso y tras certificar que la situación de riesgo del
cargo protegido se había reducido a un nivel aceptable.
El paso
puede interpretarse como un intento del Gobierno vasco por generar tranquilidad
en la sociedad, pero desde algunos ámbitos también se ve como un movimiento del
PNV para aumentar la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoy para que se
siente a negociar con ETA su disolución y la situación de sus presos y huidos.
En el último mes, la organización terrorista ha emitido hasta cuatro
comunicados para quejarse del estancamiento del proceso y ha amenazado con
volver a la situación anterior si el Ejecutivo no se compromete a negociar
todas sus reivindicaciones. El PNV tampoco ha escondido que le gustaría que el
Gobierno y el PP vasco se implicaran más en la hoja de ruta que han diseñado la
izquierda abertzale y ETA para sellar el fin de la violencia, tras más de medio
siglo de sufrimiento.
