La investigación del caso
ESABE destapa el pago de comisiones a cambio de contratos públicos
La
Cadena SER ha tenido acceso a los interrogatorios de los directivos y
trabajadores de esta empresa de seguridad investigada por un presunto fraude de
30 millones de euros a la Seguridad Social
Fuente: cadenaser.com - ALBERTO POZAS 14-05-2013
Varios directivos y trabajadores de ESABE reconocieron
ante la policía la existencia de sobornos a funcionarios para obtener
contratos públicos, entre ellos la adjudicación del Hospital de la Fe de
Valencia. La policía califica a Juan José Prados del Pino, presidente del
grupo ESABE en paradero desconocido desde diciembre, como "ideólogo"
de la trama. Según ha podido saber la Cadena SER, tanto Prados del Pino como su
esposa han comunicado a la justicia su intención de declarar el próximo mes de
julio.
Directivos y antiguos trabajadores de la empresa de
seguridad ESABE reconocieron ante la policía la existencia de sobornos a
funcionarios públicos para obtener adjudicaciones y contratos. En la
transcripción de los interrogatorios, a los que ha tenido acceso la Cadena SER,
varios detenidos, entre ellos la que fuera directora nacional de varias de las
empresas del grupo, reconocen que se sobornó a un funcionario de la
Generalitat Valenciana para obtener la adjudicación del Hospital de la Fe
en Valencia. La persona presuntamente sobornada, según esta declaración, se
llamaba Eloy y estuvo vinculado a la Consellería de Sanidad de la Generalitat
valenciana aunque "posteriormente fue destituido".
Otro de los detenidos, J.M.S, manifestó haber ofrecido
personalmente estos sobornos y prebendas en nombre de la empresa, señalando
también que a veces se producían amaños "por confianza con el
cliente", ofreciendo unos precios bajos que el resto de empresas "no
podían igualar", presentando proyectos rozando lo que denominan como
"baja temeraria".
El presidente de ESABE: un ideólogo "con mano de
hierro"
La policía lo tiene claro. Según un informe contenido
en el sumario, el presidente de ESABE, Juan José Prados del Pino, es el
cabecilla de la estrategia que ha llevado a cabo esta empresa de seguridad y
limpieza para defraudar presuntamente 30 millones a la Seguridad Social. Lo
hizo, según los agentes,"con mano de hierro" y aprovechándose
del bajo nivel académico y cultural de algunos de los acusados para que
actuaran como sus testaferros. En otros casos señalan que es "imposible"
que algunos de los imputados no tuvieran conocimiento de las actividades
ilícitas que se estaban cometiendo.
La policía llega a esta conclusión gracias a los
interrogatorios de directivos y ex trabajadores, quienes han coincidido en
reconocer que figuraban como administradores de empresas vinculadas a ESABE
porque el presidente les amenazaba con despedirles si se negaban a ello,
alegando que Prados del Pino "era el verdadero dueño del entramado
empresarial". Algunos detenidos definen este entramado como una estructura
de "empresas guarras y hombres de paja que no tenían actividad".
Además, según reconoce una de las detenidas que trabajó más de diez años como
directiva en varias de las empresas del grupo, el expresidente viajaba
habitualmente a Gibraltar y que tenía entre sus asesores a un antiguo
responsable del área de seguridad del Ministerio de Trabajo al que llamaban
"el innombrable".
Según ha podido
saber la Cadena SER, tanto el presidente del grupo ESABE Juan José Prados del
Pino como su esposa comparecerán ante la jueza a principios del próximo mes de
julio. En la operación policial del pasado mes de diciembre fueron detenidos
más de una decena de administradores, directivos y antiguos trabajadores del
grupo ESABE, acusados de haber participado en el fraude a las arcas públicas,
algunos como supuestos testaferros en empresas fantasma.
El presidente
del grupo ESABE y su esposa se encontraban en paradero desconocido desde
diciembre. A todos ellos la policía les atribuye delitos contra la Seguridad
Social, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales,
pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los
trabajadores y también de falsedad documental.
En el informe
definitivo de la policía sobre los implicados al que ha tenido acceso la Cadena
SER, los investigadores indican que en el registro al domicilio de uno de los
hijos del matrimonio, Javier Alfonso Prados, se incautaron varios sellos de
organismos oficiales que no tendrían por qué estar en su poder.
Unos sellos
que, según declaró uno de los detenidos, "se estampaban en documentos
oficiales que los miembros de la empresa presentaban ante bancos y otros
organismos oficiales". Durante los interrogatorios a varios detenidos se
les pregunta por la procedencia de sellos de la Generalitat Valenciana,
Catalana y también de Banesto.
