Gobierno
prevé llevar el viernes al Consejo la Ley de Seguridad Privada que aumenta el
control sobre detectives privados
MADRID,
10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El
Consejo de Ministros presentará previsiblemente el próximo viernes el Proyecto
de Ley de Seguridad Privada tras varias semanas de consultas a distintas
instituciones del sector, aunque no presentará grandes variaciones con respecto
al anteproyecto elaborado el pasado mes de abril, según han informado a Europa
Press fuentes oficiales.
Fue el
12 de abril cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Según anunció, la
nueva Ley contemplará que las empresas de detectives privados tendrán que hacer
informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán
disponibles "en todo momento" para jueces y policías.
Esta
será una de las principales novedades de la nueva ley que incrementa "el
control sobre la actividad de los detectives privados" con nuevas
obligaciones que consisten en "documentar los encargos en un contrato
escrito" y en que "además del libro-registro que ya llevan",
tendrán que elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste
el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos".
Ese
informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de la Autoridad Judicial", precisaba el anteproyecto en el que
además se obliga a estas empresas a "presentar una memoria anual de
actividades al Ministerio del Interior".
Fernández
Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se
repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP,
Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante
La Camarga de Barcelona.
PROHIBIDO
MATERIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTIMIDAD
Precisamente,
la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos
"que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de
las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados
cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo
que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del
Interior.
También
se contemplan nuevos servicios que hasta ahora no estaban regulados o
necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de videovigilancia de los
inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, vigilancia de polígonos,
urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia
perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado.
Sobre
este último punto, el ministro del Interior aseguró en su momento que esta
iniciativa también ha sido solicitada por Cataluña, única comunidad autónoma
que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.
