La regulación en este aspecto
queda como en la ley todavía vigente y solo los detectives privados podrán
realizar investigaciones
Fuente:
lavanguardia.com | 13/06/2013
Madrid.
(EFE).- El Ministerio del Interior ha modificado su propuesta para la nueva ley
de Seguridad Privada y no permitirá que las empresas del sector realicen
labores de investigación, reservadas a los detectives, frente al borrador
inicial que les otorgaba esta competencia.
El
texto de la futura ley, que sustituirá a la actual de 1992, será sometido
mañana a debate en el Consejo de Ministros, que previsiblemente dará luz verde
para su entrada en las Cortes. Fuentes del departamento han explicado a Efe que
un mes después de presentar al gabinete de Mariano Rajoy el borrador y tras
escuchar a las partes implicadas y de estudiar los informes consultivos,
Interior ha decidido suprimir el precepto que permitía a las empresas de
seguridad privada realizar investigaciones.
De este
modo, la regulación en este aspecto queda como en la ley todavía vigente y solo
los detectives privados podrán realizar investigaciones "en relación a
personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancias de parte". La
modificación da satisfacción a los detectives, que ya habían mostrado su
preocupación por lo que consideraban una invasión de competencias que, además,
podría suponer la quiebra de un colectivo ya de por sí castigado por la crisis.
No
obstante, la nueva ley les controlará más que hasta ahora y los detectives
tendrán que dar cuenta al Ministerio del Interior de los encargos que reciben,
los medios que emplean y los resultados obtenidos. Además, deberán destruir los
sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la
finalización de su informe.
La
regulación de los servicios de vídeo vigilancia es otro de los aspectos que
prevé el proyecto, que insiste en la necesidad de que estos elementos se
utilicen bajo los principios de proporcionalidad, idoneidad e
"intervención mínima". No se podrán utilizar, de todos modos, con
fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios
públicos o de acceso público, salvo en los términos que regula la ley de
seguridad ciudadana.
