EN LA COMISIÓN DE INTERIOR
El
Congreso aprobará hoy la Ley de Seguridad Privada que da a empresas de
seguridad el control externo de las cárceles
El PP perfila aspectos
competenciales con CiU y se enfrenta a la oposición de PSOE, Izquierda Plural y
UPyD
MADRID,
9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La
Comisión de Interior del Congreso aprobará este martes la nueva Ley de
Seguridad Privada, seis meses después de que el Gobierno la remitiese a las
Cortes. Según han informado a Europa Press fuentes 'populares', el texto
definitivo que se enviará al Senado mantiene que los vigilantes privados puedan
encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, un punto
contra el que se habían manifestado grupos de la oposición como PSOE, Izquierda
Plural y UPyD.
Estas
mismas fuentes han precisado que hasta este lunes continuaban las
conversaciones entre los distintos grupos políticos para terminar de
"cerrar flecos". Durante el trámite parlamentario los partidos han
podido consultar también con las empresas y profesionales del sector.
El
texto que se votará este martes incorpora en torno a 75 enmiendas, tanto
transaccionales como directas, que afectan a diversas materias como el capítulo
de la formación, la consideración de agente de autoridad o aspectos
competenciales. En cualquier caso, desde el PP entienden que el espíritu del
texto se mantiene "intacto".
El
grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se mantiene en el
rechazo frontal a la Ley que defendió en el debate de su enmienda a la
totalidad. Consideran que esta nueva norma "viene a incrementar el peso de
lo privado frente a lo público". "La seguridad no puede ser para
quien se la pueda pagar", denunció el diputado de IU Ricardo Sixto, quien
mostró sus reparos a la presencia de vigilantes privados en los perímetros de
las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del
Estado.
También
el PSOE manifestó su oposición e incluso dijo compartir las preocupaciones de
la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. Aunque en su
momento los socialistas no presentaron en su día enmienda a la totalidad con la
esperanza de modificar el texto en el trámite parlamentario, las últimas
declaraciones de su portavoz de Interior, Antonio Trevín, siguen colocando al
PSOE en frente del Gobierno.
La
presencia de vigilantes privados en el entorno de las prisiones también generó
el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó avanzó que defendería propuestas
para modificar este aspecto.
LIMANDO
ASPEREZAS CON CIU
En lo
que afecta a las competencias, el Gobierno y el PP accedieron a modificar
varios artículos del proyecto después de que CiU presentase una enmienda a la
totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales"
recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución.
En el
Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
aseguró que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la
totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo asegurar que
estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables
de la constitucionalidad en ningún ámbito", añadió al tiempo que agradeció
la disponibilidad al diálogo de CiU.
En
consecuencia, los nacionalistas retiraron la enmienda por lo que es posible que
este martes no voten en contra de la Ley. Su oposición inicial se debía a que
el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la
autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección,
sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada
que se realicen en Cataluña".
LA
PRIMERA DE LAS TRES LEYES SOBRE SEGURIDAD
La Ley
de Seguridad Privada es una de las tres reformas que en el campo de la
Seguridad ha impulsado el Ministerio del Interior en esta legislatura junto a
la Ley de Seguridad Vial (ya en tramitación parlamentaria) y la polémica Ley de
Seguridad Ciudadana, aún en fase de anteproyecto.
A la
hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a
"facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la
importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad
privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado
facturó 3.215 millones de euros.
No
obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la
"irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los
principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en
absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este
proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha
quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas
prácticas.
