LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
Una ley
para impulsar un sector concentrado en 12 empresas
Nombres de la política
aparecen relacionados con las principales empresas.
Fuente:
diagonalperiodico.net - Ter García - 28/01/14
El
próximo 5 de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado al
proyecto de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó el pasado 10 de
diciembre en el Congreso y que amplía las competencias de los vigilantes
privados. No ha sido el único cambio en la legislación enfocado a este sector.
La reforma del Código Penal presentada por la cartera de Gallardón ya atribuía
al personal de seguridad privada el carácter de autoridad, una “demanda
conjunta de todos los agentes del sector”, según señala a DIAGONAL Eduardo
Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores
empresas de seguridad privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la
legislación con los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la
seguridad privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez. El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500
empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del sector,
que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último año.
“Hay
una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad,
que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran
pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar
dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco
especializado en instituciones punitivas y autor del libro Burorrepresión.
Sanción administrativa y control social.
“Aquí
hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando
para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de
privatización, como el negocio penitenciario”, continúa Oliver.
Entre
las empresas más importantes del sector, algunas destacan por su relación con
nombres de la política, como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación de
3.670 millones de euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes de
cuatro continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad privada.
Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8 millones de
euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los edificios de la AEAT
en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los aparcamientos de camiones y
de la zona de cruceros del Puerto de Barcelona. A su cabeza está Helena
Revoredo, a través de la sociedad Gubel, en la que también figura como
apoderado Pedro Juan de Borbón. Banca March o Bankinter son otras de las
entidades relacionadas, al igual que José Mayor Oreja, como da por probado una
sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vitoria.
La
misma sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con
otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada Micaela
Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre sus directivos
con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas por Eulen en 2013
está la de la seguridad y vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Melilla, por 2,9 millones de euros. El 10 de enero la empresa era
adjudicataria de un nuevo contrato público para el servicio de seguridad y
vigilancia de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Valencia, Alicante, Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.
Y
también aquí, la Gürtel
En
2009, el El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas hizo
llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid,
Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la vigilancia de la Ciudad de la
Justicia. Al frente de Serygur estaban el exconcejal de Madrid Ignacio del Río
y Álvaro de la Cruz, expresidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), relacionado con la Gürtel por contratar a Special Events
para las asambleas especiales del organismo. Serygur consiguió el contrato de
la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros, y también en 2007 recibió otros
contratos públicos por al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos
por al menos 5,6 millones, según aparece en el BOE, entre los que está la
vigilancia de las sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por 2,5
millones. En 2009, antes de pasar a llamarse Alium, recibió el contrato para la
vigilancia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por 667.000 euros.
La
adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también
ha puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con el
sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Segurisa, una
de las empresas que optaban al contrato de la seguridad del edificio de la
Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006 contratos para el servicio de
vigilancia del Canal de Isabel II y de Metro de Madrid que sumaban 59 millones
de euros. Su presidente, Enrique Sánchez, fue diputado y portavoz en la
Diputación de Madrid entre los años 1978 y 1982. Pero la empresa que se llevó
el contrato de la Puerta del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6 millones de
euros, fue Segur Ibérica, en cuyo consejo figuraba hasta 2009, como secretaria
no consejera, Marta Gil de Biedma, familiar de la expresidenta de la Comunidad
de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido acusada de fraude por prestar los
servicios de seguridad en la Universidad Complutense con personal sin
licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual ministro de Defensa, Pedro
Morenés, y ha comenzado 2014 con un contrato por 452.000 euros para el servicio
de vigilancia de las sedes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Bizkaia.
Cuatro
contratos en 2014
Pero la
empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a contratas ha
sido Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez recibió en
los diez primeros días de 2014 cuatro contratos públicos que suman 3,3 millones
de euros. Un mes antes, Ramírez, que donó 50.000 euros al Partido Popular a
través de su empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, según aparece en la
contabilidad oficial del partido, recibía también un indulto que lo libraba de
los tres años de prisión a los que estaba condenado por realizar obras ilegales
en terreno protegido.
Otra de
las empresas importantes del sector es Castellana de Seguridad (Casesa), cuyo
nombre ha saltado recientemente a los medios de comunicación por el trato que
dos de sus vigilantes dieron la semana pasada a una pareja francesa en un
supermercado Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por
la sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por
Catalunya Caixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que no ha
afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%, llegando a los 155
millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin de ETA le hizo perder el
negocio de los escoltas, que llegó a suponer para la empresa una facturación de
30 millones.
El
final del negocio de los escoltas ha propiciado que las cárceles se conviertan
en nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El programa piloto, que
empezó en verano en 21 cárceles y en el que participan ocho empresas durante
nueve meses, ha costado 7,39 millones de euros, un monto que en gran parte va a
ser beneficio directo para las empresas, según un informe de la Unión Federal
de Policía, que afirma que la Administración está desembolsando por cada
vigilante 3.200 euros al mes, aunque el convenio del sector fija como salario
1.088 euros. Un panorama que, según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles
llenas de pobres custodiadas por otros pobres”.
Apellidos
en la seguridad privada
S. I.
Canaria
LA
EMPRESA DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ha empezado el año con cuatro nuevos contratos
públicos por 3,3 millones.
Segur
Ibérica
Pedro Morenés
presidió la empresa en 2011, antes de ocupar la cartera de Defensa de la mano
de Mariano Rajoy.
Prosegur
el
apellido mayor oreja está relacionado con la compañía, según la sentencia
judicial.
12.388
nuevos vigilantes sólo en 2012
En 2012,
el número total de vigilantes de seguridad privada habilitados por el
Ministerio del Interior ascendía a 223.299, un 15,6% más de los que se contaban
en 2011. Sin embargo, el número de vigilantes que estaban en activo descendió
de los 89.000 a los 82.150 por la bajada del volumen de negocio del sector,
según explica un informe de la patronal de empresas de seguridad privada
Aproser.
En
comparación con las cifras sobre seguridad privada en la Unión Europea, las del
Estado español están levemente por debajo de la media, con un vigilante por
cada 513 habitantes.
