EXTENDERÁ EL PLAN PILOTO DE
SEGURIDAD
Interior
contratará guardias privados para vigilar el perímetro de todas las cárceles
Fuente:
elconfidencial.com - José María Olmo 08/05/2014
El
Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios
de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de
esas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo
había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por
Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo
de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar que en breve ejecutará una
segunda fase de ese plan para que guardias privados comiencen a asumir de forma
generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que
hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de
Seguridad.
El propio
Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta parlamentaria. “En una
primera fase, el Plan se ha desarrollado como modelo en 21 centros
penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros
penitenciarios, no siendo posible en estos momentos cuantificar el coste que
supondrán los servicios de seguridad privada”, explica el Ejecutivo en su
contestación, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado
24 de abril.
Esa
afirmación implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros
penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido que la contratación de
personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que su aplicación se
limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el Gobierno reconoce ahora
por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de
la Administración del Estado –los centros catalanes son competencia de la
Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.
Vallados,
cámaras y accesos
Según
especifica Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es
“optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”. “Se pretende
que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad
privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la
seguridad del centro penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a la
recuperación de efectivos policiales para asumir funciones de seguridad
ciudadana”, afirma el Gobierno.
En
concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles implica el control de los
vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la
comprobación de los accesos reservados a familiares, entre otras funciones.
Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en exclusiva por la Guardia
Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus competencias en la zona de la
prisión), y por las policías autonómicas en los territorios con las
competencias de seguridad transferidas.
El aval
de la Ley de Seguridad Ciudadana
El
Ministerio del Interior extenderá este modelo con la cobertura de la nueva Ley
de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de
marzo y publicada en el BOE el 4 de abril. En su artículo 41.3, la norma
habilita expresamente a los vigilantes de seguridad privada para prestar ese
servicio, y en el artículo 40.1 les concede la posibilidad ejercer esa labor
portando armas de fuego “cuando lo requieran las circunstancias”. No obstante,
la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que ese trabajo se realice bajo la
“dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una
condición que subraya Interior para recordar que el Estado seguirá siendo el
máximo responsable de ese control.
Interior
no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector
privado. La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal
de empresas compuesta por ocho compañías del sector de la seguridad. En total,
ha supuesto la contratación de 254 vigilantes de seguridad. Lo que sí asegura
en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado
Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han
concluido que “los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada
“han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y
Pliego de Prescripciones Técnicas”.
Reorganización
de las plantillas
Desde
la cartera de Fernández Díaz aseguran que el único objetivo de este plan es
liberar para otras funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que
hasta ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles.
Para esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación media de
entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa cifra se reduzca
drásticamente con la llegada de personal privado.
La
medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de
prisiones, que consideran que en realidad se trata de una estrategia
premeditada para que el personal privado desplace progresivamente a los
funcionarios en todos sus cometidos. A su juicio, la contratación de guardias
privados para la vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan.
Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley
de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al
sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la
vigilancia exterior. En su opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal
contratado empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que
desmienten desde el Ministerio.
