El Gobierno renueva el
contrato de vigilancia de tres ministerios con un empresario indultado
Paga
2,8 millones por el servicio, un año, en Nuevos Ministerios a Miguel A.
Ramírez, condenado por construir en zona protegida
El Consejo de
Ministros le indultó el pasado 31 de octubre
También
trabaja en seguridad de Metro de Madrid y edificios de Defensa
Fuente: zoomnews.es – 4 de Julio de 2014
Una vez más, al empresario canario Miguel Ángel
Ramírez el BOE le trae buenas noticias. El Ministerio de Fomento,
encargado de la gestión de este contrato, ha adjudicado de nuevo a su firma la seguridad del
complejo de Nuevos Ministerios, en Madrid, que incluye los edificios de tres
ministerios y las zonas comunes. El Gobierno pagará a Seguridad
Integral Canaria 2,8 millones durante un año.
La firma ya se encargaba de este servicio
desde 2011, cuando fue contratada por
un periodo de dos años que se prorrogó hasta los tres y medio y que finalizaba
este 30 de junio. Por entonces cogió el relevo de Esabe Vigilancia gracias a
una adjudicación de 5,5 millones para dos años (2,75 anuales, una cifra similar
a la del contrato actual).
El servicio, que arrancó el pasado 24 de junio,
incluye control de accesos y de correspondencia, rondas de inspección y
custodia de llaves, entre otras funciones, en los Ministerios de Fomento,
Empleo y Seguridad Social y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En
total, cuenta con 87 vigilantes de seguridad para llevar a cabo este
trabajo, todos ellos sin arma.
Seguridad
Integral Canaria gestiona la seguridad de varios edificios de Defensa y parte
de la del Metro de Madrid
Seguridad Integral Canaria ya se llevó en enero el contrato de tres meses para el
servicio de seguridad devarios edificios de Defensa, que están
abandonando paulatinamente los militares, por 700.000 euros. Además, hace un
año la empresa resultó adjudicataria de parte de la seguridad del Metro
de Madrid.
Por entonces, Miguel Ángel Ramírez, presidente
además de la UD Las Palmas, ya había sido condenado por un delito contra la ordenación
del territorio por construir en zona protegida. En octubre de 2013, el Gobierno le indultó y cambió su pena de tres años y un día por
otra de dos para intentar evitar su ingreso en prisión.
