Fuente:
luzdemelilla.es - Javier García Angosto –
26 Marzo 2015
El
sumario de la Operación Tosca revela que la contratación de la empresa Eulen
con la Ciudad Autónoma de Melilla es “ilegal” y “arbitraria” mediante el uso de
contratos menores fraudulentos. Además,
los informes de la Guardia Civil dejan ver cómo Eulen accedió a pliegos de
varios concursos públicos antes de su publicación oficial y cobró por prestar
servicios que realmente nunca se hicieron.
El análisis de los emails intervenidos en la mercantil pone de
manifiesto el grado de control e influencia del gobierno de Imbroda en la
contratación de personal en la mercantil
“Ilegal”
y “arbitraria”. Así define la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la
contratación entre la empresa Eulen y la Ciudad Autónoma entre los años 2004 y
2008. En ese periodo, la mercantil facturó 9,6 millones de euros. Según la
investigación, más de 9,5 millones de
dinero público se pagó mediante contratos menores fraudulentos y adjudicados a
dedo sin que existiera un concurso público. El objetivo de esta práctica, según
la Guardia Civil, fue “eludir los requisitos de publicidad, concurrencia y
libertad de acceso a la contratación pública”. De hecho, los investigadores
aseguran que ni siquiera en los contratos menores de servicios se cumplía la
normativa, puesto que en algunos casos superaban el límite de los 18.000 euros.
Sin
embargo, Eulen también ha ganado concursos públicos, pero en procesos con “graves irregularidades”, según los investigadores. Y es que, como ya
pasó en Medio Ambiente con Hispanagua, Eulen accedió a los pliegos de
licitaciones antes de que se publicaran oficialmente. Además, ganó concursos con pliegos hechos a la medida
de la mercantil, según la Guardia Civil.
Las
irregularidades no acaban en los procesos de contratación, también existen
durante el desarrollo de los contratos. En uno de ellos, la Guardia Civil ha
contabilizado casi 370.000 euros en horas de servicios que nunca se realizaron.
Por
último, el tráfico de emails entre responsables de Eulen ponen de manifiesto,
según la investigación, “conductas que prueban el grado de control e influencia
que, determinados cargos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercerían
sobre la empresa Eulen a la hora de conseguir contratos laborales para personas
determinadas o de decidir sobre incrementos salariales para éstas”.
