Dinero, un
reloj y entradas al palco del Bernabéu a cambio de facilitar contratos con el
Ministerio de Defensa
- Dos tenientes coroneles de la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa cobraban sobornos de empresas a cambio de agilizar trámites y adelantar los pliegos de condiciones, según relata un juez togado militar
- El CNI descubrió la trama de los dos militares gracias a una denuncia del presidente de Seguridad Integral Canaria, al que intentaron chantajear
- El Juzgado Togado Militar Central número 2 los ha procesado como presuntos autores de un delito continuado contra la Hacienda en el ámbito militar y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos
Fuente:
diario.es – Canariasahora - Iago Otero Paz - Las Palmas de Gran Canaria 29/01/2016
Dinero,
un reloj suizo, entradas al palco del Santiago Bernabéu o pases para el Abierto
de Madrid de tenis son algunos de los regalos que aceptaban dos tenientes
coroneles destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el
Cuartel General del Ejército a cambio de facilitar a empresas, meses antes de
que se publicara, el pliego de condiciones de concursos del Ministerio de
Defensa, según un auto judicial notificado estos días a las partes.
Por ello,
el Juzgado Togado Militar Central número 2 había imputado en 2015
provisionalmente hasta 13 empresas contratistas relacionadas con el área de la
seguridad privada del Ministerio de Defensa, además de dictar prisión
preventiva incomunicada a los dos militares (C.P.R. y E.R.R.). En la
actualidad, C.P.R. y E.R.R. están en libertad provisional aunque se tienen que
presentar una vez al mes ante en el Juzgado en condición de procesados por el
coronel auditor titular del citado tribunal como presuntos autores de un delito
continuado contra la Hacienda en el ámbito militar y un delito de negociaciones
y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Así mismo, se les ha
requerido que presten una fianza de 15.600 euros, en el caso de E.R.R., y de
8.400 euros en el caso de C.P.R..
Ambos
tenientes coroneles son de promociones correlativas del Cuerpo de Intendencia
del Ejército de Tierra y se conocen desde hace más de 25 años. Dentro de la
dirección a la que pertenecen uno era el secretario de la Junta de Contratación
del Ejército y el otro responsable de la Subdirección de Contratación, por lo
que tenían entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de los contratos que
suscribe el Ministerio de Defensa. C.P.R., en su condición de vocal técnico,
participaba en ocasiones en la elaboración de pliegos de prescripciones
técnicas y en la propuesta de pliegos de condiciones administrativas
particulares a la Secretaría de la Junta de Contratación; mientras que E.R.R.
era el encargado de recibir la documentación de los contratos a tramitar por la
Junta, su análisis y la comprobación y adecuación de la misma.
Del auto,
al que ha tenido acceso este diario, se desprende que en el caso concreto de
E.R.R., éste entregaba a otras personas una tarjeta de visita en la que hacía
constar que era "asesor" en contratación con las Administraciones
Públicas, aparte de preparar a las empresas la documentación administrativa con
el fin de que ésta se adecuara a las continuas modificaciones legislativas
desconocidas por las licitadoras. Las empresas con las que se relacionaba
generalmente estaban fuera de su ámbito de actuación, por lo que era C.P.R. el
encargado de facilitar el contacto para que E.R.R. pusiera al servicio de las
mismas sus conocimientos y experiencia. A cambio de ello recibían retribuciones,
aunque ello no significaba que el contrato con el ministerio se consiguiera.
Una de
las empresas imputadas fue Ucalsa, una habitual contratista en el Ministerio de
Defensa, con la que tiene contratos por valor de varios millones de euros desde
el año 2002. El consejero de esta empresa, M.R.A., está procesado como presunto
autor de un delito de cohecho. Así, según las pesquisas, de esta empresa E.R.R.
recibió una transferencia en noviembre de 2013 por importe de 20.000 euros que,
aunque figuraba bajo el concepto de "préstamo simple" no fue
formalizada en ningún documento además de no haberse requerido a E.R.R. en
ningún momento el pago de esa cifra. Con este dinero E.R.R. pagó la entrada de
un Audi A5 Sportback. La relación de los militares con esta empresa va más allá
de lo económico ya que el hijo de C.P.R. es trabajador de su plantilla.
Asimismo,
en un registro realizado en el domicilio de C.P.R., se intervino un reloj marca
Hublot que fue adquirido por la empresa Tecnove S.L. por un importe de 2.870
euros. Esta mercantil aparece en UTE junto a Ucalsa y de esa unión temporal
figura como uno de sus responsables el referido M.R.A..
En el
caso de Proman Servicios Generales, el apoderado y director general de la
compañía, L.B.M. está también procesado como presunto autor de un delito de
cohecho. La empresa es adjudicataria de diferentes contratos con el ministerio,
entre ellos dos expedientes de 2014 con el objeto de "servicio de
auxiliares de servicio y control para UCO,s del ET" cuyo importe ascendía
a más de 1,7 millones de euros cada uno.
Según la
investigación, el 13 de abril de 2015, E.R.R. y C.P.R. se reúnen con L.B.M. y
el jefe de servicio de la empresa en el restaurante San Mamés en Madrid. En la
comida L.B.M. le hace entrega de dos sobres con 2.000 euros cada uno a E.R.R. y
este los guarda en el bolsillo de su chaqueta. A la salida de este almuerzo, en
un control rutinario de documentación de vehículos y personas, la Policía Local
cachea al teniente coronel encontrando los dos sobres cerrados. Aparte de estos
4.000 euros, en alguna ocasión L.B.M. costeó la entrada de E.R.R. y un
acompañante al estadio Santiago Bernabéu. Además, el hijo de este coronel fue
contratado en 2014 por una empresa que tiene un contrato de prestación de
servicio auxiliar para el acuerdo que Proman tiene con el Ministerio de
Defensa.
Conversaciones
con empresas que ya no están imputadas
La
instrucción habla de otros casos en los que, si bien no queda acreditada la
entrega a los oficiales de retribución alguna, sí consta que han desarrollado
la labor de asesoramiento "interesándose en aspectos de la contratación
más allá de lo que les era permitido".
Por
ejemplo E.R.R. reconoce haber cobrado 2.000 euros a la empresa Ariete, aunque
en la investigación "no ha resultado evidencia alguna" del pago de
estas cantidades. Con el director general de la empresa (ya desimputado) se
reunió en un almuerzo en el que el teniente le ofreció un contrato relativo al
ramo de seguros con el Ministerio alegando tener influencia para concedérselo.
A cambio, deja entrever que "tendrían que ganar todos con dicha
operación". Finalmente no se logró el contrato por falta de medios
requeridos, pero Ariete fue adjudicataria de tres contratos menores de
seguridad en residencias militares.
También
se reunió, como adelantó en septiembre de 2015 Canarias Ahora, con el
presidente de Seguridad Integral Canaria y con el consejero delegado de la
compañía canaria, ya desimputados. Los dos tenientes exigieron 20.000 euros
mensuales a cambio de facilitarle los pliegos para la contratación antes de su
publicación, así como su compromiso para que las facturas presentadas por las empresas
fueran rápidamente satisfechas. La empresa no accedió al chantaje y advirtió al
CNI del asunto para que actuara en consecuencia, poniendo a las autoridades en
el rastro de estos dos tenientes y permitiendo destapar su modus operandi.
En cuanto
a la compañía Willis Ibérica, cuya apoderada ya está desimputada, la empresa
invitó a los tenientes coroneles al palco que posee en el Santiago Bernabéu
para presenciar un partido contra el Levante. Willis Ibérica fue la
adjudicataria en marzo de 2014 de un contrato privado de servicios de un
corredor de seguros para el Ministerio de Defensa.
Por su
parte, en el caso del Grupo Olmata, su apoderado (ya desimputado) mantuvo dos
conversaciones con E.R.R. en las que abordaron temas de cómo mejorar los
proyectos de adjudicación de futuros contratos y donde se hablan de cifras a
percibir por el teniente coronel, quien reconoce que colaboró con la empresa
porque le había pedido información relativa a un contrato de cafetería y de
comedor, de los que incluso facilitó sus pliegos. El apoderado de la empresa
manifestó ante el Juzgado que nunca había contratado con el Ministerio de
Defensa y no se pudo constatar pago alguno al militar.
También
está desimputada la empresa Beyond Soluciones S.L. que, según la investigación,
invitó a ambos coroneles en varias ocasiones al Santiago Bernabéu. A esta
empresa de consultoría logística E.R.R. le ofreció la posibilidad de licitar
para un contrato de instalación de equipos información en la Unidad Militar de
Emergencias, pero se necesitaba del certificado de calidad PECAL 2010, del que
carecía la empresa. E.R.R. se ofreció a buscarle el "donante" de este
certificado.
Mientras,
con la empresa de ingeniería informática RMC JIT S.L., que tiene varios
contratos con el Ministerio y que ya no está imputada en la causa, E.R.R. tuvo
diferentes reuniones y conversaciones con el fin de mantener informada a uno de
los empleados de la compañía. A cambio, este le facilitó el acceso a diferentes
eventos deportivos, entre ellos el Abierto de tenis de Madrid. A esta empresa
E.R.R. le preguntó si tenía el certificado que necesitaba Beyond Soluciones,
siendo la respuesta que no, "pero que lo podía conseguir".
En cuanto
a la empresa de limpieza Cleanet, uno de los trabajadores conocía a los dos
tenientes merced a los contratos derivados que le fueron adjudicados a la
compañía. En una ocasión E.R.R. le preguntó a este empleado, J.B.R. (ya
desimputado), que si sabía de alguien relacionado con las empresas de seguridad
que pudiera presentarse a un concurso de cierta entidad relacionado con el
sector. J.B.R. responde que no, pero le presenta una persona que pone en
contacto al teniente coronel con el director general de la empresa Ariete, a
quien le explicó que tenía ascendencia para poder influir en la adjudicación
final del contrato.
E.R.R.
declaró que recibió tres pagos de 2.000, 1.500 y 3.000 euros cada uno de J.B.R.
como contraprestación por la adjudicación a la empresa Cleanet de dos lotes de
limpieza tras haber ofrecido esta el precio mínimo. J.B.R. negó esta
circunstancia y aseguró que E.R.R. declaró esto porque su empresa hizo caso
omiso a su propuesta de asesoramiento en materia de contratación.
E.R.R.
participó en la redacción de varios recursos para la empresa TRC Informática en
los que aparece como recurrente el apoderado general de esta compañía, ya
desimputado. No se tiene constancia de ningún pago, pero el auto asegura que el
apoderado le solicitó al militar "un resumen de lo que estaba previsto o
algo similar" al interesarse por el montante económico de la licitación de
un contrato relativo a máquinas o grúas.
Por
último, la investigación apunta que C.P.R. mantuvo una conversación con el
responsable de la empresa Clece en la que le transmitió información sobre la
marcha de un concurso al que dicha empresa había licitado por el simple hecho
de "ser amigo mío". Sobre este caso concreto el auto recoge que
seguirán esclareciendo esta conducta.
