- Marsegur recibe la adjudicación provisional del Gobierno para vigilar las sedes de las Fuerzas Armadas por 15 millones de euros.
- Esta empresa está asociada, vía Acosepri, a Seguridad Integral Canaria, compañía del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Fuente:
vozpopuli.com – Segundo Sanz - 12.01.2017
El
Gobierno ha adjudicado el acuerdo marco de servicios de seguridad (vigilantes
con y sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos
relativo al año 2017 a la empresa Marsegur Seguridad Privada SA. Una firma que
tiene estrecho vínculo con el conocido como capo de la seguridad privada, el
también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, dueño de
Seguridad Integral Canaria SA.
El
contrato partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros
(impuestos incluidos) para un periodo de ejecución de un año. Ha sido otorgado
de manera provisional (será formalizado antes del 9 de febrero) por un importe
de 15 millones, según fuentes conocedoras del proceso de concesión.
Esta
adjudicación provisional tiene fecha de 15 de diciembre, según acuerdo de la
Junta de Contratación, por lo que se firmó con la estancia ya de María Dolores
de Cospedal al frente del Ministerio de Defensa. A este procedimiento abierto,
de tramitación ordinaria, se presentaron siete ofertas, siendo finalmente
elegida Marsegur por ser la "más ventajosa económicamente".
Desde
la adjudicataria señalan que Miguel Ángel Ramírez "no guarda ni ha
dispuesto de participación accionarial en Marsegur Seguridad Privada SA, ni
ostenta ni ha ostentando cargo representativo en la misma". También subrayan
que dicha empresa "no es ni ha sido en ningún momento una filial
encubierta de la mercantil Seguridad Integral Canaria SA".
Sin
embargo, sí que hay conexión entre Ramírez, indultado en 2013 por el Gobierno
de un delito medioambiental que le condenaba a tres años y un día de cárcel, y
la firma Marsegur Seguridad Privada SA. Esta entidad y la compañía Seguridad
Integral Canaria SA, de la que Ramírez es propietario, constituyen, junto a
Power Sic SL y Sinergias de Vigilancia y Seguridad SA, la asociación
empresarial denominada "Asociación de Compañías de Seguridad
Privada", en siglas Acosepri. La Dirección General de Empleo, dependiente
del Ministerio de Empleo, admitió el depósito de sus estatutos mediante
resolución de 11 de septiembre de 2014, según recoge el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
Los
estatutos y el acta de constitución están suscritos por Antonio Redondo, en
representación de Marsegur; Andrés Guzmán, de Seguridad Integral Canaria;
Jacobo López, de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, y Lino Chaparro, de Power
Sic, todos ellos en calidad de promotores. El presidente de Acosepri es Antonio
Redondo, administrador único de Marsegur.
Además,
Power Sic SL tiene como accionista a Ralons Servicios SL, firma de la que el
capo indultado posee un 50% (de capital social), según datos del Registro
Mercantil recabados por la plataforma online Insight View. La otra mitad
pertenece a Seguridad Integral Canaria SA, controlada también por el presidente
de la UD Las Palmas.
Para
más inri, Gladys J. Acosta, una antigua apoderada de Marsegur (nombrada en
julio de 2015 y cesada un año después) es la administradora única de MAR
Asesores y Consultores SL, propiedad también del famoso empresario canario,
incluido en el círculo de amistades de José Manuel Soria (PP), exministro de
Industria.
"Rozan
la esclavitud"
La
federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT considera que Marsegur
(cuyas tres primeras letras son idénticas a las iniciales de Miguel Ángel
Ramírez) es una "marca blanca" del negocio de este rey de la
seguridad. Para el sindicato, Marsegur opera con unas condiciones laborales que
"prácticamente rozan la esclavitud", estando "muy por debajo del
Convenio de Seguridad Privada de ámbito sectorial".
Así
mismo, dicha federación declaró a Vozpópuli que en las semanas que restan hasta
la formalización del contrato en el mes de febrero, tiene previsto exigir
"en la calle" y a través de los pertinentes "elementos
jurídicos" a su alcance, que el Ministerio de Defensa, como parte actuante
en el concurso, y Marsegur, como adjudicataria, apliquen el Convenio Colectivo
de Seguridad Privada a la totalidad de vigilantes afectados.
Ramírez
también está siendo investigado en la comisión de un presunto fraude fiscal de
13,78 millones de euros entre 2008 y 2013 por pagar sistemáticamente las horas
extras como dietas (no tributan) a empleados de Seguridad Integral Canaria SA.
En la causa del indulto, el Tribunal Supremo revocó la medida de gracia en
junio de 2015.
