FOMENTO ABORDARÁ LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES JUNTO A LOS SINDICATOS
Dos de
cada diez euros facturados por la seguridad privada vienen del sector público
- Casi el 20% de los ingresos de la seguridad privada procede del Estado, uno de los máximos contratistas de las empresas especializadas en este sector en nuestro país. Pero… ¿a qué precio?
Fuente:
elconfidencial.com - MARINA VALERO - 19.08.2017
La
huelga de El Prat ha servido para abrir el melón de la seguridad privada en
España, un negocio que facturó 3.481 millones de euros en 2015 (+2,9%) según
los últimos datos de la patronal Aproser. No obstante, los salarios de los
vigilantes no crecen al mismo ritmo que los beneficios. Y el conflicto en el
aeropuerto de Barcelona solo es la punta del iceberg. El estallido ha hecho que
el propio ministro de Fomento se comprometa a crear un grupo de trabajo para
estudiar la situación, recogiendo así el guante de los sindicatos.
Los
aeropuertos son uno de tantos escenarios donde la administración pública
subcontrata empresas privadas para reforzar la seguridad. Los vigilantes
también operan en otras infraestructuras ‘críticas’ como los ministerios o las
estaciones de tren, aunque su presencia se extiende por todas las comunidades
autónomas (colegios, hospitales). De hecho, casi el 20% de la facturación de
estas compañías procede del sector público.
Si
desglosamos esos datos, el 23% procede de la administración estatal, el 17% de
las comunidades autónomas, el 10% de las corporaciones locales y el 50% de las
empresas públicas como Renfe o Aena, participada en un 49% por capital privado.
“El Estado es uno de los mayores contratistas de este tipo de servicios en
España”, explica el responsable de Seguridad Privada de UGT. Diego Giraldez
aclara que es “muy complicado” calcular cuántos vigilantes trabajan para
subcontratas de la pública.
La
cifra de vigilantes de seguridad privada asciende a más de 78.200 efectivos en
España. Sus condiciones laborales dependen del nuevo convenio colectivo estatal
que se está negociando, no sin tira y afloja entre los sindicatos y las
patronales del sector. Los primeros acusan a las segundas de pretender
“congelar los complementos de antigüedad, aplicar una subida salarial ridícula
y modificar las prestaciones por IT”, endureciendo los criterios para cogerse
una baja médica. Giraldez garantiza que las empresas “tendrán enfrente” a UGT
si plantean “retrocesos laborales” en lugar de mejoras.
Segmentos de demanda en el sector de la seguridad privada
Industria y energía
17,9
Comercio
16,05
Infraestructuras de transportes
13,84
Entidades financieras
12,55
Servicios
12,33
Otros
9,72
Edificios de organismos públicos
8,5
Residencial
4,45
Salud
2,6
Educación
2,06
Fuente: Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad Created with
Datawrapper
Por su
parte, la patronal Aproser se muestra dispuesta a negociar pero recuerda que
las compañías de seguridad privada han sufrido una caída de la facturación de
más del 20% en los últimos ocho años. De hecho, 2015 fue el primer año en el
que los ingresos comenzaron a repuntar. “Muchas de las empresas que aplican el
convenio sectorial siguen en pérdidas”. Quizá por eso unas cuantas han
redactado su propio convenio, tirando los precios. La reforma laboral de 2012
lo permite.
Según
la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, actualmente hay
1.373 empresas de seguridad privada registradas en nuestro país. De estas, 212
tienen licencia para operar a nivel autonómico y 175 a nivel estatal, bien sea
prestando servicio a otras compañías o trabajando para el sector público. El
mayor número de firmas registradas corresponde a instalación y mantenimiento,
seguido de cerca por vigilancia. Como curiosidad, el número de centros de
formación de seguridad privada es incluso superior al de empresas: hay 1.700 en
toda España.
Recortes,
¿el origen del problema?
CCOO
denuncia que en este sector “cada vez hay más empresas piratas que compiten a
base de recortar los salarios de los trabajadores”, una práctica que se da en
paralelo a las adjudicaciones a la baja por parte de la administración pública.
La subcontrata de Aena en Barcelona, Eulen, es un ejemplo de firma que se
escuda en el ‘insuficiente’ dinero público que recibe como pretexto para pagar
poco o no contratar refuerzos, a pesar de la evidente falta de personal. “La
administración pública es la responsable última, por supuesto”, remarcan los
representantes de los trabajadores.
La
lucha contra las licitaciones ‘tiradas’ de precio incluso une a patronal y
sindicatos, sin que sirva de precedente. “Queremos que se prime la calidad del
servicio”, reclaman fuentes de Aproser. Sus mayores retos actuales son la
competencia desleal, el intrusismo, la inseguridad jurídica y la escasa
rentabilidad. De hecho, UGT les acusa de refugiarse en este último aspecto para
sortear mejoras en el nuevo convenio colectivo.
La
patronal dice haber presentado enmiendas a la Ley de Contratación Pública que se
está negociando para que se deje de valorar el factor precio como casi único
criterio. Máxime cuando muchos de los vigilantes de seguridad prestan sus
servicios en infraestructuras de riesgo, como las estaciones de Renfe. Las
licitaciones a precio de saldo causan una reacción en cadena: a menos dinero
público, peores condiciones laborales, menos personal y mayor carga de trabajo
para unos empleados que han dicho ‘hasta aquí’ en aeropuertos como el de
Barcelona-El Prat.
Las
negociaciones para dar a luz al nuevo convenio colectivo, que ya lleva varios
meses de retraso, se producen en paralelo al grupo de trabajo que Fomento
pretende poner en marcha a propuesta de los sindicatos. El objetivo es abordar
las condiciones de los trabajadores de la seguridad privada (no solo ceñida al
ámbito de los aeropuertos) en un marco global “para evitar que se produzcan
hechos diferenciados”, como explicó Íñigo de la Serna este miércoles.
Los
representantes de los trabajadores agradecen el gesto y esperan que no se trate
de un mero brindis al sol. “Esto nos lleva a abrir un paréntesis en las
convocatorias de huelga que teníamos previstas en los aeropuertos de Valencia y
Alicante”, concluye Giraldez.
