martes, 4 de noviembre de 2014

La Mutuas laborales están al borde de la quiebra

Las mutuas laborales alertan de que se acercan a “la quiebra”
Las organizaciones se plantean pedir una derrama a sus empresas asociadas

Fuente: elpais.com - MANUEL V. GÓMEZ Madrid 3 NOV 2014


Las mutuas de accidentes laborales están al borde de la quiebra. Lo dice el presidente de su patronal (Amat), Mariano de Diego, también presidente de la más grande de ellas, Fremap, en una carta remitida el 9 de octubre a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que ha tenido acceso este diario. “Una buena parte del sector ya tiene sus patrimonios históricos próximos a la quiebra”, expone De Diego. En la carta reclama que aproveche el proyecto de Ley de Mutuas que está en tramitación en el parlamento, ahora en el Senado, para introducir medidas que eviten esa situación, ya que en ese caso las empresas asociadas deberían afrontar una “derrama”.

Días después, el 15 de octubre, De Diego se dirigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que en una misiva de una página le hacía la misma reclamación alegando que, de lo contrario, “se estaría poniendo en riesgo la subsistencia de las entidades”.

La delicada situación del patrimonio histórico de las mutuas —20 asociaciones de empresarios que con cotizaciones sociales, unos 10.000 millones al año, atienden los accidentes laborales, las prestaciones de las bajas de estos percances y de las bajas comunes en colaboración con la Seguridad Social— llega por los gastos indebidos en los que incurren estas entidades. Estos gastos se detectan en las auditorías que anualmente les hace la Intervención del instituto público, que les reclama la devolución de este dinero, lo que el sector llama “ajustes”.

Los gastos indebidos proceden, sobre todo, de los pagos a colaboradores para realizar actividad comercial, algo prohibido por la ley. Es el caso de Fremap, la mayor mutua del sector, a la que de los 43,2 millones de euros que la Seguridad Social le reclamaba en junio, 24,2 corresponden al pago de colaboradores comerciales. Pero hay otros conceptos por los que se les reclama la devolución del dinero gastado indebidamente, como las dietas de directivos, que no pueden exceder los límites marcados por la norma.

“Es de vital importancia que los patrimonios históricos de las mutuas tengan la posibilidad de contar con parte del resultado positivo que generamos”, explica en la carta el presidente de las mutuas en las cartas de dos páginas dirigida a la ministra de Empleo. En esta frase, lo que reclama De Diego es que estas entidades puedan disponer de parte del dinero que sobra anualmente de las cotizaciones de la gestión accidentes laborales para engrosar su patrimonio. En 2013, devolvieron a la Seguridad Social casi 630 millones del excedente habido después de reforzar sus reservas para atender picos de accidentes y bajas (entre las que no se incluye el patrimonio histórico).

Tanto la ley actual como el proyecto en curso impide a las mutuas que devuelvan los gastos indebidos con el sobrante de las cotizaciones. Pueden hacerlo con su patrimonio histórico, el acumulado hasta que entre 1967 y 1975 se integraron en el sistema de la Seguridad Social, pese a que como dice la norma, este también está “afecto a los fines” del instituto público.

Durante años, las mutuas han ido devolviendo esos gastos de sus respectivos patrimonios históricos, y estos ahora, como admite De Diego, están “próximo a la quiebra”. “Con el riesgo inminente”, expone la carta, “de iniciar procedimientos de derrama a los asociados [es decir, las empresas]”.

La patronal de las mutuas considera que los ajustes son “injustos” y suelen recurrirlos ante los tribunales cuando reciben la resolución de la Seguridad Social. Pero en muchas ocasiones se encuentran con que los tribunales no les dan la razón. Por ejemplo, en julio de este año la Audiencia Nacional falló que Fremap debía devolver los 8,45 millones en gastos indebidos correspondientes a 2006 casi en su totalidad. La sentencia está en consonancia con otras suyas y del Tribunal Supremo sobre este tema. 
Tampoco el Ministerio de Empleo, a la vista de la redacción del proyecto de ley, comparte la opinión del sector, ni la mayoría de grupos parlamentarios, que no prestaron atención a la reclamación de Amat.

La proximidad a la quiebra del patrimonio histórico de varias es un secreto a voces en el sector. Algo que su propia patronal ha puesto en blanco sobre negro en estas cartas.
Fraternidad vende la firma de prevención

La mutua de accidentes laborales Fraternidad, la tercera más grande del sector, ha vendido su sociedad de prevención por 30 millones de euros al grupo IDC Salud. Es la última de estas entidades que ha dado el paso de desprenderse de las empresas de prevención de riesgos laborales que las mutuas constituyeron.

A comienzos del verano fue Ibermutuamur, la más pequeña de las mutuas grandes, la que se desprendió de su sociedad por 13 millones de euros. Con anterioridad, también lo han hecho otras entidades como la Mutua Balear y la Mutua Gallega.

El Ministerio de Empleo está decidido a obligar a las mutuas de accidentes laborales, entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan cotizaciones, a que a vendan sus negocios privados de prevención de riesgos laborales. Entiende el equipo de Fátima Báñez estas entidades, asociaciones de empresarios sin posibilidad de desarrollar actividad comercial, no pueden realizarla a través de este canal. 

De ahí que el Gobierno haya aprovechado el proyecto de ley de mutuas, ahora en trámite parlamentario, para fijar el 31 de marzo como fecha límite, tres meses más tarde de lo previsto en principio. Estos plazos explican que el sector se halle ahora inmerso en varios procesos de venta.


Fremap: Coches de lujo, dietas, marisco y viajes con cargo a la Seguridad Social

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

Detenido en Bilbao por tocamientos a tres chicas en una estación de metro

El individuo abordó a las víctimas por detrás y comenzó a tocarlas en los glúteos, en los muslos y en la entrepierna

Fuente: elcorreo.com - AINHOA DE LAS HERAS | 4 noviembre 2014

Agentes de la Ertzaintza arrestaron en la madrugada del pasado domingo a un individuo acusado de someter a tocamientos a tres chicas en la bilbaína estación de metro de San Ignacio. El incidente se produjo sobre las cinco y media de la mañana. 

Un vigilante de seguridad del suburbano observó a esa hora cómo un viajero perseguía a tres jóvenes. Las mujeres se dirigían hacia el ascensor de la estación. En ese momento, el hombre, de origen sudamericano, al igual que las víctimas, las abordó por detrás y comenzó a tocarlas en los glúteos, en los muslos y en la entrepierna.

El guarda de seguridad del metro recriminó a esta persona su actitud, ante lo que el asaltante reaccionó con agresividad. Con la ayuda de otros compañeros, le redujeron mientras llamaban a la Ertzaintza.
Cuando llegaron, los policías identificaron al hombre retenido y, tras hablar con las chicas a las que había manoseado, procedieron a su detención por un supuesto delito de abusos sexuales.


Vigilante de Renfe encuentra a su agresor a través de Twitter

MADRID
Encuentra a su agresor a través de Twitter

Fuente: abc.es - 04/11/2014

Un vigilante de seguridad fue atacado por un joven que no llevaba billete. El agredido pudo denunciar quién era al ver su perfil en la red social jactándose del incidente

Un joven que agredió supuestamente a un vigilante de seguridad el sábado en los pasillos de la estación de Cercanías de Leganés ha sido identificado por la víctima después de jactarse de lo ocurrido en Twitter.

Los hechos tuvieron lugar el sábado. Dos interventores de Renfe, acompañados de dos guardias de seguridad, realizaban un control de billetes a los viajeros, según ha narrado el propio agredido a Ep.

En torno a las 18 horas, observaron cómo un joven salía de los tornos sin meter su billete, por lo que fue interceptado por los vigilantes. «Se mostró un poco agresivo y le informamos que íbamos a llamar a la Policía, ya que se negaba a abonar la sanción correspondiente y también a identificarse. En ese momento, me empujó cayendo yo de espaldas y el cayendo encima mía. Entonces, intentó salir corriendo y le agarré de la mochila, aunque finalmente huyó deshaciéndose de la mochila», explicó el vigilante.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional de Leganes, pero el joven ya no se encontraba allí y la mochila que se dejó no había nada que le identificará. Posteriormente, el vigilante acudió al médico, donde le diagnosticaron contractura muscular en cervicales y dorsal. Más tarde, denunció los hechos en la comisaría, pero le indicaron que sería difícil identificar al agresor.

«Fardando» en las redes

«Un amigo me advirtió que a través de las redes sociales hay una persona 'fardando' de lo que me había ocurrido y describía al detalle lo que contenía la mochila. Entro en Twitter y efectivamente por la foto le identifico. Pruebo a buscar con su nombre de usuario también Facebook y le encuentro con nombre apellidos, fecha de nacimiento e incluso número de teléfono, por lo que nuevamente acudo a comisaría con esta nueva información y ya se hace cargo la Brigada Judicial de Leganés para buscarle fácilmente», ha indicado el vigilante.

En comisaría también aportó el parte de lesiones y las capturas de pantalla -que ya han sido borradas por el usuario- para que la Policía detenga al autor de la agresión.



Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional de Leganes, pero el joven ya no se encontraba allí y la mochila que se dejó no había nada que le identificará. Posteriormente, el vigilante acudió al médico, donde le diagnosticaron contractura muscular en cervicales y dorsal. Más tarde, denunció los hechos en la comisaría, pero le indicaron que sería difícil identificar al agresor.

 

«Fardando» en las redes


«Un amigo me advirtió que a través de las redes sociales hay una persona 'fardando' de lo que me había ocurrido y describía al detalle lo que contenía la mochila. Entro en Twitter y efectivamente por la foto le identifico. Pruebo a buscar con su nombre de usuario también Facebook y le encuentro con nombre apellidos, fecha de nacimiento e incluso número de teléfono, por lo que nuevamente acudo a comisaría con esta nueva información y ya se hace cargo la Brigada Judicial de Leganés para buscarle fácilmente», ha indicado el vigilante.

En comisaría también aportó el parte de lesiones y las capturas de pantalla -que ya han sido borradas por el usuario- para que la Policía detenga al autor de la agresión.


Vigilantes de Ombuds denuncian la degradación de su situación laboral

Los vigilantes de seguridad de la terminal de mercancías de La Maruca denuncian la degradación de su situación laboral

La asociación AVISPA eleva al Gobierno regional y a la Policía Nacional sendos escritos en los que indica el incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada

Fuente: elcomercio.es - B. PINO | AVILÉS - 4 noviembre 201400:14


El descontento por la degradación de las condiciones laborales de los agentes de seguridad privada que se encargan de la vigilancia nocturna de la terminal intermodal de mercancías ferroviarias de La Maruca ha llegado ya a la mesa de las autoridades del Principado. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) informó ayer que ha hecho llegar sendos escritos a la Delegación del Gobierno y a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, enumerando los motivos de su incomodidad, y solicitando que sean solucionados. En última instancia, sus integrantes consideran que se ha incurrido en la violación de la Ley de Seguridad Privada.


Aspecto de la terminal intermodal de mercancías de La Maruca. / LVA

Los vigilantes, pertenecientes a la empresa de seguridad OMBUDS, denuncian que carecen de los medios materiales y tecnológicos necesarios para «impedir la comisión de hechos delictivos, o para hacer frente a situaciones de conflicto que desemboquen en atentados contra su integridad física». En concreto, resaltan la retirada, por parte de la empresa, del arma reglamentaria de los agentes y de los perros adiestrados, la supresión de los circuitos de videovigilancia y el establecimiento de un único vigilante por turno.

En opinión de quienes han elaborado los escritos, tales carencias merman la operatividad de unos agentes que desarrollan su labor de lunes a viernes, entre las 21 y las 8 horas, y los sábados, domingo y festivos las veinticuatro horas del día. En total, bajo su control se hallan 18.000 metros cuadrados de terreno, un espacio «excesivo» para que sea patrullado por un único agente por turno, tanto por el interior como por el exterior.

La legislación vigente parece darles la razón. El artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada contempla el transporte del arma reglamentaria en polígonos industriales y en zonas en las que se almacenen mercancías, un punto reforzado por el artículo 40 de la Ley de Seguridad Privada, que añade las zonas rústicas y el horario nocturno como condicionantes para disponer del arma.

Similares son los supuestos recogidos en la normativa reguladora de Renfe para la prestación de servicios de seguridad privada. En el caso de este documento, las estaciones de mercancías y las playas de clasificación son escenarios susceptibles de ser patrullados portando armas de fuego, en especial en horas nocturnas. Todas estas condiciones se cumplen en La Maruca.

Por el momento, y a la espera de que las autoridades competentes tomen medidas al respecto, AVISPA insiste en que, «en los últimos meses, las intervenciones de los agentes han sido prácticamente diarias», y se han sufrido «intentos de agresión por parte de particulares, incluidos atropellamientos». También se han intervenido armas de fuego.


lunes, 3 de noviembre de 2014

Atraco a un furgón de Prosegur en Torrelavega

Atracan un furgón de Prosegur en Torrelavega

Dos individuos encapuchados y provistos de escopetas se han llevado al menos seis sacas de dinero

Fuente: eldiariomontanes.es - JOSÉ IGNACIO ARMINIO – 3 de noviembre de 2014A3V3333

Dos individuos encapuchados y con escopetas de cañones recortados han atracado esta mañana, a las 10.05 horas, un furgón blindado de Prosegur cuando los guardas de seguridad se disponían a entrar en el supermercado Mercadona de Los Ochos (Torrelavega) para realizar un traslado de dinero.

El Cuerpo Nacional de Policía ha desplegado un amplio operativo para tratar de detener a los delicuentes, que iban vestidos con ropa oscura y que han sido vistos por última vez en dirección Polanco. Se desconoce su identidad y la cantidad de dinero que han robado, pero al menos son seis sacas de dinero, según ha podido saber este diario.

Al parecer, estaban esperando al furgón en una furgoneta blanca (Renault Kangoo), estacionada en la parte posterior del supermercado, y han huido en otro vehículo. La Renault Kangoo ha sido trasladada en la grúa municipal a dependencias de la comisaría de Torrelavega. El supermercado, abierto en 2008, está situado en el polígono comercial de Los Ochos, junto a un enlace de la Autovía de la Meseta. El atraco fue presenciado por poca gente, dada la temprana hora a la que se produjo.

La empresa Mercadona continúa con su expansión en Cantabria y a finales de 2013 abrió su segundo supermercado en Torrelavega. Está ubicado en la Avenida de Oviedo (Torres), en el solar que ocupó el concesionario de automóviles Besauto, y supuso una inversión de 3,7 millones. Mercadona ya dispone de una cadena de supermercados en la región (El Astillero, Torrelavega, Reinosa, Laredo y dos en Santander...).


domingo, 2 de noviembre de 2014

El Estado se gasta 3,3 millones de euros en la seguridad privada de los partidos políticos

INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Estado se gasta 3,3 millones de euros en la seguridad privada de los partidos

Fuente: cuartopoder.es - MANUEL ÁNGEL MENÉNDEZ | 1/11/2014

ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 millones de euros al año en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función de la ley para su financiación, que en el año 2012 alcanzó la cifra global de casi 210 millones de euros. Pese a estas cifras, los partidos reflejan en sus informes que están arruinados y que precisan más seguridad en estos tiempos que corren.


Según los datos facilitados por los partidos políticos relativos a 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, no basta la seguridad de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, o de las policías autonómicas en los casos catalán y vasco: el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria necesitan anualmente más de 3,38 millones de euros para pagar su propia seguridad privada. Ese gasto está subvencionado de forma oficial por el Estado a través del Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.

En 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y, por tanto, con los datos ya oficializados, la subvención global en este concepto dada por el Ministerio del Interior supuso un desembolso de 3,38 millones de euros. Pero casi la mitad de esa subvención se la llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor de 1.620.571,56 euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el Gobierno y gozan de la preceptiva protección oficial. El Tribunal de Cuentas ha dado por bueno ese gasto, señalando que coincide con el informado por el Ministerio de Interior a este Tribunal” pero ‘regaña‘ al PP, porque el informe remitido al Tribunal no contiene la relación pormenorizada de las operaciones imputadas requerida en el artículo 18.2.a del mencionado Real Decreto.

Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales. En ese año también se produjeron muchos ‘lanzamientos‘, es decir, desahucios, y se empezó a desarrollar el fenómeno del escrache. De resultas de todo esto, lo que hace el conjunto de los ciudadanos es subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las manifestaciones de los propios ciudadanos. Toda una ironía.

Pero, en fin, el partido de Rajoy no es el único subvencionado, claro está: reciben cantidades variables para seguridad privada -en función de su representatividad- el resto de las fuerzas parlamentarias, aunque algunas deberán reintegrar cantidades a la Dirección General de Política Interior al no haber justificado el suficiente nivel de gasto para las subvenciones recibidas. Se trata de Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos no justificados en seguridad privada; Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67 euros; Geroa Bai, con 4.753,01 euros; Partido Aragonés, con 9.212,28 euros; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89 euros, y Unión Progreso y Democracia, que deberá devolver 583,02 euros de los percibidos para este concepto.

Lo que cuesta la seguridad privada de los grandes partidos políticos

En cuanto a los gastos en sí mismos en seguridad privada, aunque sin precisar los conceptos, el segundo partido que más necesita -o, simplemente, más gasta- es el PSOE, que percibió del Estado 899.525,09 euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas da por buenas las cifras aportadas por los socialistas, pero también ha ‘reñido‘ al PSOE por presentarlas fuera de plazo. En todo caso, el partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1.111.559,60 euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe por el Estado.

Ahora bien, el PSOE no contabiliza las subvenciones que recibe su ‘filial‘ en Cataluña, el PSC, que tiene contabilidad propia. El partido que dirige actualmente Miquel Iceta recibe una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad privada por importe de 134.650,20 euros. Sin embargo, el PSC asegura que sus gastos en seguridad ascienden a un total de 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida por parte del Estado sólo cubrió el 52,62% de los gastos de 2012. Y eso que en ese año todavía no estaba tan caldeado el ambiente en Cataluña como lo está en la actualidad.

Más complicado es averiguar las subvenciones totales de Izquierda Unida, pero en concreto, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara para sufragar los gastos de seguridad privada ascendió en 2012 a 154.893,01 euros. Por su parte, la formación catalana coaligada con IU, ICV, recibió paralelamente una subvención para sufragar los gastos de seguridad 36.858,81 euros.

En cuarto lugar, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también tiene un importante gasto en seguridad privada: refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012. Sin embargo, la formación de Rosa Díez sólo justificó gastos por 126.501,03 euros, lo que refleja un exceso en la subvención recibida por importe de 583,02 euros que la formación política tiene que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 23 del Real Decreto regulatorio.

La seguridad privada de los pequeños partidos

El resto de las fuerzas con representación parlamentaria también reciben subvenciones para seguridad privada en función de su representatividad. La formación abertzale Amaiur, por ejemplo, percibió 62.707,46 euros para hacer frente a la seguridad de sus dirigentes y sedes, aunque respecto a la justificación de esta subvención, no declaró gastos de seguridad en el ejercicio 2011, y en el de 2012 ascendieron a 32.396,62 euros; en consecuencia, quedaron pendientes de aplicar un importe de 7.643,12 euros del ejercicio 2011 y otro de 22.621,67 euros del ejercicio 2012: Amaiur tendrá que devolver un total de 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) recibió en 2012 subvenciones del Estado por un importe total de 974.625,62 euros, de los que 927.037,57 euros fueron para gastos de funcionamiento ordinario y el resto, 47.588,05 euros, a gastos de seguridad.

Por su parte, los nacionalistas catalanes fueron subvencionado con 14.086,95 euros, aunque deberá devolver 1.297,67 euros. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros, y en su caso se ha verificado que los gastos declarados se encontraban debidamente justificados.

A la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad privada por 8.368,02 euros. Mientras, ERC recibió 34.609,85, aunque la formación de Oriol Junqueras emitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada, así como copia de las facturas que los soportan, por un importe certificado de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.

El Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones del Estado para el funcionamiento ordinario de 250.857,00 euros y para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros. Mientras que el Partido Aragonés fue subvencionado en 2012 con 16.720,78 euros. Sin embargo, esta fuerza aragonesista sólo reconoció gastos de seguridad en el ejercicio 2012 de 9.767,09 euros y no ha aportado copia de las facturas que soportan esos gastos: sólo se han justificado gastos de seguridad asumibles por 5.468,98 euros, por lo que 9.212,28 euros de la subvención abonada en el ejercicio 2012 deberán ser reintegrados.

A Coalición Canaria le correspondieron 20.408,75 euros, ascendiendo los gastos de seguridad justificados por el partido a 3.142,26 euros, si bien resulta subvencionable un importe de 3.000,51 euros. En consecuencia, el remanente de la subvención recibida en el ejercicio 2012 y no aplicado a cierre del mismo asciende a 17.408,24 euros, que deberá ser objeto de reintegro a la Dirección General de Política Interior.

La formación navarra Geroa Bai, con una diputada en el Congreso, justificó gastos de seguridad por 2.585,42 euros, pero la formación recibió 7.338,43 euros, por lo que deberá reintegrar 4.753,01 euros. Mientras que la también navarra UPN recibió una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad por importe de 18.723,53 euros; sin embargo, sólo justificó 14.166,64 euros, por lo que debe devolver 4.556,89.

Y, en fin, Entesa del Progres de Catalunya presentó, con la memoria anual, la memoria de actuación y la memoria económica para justificar la subvención para gastos de seguridad por 134.650,20 euros. Pero la Entesa dice que se gasta en seguridad privada nada menos que 255.863,33 euros, por lo que la subvención recibida cubre sólo el 52,62% de los gastos reconocidos por la formación en este concepto.


Hay que destacar que entre los recursos que integran la financiación pública para funcionamiento ordinario de los partidos políticos se incluye la asignación anual para sufragar sus gastos de seguridad, según establece el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta subvención es independiente de la que perciben los partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210 millones de euros, cifra en la que se contabilizan no sólo las subvenciones estatales, sino también las autonómicas y municipales; es decir, todo el conjunto de la subvención oficial.

La Fiscalía Anticorrupción investiga adjudicaciones de contratos de seguridad en la Comunidad de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción investigará si la 'red Púnica' favoreció a familiares de Esperanza Aguirre

Anticorrupción revisa las adjudicaciones de Francisco Granados en su etapa de Gobierno ante la sospecha de que la 'trama Púnica' favoreció a familiares y amigos de altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre las operaciones que revisa figura la adjudicación en 2008 a la empresa de Marta Gil de Biedma, prima de Esperanza Aguirre, a la que se adjudicó el contrato de vigilancia y seguridad de Presidencia, Vicepresidencia e Interior.

Fuente: vozpopuli.com/ 31 Octubre 2014

La 'trama Púnica' encabezada por Francisco Granados no está siendo investigada únicamente por cobrar comisiones a empresas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Anticorrupción también quiere saber si sirvió para favorecer los intereses de familiares de altos cargos de la Comunidad de Madrid a cargo de las arcas públicas. Las denuncias de nepotismo salpican a Esperanza Aguirre cuyas dos primas fueron contratadas en CEIM (la Confederación Empresarial Madrileña, presidida por Arturo Fernández) a cambio de favores políticos, un ángulo que será posiblemente investigado más adelante. Pero además, las sombras de duda sobre la ex presidenta afectan a contratos públicos, según fuentes de la causa.

Fuentes de la investigación analizan dos operaciones que salpican a la ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre:
·         En el año 2008, Francisco Granados adjudicó los contratos de vigilancia y seguridad de Presidencia, Vicepresidencia, Portavocía y las consejerías de Presidencia e Interior a la empresa en la que era secretaria del consejo de administración Marta Gil de Biedma, la prima de Esperanza Aguirre. El contrato, con número de expediente 03-AT-60.3/2007, fue adjudicado el 11 de marzo de 2008 por valor de 2.651.106,65 euros y firmado en nombre de Segur Ibérica por el director general, José Luis Novales.
·         Un año después, en 2009, Granados adjudicó mediante concurso urgente el contrato de vigilancia y seguridad de la Consejería de Justicia a la empresa Eas Tecno System, S.A. a la que se había trasladado también como director general el mismo José Luis Novales. En esa ocasión, el contrato fue de 9,3 millones de euros. El pliego de condiciones exigía que la adjudicataria tuviera una cifra de negocio mínima de 8 millones anuales. Eas Tecno System obtuvo el contrato pese a no cumplir con ese requisito: declaró ingresos de sólo 1,23 millones en 2004; de 2,98 en 2005 y de 4,6 en 2006, el último ejercicio presentado antes de obtener la adjudicación. Ésta se produjo, además, en tiempo récord: el concurso se convocó un 26 de junio y la prestación de servicios comenzó cuatro días más tarde, el 1 de julio y Esperanza Aguirre tuvo que comparecer públicamente aquel verano para defender el proceso de adjudicación tras las sospechas que rodearon a su portavoz. 

José Luis Novales fue administrador único de la empresa hasta el 6 de junio de este año, cuando fue sustituido por Ignacio Súarez. Eas Tecno System S.L. no figura en la lista de cerca de 120 empresas investigadas en la 'Operación Púnica' hasta el momento pero fuentes de la causa apuntan que nuevas mercantiles serán incluidas cuando avance la investigación ya que se están revisando los contratos en orden cronológicamente inverso, por lo que los contratos de 2008 y 2009 serán los últimos en ser analizados por Anticorrupción. 

259 registros hasta el momento

La 'Operación Púnica suma hasta el momento una veintena de registros, una docena más de requerimientos de información, además de haberse bloqueado centenares de bienes inmuebles y cuentas bancaria. Todo ello relacionado con la contratación pública del antiguo Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, o su entorno 

Además, la Junta de Castilla y León ha remitido a la Audiencia Nacional la adjudicación decontratos en favor de la empresa Cofely, a la que otorgó contratos por valor de 5,7 millones de euros entre 2002 y 2014, y ha recordado que ninguno de ellos "está siendo investigado por la Audiencia Nacional" dentro de la operación Púnica. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que la relación con Cofely de la Junta de Castilla y León se basa en contratos, la mayor parte menores, sobre trabajos de mantenimiento de calefacciones, refrigeración y energía, y de los 5,7 millones, el 6,8 por ciento -392.000 euros- corresponden a pagos de la administración general de la Comunidad y el 83,3 por ciento a pagos de la Gerencia de Salud en el área de atención de Medina del Campo (Valladolid). La mayor parte de los contratos se centran en Ávila y Valladolid, donde Cofely tiene oficinas.