La ley obliga a 762 establecimientos lucenses a tener medidas de seguridad
11/10/2011 - Paula Vilariño / El Progreso (Lugo)
Un total de 762 establecimientos de la provincia lucense están obligados actualmente por ley a disponer de medidas de seguridad. Según la información recabada por la subdelegación del Gobierno de Lugo, entre dichos establecimientos figuran 318 entidades de crédito, 157 farmacias, 143 joyerías, cien estaciones de servicio y 32 administraciones de lotería.
Estos datos fueron dados a conocer ayer durante la reunión que mantuvo la Comisión Provincial de Coordinación de la Seguridad Privada, a la que asistió el subdelegado del Gobierno, José Vázquez Portomeñe, junto a los representantes de la Guardia Civil y las policías Local, Nacional y Autonómica. En el acto participaron además integrantes de diferentes asociaciones y colegios profesionales, de empresas de seguridad privada, y de los sindictos UGT, CC.OO., CIG y USO.
Vigilantes
En el transcurso del encuentro, los asistentes analizaron la situación actual de la seguridad privada en la provincia de Lugo, donde prestan servicio 450 vigilantes, pertenecientes a catorce empresas del sector.
Nueve de ellas -dedicadas a actividades de vigilancia y protección, central receptora de alarmas, transporte de fondos, transporte de explosivos, instalación y mantenimiento, y asesoramiento- tienen sede o delegación en la provincia. Además, hay cuatro despachos de detectives privados con los que existe «un flujo constante» de información.
En este sentido, desde la subdelegación del Gobierno explican que los grupos operativos de seguridad privada del Cuerpo Nacional de Policía efectúan contactos permanentes con empresas y usuarios de sistemas, «como nexo de unión entre la seguridad pública y privada». En concreto, a lo largo de 2010, esta Unidad de Seguridad Privada realizó 143 contactos o visitas a empresas, despachos de detectives y centros de formación.
«Estos contactos -apuntan- se llevan a cabo siempre que se detecta algún nuevo ‘modus operandi’, posibles autores de delitos, previsión de movilizaciones o huelgas, etcétera». De este modo, el pasado año se contabilizaron 87 colaboraciones y se produjeron 20 detenciones por actuaciones llevadas a cabo a iniciativa del personal de seguridad privada.
Eficacia
La comisión de coordinación de la seguridad privada considera que la eficacia conseguida por las empresas instaladoras es significativa, «si se tienen en cuenta las más de 5.000 conexiones en Lugo y las mínimas alarmas reales, ya que muchas se deben a tentativas de delito no consumadas, negligencias de usuarios y otros factores como los meteorológicos, lo que hace que el número real de falsas alarmas sea ínfimo», apuntan.
En cuanto al intrusismo, que preocupaba especialmente al sector, la comisión entiende que, en términos generales, «está totalmente erradicado», aunque reconocen que se detectaron «casos puntuales que han sido inmediatamente controlados».
Además de estos asuntos, en el transcurso de la reunión -que tuvo lugar en la sede de la subdelegación del Gobierno- se expusieron las modificaciones normativas introducidas por las cinco nuevas órdenes ministeriales sobre empresas, comisiones mixtas, alarmas, medidas y personal de seguridad privada. Estas modificaciones, que entraron en vigor el pasado 18 de agosto, tienen como objetivo mejorar y dinamizar el sector de la seguridad privada.
