La seguridad es «insuficiente» en los 12 pozos de gas de la provincia
CC OO, UGT y el Sindicato Profesional de Vigilantes reclaman agentes armados las 24 horas, como indica la normativa, y piden a la Subdelegación del Gobierno que «haga cumplir la ley»
JAVIER LUQUE
20minutos.es – Sevilla – 10 Octubre 2011
¿Sabía que hay 12 pozos de gas en la provincia? ¿Y que algunos están a tan solo 100 metros de núcleos residenciales? Es el caso, por ejemplo, del existente junto a la urbanización Los Jinetes (Carmona). En ellos se manipula, se trasvasa y se almacena este fluido, pero la seguridad es «insuficiente» y no «son todo lo seguros que deberían», explican a 20 minutos el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV), CC OO y UGT.
En los últimos años han denunciado esta situación en varias ocasiones y se han dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para que «haga cumplir la ley».
Normativa «clara»
Las organizaciones recuerdan que la normativa es «clara»: debe haber vigilancia armada las 24 horas en instalaciones así. La Subdelegación, incluso, ha emitido resoluciones en las que reclamaba los vigilantes armados a la empresa que gestiona los pozos, aunque luego «no las ha hecho cumplir».
El SPV, CC OO y UGT no entienden qué motivos le impiden hacerlo, sobre todo cuando en Huelva se daba el mismo problema y el Gobierno central «exigió» a la responsable que organizara la vigilancia armada. Para UGT, en estos momentos «no está garantizada la seguridad mínima» en los pozos de Sevilla.
La Administración podría dispensar a la empresa del servicio armado si implanta «medidas alternativas». La Policía y la Subdelegación deben aprobarlas y eso aún no ha ocurrido, mantiene UGT. La empresa «se escuda en que existe un servicio de video vigilancia, aunque no hay videocámaras en todos los pozos», dice el SPV. Por eso, «la presencia física es insustituible» para UGT.
20 minutos ha intentado conocer la postura tanto de la Subdelegación como de la empresa, pero hasta la fecha no ha sido posible.
Medidas judiciales
Las organizaciones sindicales estudian la posibilidad de emprender acciones legales (un contencioso administrativo) contra la empresa y el Estado, viendo que no se ha cambiado «nada» en las instalaciones. Estas se ubican en el Aljarafe (a pocos kilómetros de poblaciones como Aznalcázar y Bollullos de la Mitación, por ejemplo) y en la zona de Carmona.
