El ministro del Interior, Jorge Fernández, se reunirá la semana que viene con el consejero vasco Ares. Revisará las prioridades y la optimización de los efectivos en el nuevo escenario
El Gobierno prepara un plan de racionalización de los escoltas
20 Enero 12 - - Carmen Morodo – larazón.es
MADRID- El Ministerio del Interior prepara un plan de «racionalización» de escoltas. De acuerdo con el estilo del nuevo ministro, Jorge Fernández, el trabajo se está realizando con discreción, y esa regla también quieren preservarla en la puesta en marcha de la nueva organización de los servicios de seguridad. La próxima semana el ministro se reunirá con el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, y en la mesa estará, entre otros asuntos, esta cuestión.
La racionalización supondrá una revisión de las prioridades y de los efectivos, atendiendo a la nueva situación que se deviene del anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia y a la necesidad de optimizar todos los recursos dentro de la política general de austeridad que está siguiendo el Gobierno de Rajoy.
Pero, precisan las fuentes consultadas, priorizando siempre la seguridad y la constatación fehaciente de que no hay riesgo de atentados o amenazas para los protegidos. «Por ahorrar no vamos a asumir ningún riesgo», precisan.
El gasto en seguridad es una partida sustancial. Tanto en el País Vasco como en Navarra el grueso de la protección personal está en manos de empresas de seguridad privada y sus gastos corren a cuenta de la Secretaría de Estado de Interior. De esta seguridad privada dependen jueces, alcaldes, concejales, empresarios, periodistas...
Precisamente, el «lendakari», Patxi López, acaba de retirar la escolta a los viceconsejeros de su Gobierno. A partir de ahora sólo llevan guardaespaldas el propio lendakari y sus consejeros. El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha criticado que Ajuria Enea haya tratado esta decisión más como un «anuncio publicitario» que como una cuestión de seguridad, por el bombo mediático que le han dado.
Basagoiti mantiene que hay que ser muy cuidadoso en todas las decisiones que se adopten en esta materia porque «hay sectores que intentan utilizarlas demagógicamente» como justificación del discurso de que ETA ya está terminada y «ya está todo hecho», cuando «no todo está hecho». A su juicio, primero los terroristas tienen que dejar las armas, y luego –subraya– llegará el momento de que se vayan del todo los escoltas del País Vasco.
Este planteamiento del líder de los populares vascos está muy presente en Interior, dentro del canal permanente de comunicación que hay abierto. Basagoiti ha sido quien ha redactado el capítulo sobre la política antiterrorista que debatirá y aprobará el Congreso Nacional que el PP celebrará en Sevilla en febrero.
A partir de esta conexión de estrategias, el Ministerio de Interior sostiene que plantea la seguridad desde un punto de vista «objetivo» y «no mediático». Pero considera que su obligación es hacer una revisión global del servicio que se presta en estos momentos para concentrar los recursos en lo que son verdaderamente las prioridades. Aunque no lo dicen oficialmente, oficiosamente desde las filas populares sí admiten que hay casos de «abusos» que convienen ser corregidos.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya empezó a retirar escoltas en el País Vasco y Navarra de manera preventiva en 2010, ante el inminente anuncio de una tregua por parte de ETA. Esa decisión fue seguida de otras reducciones de efectivos, pactadas por el Gobierno central y el vasco, una vez que ETA confirmó la tregua. Entonces, corría el verano de 2011, el PP vasco mostró su «radical oposición» a aquel plan de reducción de escoltas a cargos públicos y pidió que no se adoptasen decisiones de consecuencias irreversibles. «Si baja el riesgo, disminuye la protección, es así de claro», sostuvo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La racionalización supondrá una revisión de las prioridades y de los efectivos, atendiendo a la nueva situación que se deviene del anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia y a la necesidad de optimizar todos los recursos dentro de la política general de austeridad que está siguiendo el Gobierno de Rajoy.
Pero, precisan las fuentes consultadas, priorizando siempre la seguridad y la constatación fehaciente de que no hay riesgo de atentados o amenazas para los protegidos. «Por ahorrar no vamos a asumir ningún riesgo», precisan.
El gasto en seguridad es una partida sustancial. Tanto en el País Vasco como en Navarra el grueso de la protección personal está en manos de empresas de seguridad privada y sus gastos corren a cuenta de la Secretaría de Estado de Interior. De esta seguridad privada dependen jueces, alcaldes, concejales, empresarios, periodistas...
Precisamente, el «lendakari», Patxi López, acaba de retirar la escolta a los viceconsejeros de su Gobierno. A partir de ahora sólo llevan guardaespaldas el propio lendakari y sus consejeros. El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha criticado que Ajuria Enea haya tratado esta decisión más como un «anuncio publicitario» que como una cuestión de seguridad, por el bombo mediático que le han dado.
Basagoiti mantiene que hay que ser muy cuidadoso en todas las decisiones que se adopten en esta materia porque «hay sectores que intentan utilizarlas demagógicamente» como justificación del discurso de que ETA ya está terminada y «ya está todo hecho», cuando «no todo está hecho». A su juicio, primero los terroristas tienen que dejar las armas, y luego –subraya– llegará el momento de que se vayan del todo los escoltas del País Vasco.
Este planteamiento del líder de los populares vascos está muy presente en Interior, dentro del canal permanente de comunicación que hay abierto. Basagoiti ha sido quien ha redactado el capítulo sobre la política antiterrorista que debatirá y aprobará el Congreso Nacional que el PP celebrará en Sevilla en febrero.
A partir de esta conexión de estrategias, el Ministerio de Interior sostiene que plantea la seguridad desde un punto de vista «objetivo» y «no mediático». Pero considera que su obligación es hacer una revisión global del servicio que se presta en estos momentos para concentrar los recursos en lo que son verdaderamente las prioridades. Aunque no lo dicen oficialmente, oficiosamente desde las filas populares sí admiten que hay casos de «abusos» que convienen ser corregidos.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya empezó a retirar escoltas en el País Vasco y Navarra de manera preventiva en 2010, ante el inminente anuncio de una tregua por parte de ETA. Esa decisión fue seguida de otras reducciones de efectivos, pactadas por el Gobierno central y el vasco, una vez que ETA confirmó la tregua. Entonces, corría el verano de 2011, el PP vasco mostró su «radical oposición» a aquel plan de reducción de escoltas a cargos públicos y pidió que no se adoptasen decisiones de consecuencias irreversibles. «Si baja el riesgo, disminuye la protección, es así de claro», sostuvo el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
