De usar
y tirar
Cientos de escoltas se
jugaron el tipo en Alava. Eran otros tiempos; ahora las cuentas de resultados
de las empresas de seguridad no quieren saber de ellos.
Fuente:
noticiasdealava.com - GASTEIZ, M. GONZÁLEZ - Miércoles, 8 de Mayo de 2013 -
Como un
pañuelo de papel arrugado al que le queda de vida lo que se tarda en encontrar
una papelera. Así de dura es la realidad que ha de afrontar gran parte del
colectivo de escoltas privados en Álava. Una vez encarrilado el final de la
lacra terrorista, sobran. Ya no son la herramienta con la que facturar del
orden de 9.000 euros al mes por cada personalidad protegida. Aquellos eran
otros tiempos. Ahora, sin negocio que explotar, la presencia de estos agentes
de seguridad privada no es rentable para las empresas que se encargaron y
encargan en la CAV y Navarra de gestionar el servicio de guardaespaldas con el
que intentar salvaguardar la vida de centenares de políticos, jueces, fiscales
o empresarios. El saldo de resultados mercantiles ya no requiere que se jueguen
la vida. Los halagos de los discursos políticos de antaño hacia su labor se los
ha llevado el viento. Ahora son una carga que hay que aligerar. Y al menor
precio posible. Desgraciadamente para ellos, son parte del juego de la oferta y
la demanda.
Su
presencia junto a miles de personas salvaguardó muchas vidas. Ahora son las
suyas las que están en juego. Literal. Pero no por las pistolas de los
contrarios -al menos, hasta la fecha-, sino por los intereses económicos. Este
diario se ha reunido con dos escoltas privados de los que aún quedan en el
territorio histórico. La conversación derivó en la constatación de una realidad
que sorprende, trufada de conflictividad laboral, de impagos, denuncias de
arbitrariedad, recortes de sueldo, querellas cruzadas por acoso laboral y
futuro escaso e incierto. Dicen que se les achaca que ellos también se
beneficiaron de la situación de violencia política. Incluso, el anterior
responsable del área de Interior del Gobierno Vasco, el socialista Rodolfo
Ares, les echó en cara que habían hecho su labor a cambio de sueldos jugosos. Y
no le faltaba razón, aunque se antoja opinable lo de contabilizar en euros el
hecho de jugarse la vida cada día para intentar que los protegidos salvasen la
suya.
Ahora
la situación es bien diferente. Quienes sufren las nuevas condiciones
reflexionan sobre las mismas. Dicen que los sueldos han sido recortado en 800
euros en apenas año, cuando la Administración sigue pagando lo mismo por cada
servicio. Incluso, hay escoltas que padecen rebajas del 50%. Lo explican en
primera persona. Es el caso de un escolta privado, subrogado a Ombuds
procedente de Segur Ibérica. Según relata, sus condiciones salariales provenían
de una tercera empresa y fueron respetadas. Sin embargo, la actual contrata de
los servicios de protección -Ombuds- le ha aplicado dos bajadas salariales
pasando de unos 3.300 euros brutos al mes a 1.572.
Las
denuncias de precariedad laboral no quedan ahí. Otras fuentes del sector
consultadas por este diario enumeran prácticas denunciadas ante la Unidad de
Protección de la Ertzaintza, cuerpo que ha elevado informes de las mismas.
"Sin embargo, no hay consecuencias", explican. Los citados portavoces
añaden que hay escoltas a los que se ha obligado a justificar 10 horas de
servicio cuando han trabajado más, y otros que confirman que han tenido que
trabajar más de nueve días seguidos -que es el tope-. Incluso, hay
guardaespaldas que afirman que ante aquellos que son díscolos o ante los que
levantan la voz, la adjudicataria aplica "días de descanso a agentes que
se han negado a incumplir la ley". "Han existido ERE sin criterio
objetivo. Hay amenazas, represalias... Incluso el comité de empresa ha llegado
a declarar en contra de un trabajador en un juicio. Y lo peor es que se están
incumpliendo las plicas marcadas en el contrato con el Gobierno Vasco",
sentencian.
Pero
ése no es el único problema. El quid de la cuestión asoma aferrado a los
discursos triunfales surgidos cuando se pudo verificar el remanso de paz que
emanó del cese -al menos, hasta la fecha- de la actividad armada por parte de
ETA. Entonces hubo promesas, posibilidades de recolocación, salidas laborales
dignas... "Hoy te despiden con una patada en el culo e intentando
rebajarte las bases salariales para echarte por cuatro pesetas". Voz de
escolta, como la que asegura que "es imposible cualquier recolocación
porque no hay puestos de escolta". "Se olvidan de nosotros",
añade.
Los
datos que obran en poder de estos profesionales de la seguridad privada son
contundentes. En lo peor de la actividad terrorista, en el conjunto de la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra se llegaron a contabilizar 5.000 escoltas
privados. Hoy serán 300. Esta realidad no aporta matices diferenciados en
Álava. Quedan del orden de medio centenar de guardaespaldas, en su gran
mayoría, bajo las nóminas de Ombuds Compañía de Seguridad. Ésta es la mercantil
que desde mediados de febrero de 2012 se encarga del Servicio de Protección de
Personas en el País Vasco. Hasta entonces, dicha labor recaía en Seguridad LPM,
Castellana de Seguridad, Compañía de Vigilancia Aragonesa, Garda de Servicios
de Seguridad y Umano Seguridad, firmas a las que Lakua decidió entonces, por
orden del Departamento de Interior, resolver los contratos existentes para
subrogar el personal como las "oportunas condiciones operativas" a la
citada Ombuds.
MERMA EN
LAS PARTIDAS
Sea
como fuere, el panorama se presenta sombrío para estos profesionales. De hecho,
a finales del pasado mes de marzo se conoció que el Departamento de Seguridad
del Gobierno Vasco tenía intención de reducir de 34 a 9,6 millones de euros la
partida destinada al gasto de escoltas. Es decir, un 70% menos. Dicha rebaja,
según las fuentes oficiales consultadas, responde a las evidencias y a una
nueva realidad que se explica por el cese de la actividad terrorista y,
consecuentemente, por la reducción del número de personas amenazadas. Todo un
logro de la sociedad vasca que, sin embargo, no oculta la pugna de unos
intereses económicos que encontraron un nicho de negocio muy jugoso dadas las
circunstancias.
Ahora,
sin ese incentivo económico, los escoltas privados, ensalzados por su labor en
primera línea, son poco rentables y, al parecer, desechables. Su labor sorda se
tradujo en resultados tangibles, sólo constatables en el menguante listado de
víctimas por las acciones de los comandos. De aquellas actuaciones derivaron
promesas y palabras que hoy, tiempo después, se han demostrado baldías.
Las
cifras en este caso son determinantes, pero no tienen nada que ver con las
registradas antaño, donde, por desgracia, el negocio de la seguridad privada
requirió carne de cañón en cantidades industriales para proteger a todas las
personas amenazadas por la actividad terrorista. Cifras y estadísticas que
sirven para revestir un drama humano. No en vano, en cuestión de semanas, de
los poco más de 50 escoltas privados existentes en el territorio histórico
pasarán a ser la mitad. De hecho se estima que los servicios de Seguridad
Privada contratados por el Gobierno Vasco caduquen. Y que queden alrededor de
una veintena contratados por el Ministerio de Interior y un grupo aún por
cuantificar, pero muy pequeño, que se dedicará a proteger a mujeres afectadas
por violencia de género extrema. Del resto...
