Los
vigilantes privados empiezan a controlar el perímetro exterior de la cárcel de
Villena
El sindicato CSIF se opone a
la medida del Gobierno porque supone un gasto extra y merma la seguridad al
sustituir a la Guardia Civil
Fuente:
diarioinformacion.com - 07.05.2013 - PÉREZ
GIL
El
centro penitenciario Alicante II de Villena recibió durante la mañana de ayer,
un mes después de lo anunciado por el Ministerio del Interior, a los 17
vigilantes privados que se van a hacer cargo de la seguridad del perímetro
exterior de la prisión. Todos ellos pertenecen a la empresa
Un
vigilante privado -tapándose la cara- ayer junto a dos guardia civiles en la
cárcel de Villena. JESÚS CRUCES
Prosegur
y van a cubrir, por turnos y de forma ininterrumpida, dos plazas cuyas
funciones siempre han sido desempeñadas por los agentes de la Guardia Civil.
Una de ellas consiste en supervisar, dentro del cuerpo de guardia de la cárcel,
los monitores de las más de 200 cámaras de vigilancia instaladas en todo el
recinto externo. La otra función será la de acompañar a un funcionario de
prisiones en la garita donde se encuentran las barreras de entrada y salida de
la prisión. En ambos casos no portarán armas, vestirán sus uniformes mostrando
sus placas y estarán supervisados por guardias civiles durante un periodo de
prueba de nueve meses. Un plazo inicial, como experiencia piloto, durante el
cual sólo realizarán tareas de acompañamiento y no sustituirán a ningún
empleado público.
Sin
embargo, con esta medida el Gobierno pretende sustituir a la Guardia Civil de
las funciones de control y vigilancia perimetral de las cárceles por
trabajadores de empresas de seguridad privada.
En
Villena se han presentado 17 guardias jurados de Prosegur, de un toral de 250
que se repartirán entre 21 centros penitenciarios, incluidos los de Castellón I
y Castellón II (empresa Ombuds) en la Comunidad. Si la experiencia piloto
resulta satisfactoria -y todo parece presagiar que así va a ser- el Ministerio
la extenderá al resto de cárceles.
Para el
sector de Instituciones Penitenciarias de la Comunidad Valenciana de CSIF se
trata de un nuevo intento de privatización de servicios públicos esenciales,
tocando esta vez a la seguridad en las prisiones españolas. El sindicato está
totalmente en contra de una medida impuesta por el Gobierno, que no aporta nada
más que un gasto extra para el erario público ya que los costes retributivos
son superiores a los de la Guardia Civil, siendo además, este Cuerpo, un colectivo
inmejorablemente formado para ejercer sus funciones.
"En
un momento de crisis, donde no se ha ofertado este año ni una sola plaza para
funcionarios de Prisiones, aún constatando la falta de personal existente, se
sufraga un servicio cuya única función, según la propia Administración, va a
ser acompañamiento y apoyo a los miembros de la Guardia Civil, cuando no hay
constancia de necesidad alguna", destacaba ayer Francisco Cadenas,
presidente territorial del sector de Instituciones Penitenciarias de
CSIF-Comunidad Valenciana, quien ha advertido, además, que el sindicato va a
estar muy atento a cualquier disfunción en el servicio que suponga una merma en
la seguridad de los centros o de los trabajadores penitenciarios. Esta medida,
según Cadenas, vulnera el Reglamento Penitenciario y el Estatuto Básico del
Empleado Público y supone, a su juicio, otro riesgo en la seguridad de las
prisiones que son pilares fundamentales en el control de graves amenazas para
el Estado, como pueden ser las organizaciones terroristas o las mafias
organizadas.
