EL DEBATE DE TOTALIDAD, PRIMER
TEST
El
Congreso comienza a tramitar el jueves la Ley se Seguridad Privada con la
oposición frontal de Izquierda Plural y CiU
Los nacionalistas presentan una
enmienda a la totalidad alegando que la nueva Ley incumple las competencias de
Cataluña recogidas en el Estatut
MADRID,
13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El
Congreso de los Diputados comenzará el jueves a debatir la nueva Ley de
Seguridad Privada del Gobierno, que de entrada cuenta con la oposición frontal
de la Izquierda Plural y CiU, que han presentado sendas enmiendas a la
totalidad y defenderán la devolución del texto al Ejecutivo. Será el ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defenderá la ley ante el Pleno
mientras el resto de grupos parlamentarios fijarán posición.
La
oposición de CiU se debe a que el Estatut de Cataluña "establece que
corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad
privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las
actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña. Se basan en el
artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado
inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia".
"Para
CiU estas invasiones competenciales deben corregirse ya que, como se observa,
ignoran completamente la actual distribución competencial y privan a la
Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto de
Autonomía", sentencia la enmienda.
Por su
parte la Izquierda Plural manifiesta su "rechazo absoluto a la política de
privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública" y
censura que "el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha
experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a
decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones pero
no a la existencia de una demanda social real".
Asimismo,
consideran que este proyecto de Ley "no aporta ningún elemento novedoso
para corregir los casos de división y oscurantismo que han proliferado" en
el ámbito de las empresas de la seguridad privada. "Ni siquiera determina
un método de supervisión eficaz", denuncian. Además creen que la nueva Ley
tal y como está planteada "permitiría a las empresas privadas situarse en
un plano de igualdad en sus funciones con los cuerpos de seguridad pública.
MÁS
CONTROL SOBRE LOS DETECTIVES
El
Gobierno remitió el pasado junio a la Cámara Baja el proyecto de Ley de
Seguridad Privada con el que se aumenta el control sobre las actividades de los
detectives privados. Desde el momento en el que esta Ley entre en vigor, tendrán
la obligación de hacer informes incluyendo los resultados de sus
investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces
y policías.
"No
se trata de privatizar la seguridad sino aprovechar el potencial de la
seguridad privada para mejorar en algunos ámbitos la seguridad", defendió
entonces el ministro del Interior quien recordó que la última ley sobre esta
materia era del año 1992 y no respondía a las necesidades actuales tras el
desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
Entre
abril y junio Interior realizó un periodo de audiencias con diferentes
instituciones incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos, la
Comisión de Defensa de la Competencia o el colectivo de joyeros. En total
fueron escuchadas hasta 44 empresas del sector, además de usuarios, sindicatos
y expertos. En 2012 este sector facturó 3.500 millones de euros por medio de
1.500 empresas que emplearon a 85.000 personas. A pesar de ello España está por
debajo del ratio europeo, según Interior.
Dentro
de este colectivo, los detectives privados son en torno a 1.500. Según admitió
el ministro, tenían "una opinión negativa" al anteproyecto del texto,
principalmente por el hecho de que la regulación limitaba su actividad, hasta
ahora muy "dispersa". "Lo que se trata ahora es sistematizarlo
porque es una actividad que afecta a inviolabilidad de las comunicaciones y la
intimidad personas y familiar", justificó Fernández Díaz.
INFORMES
DISPONIBLES PARA JUECES Y POLICÍAS
Con la
nueva Ley tendrán la obligación de que hacer informes incluyendo los resultados
de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para
jueces y policías. Esta será una de las principales novedades de la nueva ley a
partir de la cual tendrán también la obligación de "documentar los
encargos en un contrato escrito" y un informe permanentemente actualizado
en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados
obtenidos.
Ese
informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de la Autoridad Judicial" y se obliga a estas empresas a
"presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del
Interior". Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene
por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación
entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de
Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.
Precisamente,
la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos
"que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de
las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados
cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo
que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del
Interior.
