Antiguos vigilantes de Caja Segovia reforzarán el
control externo de la cárcel
Está previsto que el nuevo modelo de vigilancia privada se aplique a partir
del mes que viene
Fuente: elnortedecastilla.es - CÉSAR BLANCO |
SEGOVIA - 12 agosto 2014
Los sindicatos lo veían venir. Llevaban algún tiempo
con la mosca detrás de la oreja aunque desde mayo el revoloteo y el zumbido
eran más machacones. Ya saben, si el río suena... Hace apenas dos semanas, El
Norte de Castilla anticipaba que la llegada de la vigilancia privada al centro
penitenciario de Segovia era algo «inminente», como coincidían en vaticinar la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias
(Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hacían sus cuentas, seguían
las pistas y los movimientos del Gobierno central y concluían sin mucho más
detalle que más pronto que tarde se vería a vigilantes jurados controlar el
perímetro de la prisión de Perogordo. Parece que ese plazo ya está aquí. En
septiembre está previsto que se implante el nuevo modelo de seguridad. En el
fondo, será la ratificación de unas sospechas que no estaban infundadas y la
extensión lógica de los planes que la Administración General del Estado ya
emprendió el año pasado.
Algunos de los cabos sueltos que había se van
atando. El de la concesión, por ejemplo. Todo apunta a que serán antiguos
vigilantes de Caja Segovia quienes apoyen en el control perimetral de la
prisión, siguiendo el sistema y la reglas propuestos por el Ministerio del
Interior. Tras el cierre de oficinas comerciales y financieras, la empresa
encargada de la seguridad privada de la extinta entidad de ahorros se vio
abocada a aplicar un expediente de regulación de empleo. Esa medida obligaba
luego a abonar un importe en concepto de indemnizaciones que se ahorrará al
recolocar a ocho de esos efectivos en las nuevas funciones asignadas dentro de
lo que los sindicatos consideran «un paso más hacia la privatización» de la
vigilancia de las cárceles españolas.
Esa mosca que revoloteaba detrás de la oreja de las
organizaciones sindicales profesionales y de funcionarios comenzó a zumbar con
más fuerza en la última semana de junio. Desde ese momento, el Gobierno central
tiene luz verde para la contratación de seguridad privada en 46 centros
penitenciarios del país, entre ellos el de Segovia. Son los que quedan por
asumir el nuevo modelo después de que el año pasado ya se pusiera en marcha la
experiencia a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas.
Los resultados convencieron a los responsables del
Ministerio del Interior, que poco a poco han dado pasos para extender el
sistema al resto de cárceles del país. Era, pues, una medida que se venía
barruntando desde hace tiempo, aunque no terminaba de fraguar. El Gobierno de
la nación ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades
reales de personal. Y en ese intento se ha encontrado con un panorama marcado
por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente,
con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Reparto de cometidos
Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó
la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos
humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los
fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes. Ese renovado
objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito
de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para
empezar, el propio ministro del Interior apuntaló el mensaje de que tanto la
Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas
asignadas a la seguridad privada.
Esas labores se circunscribirán al perímetro de las
prisiones, lo que supone el control de los vallados y muros exteriores, la
comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de
seguridad. Así lo dijo en una respuesta parlamentaria. Por lo tanto, esos
jurados desempeñarán tareas «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía y la
Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los
centros penitenciarios del país.
«Falta de transparencia»
Con esta redistribución de tareas –aseguraron
fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en
otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de
salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de
internos o su custodia fuera de las cárceles.
La delegación de Acaip se ha quejado de «la falta de
transparencia» con la que se ha ido tramitando el proceso. La estructuración
del contrato se reparte en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas en
función del proyecto piloto. Una de ellas la conforman Castilla y León,
Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia. Además, se ha hecho mediante un
«procedimiento negociado sin publicidad», lo que para la agrupación es «una
forma de facilitar la distribución del negocio fácil entre las grandes empresas
del sector».
