La primera fuerza de seguridad es privada:
ya hay más vigilantes que guardias civiles
Las compañías de seguridad
privada lograron en 2015 que sus plantillas superen por primera vez en número a
la Guardia Civil gracias a la crisis y a la nueva ley del sector
Fuente: elconfidencial.com
La
patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser) ha lamentado en su
balance de 2015 que la facturación del sector solo aumentara el pasado año un
2,8%, una tasa ligeramente inferior al 3,2% que creció la economía durante esos
mismos 12 meses. Pero lo que Aproser no ha destacado es que su negocio alcanzó
un hito que dibuja un nuevo paradigma en el modelo de la seguridad nacional.
Los vigilantes privados se convirtieron en 2015 en la fuerza de seguridad más
numerosa de España, superando por primera vez en número de efectivos a la
Guardia Civil. A la Policía Nacional ya la superaron hace años.
La
cifra sale del propio anuario estadístico de la patronal de seguridad. El
número de vigilantes privados en activo subió de los 75.628 que había en 2014 a
los 78.200 de 2015, un 3,4% más. El crecimiento es moderado, pero suficiente
para rebasar en agentes a la Guardia Civil. Según han confirmado fuentes del
Instituto Armado a este diario, el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo
contempla una dotación de 83.220 empleados. Sin embargo, no todas las plazas
están ocupadas y en esa cifra también se incluyen efectivos en la reserva. El
Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
de este año revela que, en realidad, la Guardia Civil contaba al cierre de 2015
con apenas 75.544 funcionarios en activo. El mismo documento señala que, el 31
de diciembre de 2014, la plantilla real del Instituto Armado era de 76.596
agentes. Es decir, que mientras que el número de agentes privados de seguridad
no deja de crecer, la dotación de guardias civiles está en plena contracción.
El
descenso del número de agentes de la Guardia Civil se explica sobre todo por la
drástica reducción de las ofertas de empleo público para acceso al cuerpo.
Entre 2010 y 2014, Hacienda autorizó convocatorias de únicamente el 10% de la
tasa de reposición del cuerpo, es decir, que solo uno de cada 10 agentes que
dejaron la Guardia Civil por voluntad propia, jubilación o fallecimiento fueron
sustituidos por otro funcionario. En 2015, la convocatoria aumentó hasta el 50%
de la tasa de reposición y 2016 es el primer año desde 2009 en el que salen a
concurso vacantes suficientes para cubrir todas las bajas. Pero ni esos agentes
se han incorporado todavía ni, cuando lo hagan, podrán revertir el descenso
sufrido durante los años más duros de la crisis.
La
Policía Nacional ha afrontado la misma encrucijada. Según el Boletín Estadístico
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 31 de diciembre
de 2014 formaban parte de la plantilla de la Policía un total de 66.519
agentes. Un año después, su número había caído hasta los 65.741, casi 13.000
menos de los que trabajan en la seguridad privada. El motivo es nuevamente el
recorte al mínimo de la convocatoria de plazas de ingreso en el cuerpo. Hasta
2016 no se ha convocado una oferta que permita cubrir el 100% de las bajas que
sufre anualmente la institución.
El
escenario de la seguridad privada es completamente distinto. Las cifras de la
patronal de seguridad privada reflejan que, a pesar de la crisis económica, el
sector está aprovechando la pérdida de puestos de trabajo en el sector público
y, por tanto, de capacidades de las Fuerzas de Seguridad, para ganar esas
posiciones. Según su estadística, solo el 17% de su facturación procede de la
Administración Pública y no ha habido ninguna variación en los últimos
ejercicios en ese reparto de sus ingresos. Pero la compañías de seguridad han
logrado que, en plena recesión, las empresas privadas se vean obligadas a
mantener el 83% restante de su facturación para poder desarrollar en
condiciones óptimas de seguridad su actividad económica.
Sus
perspectivas de futuro son aún mejores tras la nueva Ley de Seguridad Privada,
que multiplica las potencialidades del sector. La versión definitiva no es tan
ambiciosa como el borrador que promovió directamente Aproser para asumir
funciones que hasta ese momento, según la ley de 1992, estaban reservadas en
exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el control de
manifestaciones o la detención de personas que no estén relacionadas con su
labor de vigilancia.
Con
todo, la nueva norma en vigor, que comenzó a aplicarse en junio de 2014,
elimina la subordinación del sector privado a los agentes de orden público -la
relación ahora es de complementariedad- y abre la posibilidad a que presten un
amplio abanico de servicios que permitirán disparar la facturación de sus
compañías. Uno de los ejemplos es la protección del perímetro de las prisiones,
que ha dejado progresivamente de ser ejercida por Guardia Civil, Policía
Nacional y fuerzas autonómicas para recaer en firmas privadas. La ley actual
permite a los vigilantes actuar en zonas de ocio delimitadas e incluso en
espacios abiertos de las ciudades.
También
ha rebajado los requisitos para conseguir la habilitación de vigilante y ha
acabado con la obligación de que los agentes que lleven más de dos años sin
trabajar tengan que realizar de nuevo el examen de habilitación para volver a
ser contratados. Ahora, el título no caduca nunca. Es decir, que las compañías
privadas de seguridad tienen más posibilidades de negocio que nunca y, también,
más mano de obra a su alcance. La retracción de las plantillas de la Guardia
Civil y la Policía Nacional es el empujón definitivo a un escenario que ha
venido para quedarse.
