Precariedad
laboral de los vigilantes Seguridad Integral Canaria que prestan sus servicios
en el Ministerio de Defensa
Los vigilantes de seguridad
de Seguridad Integral Canaria que desarrollan su trabajo en el Ministerio de
Defensa expresan su malestar por la condiciones en las que tienen que
desarrollar su labor diaria
Fuente:
construccionyservicios.ccoo.es – 10 Febrero 2017
Valga
el siguiente escrito para expresar nuestro malestar en torno al trato
degradante que como empleados que prestamos servicios de vigilancia y guardería
para el Ministerio de Defensa a través de la empresa Seguridad Integral Canaria
venimos recibiendo, sintiendo de manera permanente como nuestros derechos como
trabajadores son vulnerados continuamente.
Lo
expuesto anteriormente, se pone de manifiesto en los siguientes aspectos:
1)
Realización de pagos fuera de lo recogido en el artículo 64 del Convenio
Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad Privada, no haciéndolo ni en tiempo
ni en forma.
2) Tras
la realización tardía del pago, en muchas ocasiones, faltaba dinero, ya que, no
se respetaban los conceptos que el Convenio prescribe, aspecto éste que pudiera
ser demostrado de manera objetiva con las correspondientes nóminas mensuales y
las denuncias realizadas por los trabajadores a través de los diferentes
sindicatos por estos conceptos, con el perjuicio que ello lleva implí cito para
nuestras familias, sobre todo por la tardanza de los juicios.
3)
Legalmente y según lo prescrito en el artículo 12 del Convenio, la Empresa está
obligada a fomentar la formación de sus trabajadores a través de la realización
de un curso de reciclaje de forma anual remunerado, aspecto éste que vulnera la
Empresa, ya que, a día de hoy, 7 de febrero de 2017, no hemos llevado a la práctica
el correspondiente al año 2016 y el referente al año 2015 se llevó a la práctica
no siendo abonado, viéndonos obligado a denunciar el hecho.
Ahí no
queda la cosa, ya que nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos enteramos que
el Ministerio de Defensa había adjudicado el pasado 15 de diciembre de 2016 de
forma provisional los servicios de seguridad para vigilar las sedes de las
Fuerzas Armadas a la Empresa Marsegur, curiosamente esta empresa está asociada
a través de Acosepri (Asociación de Compañías de Seguridad Privada) a la
Empresa Seguridad Integral Canaria, con la que actualmente venimos trabajando,
¿No será el mismo perro con distinto collar? o todavía peor, ya que la empresa
Marsegur tiene elaborado un Convenio propio, con el que pretendió disminuir los
salarios en torno a 300€ por mes de un sueldo de 1.000 € aproximadamente. Dicho
Convenio fue declarado nulo en la sentencia n° 79/2016 de la Audiencia
Nacional.
Con
estos datos y sabiendo que la empresa Marsegur se le ha adjudicado
provisionalmente el concurso sustancialmente por debajo del presupuesto base de
la licitación, nuestro temor radica en el hecho de que ese dinero lo recupere a
costa del salario de los trabajadores como ha intentado hacer en otras
ocasiones.
Lo que
más sorprende a nuestro colectivo de vigilante es que cómo una entidad como el
Ministerio de Defensa adjudique un
contrato de una cantidad tan elevada a una empresa que presenta las carencias
que se ponen de manifiesto por todo lo escrito anteriormente y que es un
secreto a voces. Ya no solo nos referimos a lo que pudiera afectarnos a
nosotros en términos económicos sino a la calidad y efectividad de la prestación
del servicio, todo ello argumentado en aspectos tales como de que no fomenta la
formación y reciclaje de los trabajadores, en la falta y escasa calidad de los
materiales, en la no tenencia de una sede física a nivel provincial a efecto de
cualquier problema que pudiera surgir. Por lo que se ve, la prioridad del
Ministerio de Defensa no es la eficiencia de la Seguridad sino el abaratamiento
de costes a toda costa.
A modo
de síntesis de lo expuesto anteriormente, se puede deducir la poca seriedad y
respeto que el Ministerio de Defensa tiene por y para sus trabajadores
subcontratados, contratando empresas que vulneran continuamente nuestros
derechos y por ende el de nuestras familias. Desde estas líneas exigimos que se
contrate una empresa acorde a nuestra profesionalidad y dedicación y que se
adecué al rigor con el que nosotros desempeñamos nuestras funciones en nuestro
día a día y sobre todo que respete todo lo establecido en el Convenio Colectivo
Nacional de Seguridad Privada.
