Ley de seguridad privada:
reforma al rescate de un lobby herido por la crisis
Las
principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva
normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los
vigilantes y amplía el radio de negocio
La
oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad",
como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del
servicio, según los sindicatos policiales
Algunas
de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen
conexiones políticas con el PP
El
fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el
mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008
FUENTE: | zoomnews.es - MIÉRCOLES, 30 DE ABRIL DE 2014
CARLOS MIER (INFORMACIÓN SENSIBLE)
"Un sector en pleno auge".
Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de
la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como
justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los
trámites parlamentarios y se ha convertido recientemente en una realidad
con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye
a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como
punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del
perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros,
además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la
seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del
mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo
record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la
oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los
sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado
para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio
de su calidad y el aumento del gasto de la administración.
Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué
aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de
una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro
Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras.
Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios
de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el
80% del negocio de la seguridad privada en España, ese "auge" en el
sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del
7% de la facturación, moviendosolamente 2.994 millones de euros,
por los 3.125 del año anterior.
Un retroceso que también ha quedado
plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la
bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo
por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene
en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de
desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como
cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en
donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta
parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo
cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su
maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los
resultados.
La coincidencia de informes y
manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto
a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una
ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en
cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que
gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la
polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente
lobby.
¿Ahorro? Vigilantes que cuestan el doble
Para los años 2013 y 2014, el Gobierno
ha puesto en marcha un programa piloto, en dos fases, que adelantaba una de las
nuevas ventajas que lleva aparejada la nueva ley: las labores de vigilancia
en las prisiones. La justificación gubernamental alude a la liberación de
muchos policías y guardias civiles para permitir que abandonen las labores de
vigilancia y salgan a las calles, donde son más necesarios ya que ambos
cuerpos han perdido un 3% de sus efectivos en los últimos dos años. Sin
embargo, según un informe de la Unión Federal de Policías (UFP),
respaldado también por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de
Instituciones Penitenciarias (Acaip), estos movimientos de Gobierno
"persiguen que las empresas de seguridad privada tengan más volumen de
negocio, en retroceso desde el año 2009". Justifican su posición con unos
cálculos que concluyen que la prestación de estos servicios de apoyo a la
seguridad en 21 centros penitenciarios españoles –vigilancia desde garitas,
control de accesos y de circuitos cerrados de televisión- cuesta el doble
del gasto actual con el servicio realizado por agentes de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
El más reciente de estos proyectos piloto,
que ha entrado en vigor este año y que tiene una duración de 9 meses, incluye
la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 horas, que son
cubiertos por un total de 254 trabajadores. A respuesta de una pregunta
realizada por el senador Ibán García fechada en julio de 2013, el
Gobierno reconocía que este proyecto había sido adjudicado por 7,39 millones de
euros a una UTE de empresas formado por Ombuds, Coviar, Seguriber,
Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis.
Según los cálculos de la UFP en base a
esta cifra total, el presupuesto mensual constaría de algo más de 820.000 euros
a repartir entre los citados 254 trabajadores. Una sencilla división basta para
calcular que el coste mensual de cada trabajador es de 3.233 euros al mes, una
cantidad muy alejada de los 1.600 que cobra un agente de la Policía Nacional.
Además, el convenio del sector, firmado en abril de 2013, revela que el salario
de un vigilante de seguridad con todos los pluses es de 1.088 euros. Según
Acaip, uno de los vigilantes de estas ocho empresas que trabaja en una prisión
cobra unos 1.350 euros al mes por una jornada de 12 horas. El margen de
beneficio para las empresas queda entonces en unos 2.000 euros por trabajador. Por
lo tanto, según el sindicato policial, "este proyecto no supone ahorro de
coste alguno para la Administración, sino más bien suculentos beneficios a las
empresas afectadas". Desde Aproser se limitan a señalar que los sueldos
son "superiores" a las cantidades manejadas en el estudio de la UFP.
Turbias conexiones
Desde la organización Acaip también
hacen hincapié en lo que para ellos son las verdaderas intenciones del
Gobierno: "Realmente pretenden mantener los beneficios de las
empresas de seguridad, un grupo de presión muy poderoso e íntimamente ligado
con el PP". Pero, ¿realmente hay conexiones que justifiquen la denuncia de
los trabajadores de las cárceles? Atrás quedan las empresas de escoltas que
crecieron al calor del terrorismo etarra y las conexiones con el exministro y
eurodiputado Jaime Mayor Oreja y su familia. Sin embargo, nuevas
relaciones se ponen de manifiesto.
La
seguridad privada, en números
· España cuenta con un total de
1.490 empresas de seguridad privada, a finales de 2012. De ellas, 1.273 han
sido habilitadas por Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el
Gobierno Vasco.
· En torno al 21% de estas empresas
se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en
términos de facturación ya que aporta el 65% del total.
· Según datos del INE, la mayor
parte de las empresas del sector son pequeñas (un 82,82%). Solamente cuatro
superan los 5.000 trabajadores.
· A fecha de diciembre de 2012, en
España había un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales 82.150
estaban en activo. El año pasado se hicieron 12.388 nuevas habilitaciones.
· En España hay 528 policías por
cada 100.000 habitantes frente a los 385 de media de la UE; mientras que
tenemos 195 vigilantes privadso por 271 en Europa.
En la primera de las fases del proyecto
piloto de la vigilancia de las cárceles, que se desarrolló en 2013, adjudicado
sin concurso y en el que principalmente se sustituyó a Guardias Civiles, hay
cuatro empresas que repiten en relación a su presencia en la citada segunda
fase: Ombuds, Prosegur, Vinsa yProsetecnisa. La primera de ellas, Ombuds, también
recibió una adjudicación del Ministerio de Defensa para prestar el
servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios
militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un
importe total que ronda los tres millones de euros.
Tal y como recogía la web El Boe Nuestro de Cada Día en
la jornada en la que se realizaba la adjudicación, el consejero delegado de
Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina Prieto, que
consta como apoderado de la firma y que estuvo muy vinculado a Manuel
Fraga durante los primeros pasos de Alianza Popular (AP).
Además, entre los consejeros de
Ombuds también se encuentra Antonio Eraso Campuzano, de familia noble
y amigo del rey
Juan Carlos. El hermano de Antonio Eraso, Eduardo, es uno de los 71 imputados por
el caso Gürtel. Según la policía, Eduardo Eraso colaboró con Francisco
Correa para desviar las ganancias de la trama a Suiza. Eulen, la otra empresa
adjudicataria, cuenta en su plantilla con Micaela Nuñez Feijoo, hermana
del presidente gallego.
Por otro lado, en la UTE de empresas que
se llevó la primera fase de la vigilancia de las cárceles aparece la empresa Seguriber, cuya presidenta
es Mónica de Oriol e Icaza, de plena actualidad tras pedir
reducir el salario mínimo para los jóvenes sin formación que, en su opinión, "no sirven para nada".
Seguriber es una de las empresas de seguridad que mayor lucro ha obtenido de la
protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA. En este
sentido, y a pesar de que ETA está en proceso de disolución, Interior
mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012 y le renovó el contrato
semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, Seguriber
está tocada por el caso de la tragedia del Madrid Arena, ya
que la empresa era la encargada de la seguridad del evento musical en el que
eprdieron la vida cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012.
La reconversión de las empresas que
copaban el mercado de la protección privada de personalidades amenazadas por
ETA, dotadas durante muchos años con dinero público, destacan entre las
sociedades adjudicatarias de los planes piloto de la nueva Ley de Seguridad:
cinco de ellas son las que más personal tenían empleado a la protección de
políticos en País Vasco y Navarra.
La élite de la seguridad
Algunas de las compañías mencionadas
pertenecen a la patronal del sector, la citada Aproser, que engloba a las 12 principales
empresas de seguridad que operan en España y que representan el verdadero lobby
del ámbito. La organización se constituyó en 1977 y según sus estatutos, lo
hizo "con el objeto de ejercer la representación del mismo e impulsar
cuantas iniciativas y acciones se consideren necesarias en defensa de sus
asociados", para lo que mantienen "constantes relaciones con las
diversas administraciones públicas competentes". Una vez aprobada la nueva
Ley de Seguridad, Aproser se apresuró a celebrar la reforma legislativa.
Las empresas que forman parte de Aproser
son: Alse, la citada Eulen, el grupo Securitas (con sus
divisionesLoomis Spain y Securitas Transport Aviation por
separado), el grupo Omega, Prosegur, Sabico, Segur Ibérica, Segurisa,
Trablisa y Vinsa.
El presidente de Aproser desde abril de
2013 es Ángel Córdoba
Díaz, un ejecutivo bancario que fue director de negocio de
desarrollo empresarial de Caja Madrid –luego Bankia- entre 2004 y 2011,
coincidiendo con la época de Miguel Blesa al frente de la entidad.
También es presidente de la Fundación Directivos, una entidad sin ánimo de
lucro de orientación empresarial.
¿Solucionar una normativa "muy estricta"?
Hace aproximadamente dos años, a
principios de 2012, la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS)
publicaba un informe anual acerca
de la situación del sector de la seguridad privada en el continente. El
documento se cerraba con la publicación del siguiente mapa:
Mapa elaborado por CoESS en 2012
sobre las legislaciones en materia de seguridad privada en Europa. (en azul,
poco estricta; en verde, media; en amarillo, estricta; y en magenta, muy
estricta)
"Muy estricta". Así valoraba
el gran lobby europeo de la seguridad privada la legislación española en dicho
ámbito, junto a las existentes enPortugal, Suecia, Hungría, Serbia y Bélgica.
En cambio, países como Francia, Reino Unido, Alemania o Irlanda,
la conclusión era la de unas leyes con mucho menos control que la española. ¿Un
problema para España? A juzgar por la posterior reforma de la ley, parece que
sí lo era.
CoESS aglutina a las principales
patronales de seguridad privada de países del viejo continente, y según su
página web, "construye y mantiene fuertes alianzas con las
correspondientes Direcciones Generales de la Comisión Europea y con el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea". CoESS asegura que
"defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de
seguridad privada, en particular mediante actuaciones que persiguen la
armonización de la legislación nacional que afecta las actividades de sus
miembros".
