Contratar a guardas de seguridad ‘piratas’ tendrá multas de hasta 600.000
euros
Seguridad Privada. (EFE)
Fuente:
elconfidencial.com - Agustín
Rivera. Málaga 24/12/2014
La multa es
triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de
propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá
fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que
propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad
Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.
Estas sanciones
llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de
4 de abril de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el
reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de
2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol
Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de
las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo
de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En
seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y
17 son “muy graves”.
El artículo 61
de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y
600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las
consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o
despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la
prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos
años, además de la cancelación de la inscripción en el registro
correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de
representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno
y dos años.
Alerta de los administradores de fincas
Los problemas
aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar
con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las
funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las
funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de
seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse
el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el
fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente
del Colegio Oficial de Administradores de
Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
El intrusismo
alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido
con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente
de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al
equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra,
también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden
realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni
pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes
policiales.
“Basándose en
la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad,
determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros
no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el
procedimiento.
En muchas
ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden
iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya
la Policía.
La ley potencia
la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También
matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con
la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un
recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades
no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del
Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una
serie de condiciones físicas y psíquicas.
Esta normativa
permite que los vigilantes privados actúen en más espacios yaumenten sus
oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de
seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000
personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la
Guardia Civil por separado. En 2012
facturaron más de 3.200 millones de euros.
